Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2020-57563103-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-60019281-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 7 de Junio de 2024
El expediente N° EX-2020-57563103- -APN-SGAI#TFN caratulado: “TONCONOGY SERGIO ENRIQUE S/ APELACIÓN, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que mediante el IF-2020-57562985-APN-DTD#JGM se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución N° 18/2020 (DV DEOB), de fecha 11/06/2020, emitida por el Jefe (Int) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se resuelve determinar de oficio el Impuesto a las Ganancias, periodos fiscales 2013 a 2015, por la suma de $15.131,76 para el periodo 2013, la suma de $4.069.761,67 para el periodo 2014 y la suma de $489.611,66 para el periodo 2015, con más la suma de $8.952.510,99 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $3.202.153,56 equivalente al 70% del impuesto omitido, con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.)
En primer término, reseña los antecedentes de hecho y derecho que motivaron el ajuste fiscal.
Seguidamente, plantea la arbitrariedad de la resolución determinativa, por la prescindencia injustificada de prueba decisiva para desentrañar la verdadera situación fiscal del contribuyente, tornándola nula en los términos de los artículos 1, inc. f), 7 incs. b), d) y e) y 14 de la Ley 19.549, en virtud de lo normado por el artículo 116 de la Ley 11.683, texto vigente. En particular, informa que el Fisco Nacional rechazó la prueba pericial contable, sin dar fundamento alguno, siendo de relevancia para demostrar la confiscatoriedad esgrimida y la consecuente afectación al principio de capacidad contributiva y derecho a la propiedad.
En lo que respecta al fondo de la cuestión, manifiesta que la reforma introducida por la ley N° 26.893, incorporó una modificación sustantiva en el tratamiento dispuesto a los resultados derivados de la venta de títulos valores efectuados por personas físicas, toda vez que introdujo como un nuevo hecho imponible en el apartado 3 del art. 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG). En concordancia con ello, explica que se dispuso la modificación del art. 45 inc. k), estableciendo así, que los mencionados resultados serán considerados como ganancias correspondientes a la segunda categoría en cabeza de personas físicas o sucesiones indivisas.
A su vez, indica que dicha reforma también recayó en el inciso w) del artículo 20 de la LIG, por cuanto establece que estarán exentos: “Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inciso c) del artículo 49, excluidos los originados en las citadas operaciones, que tengan por objeto acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, que no coticen en bolsas o mercados de valores y/o que no tengan autorización de oferta pública.”.
Destaca que, específicamente en relación a las bolsas y mercados de valores donde deben cotizar los instrumentos mencionados a los efectos de gozar de la exención del art. 20 inciso w), la ley de impuesto a las ganancias no fija ningún requisito ni tampoco señala cuáles deben ser dichos mercados. No obstante, señala que el Decreto Reglamentario del gravamen dispone que la exención procede cuando las operaciones se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores, elemento que considera como un exceso reglamentario.
Asevera que el verdadero alcance, y en una armónica interpretación del art. 42, del citado decreto y el art. 20 inc. w) de la LIG, permite sostener la coexistencia y validez de ambas normas, perfectamente aplicables al caso, puesto que el primero no estaría efectuando una limitación y por ende subsistiría la plena vigencia de los supuestos de exención contenidos en la ley del impuesto.
En base a ello, sostiene que la correcta interpretación de la norma está dada en que el activo, cuya enajenación resulta gravada, son los títulos allí mencionados sin cotización ni autorización de cotización en bolsas o mercados de valores en general, por lo que solicita a este Tribunal que así lo disponga y en consecuencia revoque el acto administrativo dictado por ser contrario a derecho, con costas al Fisco Nacional.
Por otro lado, opone la inaplicabilidad de la disposición contenida en el inc. d) del art. 1 del DR Nº2334/2013, el cual modificó la redacción del art. 42 del DR Nº 1344/98 reglamentario de la LIG, por afectación de principios constitucionales y violación del principio de división de poderes, toda vez que el mismo ha sido dictado en clara contraposición a las disposiciones contenidas en el art. 99 inc. 2 ya que el Poder Ejecutivo se habría extralimitado en sus facultades reglamentarias.
