Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 186.538
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y, en consecuencia, modificar la decisión de primera instancia del siguiente modo: (a) incrementar el daño moral a la suma de $3.000.000, de conformidad con los parámetros señalados en el considerando «III.b.»; (b) imponer a la demandada una sanción en los términos del art. 52 bis de la Ley 24.240 por el equivalente en pesos de 4,42 (cuatro coma cuarenta y dos) Canastas Básicas Totales de las publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para un hogar tipo 3, con más los intereses señalados en el considerando «III.c.»;
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III)
Expte. Nº 186538 - Juzgado Civil y Comercial N°12 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “TONATTO, CLAUDIO VICTORIO C/ DESPEGAR.COM.AR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (c. 186538)
habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 20 de febrero de 2026?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia El 20 de febrero de 2026 la jueza de primera instancia dictó sentencia e hizo lugar a la demanda promovida por Claudio Victorio Tonatto contra Despegar.com.ar S.A. y condenó a esta última a abonar dentro de los diez días de encontrarse firme el fallo la suma de $1.397.576.- a favor del actor, más actualización es intereses. Impuso las costas del proceso a la demandada vencida.
Para así decidirlo, consideró demostrado el incumplimiento contractual de la firma “Despegar” en el procedimiento de restitución de las sumas abonadas por una serie de servicios turísticos contratados para realizar un viaje frustrado por la pandemia del Covid-19 y las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades locales.
Hizo lugar al reclamo de daño material, consistente en la devolución de las sumas no restituidas y que ascienden a $91.578 a reajustarse desde la fecha de la notificación de la demanda por el IPC Nivel General Nacional. Asimismo, reconoció una reparación de $1.305.998 en concepto de daño moral, también reajustables por el índice señalado. Finalmente, desestimó la sanción civil reclamada con fundamento en el art. 52 bis de la Ley 24.240.
II. El recurso del Sr. Claudio Victorio Tonatto El actor apeló el fallo el 24 de febrero de 2026 y fundó su recurso el 15 de abril de 2026, con réplica de la contraria el 24 de abril de 2026. Los agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Entiende que hubo un error en la valoración de la prueba pericial contable, de la que -dice- surge que el actor abonó $113.932 por los servicios turísticos contratados, monto del cual solo se restituyeron en dinero $17.384 y $4.970. Afirma que el resto de las operaciones no fueron reintegradas. Enfatiza que el reintegro mediante cupones fue un invento de la demandada y nunca los aceptó. La sentencia, refiere, equipara erróneamente dichos cupones con devoluciones efectivas. Argumenta que los cupones no son restituciones, son de uso condicionado, poseen limitaciones temporales, dependen de la operatoria de la demandada y restringen la disponibilidad del crédito del consumidor.
Señala en su segundo agravio que la equiparación entre cupón y reintegro en efectivo constituye un error y una violación al arts. 3, 8 bis y 10 bis de la Ley 24.240 que regulan el principio pro consumidor, el trato digno y el incumplimiento de la obligación.
ii) Considera que la sustitución del dinero por cupones constituye una clara alteración unilateral del sinalagma del contrato. Reitera que nunca consintió que su crédito se convierta en un váucher condicionado a ser usado en la misma empresa. Destaca la injusticia del fallo que recepta la devolución del dinero recibido por un servicio que nunca se brindó.
iii) Denuncia que la sentencia “ha receptado la contestación de la demanda, trasladando el riesgo empresario al consumidor”, dado que esta última retuvo el dinero, ofreció créditos condicionados y se financió a costa del deudor. La decisión, alega, legitima prácticas abusivas, habilita la sustitución unilateral de obligaciones y desnaturaliza el concepto de reparación.
Entiende, a su vez, que la jueza aplicó erróneamente el principio de las cargas probatorias dinámicas al asignarle la carga de acreditar extremos cuya prueba correspondía a la demandada. Indica que tal es la premisa implícita que surge al afirmarse que el actor no probó el saldo pendiente de restitución, la falta de reintegro total o la insuficiencia de las devoluciones efectuadas.
