Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-51900773-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3718/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 13289-29668-2009 en fecha 11 de junio de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 2 de mayo de 2023.
2Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-36011359-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Abril de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de resolver en los autos caratulados “TOMASETTO LOVATO S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ APELACIÓN”, Expediente nro. EX-2023-51900773- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, mediante apoderado, se presenta la firma TOMASETTO LOVATO S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 3718/2018, dictada el 11 de junio de 2018 (notificada el 2 de mayo de 2023) por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, recaída en el expediente administrativo nro. 13289-29668-2009, por la que se le formuló Cargo en concepto de tributos –U$S 4.503,52 y $ 4.079,29- adeudados por la supuesta infracción al régimen de admisión temporaria de mercaderías prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, en relación al despacho N° 08 073 IT14 002318 N, con vencimiento en fecha 23/11/2009; y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (D.G.A.). Se refiere a los antecedentes del sumario contencioso. En primer lugar, articula la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, por haber vencido el plazo quinquenal al que hace referencia el artículo 934 del Código Aduanero. Sostiene que el acto de apertura de sumario carece de entidad como para suspender o interrumpir el plazo de prescripción, no sólo porque nunca fue notificado, sino también por ser un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable, por no reunir ninguno de los requisitos contemplados en el artículo 1094 del Código Aduanero. Se agravia que ha transcurrido el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Asimismo, plantea la prescripción de la acción del Fisco para reclamar tributos, por vencimiento de los plazos legales. Sostiene el incumplimiento por parte del servicio aduanero de las reglas del debido proceso, como así también la ausencia de causa y motivación del Cargo apelado. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se declare la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos ya todo evento, se declare la nulidad insanable del procedimiento llevado a cabo en sede aduanera, dejando sin efecto el Cargo formulado en autos, con costas a la DGA.
II. Que, corrido el traslado de ley, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fue conferido y ofrece las actuaciones administrativas. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Se refiere a los antecedentes del sumario administrativo. Sostiene la validez del procedimiento y de la Resolución aduanera apelada en la litis, toda vez que a su juicio la misma no constituyó una resolución condenatoria en el procedimiento para las infracciones, sino que dicho procedimiento (o persecución infraccional) fue “archivado”, es decir, dejado de lado o discontinuado, dando cuenta de ello lo resuelto en el artículo 1° de la Resolución cuestionada por la actora, donde se ordena archivar sin más trámite el presente sumario en los términos de la IG 9/17.
Destaca que de la propia lectura del artículo 274 del Código Aduanero se desprende que no es condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la determinación previa en forma fehaciente la configuración de una infracción aduanera en los términos del artículo 970 del citado ordenamiento legal, pues el hecho imponible se configura, por sí solo, ante la falta de re-exportación de la mercadería en el plazo concedido por el Servicio Aduanero. Afirma que ha quedado acreditado que los tributos se deben por la producción del hecho imponible, y no por la comisión de una infracción; y –a todo evento-, manifiesta que ninguna Instrucción General de la Dirección General de Aduanas podría dispensar el pago de los tributos dispuestos por la legislación vigente.
Por ello, entiende que existe independencia entre la determinación tributaria y el proceso infraccional, encontrándose la Aduana habilitada, ante la mera constatación del vencimiento de la temporal, a exigir los tributos, con prescindencia del juzgamiento en el aspecto infraccional. Asimismo, señala que la actora nunca puso en duda el incumplimiento al régimen de importación temporaria, ni tampoco ofreció ni produjo prueba tendiente a acreditar ese extremo. Defiende la validez del auto de instrucción del sumario administrativo, siendo que la accionante no ha especificado de qué manera el acto de apertura del Sumario se aparta de lo requerido en la ley 22.415, por lo que el mismo satisface los requisitos para su validez, considerando que fue individualizada la firma importadora imputada (identificando su Razón Social y su número de CUIT), se identificó correctamente la DIT objeto de la denuncia y se indicó específicamente la infracción del Código Aduanero en la cual se consideró incursa a la recurrente.
Advierte que la importadora ha planteado la nulidad de la instrucción de sumario por la nulidad misma, sin especificar siquiera las razones de dicho pedido ni el perjuicio que el supuesto “vicio” le ocasionaría. Resalta la plena vigencia de la acción de la DGA para percibir tributos, de acuerdo al articulado específico –artículos 803, 805 y concordantes- del Código Aduanero. Pone de manifiesto la falta de afectación al derecho de defensa en la litis, como así también la inaplicabilidad de la garantía del “plazo razonable”. Se pronuncia sobre la cuestión de fondo, destacando que la demandante importó temporalmente la mercadería en cuestión, pero no ocurre lo mismo respecto del cumplimiento total de la obligación que el régimen acarrea.
Se allana parcial y exclusivamente en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la Resolución objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Que en fecha 24/8/2023 se declaró la causa de puro derecho. Habida cuenta el estado de la causa, y habiéndose elevado a conocimiento de la Sala “F”, queda la misma en estado de dictar sentencia.