En misma sintonía, asevera que se ha violado el principio de reserva de ley en materia tributaria y plantea la inconstitucionalidad de la limitación a la exención prevista por el art. 20 inc. w) de la ley del impuesto a las ganancias por vía reglamentaria, la afectación al derecho de propiedad y al de capacidad contributiva. En cuanto al ajuste efectuado por la AFIP, solicita se disponga la improcedencia del mismo, por cuanto oportunamente solicitó que se rectificaran las liquidaciones practicadas en virtud de las cuales se determinó el impuesto en base al costo histórico, correspondiente a la fecha de compra de los títulos, al cual se le sustrae el precio de venta convertido a pesos argentinos al tipo de cambio de esa fecha. No obstante, indica que de aplicarse dicho criterio se estaría gravando una ganancia ficticia, la cual es generada por las variaciones del tipo de cambio de la moneda nacional producto del contexto inflacionario y la devaluación de ésta.
Asevera que dicho criterio utilizado no refleja de manera cierta la real capacidad contributiva toda vez que no es una ganancia real, sino que la misma únicamente es producida por la diferencia de cambio generada entre la fecha de compra y la de venta, es decir, como un incremento ficticio de su patrimonio, por lo que la forma correcta de demostrar la real ganancia obtenida en los periodos fiscales ajustados, debe ser por aplicación del criterio de “moneda dura o constante”, el cual consiste en receptar la fecha de venta de los títulos, en lugar de la fecha de adquisición, como parámetro temporal de conversión de la moneda extranjera a la moneda local.
Bajo tales argumentos, asevera que en los periodos fiscales 2013 y 2015, los resultados medidos ya sea en moneda dura (dólar vs dólar) o aplicando una actualización de la moneda (ajuste por inflación), se demuestra cabalmente que se ha producido una pérdida en el patrimonio y que sólo en el año 2014 resulta una ganancia, la cual dista de la determinada por el Fisco Nacional, por lo que si dicha diferencia (negativa) es convertida a pesos argentinos usando el tipo de cambio del día de venta, por aplicación del criterio de moneda constante, arrojaría el mencionado quebranto impositivo en determinados ejercicios y un resultado positivo en otros, pero todos los casos resultando el impuesto determinado como confiscatorio.
Remarca que por la enajenación de los títulos del exterior en los periodos ajustados, no ha obtenido ninguna ganancia, es decir, que no ha incrementado su patrimonio sino que, por el contrario, se ha generado un quebranto impositivo, por lo que la ganancia determinada resulta totalmente ficticia, por lo que el resultado determinado en moneda histórica (pesos sin ajustar) efectuado por el Fisco Nacional, al estar compuesto únicamente de una ganancia generada por diferencia de cambio por el mero transcurso del tiempo, resulta improcedente y contrario a derecho.
En este sentido, concluye que, con relación al periodo fiscal 2014, se evidencia resultado positivo por la enajenación de los títulos respectivos, pero que de compararse las mediciones entre moneda histórica y moneda constante (sea dólar o aplicando el ajuste por inflación) conforme surge del Anexo I, la diferencia de impuesto a ingresar absorbería en un caso una parte sustancial de la renta y en el otro, no solo el 100% de la renta, sino también del capital.
Con relación a la multa aplicada, afirma que no se configuran los requisitos exigidos por la normativa para que resulte procedente la misma, por cuanto no se ha actuado en todo momento con la debida diligencia y observando los recaudos necesarios.
Plantea la existencia de error excusable en tanto se evidencia la razonable complejidad en la norma, debido a la existencia de criterios interpretativos distintos del alcance de la exención dispuesta, que al momento de confeccionar la declaración jurada han colocado la han colocado en la posibilidad -razonable- de equivocarse al aplicarla.
Indica que su conducta se ajusta a derecho por cuanto consideró que las ganancias obtenidas se encontraban exentas y así las ha declarado, por aplicación e interpretación razonable, y a su criterio correcta, de la norma. Expone que esta es una omisión inculpable, porque no puede reputarse responsabilidad alguna frente a la interpretación razonable y coherente que ha hecho de la normativa aplicable para la determinación del impuesto. Ni tampoco puede imputársele negligencia en su actuar, atento la razonable complejidad en la norma, debido a la existencia de criterios interpretativos distintos del alcance de la exención en cuestión.
Cita doctrina y jurisprudencia en favor de su postura. Ofrece prueba pericial contable. Concede autorizaciones. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita se dicte sentencia revocando el acto administrativo apelado, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II. Que mediante el IF-2020-74118815-APN-DTD#JGM, contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la apelante. Hace reserva del caso federal. Por último solicita se dicte sentencia, confirmando la resolución apelada, con costas a la actora.
