Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-17020867-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar en todas sus partes la Resolución apelada, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $129.038 (pesos ciento veintinueve mil treinta y ocho) equivalente a 6,67 (seis con 67/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $322.595 (pesos trescientos veintidos mil quinientos noventa y cinco) equivalente a 16,68 (dieciseis con 68/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°19/2023 (14/06/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-90211694-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Agosto de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2023-17020867- -APN- SGAI#TFN, caratulado “TORBELAR S A.s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante IF-2023-17020791-APN-DTD#JGM, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 70/22 dictada el 27 de diciembre de 2022 por la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI, a través de la cual se ajustó la obligación tributaria correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017, intimando gravamen a ingresar más accesorios e imponiendo una sanción equivalente al 70% del tributo atribuido como omitido, ello en los términos del artículo 45 de la ley de rito fiscal (RE-2023-17016926-APN-SGAI#TFN). Invoca que las actuaciones se originaron en virtud de un cruce masivo de datos efectuado por el organismo recaudador denominado “Bonos Dto. 379 — Período Fiscal 2017”. En tal sentido, trae a colación que era beneficiaria del Régimen de Incentivo Fiscal para Fabricantes de bienes de capital, informática y telecomunicaciones establecido por el Decreto 379/2001, detrayendo en el Balance Impositivo los montos recibidos en concepto de Bonos Fiscales que consideró no gravados y que, mediante las conclusiones del acto apelado, el organismo recaudador trató como no deducibles.
Relata que el Decreto 937/93 instituyó un régimen de subsidio, bajo la forma de reintegro fiscal, aplicable a los sujetos titulares de empresas que realicen ventas de bienes de capital nuevos y de producción nacional destinados a inversiones en actividades económicas efectuadas en el país, previendo que tal reintegro no se computaría como materia imponible en el impuesto a las ganancias (cfr. artículo 8°). Posteriormente, expone que el Decreto 379/2001, aplicable a esta causa, modificó el decreto anterior estableciendo el subsidio mediante la emisión de un bono fiscal, en lugar de un pago en efectivo. En tal sentido, aduce que la reforma versaba esencialmente sobre la forma en que llegaba al contribuyente el beneficio; esto es en el caso del decreto 937/93 un reintegro en efectivo, y el Decreto 379/2001 un incentivo mediante la entrega de un bono fiscal.
Subraya que es erróneo el criterio del Fisco en cuanto a que el bono de crédito fiscal del Decreto 379/2001 se encuentra gravado por la ley del Impuesto a las Ganancias, toda vez que el propósito fue que aquél pueda ser utilizado hasta el 2017 para la cancelación de dicho gravamen y no para generarlo, tal como pretende el acto apelado. Concluye que el criterio del organismo lo que hace es solamente desincentivar el fin perseguido por la norma citada, con solo un mero fin de recaudación.
Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto recurrido, con costas.
II. A través del IF-2023-51073130-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional.
Sostiene la procedencia de la determinación de oficio apelada. Expone que el Decreto N° 379/2001 no prevé en ninguna de sus cláusulas que el valor de dicho bono no integre la base imponible del Impuesto a las Ganancias, tal como es previsto en otras normas similares; señalando que, por ende, no fue voluntad del legislador que dichos bonos se detrajeran de la base imponible de ese gravamen.
Aduce que mal puede pretender la recurrente que sea aplicable lo dispuesto en el Decreto N° 937/93 para el régimen de incentivo creado por el Decreto N° 379/2001; con base en lo señalado por el juez administrativo, se resalta que ello sería aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales para extender un beneficio a supuestos no previstos por el legislador, habida cuenta que cuando se quiso que los montos atribuibles al beneficio no integraran la base del Impuesto a las Ganancias ello fue normado expresamente, extremo que no se da en el caso de los bonos de crédito fiscal objeto de discusión.
Pone de relieve que la liquidación de los intereses resarcitorios se ajusta a derecho, toda vez que la recurrente no dio cumplimiento a sus obligaciones tributarias en tiempo y forma y que no fue probada ninguna causal que permita eximir a aquella de la imposición de tales accesorios.
En cuanto a la multa aplicada en los términos del artículo 45 de la ley de rito fiscal, sostiene que el aspecto objetivo de tal figura se concretó en el pago del impuesto en menor medida que lo efectivamente debido y ello se exteriorizó “mediante” la presentación en forma inexacta de declaraciones juradas.
Plantea reserva de caso federal. Solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Mediante PV-2023-52993593-APN-VOCX#TFN se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D”. Por IF- 2023-88542599-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Surge de las constancias administrativas que en el marco de la O.I. 1.846.055, el Fisco notificó un requerimiento a la aquí actora solicitando informar la utilización del Bono de Capital de $3.376.301,76- PF 2017, acompañando el respaldo documental correspondiente (vide fs. 75 Cpo. Principal, anexo al IF-2023-50846095-
APN-DTD#JGM).