Señala que “era la demandada quien se encontraba en mejores condiciones de acreditar: el detalle completo de los reintegros efectuados, si existieron devoluciones totales en dinero, el destino de los fondos abonados, la efectiva utilización de los cupones, y la cancelación total de la obligación”. Agrega a ello que Despegar “no acreditó restitución íntegra, no probó el uso de los cupones, ni demostró la equivalencia económica de los mismos. La pericia contable, basada exclusivamente en documentación de la propia demandada, solo acredita devoluciones parciales en dinero y emisión de cupones, lo que confirma —y no desvirtúa— el incumplimiento”.
Insiste en que la jueza “tomó los cupones como pagos”.
iv) Afirma que hubo una retención indebida del dinero del consumidor y una conversión forzada a créditos de uso restringido. Enuncia los derechos que la sentencia vulnera y el modo en que la pericia informática fue indebidamente interpretada. Esto último, refiere, impactó en la valoración del daño material, del daño moral y el rechazo del daño punitivo.
Dice que “[l]a negativa a reconocer el carácter de deuda de valor del crédito del actor, en un contexto de alta inflación, desnaturaliza la reparación, tornándola meramente simbólica”. Reclama que “se deje sin efecto el fallo atacada haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, incluyendo los cupones no usados y rechazados por el suscripto debidamente actualizados y con más sus intereses”.
v) Cuestiona la cuantía del daño moral. Considera que el monto de la reparación es irrazonable y destaca la naturaleza y entidad del incumplimiento de la demandada, incluyendo la cantidad de reclamos que debió hacer, las razones por las que estima justo que se incremente.
vi) Objeta el rechazo del daño punitivo. Enuncia los motivos por los cuales considera justificada la procedencia de la sanción y reprueba los motivos por los cuales la jueza consideró que, en el caso, no resulta admisible.
III. Tratamiento del recurso Llega firme a esta instancia la decisión basilar de la sentencia apelada: esto es, que la demandada incurrió en un incumplimiento contractual en el proceso de restitución de las sumas abonadas para el malogrado viaje a Colombia. Esto significa que las quejas de la recurrente refieren al modo en que la magistrada juzgó la procedencia y cuantía de los dos rubros admitidos (daño material y moral) y a las razones por los cuales desestimó la multa civil peticionada (daño punitivo).
Por ello, y para mayor claridad expositiva, analizaré la fundabilidad de los embates según el parcial al cual se vinculan (arts. 34.4 y 163.6 del CPCCBA). a) Sobre el daño material Según se desprende del escrito de demanda, el actor le reprocha a la firma accionada una indebida gestión en la restitución del dinero abonado por hoteles y servicios turísticos en el marco de un viaje frustrado por la pandemia del virus COVID-19 y las regulaciones domésticas que paralizaron la actividad turística. Pidió, entre otros rubos y sanciones, que se les restituyan a valores actualizados los $113.932 que abonó por los servicios. Buena parte de los argumentos contenidos en los primeros agravios de la actora están sustentados en una premisa común: que la magistrada equiparó la entrega de váuchers a una restitución de dinero. Sin embargo, y en lo que al daño material y el reembolso de los gastos se refiere, no he encontrado párrafo alguno en el cual se diga —o se sugiera— que esos cupones o váuchers han sido computados para definir el alcance del crédito del accionante.
Por el contrario, la jueza, lejos de asumir la equiparación denunciada por el apelante, consideró que el incumplimiento de la demandada efectivamente existió. Señaló expresamente que no medió una correcta restitución del importe abonado por el Sr. Tonatto y que Despegar «no cumplió de manera íntegra con el reembolso de las sumas abonadas por el actor» (sic).