En cuanto a la arbitrariedad planteada, menciona que de acuerdo a lo normado por el artículo 62 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley N° 19.549, donde establece que el juez administrativo se regirá por lo dispuesto por el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al momento de apreciar de la prueba, concluyendo que no existe por parte de la recurrente la demostración de un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto e irreparable, sino un mero intento de atacar la resolución originado en su disconformidad con ella o en la inconveniencia económica que le generará su ejecución, por lo que debe rechazarse.
Con relación al fondo de la cuestión, recuerda que la reforma introducida por la Ley 26.893 modificó las exenciones del inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificatorias). A su vez, la reforma al Decreto Reglamentario de la ley del gravamen, mediante el Decreto Nº 2334/2013, en su artículo 42 aclara que: “Se encuentran comprendidos en la exención que establece el Artículo 20, inciso w), de la ley, los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES...”, excluyendo de esta manera la exención a los resultados obtenidos por venta de acciones o de los títulos valores radicados en el exterior.
Sostiene que correspondió gravar en el impuesto a las ganancias por los ejercicios fiscales incluidos en el acto apelado el resultado proveniente de las operaciones de compra y venta de títulos y/o acciones del exterior. Trae a colación el debate parlamentario de esa ley en la Cámara de Senadores, señalando que del mismo surge el “espíritu” o “finalidad” de la ley N° 26.893 que fue la de gravar las ganancias provenientes de las ventas de acciones, y eximirlas cuando constituyeran un medio para estimular la capitalización de las bolsas y mercados locales. Considera que, quien compra acciones que cotizan en bolsas argentinas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores contribuye con su capital a financiar las actividades de las empresas que cotizan en bolsas o mercados locales, de manera tal que se trata de capital que se coloca en el país para el desarrollo de empresas argentinas o extranjeras que se negocian en nuestro país y de algún modo vinculadas con la economía local.
Por su parte, cita el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, autos “Stuart Milne, Jorge Guillermo c/ EN-AFIP DGA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” donde indica que la Sala V, ha interpretado que la exención que se discute en autos se encuentra limitada a las operaciones de venta de acciones y demás títulos que se realicen exclusivamente en los mercados locales y que, de dicho decisorio se concluyó e que la modificación introducida al artículo 42 del Decreto n° 1344/98 por el artículo 1°, inciso d), del Decreto N° 2334/13 no constituyó un supuesto de exceso reglamentario. En relación a los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la actora, señala que los mismos resultan ajenos a la competencia este Tribunal, encontrándose vedados para expedirse al respecto conforme lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley de Procedimiento Tributario y que no existe fallo alguno de la Corte Suprema de Justicia de la nación, que declare la inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario N° 2334/13.
Por otro lado, remarca que a contrario de lo manifestado por la recurrente, la forma de determinación de las ganancias por venta de bonos y/o acciones con cotización en mercados extranjeros para los periodos sub examine, no es ni la medida en moneda dura (dólar vs, dólar), ni la que resulta de aplicar el ajuste por inflación, sino por comparar el precio de venta de las acciones convertidas al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de venta, versus el costo de compra de dichas acciones convertidas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del dial anterior a la fecha de adquisición.
Respecto de la multa aplicada, sostiene surge que la contribuyente ha omitido el ingreso del impuesto en razón de haber declarado como ingresos exentos, los resultados obtenidos por la venta de acciones en el exterior, por lo que no ingresó el impuesto en su justa medida al vencimiento de la obligación tributaria, lo que implica la configuración del aspecto objetivo de la contravención imputada atento a existir una real falta de ingreso (omisión) producida por un medio idóneo para la comisión de la infracción (declaración jurada inexacta). Por último, en relación con los intereses resarcitorios aplicados indica su aplicabilidad al caso en tanto la mora es atribuible a la actora, solicitando su confirmación.
Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que por medio de la PV-2021-90675998-APN-VOCVI#TFN se abre la presente causa a prueba, constando en el IF-2023-14042899-APN-DTD#JGM el informe pericial ordenado.
Que, mediante la PV-2024-45669399-APN-VOCVI#TFN se clausura el periodo probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”.
En el IF-2024-49802601-APN-VOCVI#TFN se ponen las presentes actuaciones a disposición de las partes para que produzcan sus respectivos alegatos, haciéndolo el Fisco Nacional en el IF-2024-52589490-APN-DTD#JGM y la parte actora en el IF-2024-55071103-APN-DTD#JGM.
Finalmente, por medio del IF-2024-56773191-APN-VOCVI#TFN se llamaron los autos para sentencia.
