Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17893-MP0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada con fecha 26-08-2026 y, en consecuencia, confirmar íntegramente el pronunciamiento de fecha 18-08-2026, en cuanto fue materia de agravio. Imponer las costas de alzada en el orden causado atento la ausencia de contradicción (art. 19 y 25 de la ley 13.928, texto según ley 14.192 y 68 del CPCC).
2Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. N° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17893-MP0E "TOMALINO ROMINA CECILIA c. IOMA Y OTRO s. AMPARO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora .
I. Con fecha 18-08-2026 el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata aprobó la liquidación de "la ejecución de la medida cautelar para los períodos de mayo (desde el día 14, fecha de interposición de la acción), junio y julio de 2026, a razón de cinco horas diarias para los cincuenta y dos (52) días hábiles del período indicado a razón de pesos veintidós mil la hora ($ 22.000)". Asimismo, ordenó transferir la suma indicada a la cuenta correspondiente a la acompañante terapéutica Vanesa Sabrina Mazzarini.
II. La representación estatal dedujo, contra la citada resolución, recurso de apelación el día 26-08-2026
III. Concedido el remedio el 27-08-2026 se corrió traslado a la amparista, cuya réplica se tuvo por no presentada (v. pto. 2 del auto de Presidencia de fecha 13-10-2026).
IV. Radicado el expediente ante esta Alzada, por auto de fecha 13-10-2026 (v. pto. 3), se ordenó el llamado de autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso y, en su caso, para dictar sentencia, por lo que corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo :
I.1. Corresponde, inicialmente, reseñar los hitos relevantes de estas actuaciones que resultan útiles a fin de brindar respuesta al interrogante planteado. En tal tarea, se comprueba que:
1.1. Con fecha 14-05-2026 Romina Cecilia Tomalino -en representación de su hijo menor de edad M.V.T.- interpuso acción de amparo contra el Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) con el objeto d obtener un mandato jurisdiccional que ordene al accionado "la efectiva cobertura integral (100%) del valor real de la prestación de acompañamiento terapéutico (AT) en el ámbito educativo a cargo de la profesional Vanesa Sabrina Mazzarini", por una carga horaria de 5 horas diarias de lunes a viernes durante el período lectivo 2026.
Expuso que esa profesional prestaba efectivamente el servicio desde el comienzo del ciclo lectivo (marzo de 2026). Sostuvo que IOMA cubría únicamente el importe de $ 5.835 por hora y la profesional presentó un presupuesto superior a ese monto cuya diferencia debía ser solventada por la Obra Social.
Peticionó, asimismo, una medida cautelar de similar contenido que el objeto de la demanda.
1.2. Con fecha 15-05-2026 -y su ampliatorio de fecha 28-05-2026- el a quo hizo lugar a la tutela provisoria y ordenó al Ente asistencial la cobertura del valor al 100% del presupuesto de acompañante terapéutico escolar para el menor.
1.3. Denunciado el incumplimiento de esa medida, el juez de grado dispuso, con fecha 03-07-2026, el embargo de las cuentas de IOMA por la suma de $ 4.000.000,00 "que se calcula para cubrir el monto adeudado desde el momento del dictado de la medida cautelar que ordena la prestación incumplida, intereses, costos y costas" . Asimismo, citó al demandado para oponer excepciones bajo apercibimiento de continuar la ejecución.
1.4. Con fecha 03-08-2026 la actora reiteró el incumplimiento del mandato cautelar por parte del Instituto provincial y solicitó que se transfieran los fondos embargados en autos "a favor de la acompañante terapéutica" a fin de cancelar sus servicios.
1.5. Por auto de fecha 04-08-2026 el juez de grado, luego de verificar que la demandada no opuso excepciones resolvió, de un lado, llevar adelante la ejecución hasta tanto IOMA haga efectivo pago a la actora de los costos de la acompañante terapéutica; y, del otro, ampliar el embargo para cubrir los períodos julio y agosto de 2026.
1.6. Con fecha 04-08-2026 la actora practicó liquidación definitiva de acuerdo a los siguientes parámetros:
Mayo 2026: desde 11-05-2026 al 29-05-2026 14 días hábiles; junio 2026 21 días hábiles y julio 2026 21 días hábiles. Total 56 días hábiles * 5 horas * $ 22.000 = 6.160.000,00.
1.7. El día 05-08-2026 la representación estatal consintió expresamente el embargo de las cuentas por la cantidad ordenada (en tanto reconoció que el IOMA no cumplió el mandato cautelar); empero, manifestó que no hacía lo propio respecto de la extracción de los fondos, pues en la liquidación practicada por la accionante incorporó un período (del 11-05-2026 al 13-05-2026) que comprende "períodos previos al inicio de este proceso y dictado de la medida cautelar" .
1.8. Con fecha 10-08-2026 el a quo corrió traslado de la liquidación al Fisco "teniendo en consideración que el valor por hora de acompañante terapéutico según presupuesto actualizado es de pesos $ 22.000,00".
1.9. El día 18-08-2026 la defensa estatal provincial impugnó la liquidación pues, tal lo que adujo, la actora fijó como dies a quo el 11-05-2026 y a ese momento la medida cautelar aun no se había dictado.
Por esa razón solicitó la realización de un nuevo cálculo.
1.10. El 18-08-2028, por Secretaría del Juzgado de la instancia, se constató que entre el día 14-05-202 y el día 31-07-2026 transcurrieron 52 días hábiles.