Esto significa que los montos sobre los cuales versaban los cupones no fueron computados ni equiparados con la restitución del dinero, ni a los fines de juzgar si medió o no un incumplimiento, ni tampoco a la hora de evaluar la procedencia del reclamo principal del accionante (el daño material). Según se lee en el considerando «VI.1.» del fallo, la colega detrajo del valor nominal denunciado por el propio reclamante ($113.932.-) las sumas que él mismo reconoció que ya percibió en formato de restitución y que ascienden -según se lee en la demanda- a $22.354. Este último total incluye $4.970 y $17.384 vinculados a una reserva de un hotel en Bogotá y cuya percepción fue explícitamente reconocida en la página 5 de la copia en papel del escrito de ampliación de demanda, puntos d y e.
Fácil es advertir que el rubro prosperó por el saldo entre lo que el actor dijo que abonó y lo que reconoció también que le fue restituido. Insisto: ningún cupón fue considerado en este punto y los únicos límites a su pretensión fueron los valores que en su propia demanda anunció como ya percibidos (y que no fueron sumas mínimas, como las describió en la página 7 del escrito de inicio, sino el 19,6% del total abonado por los servicios turísticos). Haciendo lugar a otro pedido del accionante, la jueza incorporó un mecanismo de ajuste por índices sobre la base de una previa -y aquí incontrovertida- declaración de inconstitucionalidad de las normas que vendan la repotenciación de deudas dinerarias. Sobre el mecanismo de indexación, el parámetro escogido y la fecha de inicio del reajuste el apelante no postuló agravio alguno.
Concluyo entonces que las quejas contenidas en los primeros seis acápites del memorial de la parte actora resultan insuficientes para demostrar un error de hecho o de derecho en la admisión del rubro daño material (art. 10 bis de la LDC; 242 y cctes. del CPCCBA).
b) Sobre el daño moral La jueza hizo lugar al rubro daño moral por un total de $1.305.998, a valores de la fecha del fallo y sometidos también a un sistema de ajuste por IPC Nivel General Nacional desde ese momento y hasta el efectivo pago. Como señalé en párrafos anteriores, la actora considera que la indemnización es escasa y reclama un importe mayor.
Su agravio prospera.
En materia de daño moral esta Sala ha enfatizado en reiteradas oportunidades que a la hora de justipreciar la procedencia del rubro no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no dañar) ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce. Aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez que —en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experiencia— juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita (causas 168862 -"Franke......"- del 21/11/2019, 168199 -“Gastiarena...” del 10/10/2019 , 167312 -“Bertocchini...”- del 10/05/2019, 166428 -“Ale...”- del 13/12/2018, 166363 -“Basano...”- del 02/10/2018, 165996 -“Felices...”, del 20/09/2018).
La fijación de la reparación del daño extrapatrimonial queda librada al criterio del juez, aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (art. 1741 del CCyC; esta Sala, c. 169141 -“Bravo...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -"Rabainera..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -"Lasa..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503). He analizado con detenimiento las características del conflicto y la naturaleza y entidad del incumplimiento que se le endilga a la accionada. Por las mismas razones que señaló la magistrada —más algunas otras que detallaré más abajo al analizar el daño punitivo— considero que se ha acreditado un estado de cosas idóneo para generar broncas, angustias, frustraciones y malestares anímicos en el consumidor. Sinsabores que exceden los avatares propios de cualquier diferendo negocial.
Creo además que esas mismas variables me llevan a considerar que el monto de la reparación debe ser incrementado. Si bien esta Sala cuantifica el daño extrapatrimonial utilizando la categoría de deuda de valor expresada en moneda sin curso legal (art. 772 del CCyC; mi voto en causa 184851, "Franchino, Federico E.", del 17/11/2025, entre muchos otros), lo cierto es que la magistrada fijó un valor en pesos sometido a un mecanismo de indexación. Esta modalidad no fue objeto de cuestionamiento por ninguna de las partes.