IV. Que en principio, corresponde destacar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Que en primer lugar corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad articulado por la actora, por la prescindencia injustificada de prueba decisiva, en particular de la producción de la prueba pericial contable. Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C. NAC. CONT. ADM. FED. SALA II , 9/10/96, entre otros).
Respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En cuanto a la no admisión de una prueba ello no puede considerarse como causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (CPCC art. 260). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que establece la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquímica SACIM” fallo del 5-7-77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido ocasión de proponer las medidas que estime conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
Que por otra parte, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Más aún teniendo en cuenta que en esta instancia ha podido ofrecer y producir la prueba pericial contable pretendida, no advirtiéndose afectación de su derecho de defensa.
Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuestos en los antecedentes administrativos.
De los mismos surge que Tonconogy Sergio Enrique, tiene como actividad principal la de “Servicios de asesoramiento, dirección, y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.
Con motivo de la fiscalización iniciada por la Dirección General Impositiva respecto del Impuesto a las Ganancias, se dio inicio a la OI 1.477.024 para los periodos fiscales 2013 y 2014, mientras que por el periodo fiscal 2015 lo fue a través de la OI 1.492.223, a los efectos de verificar la renta de segunda categoría y renta del exterior con el objeto de verificar el tratamiento impositivo en el Impuesto a las Ganancias al resultado generado por la venta de títulos y acciones del exterior.
Cabe destacar que el contribuyente en el transcurso de la fiscalización, efectuó la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales periodos fiscales 2014 y 2015.
Por su parte, del análisis efectuado por los inspectores actuantes, pudo observarse que en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2013, el contribuyente de autos tuvo ganancias por venta de bonos y/o acciones con cotización en mercados extranjeros, los cuales fueron consignados como exentas por aplicación del art. 20 inc. w) de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En base a ello, se confeccionaron los respectivos papeles de trabajo con los cálculos de las rentas obtenidas por venta de títulos y acciones que cotizan en el exterior, en base a la documentación aportada y los extractos del J.P. Morgan, referenciando la documentación respaldatoria de cada operación aportada por el contribuyente para los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015, invocando el artículo 90 de la ley de LIG aplicando la alícuota del 15% y determinando el resultado por aplicación del art. 61 de la ley del impuesto, tomando como “valores históricos”, el de la fecha de la compra de acciones.
VI. Que previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada. En ese orden cabe recordar en principio que la reforma introducida por la Ley 26.893 modificó el inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. En 1997 y sus modificatorias), definiendo que quedaran exentos “Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inciso c) del artículo 49, excluidos los originados en las citadas operaciones, que tengan por objeto acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, que no coticen en bolsas o mercados de valores y/o que no tengan autorización de oferta pública”.
Asimismo, la reforma al Decreto Reglamentario de la ley del gravamen, mediante el Decreto N.º 2334/2013, en su artículo 42 agrega que: “Se encuentran comprendidos en la exención que establece el Artículo 20, inciso w), de la ley, los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales –incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES...”
Sentado ello, cabe señalar que el objeto de la cuestión a decidir consiste, en definitiva, en dilucidar si resulta acertado el criterio esbozado por la actora la cual entiende que el acto administrativo únicamente basa su postura en las previsiones del decreto reglamentario citado, lo cual entiende que resulta a todas luces improcedente o si bien como entiende el Fisco Nacional la exención sólo procede cuando las operaciones se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Entiendo que la normativa legal y reglamentaria es clara en su literalidad, en cuanto al alcance de la exención. Particularmente el art. 42 del decreto reglamentario aplicable al caso, cuando hace referencia a la exención del art. 20 inciso w) de la ley del Impuesto a las Ganancias –con la modificación de la ley N° 26.893-, expone que se encuentran “comprendidos” en dicha exención los resultados de las operaciones que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores, para no dejar dudas –o de manera redundante- de que están abarcados cuando refieran a bolsas y mercados autorizados en el país, pero de ninguna manera podría el decreto reglamentario cercenar la exención prevista en la norma legal, que también, a través de una redacción nítida, no diferencia entre mercados y bolsas del país y del exterior. Dice la norma legal respecto de la exención, que están excluidos de dicha dispensa aquellos resultados referidos títulos valores en tanto “… no coticen en bolsas o mercados de valores y/o que no tengan autorización de oferta pública”.
