Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Morón Sala I · Causa 20.638
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto fue materia de agravio, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC).
Expediente Organismo: CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA I - MORON Causa:LA TORRE CARLOS ALBERTO C/ ISSEL GERMAN Y OTRO/A S/ ESCRITURACION - Número: MO-20638-2024 Documento ///En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, celebran Acuerdo de Sala los señores Jueces doctores Liliana Graciela Ludueña y Gabriel Hernán Quadri (Presidenta y Vocal respectivamente de esta Sala I al momento del sorteo de orden de estudio y votación de la presenta causa) conforme lo establecido en el Acuerdo Extraordinario de esta Cámara de Apelación n° 898 del año 2025 para pronunciar sentencia en los autos caratulados "LA TORRE CARLOS ALBERTO C/ ISSEL GERMAN Y OTRO/A S/ ESCRITURACION" , de conformidad con el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por lo que habiéndose practicado el sorteo pertinente (arg. art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial) con la integración correspondiente, resulta que debe observarse el siguiente orden de votación: doctores QUADRI-LUDUEÑA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR QUADRI, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 dictó resolucióncon fecha 23 de abril de 2025 mediante la cual decidió rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado en relación a la Acordada 3989/20 y sus modificatorias, rechazó la nulidad de notificación articulada por la demandada, e impuso las costas a la parte demandada, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. La resolución fue apelada por la demandada.
El recurso se concedió en relación.
Fue fundado con el escrito de fecha 9 de Mayo de 2025, el cual fue contestado por la parte actora con el escrito de fecha 12 de mayo de 2025.
El 11 de Junio de 2025 se escuchó al Agente Fiscal y el 7 de Julio a la Fiscal General.
La apelante se agravia de que la sentencia haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad formulado contra la Acordada 3989/20 y su modificatoria, así como la interviniente en la etapa de mediación. Alega que el sistema de notificaciones electrónicas vulnera su derecho de defensa en juicio, que el juez no es competente y que se ha incurrido en una violación del debido proceso.
Llegado el expediente a esta Sala se llamaron "AUTOS", providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Para dar respuesta a la cuestión planteada debemos señalar que el principal agravio de la apelante gira en torno a la validez constitucional del sistema de notificaciones electrónicas implementado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mediante la Acordada 3989/20 y sus modificatorias.
Comenzando a dar respuesta al tema debemos acudir, antes que nada, al artículo 12 de la ley 15.230, el cual ha sido totalmente soslayado por la recurrente. Dicho artículo, en lo que aquí interesa, establece que:
tramiten ante el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se regirá por el Acuerdo N° 3989/2020 y modificatorios, emanados de la Suprema Corte de Justicia. Dichos domicilios serán utilizados para realizar toda clase de notificaciones y demás actos procesales de comunicación a través de medios electrónicos, comprensivos incluso de aquellos que, según la legislación vigente, deban ser diligenciados en el domicilio real del destinatario". Como se ve, la norma legal reconoce a la Suprema Corte de Justicia la potestad reglamentaria (potestad reglamentaria ya mencionada -por cierto- en los arts. 834 del CPCC y 32 inc. s) de la ley 5827) para establecer y regular este sistema, permitiendo que dichos domicilios se utilicen para realizar toda clase de notificaciones, incluso aquellas que la legislación vigente exige que se diligencien en el domicilio real del destinatario. La ley lo dice expresamente y la apelante no parece haber reparado en esto. La existencia de una norma legal que respalda y reconoce expresamente la validez del sistema de notificaciones electrónicas es un elemento fundamental, que da por tierra con las objeciones que la parte introduce acerca de la génesis de la norma. nuestra provincia, por normativa de naturaleza legal.
Y siendo ley posterior al CPCC, la solución de la ley 15.230, prevalece por sobre lo que el Código Procesal pudiera tener establecido con anterioridad.
Al respecto la doctrina ha señalado que con la sanción de la ley 15.230 la legislatura provincial ha convalidado el RDE del Poder Judicial creado -en forma previa- por la Suprema Corte de Justicia provincial mediante el Ac. 3989, al avalar legalmente la normas vigentes, deben ser practicadas en domicilios reales y, con ello, se disipan las dudas que se habían planteado en torno a la constitucionalidad (BIELLI, Gastón E. - NIZZO, Aires, LL 05/03/2021, 1 - Cita: TR LALEY AR/DOC/516/2021).
