Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas.
2Revocar la Resolución DE PRLA N° 8430/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 23/12/2015, en la actuación SIGEA N° 12197-3978-2005. Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-33159738-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 31 de Marzo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “TOREDO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 36.797-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 8430/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 23/12/2015, en la actuación SIGEA N° 12197-3978-2005, en cuanto resuelve condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 65.560,98 y formularle cargo en concepto de tributos adeudados por las sumas de U$S 18.011,46 y $35.840 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias), atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 04001IT15001673E, con vencimiento el 29/09/2005.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 39/45 se presenta por apoderado TOREDO S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En primer lugar, aduce que el auto de apertura carece de los requisitos esenciales previstos en el art. 1094 del C.A. y que resulta inhábil para producir los efectos que la legislación aduanera le atribuye. Como consecuencia, opone la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer penas. Agrega que el procedimiento sumarial se desarrolló excediendo todo plazo de razonabilidad, con afectación del derecho constitucional a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas. Cita el precedente de la CSJN en el caso “Lociser”. Subsidiariamente, explica que dio cabal cumplimiento al régimen de importación temporal. Aclara que si bien el CTC menciona una relación insumo-producto de 0.1000.000 kg/m2 la cantidad utilizada fue de 1.000 kg/m2. Cuestiona la liquidación tributaria, en lo que respecta a la incorporación del derecho adicional. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 58/64 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. A continuación, afirma que la resolución apelada resulta ajustada a derecho y que el procedimiento fue desarrollado en legal forma. Defiende la legalidad del auto de apertura sumarial y, por ende, se opone al planteo de prescripción. Puntualiza que, toda vez que la firma no cumplió con las obligaciones a su cargo, se afectó la finalidad del régimen de excepción al que se adhirió. Explica que pesa sobre la actora la carga de la prueba del cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas. Asevera que las infracciones son de naturaleza objetiva y que no necesita de la intencionalidad para su configuración. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-3978-2005 se inician a fs. 1/9 con la documentación vinculada a la solicitud de cancelación de la DIT en trato. A fs. 10 se encuentra el sobre contenedor del despacho. A fs. 11 luce el acta de denuncia N° 2171/2010. A fs. 13/14 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos. A fs. 16 se instruye sumario, en fecha 28/12/2010. A fs. 17/18 y 21/22 se formulan nuevas liquidaciones de multa y tributos. A fs. 23 y vta. se dispone correr vista de lo actuado, notificada a fs. 26, en fecha 02/11/2015. A fs. 27 /38 la actora contesta vista y acompaña documental. A fs. 40 se encuentra la Nota N° 1594/15 (DV EXA2). A fs. 41 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 42/45 se dicta el acto apelado y notificado a fs. 47, en fecha 26/02/2016. A fs. 48/49 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y adjunta formulario F4.
V. Que a fs. 65, en fecha 27/02/2018 se abrió la causa a prueba. A fs. 92 se certificó la prueba producida. A fs. 93, en fecha 18/12/2024, se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2024-138889184-APN-VOCXXI#TFN) y, en la misma fecha, se pusieron para alegar. Por IF- 2025-19834127-APN-VOCXXI#TFN, en fecha 24/02/2025, pasaron a sentencia.
VI. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado. Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante la destinación bajo análisis, oficializada el 29/09/2004 (Aduana de Bs. As.) la actora importó, bajo el régimen del Decreto N° 1439/96, 13.032 kgs. de cueros bovinos piquelados, correspondiente a la P.A. 4101.20.20.
Que, como se desprende de la Nota N° 1594/15 (DV EXA2) la División Control Ex Ante de la Dirección Aduanas Metropolitanas II, observó que “…habiendo analizado la documentación obrante en autos, se eleva la presente informando que la temporal en trato se encontraría en infracción en su totalidad, toda vez que, el CTC involucrado no tipifica el producto exportado.” (cfr. fs. 40 de las act. adm.) Que la resolución aduanera que condena a la actora remite al contenido de la nota antes referida (cfr. fs. 43 vta. de las act. adm.).
Que ahora bien, del análisis de la documentación-permiso de embarque y solicitud de CTC- aportada por la actora en oportunidad de contestar la vista conferida (sobre de fs. 27) complementada-en lo que hace al permiso de embarque N° 04001EC03031608E-con las constancias del Sistema Informático adjuntas a fs. 77 del expediente principal, se desprende que la mercadería fue efectivamente reexportada, en su totalidad.
Que, más precisamente, en la hoja de descarga del permiso aludido figura la solicitud de CTC S01- 0201508/04.
Que tal como ya se mencionó en otras oportunidades, la omisión en cabeza del órgano competente de tramitar y emitir el CTC no puede traducirse en un perjuicio para el administrado.
Que en el presente caso, la actora incluso solicitó un pedido de pronto despacho, en el mes de noviembre del año 2004, vinculado al trámite de la solicitud de CTC que tramitó por el N° de solicitud N° 0300761/04 (fs. 86 vta. del expediente principal) y a fs. 72-como resultado de la prueba producida en autos-la Dirección de Exportaciones del Ministerio de Producción informó que en relación a la solicitud N° 0201508/2004 “no obra agregada constancia de emisión de un C.T.C.”
Que el cuestionamiento principal por parte del servicio aduanero es que, como ya se mencionó, el CTC aportado no tipifica el producto exportado. Al respecto, no se advierte que ello ocurra, teniendo en cuenta que la solicitud de CTC aplicable se emitió para el producto exportado CUEROS VACUNOS TERMINADOS (bajo la P.A. 4107.12.20), misma posición incluida en el ítem 1 del permiso de embarque antes citado.
Que en cuanto al producto importado, coincide con la destinación temporal analizada (P.A. 4101.20.20)
(CUEROS BOVINOS PIQUELADOS).
IX. Que por la forma en la que se resuelve la presente, no cabe expedirse sobre las restantes cuestiones planteadas.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).-RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 8430/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 23/12/2015, en la actuación SIGEA N° 12197-3978-2005. Costas a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).-RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas. 2).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 8430/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 23/12/2015, en la actuación SIGEA N° 12197-3978-2005. Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.03.31 11:39:29 ART Date: 2025.03.31 12:24:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.31 12:24:58 -03:00
Fin de la sentencia