Al respecto, la Corte Suprema tiene dicho "que es regla de interpretación de las leyes la de que los jueces deben atenerse al texto de las mismas, cuando es claro y no da lugar a dudas" (Fallos: 120:372) y que "cuando los términos de la ley son claros no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos so pretexto de evitar las deficiencias reales o presuntas que podrían resultar de su aplicación" (Fallos: 211:1063). Asimismo, en el mismo sentido ha expresado que "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria…" (Fallos: 200:165). Por lo tanto, debo concluir que le asiste razón a la recurrente, por lo que la interpretación que efectuada por el Fisco Nacional no se ajusta a derecho, deviniendo inoficioso el tratamiento de los demás agravios planteados, por lo que corresponde revocar el ajuste determinado y, como consecuencia de ello, los intereses resarcitorios y la multa aplicada en la especie. Las costas se imponen por su orden en atención a las particularidades y complejidad de la cuestión a resolver y la jurisprudencia divergente en la materia.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos que hace el Dr. Porporatto en su voto así como también al rechazo del planteo de nulidad que formula la parte actora.
II. Difiero, en cambio, en cuanto la solución que estimo correspondería adoptar respecto del fondo de la contienda traída a consideración de este Tribunal, esto es, si resulta acertado el criterio sostenido por el Fisco Nacional al considerar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias los resultados obtenidos por la actora como derivación de las operaciones de venta de bonos y/o acciones con cotización en mercados extranjeros, ello con arreglo a las previsiones del art. 42 del decreto 1334/98 reglamentario de la ley del gravamen -texto según art. 1° inc. d) del Decreto 2334/2013-, o bien, si ha sido correcto el criterio de la actora al tratar dichos resultados como ingresos exentos en sus declaraciones juradas del gravamen en cuestión presentadas por los periodos fiscales 2015 y 2016.
III. En efecto, a mi modo de ver la norma del art. 42 del decreto 1344/98 -texto vigente a la fecha de los hechos que aquí son juzgados- no ofrece dudas acerca del alcance que correspondería asignar a sus disposiciones en cuanto al ámbito de operatividad de la exención del art. 20 inc. w) de la ley del tributo, al señalar que “Se encuentran comprendidos en la exención que establece el Artículo 20, inciso w), de la ley, los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES entidad autárquica actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS (...)”.
Así lo pienso puesto que, en primer lugar y a poco que se analice el texto del referido inc. w) del art. 20 de la ley del impuesto con la reforma introducida por la Ley 26.893 -originada en un proyecto del Poder Ejecutivo-, se advierte que la exención apunta a dar tratamiento preferencial a las operaciones con títulos de distinta índole siempre que tales instrumentos tengan cotización en bolsas o mercados de valores o bien que hubiesen sido emitidos mediando autorización de oferta pública.
Seguidamente, cabe reparar en que el texto del citado art. 42 del decreto reglamentario dispuso que “Se encuentran comprendidos en la exención (…) los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES entidad autárquica actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS (...)”.
Puede corroborarse que el texto legal generó algunas dudas entre los operadores jurídicos en cuanto alcance de la exención del art. 20 inc. w), pudiendo consultarse, en tal sentido, el documento “Proyecto de Nota Reglamentación Reforma Ganancias Ley 26.893” producido por la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (https://archivo.consejo.org.ar/noticias13/files/Informe_Proyecto_Reglamentacion_Ley26 893.pdf). Allí se consignaba -punto 3, apartado 2)- la necesidad de que se emitiesen precisiones reglamentarias, en los siguientes términos: “La Ley 26.893 no distingue si la condición se refiere a mercados del país únicamente o también resulta válida para mercados del exterior, ni así tampoco diferencia el caso de que se trate de títulos emitidos por sociedades constituidas en el país o en el exterior. La norma reglamentaria debería aclarar el tema”. Es evidente, entonces, que el decreto reglamentario dió respuesta a lo que demandaban los operadores jurídicos en orden a ciertas precisiones que demandaría el texto legal en el marco conceptual de la reforma.
IV. Yendo a los agravios de la recurrente, no encuentro consistencia en la interpretación que realiza en cuanto sostiene que “Es el propio Fisco quien reconoce el carácter aclaratorio del artículo 42, pero yerra en su interpretación puesto que no excluye de la exención a las rentas de acciones negociadas en mercados extranjeros, a la vez que tampoco excluye a las provenientes de acciones cuya oferta pública haya sido autorizada por las autoridades que regulan los mercados de otros países”.
En efecto, a mi modo de ver tales aserciones de la actora no pueden llevar a la conclusión de que las operaciones de venta de títulos que ella había concretado en mercados extranjeros se encontraban exentas, con apoyo en que ellas no fueron expresamente excluídas por el texto del decreto reglamentario, pues la referencia normativa a que “Se encuentran comprendidos en la exención (…) los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES entidad autárquica actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS (...) está claramente enderezada a puntualizar que el beneficio exentivo se circunscribe al referido ámbito (nacional) de bolsas o de mercados de valores.