La recurrente aportó una nota en la que manifestó que el mentado uso se encontraba en la relación fiscal “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales- Contribuyentes”, acompañando un anexo con el detalle de los expedientes de la cantidad y monto de los bonos totalizando la suma indicada en el párrafo precedente (fs. 80 a 83 Cpo. Principal, adjunto al IF-2023-50846095-APN-DTD#JGM). Posteriormente, la firma realizó otra presentación, indicando haber utilizado los bonos para el pago a proveedores e impuestos.
Asimismo, el Fisco verificó de los papeles de trabajo correspondientes que la actora dedujo del resultado contable del período 2017 el monto de $3.376.301,76, detallándolo como reintegro de bonos y, de esta forma, excluyéndolo de la base imponible del Impuesto a las Ganancias.
Ante ello y en el entendimiento que el Decreto 379/01 no preveía en ninguna de sus cláusulas que el valor del bono allí establecido no integrara la base imponible del Impuesto a las Ganancias, el Fisco impugnó la deducción practicada en el período 2017 (vide Informe Final de Inspección, fs. 100/108 Cpo Principal, anexo al IF-2023-
50846095-APN-DTD#JGM).
V. Que no resulta controvertido entre las partes que el objeto de la presente se circunscribe a establecer si los Bonos de Crédito Fiscal previstos por el Decreto 379/01, percibidos oportunamente por la apelante, integraban o no la base imponible del Impuesto a las Ganancias.
Que el artículo 5° del decreto citado establece que: “ El bono fiscal contemplado en el artículo 3° será nominativo y podrá ser cedido a terceros una única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos Internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación se encuentra a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”.
Al respecto, cabe señalar que el mentado decreto no prevé que el valor del bono no integraría la base imponible del Impuesto a las Ganancias, resultando por ello forzado el argumento de la actora de extender los beneficios impositivos que pudo otorgar una norma anterior respecto a la misma operatoria (vg. Decretos 937/1993). Que no puede olvidarse que la inclusión o exclusión de determinadas prerrogativas tiene algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad expresa de la normativa. Que ello así, el artículo 2° de la ley del Impuesto a las Ganancias establece que: “A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: (...)
2. Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69 y todos los que deriven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales, salvo que, no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 69, se desarrollaran actividades indicadas en los incisos f) y g) del artículo 79 y las mismas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior”.
Que conforme el artículo citado y toda vez que no existe norma que establezca que el valor de dichos bonos no integran la base imponible del tributo ni tampoco se encuentra prevista exención alguna al respecto, cabe concluir que el beneficio previsto por el Decreto 379/01 se encuentra alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, resultando carentes de asidero las alegaciones de la actora en cuanto a la interpretación efectuada para sustentar la no sujeción de estos bonos al gravamen.
Cabe destacar que esta juzgadora se ha expedido en idéntico sentido al aquí expuesto in re “Prima Industria Metalúrgica S.A. s/recurso de apelación”, sentencia del 29 de abril de 2016, decisorio que ha quedado firme. A tenor de lo expresado y no habiendo aportado la actora ningún dato relevante que pudiera alterar el criterio fiscal, corresponde confirmar el ajuste practicado.
VI. Corresponde referirse a la procedencia de la liquidación de intereses resarcitorios, no obstante la actora no formuló agravios al respecto.
En tal sentido cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver con fecha 1/6/2000 la causa “Citibank NA c/DGI” expuso que: “si bien en el precedente de Fallos: 304:203 el tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del artículo 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscrita a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes (...), se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas”.
Que en autos no se ha demostrado ninguna circunstancia excepcional que justifique el incumplimiento de la obligación determinada, con lo cual resulta procedente la imposición de intereses resarcitorios. Por otra parte, debe precisarse que los accesorios previstos en la norma referida trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. "Arcana Orazio" del 3/7/84 y "Marthay, Jorge" del 6/6/1995, entre otras). Asimismo no puede olvidarse que "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que - por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda" (Fallos: 308:283). En virtud de lo expuesto y toda vez que el cálculo de intereses expuesto en el acto apelado se ajusta a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), corresponde la confirmación de la liquidación efectuada.
VII. Sin perjuicio que la actora tampoco formuló agravios respecto a la imposición de sanción, corresponde resolver si la misma se ajusta a derecho en aras de tutelar la garantía de defensa en juicio.
Si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 no exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998) y es la actora quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias, sin que la recurrente haya arrimado elementos que sirvan para desvirtuar la pretensión tributaria en que se funda la sanción.