Por ello, propondré al acuerdo incrementar el daño moral a la suma de $3.000.000 a valores vigentes a la fecha de la sentencia de primera instancia, por ser una suma que considero suficiente para realizar un viaje familiar a Colombia, considerando los valores en moneda extranjera que se reportan para siete días de hotel cuatro estrellas en Cartagena de Indias, en modalidad all inclusive, para dos adultos y un niño (v. despegar.com.ar, fecha de consulta: 11/06/2026) (art. 1741 del CCyC).
Los demás accesorios del crédito, incluyendo los intereses y el mecanismo de actualización, operarán en el modo establecido en la sentencia en tanto no han sido motivo de agravio (art. 768.c del CCyC). c) Sobre el daño punitivo a. Ya he señalado en otras oportunidades (mi voto en causas 162.615 -“Curry...”- del 27/04/2017 y 164.060 -“Gabas...”- del 07/02/2018) que el daño punitivo consiste en “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón D., “Derecho de Daños”, 2° parte, La Roca Buenos Aires, 1993, pág. 291 y ss.).
En mi voto en la causa “Machinandiarena Hernández, Nicolás c/ Telefónica de Argentina s/ Reclamo contra actos de particulares” (Expte. 143.790, res. del 27/05/2009) expuse que para que la actuación del proveedor merezca la citada sanción, el art. 52 bis de la Ley 24.240 sólo exige el incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. Nada más. En consecuencia, el daño punitivo resultaría aplicable a todos los casos en los que se dé cualquiera de los citados extremos, es decir, a todo vínculo jurídico dentro de la relación de consumo. Entonces, allí donde haya un reclamo por un derecho violado, dentro de esta relación, existirá a la par la potestad de exigir daños punitivos (confr. Álvarez Larrondo, F. “Contrato de paseo en un shopping, deber de seguridad, daños punitivos y reforma de la ley 26.361”, LL 2008-D, 58). Empero, también he reconocido que el amplio alcance que le fue asignado al instituto en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor contrasta con las posturas dominantes en el derecho comparado, en cuanto afirman que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL 2009-B, 949). Al presente esta postura se impone en la jurisprudencia nacional que, en forma ampliamente mayoritaria, considera que el mero incumplimiento de la normativa no basta para que proceda la aplicación de la multa civil, propugnando una interpretación sistemática del texto legal. En ese sentido, se señala que para la configuración del daño punitivo debe concurrir un elemento subjetivo agravado en la conducta del proveedor de bienes o servicios, que se traduce en culpa grave o dolo, negligencia grosera, actitud temeraria o notorio menosprecio por los derechos ajenos, así como un elemento objetivo consistente en un daño que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional demande la imposición de una sanción ejemplar.
b. He leído minuciosamente la totalidad de las constancias obrantes en este expediente, he prestado especial atención en los reproches que la actora formuló sobre la conducta de la demandada y, por último, he reparado con atención en la extensión de este pleito y la posibilidad para lograr una solución conciliatoria en instancias previas al juicio. Es correcta la conclusión -aquí no controvertida- de que la demandada incumplió el contrato de servicios que lo vinculó con el Sr. Tonatto. Pero creo que este incumplimiento, si bien enmarcado en una situación sin duda excepcional (una crisis sanitaria mundial y una paralización completa de la actividad turística), tuvo algunas aristas que no logran justificarse por ese particular contexto y reflejan una inadecuada gestión del conflicto por parte de la firma Despegar.
La controversia entre las partes no es compleja: el actor le reprocha a la demandada el modo en que gestionó las devoluciones de los importes abonados por servicios turísticos que luego fueron cancelados. Buena parte del importe le fue restituido mediante cupones que el actor, según dice, no quería ni reclamó.