En tren de hacer un análisis interpretativo de los alcances de la exención que nos ocupa, pienso que es importante tener en consideración, también, las definiciones que consigna el texto de la Ley 26.831 (B.O. 28/12/2012) de Mercado de Capitales en su art. 2° para: Mercados: Sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores con el objeto principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo competencia del citado organismo las actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin. Mercado de capitales: Es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. (Las negrillas me pertenecen).
Como puede colegirse de las definiciones legales pretranscriptas, para la ley que regula el mercado de capitales de nuestro país, aquellos ámbitos en donde se negocian los títulos valores requieren o se encuentran sujetos, indefectiblemente, a la autorización o contralor de la Comisión Nacional de Valores.
Dicho esto, cabe tener presente también la doctrina de la Corte Suprema emitida en oportunidad de definir conceptualmente a los “mercados de Valores” en el marco interpretativo de la regulación del mercado de capitales por la Ley 17.811 -antecesora de la Ley 26.831 citada precedentemente- en el precedente de Fallos 328:456, cuando -al hacer parcialmente suyo el dictamen del Procurador General- expresaba que “A tal fin, corresponde resaltar que esta norma distingue claramente entre las "bolsas o mercados de comercio en general" (cap.III), y las "bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores y mercados de valores" (cap. IV).
Las primeras fueron incluidas expresamente en la ley con el objeto de delinear, con mayor detalle, su ámbito de aplicación, atento el régimen especial establecido para las segundas, y poner término -de esta forma- a "confusiones terminológicas existentes" (cfr . segundo párrafo del punto 13 de la exposición de motivos elaborada por la comisión redactora de la ley 17.811, ADLA XXVIII-B-1979).
Añade la citada exposición que los términos "bolsas" y "mercados" son utilizados como sinónimos, para designar las instituciones que agrupan a comerciantes y agentes de comercio, que se reúnen en los locales correspondientes para la realización de operaciones mercantiles lícitas, conforme a las leyes y a las normas reglamentarias establecidas por dichas entidades (tercer párrafo, punto 13).
Y aclara en el párrafo siguiente: "Las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y los mercados de valores son regulados por esta ley en su capítulo IV" (subrayado, añadido).
Esto ratifica, en mi parecer, la clara diferenciación que el legislador pretendió establecer entre las "bolsas y mercados de comercio en general", reguladas por el capítulo III, y los "mercados de valores", materia del capí tulo IV.
En el cuarto párrafo del punto 14) de la exposición de motivos se define a estos últimos en la forma siguiente: "Los mercados de valores -que dentro de la concepción del proyecto, son las entidades que tienen a su cargo la fiscalización de las operaciones sobre títulos valores efectuadas por sus socios y la garantía de estas últimas, en determinadas circunstancias; y el control de la actuación de dichos socios deben también ser autorizados para funcionar como tales por el Poder Ejecutivo Nacional. El retiro de dicha autorización es causal de disolución de la sociedad, atento al objeto específico de la misma..." (el subrayado me pertenece).
La autorización del Poder Ejecutivo Nacional se evidencia, así, como un requisito esencial para el funcionamiento de los "mercados de valores". De esta forma lo consideró la Comisión Redactora, en atención a las características y modalidades de las operaciones en títulos valores, que constituyen una parte del mercado mobiliario argentino, concebido como una unidad para el territorio de la República, ya que afecta al comercio interprovincial (cuarto párrafo, pto.14, exposiciónde motivos).
Y este criterio fue plasmado en el art. 28 de la ley 17.811, que obliga a los "mercados de valores" que deseen constituirse en el futuro a requerir la autorización del Poder Ejecutivo Nacional, por inter medio de la C.N.V., posición ratificada por el art. 64 del mismo ordenamiento, que fijó un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigencia para que los "mercados de valores" que operaban a dicha fecha, ajustaran sus estatutos y los sometieran a consideración del Ejecutivo.
En este marco, la intervención de la C.N.V. -como acertadamente sostiene el decisorio recurrido- se exhibe como necesaria y previa al dictado del acto autorizante (art.6, inc.a., ley 17.811), pero no excluyente de éste. De la misma forma, la C.N.V. Sólo puede solicitar el Poder Ejecutivo Nacional el retiro de la autorización, pero es este último quien decide (art.6, inc. g., ley citada).