1.11. Con fecha 18-08-2026 el magistrado anterior aprobó "la liquidación a la ejecución de la medida cautelar para los períodos de mayo (desde el día 14, fecha de interposición de la acción), junio y julio de 2026, a razón de cinco horas diarias para los cincuenta y dos (52) días hábiles del período indicado a razón de pesos veintidós mil la hora ($ 22.000)" .
1.12. Contra el citado pronunciamiento se alzó la accionada.
Expuso que el juzgador omitió ponderar la objeción efectuada a la liquidación entonces practicada por la actora, en cuanto a que el cómputo de la deuda se haga desde el 11-05-2026.
Agregó que en ese momento (11-05-2026) no se había interpuesto ni se había dictado la medida cautelar, por lo que mal podía iniciarse el cómputo de las sumas adeudadas desde ese instante.
Con todo, requirió la revocación del fallo de grado dado que la liquidación porta "un evidente error en la fecha de inicio de cómputo" .
II. Relevados los antecedentes del pleito se adelanta que ningún reproche merece el criterio seguido en el grado para aprobar el cálculo de las sumas adeudadas
Se encuentra fuera de todo debate: (i) el incumplimiento por parte del IOMA del mandato cautelar dispuesto en autos con fecha 15-05-2026 (en el que se ordenó la cobertura al 100% de los gastos de acompañamiento terapéutico a razón de $ 22.000 la hora, de lunes a viernes y por cinco horas diarias) y (ii) la firmeza del embargo de fondos dictado en el proceso y del auto que mandó llevar adelante la presente ejecución de medida cautelar.
A su vez, el juez de grado -a diferencia de lo postulado por el impugnante- receptó la puntual observación que la Fiscalía de Estado efectuó en torno a la liquidación otrora practicada por la actora.
Así, aunque la actora presentó su liquidación en la que fijó como dies a quo el día 11-05-2026 y por 56 días hábiles (del 11-05-2026 al 31-07-2026), el magistrado expresamente corrió la fecha de inicio de la cuenta liquidatoria al momento de la interposición de la demanda, esto es, al 14-05-2026; y con ello corrigió el defecto en que incurrió la accionante.
Y esa decisión del a quo resultó correcta, pues desde ese día (el 14-05-2026, fecha de la interposición de la demanda y en la que se materializó el pedido expreso de cobertura cautelar) corresponde reconocer efectos a la medida cautelar dispuesta en autos con fecha 15-05-2026.
Repárese que fue la propia Fiscalía de Estado la que, el día 05-08-2026 manifestó que el error de la liquidación de fecha 04-08-2026 realizada la actora consistía en incorporar un lapso (del 11-05-2026 al 13-05-2026) concerniente a "períodos previos al inicio de este proceso y dictado de la medida cautelar".
Así, entonces, se advierte que el juez de grado receptó la impugnación de la Fiscalía de Estado provincial y subsanó la liquidación practicada por la amparista al determinar, en forma correcta, el dies a quo de la cuenta liquidatoria, desde el momento mismo de la interposición de la demanda, esto es, el 14-05-2026 y hasta el 31-07-2022. Y ello, además con observancia de las pautas firmes de liquidación ($ 22.000,00 por hora a razón de 5 horas diarias de lunes a viernes) y verificando en forma previa que el lapso total consumido ascendía a 52 días hábiles.
De allí que los cuestionamientos ensayados por el quejoso no pueden prosperar. Máxime que esa parte se limitó a controvertir la cuenta de autos con base en una supuesta inobservancia del juez de grado que -como se apuntó- no es tal; pero nada adujo acerca de la persistencia de su actitud renuente a la satisfacción de lo ordenado por el juez de la instancia al disponer la medida cautelar y ordenar la traba del embargo sobre las cuentas del IOMA.
Bajo tales lineamientos y conforme la secuencia temporal evidenciada en la instancia de grado, se advierte que la liquidación puesta en entredicho fue presentada cuando persistía el incumplimiento de la contraria a la medida cautelar dictada en autos y que luego el juez de grado corrigió las pautas temporales de la liquidación (desde el momento de la demanda 14-05-2026 y hasta el 31-07-2026 y observando el resto de las pautas firmes fijadas en autos).
Por lo dicho, el agravio propuesto por el accionado no puede receptarse, correspondiendo, entonces, confirmar la decisión de fecha 18-08-2026 en cuanto fue materia de agravios.
III. Por las razones expresadas, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada con fecha 26-08-2026 y, en consecuencia, confirmar íntegramente el pronunciamiento del 18-08-2026, en cuanto fue materia de agravio. Las costas de esta instancia deberían imponerse en el orden causado al no haber medido contradicción (art. 19 y 25 la ley 13.928, texto según ley 14.192 y art. 68 del CPCC).
Voto al interrogante planteado por la negativa .
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, también vota a la cuestión planteada por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada con fecha 26-08-2026 y, en consecuencia, confirmar íntegramente el pronunciamiento de fecha 18-08-2026, en cuanto fue materia de agravio. Imponer las costas de alzada en el orden causado atento la ausencia de contradicción (art. 19 y 25 de la ley 13.928, texto según ley 14.192 y 68 del CPCC).
2. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 del Anexo Único del Acuerdo SCBA 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 1039/21- y, hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1010-2026
Fin de la sentencia