IV. Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas nro. 13289-29668-2009, se desprende que se ha labrado Acta de Denuncia nro. 546/09, contra la firma TOMASETTO LOVATO S.A. por la presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 970 del Código Aduanero, ello en relación al despacho de importación nro. 08 073 IT14 002318 N, con vencimiento en fecha 23/11/2009 (fs. 2/4). A continuación, se encuentra agregado el correspondiente Despacho de Importación y documentación complementaria. A fs. 16, con fecha 27/6/2014, el servicio aduanero dispuso la apertura del sumario, respecto de la operación de referencia, en los términos del art. 1090 inc. c) del citado cuerpo normativo. A fs. 17/18 obra determinación de base de multa y tributos. A fs. 21 surge la consulta al sistema SUMARCHI donde consta que no existen antecedentes de sumario a nombre de la recurrente, y a fs. 22/22 vta. el servicio aduanero procedió a dictar la Resolución (DE PRLA) N° 3718/18, de fecha 11/6/2018, por la cual resolvió archivar el sumario en lo que hace a la pretensión sancionadora, y formular cargo contra la firma aquí recurrente y a la garante “Berkley International Seguros S.A.” (Póliza 60439) por los tributos adeudados, en relación a la operación documentada mediante la DIT en trato. A fs. 23 se notifica a la firma importadora, con fecha 2 de mayo de 2023 y a fs. 24 a la compañía aseguradora, en fecha 26 de abril de 2023.
V. Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la firma actora, con fundamento en que el servicio aduanero dispuso sin más el archivo del sumario y la intimó al pago de tributos, sin posibilidad alguna de defensa al respecto, al no haberle notificado la corrida la vista prevista en el artículo 1101 del CÓDIGO Aduanero, lo que vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal. En tal sentido, cabe recordar que la referida norma dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
VI. Que de la plataforma fáctica de la litis se desprende que la Aduana omitió notificar la corrida vista de lo actuado, al/los presunto/s responsables de la infracción prima facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes de la destinación involucrada en la especie, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa, disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA) y la formulación de cargo a la aquí recurrente y a la empresa garante, por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT en trato, con vencimiento el día 23 de noviembre de 2009.
Por ende, cabe colegir que, en el caso, la Aduana se apartó del procedimiento reglado por el Código Aduanero para las infracciones, habida cuenta que, luego del dictado de la instrucción de sumario, ninguna intervención se le otorgó a la firma accionante, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, tampoco debe perderse de vista que la apelante recién pudo tomar conocimiento fehaciente de la existencia del sumario en trato al notificarse del dictado de la resolución apelada en autos, recién con fecha 2/5/2023 (confr. fs. 23 act. adm.), donde se le reclama el pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento del DIT en cuestión.
VII. Que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende percibir la Administración y es en el marco del mismo, donde se debe garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado primordialmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Asimismo, es dable señalar que el procedimiento para las infracciones resulta ser la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la beneficiaria del régimen, por lo que no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista de los presentes actuados, desnaturaliza el procedimiento bajo análisis y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada en autos.
En consecuencia, y toda vez que la omisión de notificar la corrida de vista a la empresa recurrente, le impidió ejercer debidamente su derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma, cabe concluir en que no procede exigencia tributaria alguna en relación a la firma recurrente en las presentes actuaciones, en tanto la DGA no ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del CÓDIGO Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3718/2018.
VIII. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 11 de junio de 2018 y notificada recién el 2 de mayo del año 2023, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN- SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2010, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 23 de noviembre del año 2009), debiendo haber fenecido el 1/1/2015, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 27 de junio de 2014 -vide fs. 16 act. adm.-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IX. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (27/6/2014) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 11 de junio de 2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el día 2 de mayo de 2023 (confr. fs. 23 act. adm.), es decir, casi cinco años después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
X. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
XI. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 23 de noviembre de 2009 y la resolución apelada ha sido notificada el 2 de mayo de 2023, es decir, casi 15 años y medio después de haber acaecido el hecho gravado.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en los artículos 17 de las leyes 26.840 (B.O. 3/6/2013) y 27.572 (B.O. 26/8/2020) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto constitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIII. Que, por último, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente-, al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 dela DGA (art. 1° Resol. -DE PRLA- n° 3718/2018). Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, por no causar agravio a la interesada.
Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
En tales condiciones, cualquier metodología interpretativa que valide, consienta, acepte, ratifique o permita, de modo activo u omisivo, que la notificación de una resolución aduanera pueda realizarse casi 5 (cinco) años después de su dictado, sin ningún tipo de consecuencia prescriptiva, resulta contraria a un sano entendimiento del derecho.
XVI. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3718/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 13289-29668-2009 en fecha 11 de junio de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 2 de mayo de 2023.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma TOMASETTO LOVATO S.A. en las presentes actuaciones.
3. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, en razón de los fundamentos desarrollados por el Sr. Vocal instructor para dar sustento a la nulidad que postula – y comparto –, entendiendo que la ponzoña esparcida desde la omisión en disponer de la corrida de vista abarca – claro está – la resolución que se recurre, entiendo que no corresponde adentrarse en la suerte de la acción del Fisco para percibir tributos en el sentido propuesto por el Dr. Garbarino, y por ello, sólo cabe como respuesta definitiva a la cuestión la declaración de nulidad del acto resolutivo por el que se excitó esta jurisdicción, con costas a la perdidosa.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al punto 1 del voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3718/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 13289-29668-2009 en fecha 11 de junio de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 2 de mayo de 2023.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2026.04.09 18:24:10 ART Date: 2026.04.09 20:55:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.09 22:06:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.09 22:08:28 -03:00
Fin de la sentencia