Despegar resistió el reclamo invocando sus propios términos y condiciones para distribuir los costos del caso fortuito y asignárselos íntegramente al pasajero consumidor que contrata el servicio (punto IV.3. de la contestación de demanda). Luego, aseveró que el reembolso pretendido por el actor solo podía tener lugar -dado su rol de mero intermediario- cuando sea el proveedor del servicio hotelero el que restituya los valores (ídem.). Ahora bien, muchas páginas más abajo en la contestación de demanda, la accionada reconoció que el problema nunca fue que las proveedoras no devolvieron el dinero abonado por Tonatto. Al contrario, dijo explícitamente que -y cito textual- "las reservas tomadas por el Sr. Tonatto eran no cancelables ni reembolsables, por lo cual, dado el contexto, los alojamientos decidieron devolver el dinero para evitar males peores a la parte actora". Esto significa que, aún en su rol de intermediario y al menos en lo que respecta a los servicios contratados por Tonatto, Despegar sabía y siempre supo que los proveedores accedieron a devolver los importes. Ergo, ya se había producido el hecho que la propia demandada se auto asignaba como condicionante para acceder a reclamos de reembolso como el que Tonatto había formulado.
El punto neurálgico de la defensa de Despegar, entonces, es aquél que se enuncia en el apartado «IV.5.» de su escrito postulatorio: la demandada entregó váuchers por más del 80% del valor erogado -en lugar de reembolsos de dinero- porque así lo habría requerido el propio actor en los canales de reclamos habilitados a tal fin. La accionada se afianza en esta idea al decir que, si no se accedió a la restitución en dinero, fue porque Tonatto no lo pidió de ese modo.
La defensa no tiene ningún sustento en la prueba producida.
La idea de "no efectuó ninguna gestión a tal efecto" que invoca la demanda luce inconciliable con las constancias emergentes del sistema informático de Despegar, cuyas capturas de pantallas —divididas según el número de reserva— dan cuenta de un extenso historial de reclamos (v. anexos de la pericia informática).
Luego, tampoco está justificado que Tonatto haya solicitado váuchers en lugar de dinero y, de hecho, de esas mismas capturas lucen numerosos reclamos en los que se señala que el reclamo del actor era la “devolución de dinero” y el sistema informático —sin ninguna explicación plausible— finaliza la gestión con la emisión de cupones.
Véase, por ejemplo, las capturas del trámite de reclamo vinculado a la Reserva N°240538101300 en las que se consignó "se crea la solicitud de devolución de dinero" el 05/04/2020 a las 14:09 y luego, sin motivo alguno, se deja constancia el 5/04/2020 de que se envió un correo donde le avisan al actor que le enviaron "un cupón", lo cual fue considerado "con éxito la solicitud de devolución de dinero", según se asentó ese mismo día. Algo parecido ocurre con otras gestiones como las vinculadas a la reserva N° 541491101300, donde Despegar anotó expresamente que se pidió la “devolución del dinero”, pero luego el trámite continúa con preguntas sobre “cómo prefieres recibir la devolución de tu alojamiento”, lo cual resulta incompresible si ya la demandada sabía que el actor estaba reclamando dinero¸ en lugar de cupones. La perita informática expresó que, según la información aportada por Despegar con relación a esa reserva en particular, la gestión decantó en la emisión de un váucher por 97,34 dólares (v. punto 4 y capturas contenidas en los Anexos documentales vinculados a la reserva citada). Estas inconsistencias, que se replican en cada una de las gestiones de las numerosas reservas implicadas en la malograda travesía vacacional del actor, nunca fueron aclaradas en ningún pasaje de la extensa contestación de demanda de Despegar. Más aún, son inconsistencias que brindan un sólido soporte a la tesis que subyace a la pretensión del Sr. Tonatto: la demandada recibió reclamos por reembolso de dinero y unilateralmente decidió emitir cupones aun cuando sabía -según sus propios dichos- que los hoteles habían accedido a cancelar sin costo las reservas y restituir los importes.