Que en el derecho represivo tributario rige el criterio de la responsabilidad de la pena que responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (C.S.J.N. Fallos: 271:2997; 303:1548; 312:149) y que si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación (Fallos: 316:1313 y CNACAF -Sala V- , “Martínez, Rodolfo Francisco” y “Basf Argentina SA” sentencias de fecha 12/5/99 y 14/6/2000)
Por su parte, para que se configure el “error excusable” se requiere que éste sea esencial e inculpable y las razones invocadas por el recurrente no poseen la entidad suficiente para demostrar un accionar diligente que lo llevara a creer razonablemente que su conducta no lesionaría el interés del erario (conf. “Capri Muebles S.R.L.” CNACAF Sala II, de fecha 28/4/94), no verificándose en el caso concreto elementos que sirvan para demostrar la existencia de tal causal.
Que encontrándose debidamente justificada tanto la procedencia de la sanción como la graduación aplicada, corresponde su confirmación.
VIII. Por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas. La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
El Dr. Martín dijo:
I. Que durante el período fiscal 2017 la empresa TORBELAR S.A. recibió bonos de crédito fiscal emitidos en el marco del Decreto 379/2001 y modificatorios, registrados como ganancias en su estado de resultados contable.
II. Que a los efectos de determinar la ganancia impositiva, y en los términos del artículo 69 del decreto reglamentario N° 1344/1998, detrajo esos ingresos, disminuyendo así la base imponible del gravamen.
III. Que en el escrito recursivo la actora cita que el beneficio promocional citado reconoce como antecedente un incentivo similar otorgado por el Decreto 937/1993, el cual consistía en un reintegro del 15% sobre el precio de venta de los bienes de capital nuevos y de producción nacional. A su vez el artículo 8° contemplaba que “El reintegro fiscal percibido según el presente régimen no se computará como materia imponible en el impuesto a las ganancias. Tratándose del adquirente, el monto deducido por el reintegro fiscal en la compra no integrará la base para la determinación del valor amortizable de los bienes o de su valor de adquisición al momento de la enajenación”.
Que al mismo tiempo el decreto bajo análisis previó, entre otras, la facultad para que el Organismo fiscal dispusiera de la recaudación diaria de impuestos nacionales coparticipados de los fondos necesarios para efectuar los pagos respectivos.
Que sin embargo, de la lectura del Decreto 379/2001, no surge ningún reconocimiento en su parte resolutiva ni en sus considerandos, sobre de continuidad o vinculación con el régimen citado en el párrafo anterior. Por el contrario entre sus fundamentos surge que se “ resulta necesario instrumentar un régimen destinado a promover la fabricación nacional de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, mediante la emisión de un bono fiscal.” Y adicionalmente lo sustenta en que “que con el objetivo de mejorar la competitividad se estableció una reducción de los niveles arancelarios de los bienes de capital, informática y telecomunicaciones, destinada a lograr un rápido equipamiento del sector productivo” y que “esta modificación implica una disminución del nivel de protección efectiva de la industria local productora de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, sus partes”. A su vez en este régimen no se incluyó una disposición similar a la contenida en el artículo 8° del Decreto 937/93, que permitiera interpretar que a pesar de su ausencia, correspondía otorgarle a la recepción de los nuevos bonos de crédito fiscal el mismo tratamiento que el otorgado para los reintegros.
IV. Que más allá de similitudes parciales en su alcance que pudieran tener ambos regímenes lo cierto es que el Poder Ejecutivo instrumentó el Decreto 379/2001, utilizando un formato diferente de utilización del beneficio promocional, sin perjuicio que se trata de dos formas de pago alternativas, en efectivo el primero y en un bono aplicable al pago de impuestos (Ganancias, IVA e Internos) –artículo 5°-. Y en ese cambio, basado en la búsqueda de un mayor control, no incorporó el beneficio sobre el Impuesto a las Ganancias, no resultando acertado entender que su eliminación respecto del antecedente citado o ausencia directa en el nuevo régimen, pueda llevar a considerar que la dispensa continúa. Una eventual omisión no puede esgrimirse en un régimen que lleva más de 20 años de vigencia y que ha sufrido numerosas modificaciones y prórrogas.
En consecuencia por aplicación del criterio general de definición de renta que recoge en nuestro país la Ley de Impuesto a las Ganancias –artículo 2°- para los sujetos empresa, el flujo de ingresos que representan la utilización de los bonos de crédito recibidos constituyen ganancia alcanzada con el gravamen.
V. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada, con costas, tanto respecto del gravamen y los intereses resarcitorios devengados, como así también con relación a la multa aplicada.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar en todas sus partes la Resolución apelada, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $129.038 (pesos ciento veintinueve mil treinta y ocho) equivalente a 6,67 (seis con 67/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $322.595 (pesos trescientos veintidos mil quinientos noventa y cinco) equivalente a 16,68 (dieciseis con 68/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°19/2023 (14/06/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.08.03 16:30:41 -03:00 Date: 2023.08.03 19:24:24 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.04 08:12:39 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.04 08:12:40 -03:00
Fin de la sentencia