Y para aventar toda duda, el art. 35 establece que sólo las entidades autorizadas en estos términos podrán utilizar la denominación "mercado de valores" y desarrollar las actividades propias de tales instituciones. Destaco, por último, que la necesidad de autorización del Poder Ejecutivo Nacional para el funcionamiento de los "mercadosde valores" ha sido sostenida ya por este Ministerio Público desde el dictamen publicado en Fallos 303:1812 (in re "INTA Industria Textil Argentina S.A.", del 23 de abril de 1981), a cuyos fundamentos V.E. remitió en su sentencia del 19 de noviembre del mismo año (cfr. cons. 3°).
En síntesis de lo expuesto con relación a las definiciones o a la aplicación concreta de las normas federales que han venido regulando el mercado de capitales, llego a la conclusión de que por regla, cuando la Ley 26.893 -y eventualmente cualquier otra- utilizó la expresión “mercado de valores” en el art. 20 w) se refirió a entidades o ámbitos de comercialización de títulos regulados o autorizados por la CNV. Y dentro de este razonamiento, corresponde concluir que el art. 42 del Decreto 1344 -modificado por el art. 1° inc. d) del Decreto 2334/2013- es - casi innecesariamente, podría decirse- aclaratorio del alcance de la exención.
Más aún y asumiendo por vía de hipótesis la propia postura de la actora con relación a los alcances que -entiendecorrespondería atribuir a la exención en base a la amplitud del texto legal, aparecería como innecesaria y superflua cualquier aclaración reglamentaria tendiente a la inclusión de operaciones que, merced a tal amplitud, ya se encontraban comprendidas; tal el caso de las operaciones con títulos y acciones concretadas en mercados autorizados por la CNV.
Contrariamente a esa visión, es claro para mí que lo que sí tiene sentido -en el sistema de relación entre la ley, su objetivo y su reglamentación- es la precisión limitativa de los alcances del beneficio exentivo cumpliendo con la premisa esencial de que “...existe la necesidad -reiteradamente sostenida por V.E.- de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones, para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria” (Fallos 253:332; 312:912; 315:820; 316:1115; 319:3208).
V. Descartada ya la interpretación de la norma del art. 42 del Decreto 1334/98 que propone la parte actora para el supuesto bajo examen, cabe advertir que este Tribunal no podría abstenerse de validar su aplicación aún cuando se la tachase de inconstitucional, ello con arreglo a los alcances de la limitación que en tal sentido le viene impuesta por el art. 185 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones).
En el caso, el planteo de la actora no va más allá de la denunciada falta de coincidencia entre el texto de la ley y de su reglamento; aduce la verificación de un exceso de este último -por fijación de límites- al ser contrastado con los alcances de la exención contenida en la ley reglamentada. Sin embargo, omite toda consideración relativa a la finalidad que inspiró el dictado de la Ley, así como también ha soslayado el análisis del contexto normativo en el que se desenvuelve el mercado de capitales en nuestro país, lo cual impide que su agravio pueda ser atendido como pretende.
Sentado lo que antecede, no puedo dejar de poner de relieve que comparto la opinión expresada por la mayoría de la Sala V de la alzada cuando afirmó que el decreto cuestionado por la actora, lejos de contraponerse o subvertir el sentido de la exención del art. 20 w) de la ley del gravamen, se compadece claramente con su espíritu y finalidad.
Así, la Sala señaló que “(...) el “espíritu” o “finalidad” de la ley N° 26.893 fue la de gravar las ganancias provenientes de las ventas de acciones, y eximirlas cuando constituyeran un medio para estimular la capitalización de las bolsas y mercados locales. En otras palabras, quien compra acciones que cotizan en bolsas argentinas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores contribuye con su capital a financiar las actividades de las empresas que cotizan en bolsas o mercados locales, de manera tal que se trata de capital que se coloca en el país para el desarrollo de empresas argentinas o extranjeras que se negocian en nuestro país y de algún modo vinculadas con la economía local.[-] Es que las exenciones impositivas solamente están justificadas cuando a juicio del legislador cumplen con finalidad social determinada (Fallos: 321:1660, 312:529), pues de lo contrario significarían un privilegio indebido concedido al contribuyente de manera graciosa y a cambio de nada. En semejante orden de consideraciones es necesario tener presente que en ese mismo debate parlamentario se consideró la exención introducida en el inciso h) del artículo 20 de la ley 20.628 con respecto a “los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras: 1. Caja de ahorro. 2. Cuentas especiales de ahorro. 3. A plazo fijo. 4. Los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público conforme lo determine el Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación respectiva...”