c. Lo dicho en párrafos anteriores me persuade de que, como dije, el incumplimiento de la demandada no logra explicarse completamente por la excepcionalidad del contexto en el que se gestaron los reclamos y las restituciones. La demandada no logró explicar —y mucho menos acreditar— de qué modo aquel contexto sanitario la llevó a gestionar reembolsos de dinero y tramitarlos (o resignificarlos unilateralmente) como si fueran pedidos de cupones. Ausente una justificación razonable sobre este procedimiento, no cabe sino concluir que el conflicto con el actor se generó por una premeditada y consciente decisión de adoptar el camino de acción más conveniente a sus propios intereses, en detrimento de los derechos de un consumidor que, según expresamente se consignó en el trámite de cada reclamo, reclamó “devolución de dinero” y no cupones o váuchers. Disiento por ello con la decisión de la magistrada y considero que el reclamo por la multa civil del art. 52 bis de la Ley 24.240 debe prosperar. El destrato al consumidor ha sido patente y grave.
He dicho en otra oportunidad que la tarea de establecer la cuantía de la sanción no es sencilla dado que la norma que regula el instituto omite brindar pautas de cuantificación claras y precisas. El legislador solo prescribió que la punición «se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan» (c. 168199 -"Gastiarena, Daiana..."- sent. del 10/10/2019; art. 52 bis de la LDC).
Como punto de partida, debemos recordar que el daño punitivo tiene una finalidad económica que justifica su aplicación: debe funcionar como un elemento disuasivo para que el proveedor de un producto o servicio no continúe, mantenga o repita conductas similares a las que motivaron la multa, destruyendo la denominada “ecuación perversa” conforme la cual al empresario le resulta menos costoso dañar y reparar en el caso individual antes que prevenir y evitar en la generalidad de los casos (Irigoyen Testa, Matías, “¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por daños punitivos?”. RCyS 2009-X, 16; Cám.Ap.Civ.Com. de Rosario, Sala IV, "Vázquez Ferreyra, Roberto c. Claro AMX Argentina y otro s/ daños y perjuicios", del 07/08/2012).
Irigoyen Testa —cuyas ideas nutrirán en gran medida los párrafos que siguen— ha diseñado una herramienta matemática con una sólida base conceptual que permite determinar la cuantía de los daños punitivos en forma tal que no sea inferior ni exceda el monto necesario para cumplir esa función disuasoria y que, tratándose -como en autos- de daños reparables, busca hacer coincidir la responsabilidad total esperada del dañador con los daños reparables esperados que se derivan de su comportamiento. De ese modo se logra cumplir con la función principal disuasoria (que se ajusta a los niveles de precaución socialmente deseables) y la función accesoria sancionatoria (que implica una multa civil extracompensatoria que se afronta adicionalmente, luego de haberse compensado perfectamente al damnificado) (Irigoyen Testa, Matías, Monto de los daños punitivos para prevenir daños reparables, La Ley, DCCyE, 2011 (diciembre), 87). El autor propone una fórmula superadora de aquella que se han diseñado en el derecho comparado (en particular, las propuestas por la doctrina estadounidenses a partir de los desarrollos del Análisis Económico del Derecho) y en la que se revisan los presupuestos de hecho que justifican el cálculo, enmendando variables que descansan en supuestos irreales que carecen de base teórica y práctica que los justifique (v.gr. la coincidencia entre el daño causado y la indemnización fijada en casos de daños irreparables; o la probabilidad del 100% de condena por daño punitivo de existir una condena por indemnización, etcétera).
El cálculo diseñado procura que el costo privado del empresario coincida con el costo social total del producto que ofrece: si además de su condena por indemnización la empresa también posee una condena esperada adicional por daños punitivos entonces en el futuro preferirá corregir su conducta. De ese modo, deja de resultarle provechoso inobservar el comportamiento debido.
La fórmula es la siguiente: D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)], donde: D = es la cuantía de los daños punitivos a determinar; C = es la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados; pc = es la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados; pd = probabilidad de ser condenado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por indemnización compensatoria.
Al solo efecto de realizar el guarismo, calcularé que el total [C] asciende a $3.200.000 comprensivo de un monto aproximado —y estimado al solo efecto de realizar el cálculo— de indemnización que comprende el daño material y moral, computando estimativamente los mecanismos de actualización fijados en la sentencia y que no han sido motivo de agravio. La probabilidad de que un cliente demande a una firma como la accionada y, además, gane el pleito la estimaré en un 70% [Pc], considerando que Despegar no pudo desconocer que estaba tramitando devoluciones en formato cupón de lo que según sus propios registros fue reclamado como reintegro de dinero. Debo inferir que su decisión ha sido postergar conscientemente una restitución que siempre supo que era procedente y más tarde o más temprano recibiría un reclamo judicial previsiblemente exitoso. La probabilidad matemática equivale entonces a 0,70 (70/100). Luego, la probabilidad de condena por daños punitivos [Pd] la estimaré en un 20%, considerando que la procedencia de la sanción es, en general, interpretada restrictivamente y -como ocurrió en el caso- la situación excepcional en cuyo contexto se gestó el diferendo puede atenuar el reproche a la demandada. El valor de esa probabilidad, al realizar el cálculo, será de 0,20 (20/100).
Entonces, aplicando al caso la fórmula «D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)]» resulta que D=$3.200.000 x [(1-0,70)/(0,70x0,20)]; luego se sigue que D=$3.200.000 x (0,30/0,14); finalmente, D=$3.200.000 x 2,14. El resultado que arroja el cálculo es $6.848.000.
Por ello, y de conformidad con la escala regulada en el art. 47 inc. “b” de la Ley 24.240 reformado por la Ley 27.701, propondré al acuerdo imponer una multa por un total de 4,42 (cuatro coma cuarenta y dos) Canastas Básicas Totales de las publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para un hogar tipo 3 (sitio web del INDEC, sección "Estadísticas - Sociedad", apartado "Canastas"; v. valores vigentes a junio de 2026). Tratándose de una deuda de valor expresada en una unidad que se actualiza periódicamente, los intereses moratorios sobre este crédito se devengarán una vez vencido el plazo de diez días de quedar firme la presente sentencia y a la tasa pura del 6% anual hasta su conversión, si fuere anterior al efectivo pago (SCBA, C. 120.536, -"Vera, Juan Carlos"- 18/04/2018 y C. 121134 -"Nidera S.A."-del 03/05/2018). De mediar alguna forma de mora de la parte condenada luego de la conversión a moneda nacional al momento de liquidar el crédito y hasta el efectivo pago, y sin perjuicio de la doctrina de este Tribunal fijada en el caso “Melegari” (c. 167.589 del 16/4/2020), corresponderá aplicar la tasa activa requerida expresamente por el actor en el apartado 9 de su demanda, y que es la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art. 34.4, 163.6 y cctes. del CPCCBA, 768.c del CCyC).
Con el alcance señalado, propondré al acuerdo hacer lugar al agravio de la parte actora y modificar la sentencia apelada (art. 52 bis de la Ley 24.240).
ASÍ LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y, en consecuencia, modificar la decisión de primera instancia del siguiente modo: (a) incrementar el daño moral a la suma de $3.000.000, de conformidad con los parámetros señalados en el considerando «III.b.»; (b) imponer a la demandada una sanción en los términos del art. 52 bis de la Ley 24.240 por el equivalente en pesos de 4,42 (cuatro coma cuarenta y dos) Canastas Básicas Totales de las publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para un hogar tipo 3, con más los intereses señalados en el considerando «III.c.»; II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y, en consecuencia, modificar la decisión de primera instancia del siguiente modo: (a) incrementar el daño moral a la suma de $3.000.000, de conformidad con los parámetros señalados en el considerando «III.b.»; (b) imponer a la demandada una sanción en los términos del art. 52 bis de la Ley 24.240 por el equivalente en pesos de 4,42 (cuatro coma cuarenta y dos) Canastas Básicas Totales de las publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para un hogar tipo 3, con más los intereses señalados en el considerando «III.c.»; II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
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Fin de la sentencia