Desde el punto de vista económico, tanto las inversiones realizadas por los ahorristas en las entidades financieras como las realizadas en las bolsas y mercados nacionales constituyen diversas formas de ahorro o captación de fondos del público y contribuyen a fortalecer de manera directa al capital de las empresas que desarrollan sus actividades en la jurisdicción nacional. Es que no tendría ningún sentido que el Fisco resignara parte de sus ingresos para estimular la capitalización de empresas ajenas a la economía nacional, ni que beneficiara a sus accionistas” (“STUART MILNE, Jorge Guillermo”, 03/05/2018).
Viene al caso recordar aquí que “Las exenciones tributarias deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicación de las normas que las establezcan, y fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas, por lo que, en caso de duda, deben ser resueltas en forma adversa a quien invoca el beneficio fiscal” (Fallos: 329:5210; 344:140).
Además, es sabido que por regla general, la declaración de invalidez de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico y su procedencia requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos de igual carácter (Fallos 344:1952; Voto de los jueces Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti). Más allá de este requisito de carácter general, el recurrente debería invocar, adicionalmente, la existencia de una concreta declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada por parte de la Corte Suprema, lo que tampoco se verifica en el caso. En mérito de los fundamentos expresados hasta aquí, voto por confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas (art. 68 CPCCN).
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
Que, a mayor abundamiento, resulta necesario precisar que en primer lugar resulta necesario precisar que en nada modifica a lo expresamente normado por la ley del impuesto, lo expuesto en el artículo 42 del Decreto Reglamentario que el Fisco Nacional invoca como sustento de su postura, puesto que de la literalidad del artículo reglamentario se observa que viene a aclarar, innecesariamente, que en la exención del artículo 20, inciso w) se encuentran comprendidos los resultados de las operaciones que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores. En efecto, de acuerdo con el diccionario de la RAE (https://www.rae.es/drae2001/comprender) el vocablo “comprender”, utilizado en la norma, tiene 4 acepciones: 1. Abrazar, ceñir, rodear por todas partes algo. 2. Contener, incluir en sí algo. 3. Entender, alcanzar, penetrar. 4. Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. Pues, es la acepción segunda la que corresponde al caso en estudio, es decir, que el decreto reglamentario en su artículo 42 vino a confirmar que las operaciones en bolsas o mercados autorizados por la CNV estaban contenidos o incluidas en el universo del inciso w) del artículo 20.
Por su parte, cabe señalar que no se desconoce el fallo citado por el Fisco Nacional de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, autos “Stuart Milne, Jorge Guillermo c/ EN-AFIP DGA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, Sala V, sin embargo no comparte la interpretación vertida en dicho precedente.
En ese sentido, si bien en dicho precedente se trae a colación el debate parlamentario de la ley 26.893 en la Cámara de Senadores, señalando que del mismo surge que el “espíritu” o “finalidad” del legislador fue la de gravar las ganancias provenientes de las ventas de acciones, y eximirlas cuando constituyeran un medio para estimular la capitalización de las bolsas y mercados locales, interpreto que tal aclaración surge del comentario aislado de uno de los legisladores lo que no podría interpretarse como que esa era la “intención del legislador”. “Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
En el caso particular, ni del mensaje de elevación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, ni de los informes de comisión, ni del debate parlamentario en la Cámara de Diputados, se puede inferir que la intención del legislador fue limitar la exención a aquellas bolsas o mercados autorizados por la CNV. La referencia de un único senador al tamaño del mercado de capitales local y su comparación con otros de Latinoamérica no justifica, a criterio del suscripto, limitar la exención consagrada en el texto expreso de la ley (aprobado por ambas cámaras), amparándose en la intención del legislador.
A su vez, como tiene dicho nuestro Más Alto Tribunal no debe olvidarse que es criterio recibido en la interpretación de las leyes, que debe cuidarse especialmente que la inteligencia que se les asigne no pueda llevar la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos 303: 758; 308:1978, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal), lo que en el caso resulta especialmente requerible en virtud de los efectos que proyecta la solución que se adopte. Que ello es así, porque tal como se ha sostenido reiteradamente, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador y la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras que deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (fallos 200:165; entre muchas otras).
Por lo expuesto, por mayoría, SE
Revocar el acto apelado, costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.06.06 17:00:19 ART Date: 2024.06.06 19:08:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.07 11:17:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.07 11:17:45 -03:00
Fin de la sentencia