Ahora, y descartada cualquier eventual observación constitucional sobre su génesis, vamos al sistema en sí mismo.
Como se indica en el propio sitio web de la SCBA, con el objetivo de favorecer el progreso de los procesos a través de medios tecnológicos y consolidar el expediente digital, a través del Acuerdo Nº 3989 y modificatorios la Suprema Corte de Justicia dispuso crear el texto ordenado puede leerse en este enlace:
https://www.scba.gov.ar/servicios/Ver%20Acuerdo%203989.pdf).
Asimismo, mediante la Resolución SC Nº1472/20, aprobó su Reglamento (que puede leerse en este enlace: https://www.scba.gov.ar/servicios/Ver%20Reglamento.pdf). Los textos ordenados y actualizados de la referida normativa fueron dispuestos a través del Acuerdo Nº 4113.
Vamos a su articulado.
El art. 1° establece lo siguiente:
en el sistema que se establece en este Acuerdo.
Los domicilios registrados, así como los previstos en el artículo 4° primer y segundo párrafos, del presente Acuerdo, serán utilizados para realizar notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos, comprensivas del traslado de la demanda, la intimación de pago, la citación como tercero, las diligencias preliminares, las cautelares anticipadas y en su caso la sentencia definitiva o equiparable a tal, así como, en general, se aplicará en todos aquellos casos en los que de acuerdo a la legislación vigente deban realizarse en el domicilio real Dichos domicilios podrán emplearse para el diligenciamiento de oficios.
último".
Pasemos al art. 7, que es el que dio lugar a la discusión aquí:
"En las mediaciones previas obligatorias regladas por la Ley N° 13.951 y sus modificatorias, iniciadas con fecha posterior al 1 de abril de 2021, los sujetos citados a la mediación -cuando no se encuentren comprendidos en los supuestos de los artículos 2, 3, 5 La inscripción deberá realizarse, en el caso del reclamante, al momento de realizar su pretensión; tratándose del requerido y, en su caso, de terceros citados a la mediación, hasta el momento mismo de celebrarse la audiencia.
términos de los párrafos precedentes en las posteriores mediaciones en las que intervengan, con los alcances establecidos en este artículo.
Incumbe al mediador poner en conocimiento de las partes y de los terceros citados a la mediación el contenido y alcances del presente Acuerdo, y el control del cumplimiento correspondientes a cada una de ellas. Sin perjuicio de otras medidas que pudiere adoptar, el mediador deberá comunicar a las partes que, ante la falta de inscripción de los domicilios los letrados que los hubieran asistido, a los fines de dirigir las notificaciones posteriores en sede judicial, lo cual se hará constar en el acta al culminar la mediación, con especial intervinientes.
Los letrados que representen a las partes o a los terceros citados en la mediación, deberán asesorarlos e instruirlos en todo momento, poniéndolos en conocimiento acerca del contenido y alcances del presente Acuerdo, y de sus normas modificatorias y complementarias. Tal obligación será particularmente exigible a los letrados que, en el marco de un contrato de seguro, patrocinen al asegurado en la mediación.
En el caso de las personas jurídicas, la inscripción del domicilio realizada en los términos del presente artículo importará su definitiva incorporación al Registro de Domicilios Electrónicos con los alcances establecidos en el artículo 1 y concordantes del presente Acuerdo.
artículo sólo podrá emplearse a los fines del trámite judicial posterior que correspondiere, referido al caso sometido a mediación, y por un período de ocho (8) meses contados desde la homologación del acuerdo o su rechazo, o desde que se hubiera dado por concluida la mediación, conforme a lo normado en los artículos 12, 14, 18, segundo y tercer párrafo de la Ley N° 13.951.
Corresponde a los magistrados el deber de verificar que no haya operado el plazo de caducidad mencionado precedentemente. A esos fines, previo a ordenar cualquiera de los actos procesales de comunicación previstos en el artículo 1° del presente Acuerdo en cada proceso posterior a la respectiva mediación, deberán cotejar la documentación aportada al proceso y verificar la existencia y contenido del acta de culminación de la allí consignada.
Los magistrados, en cada proceso en particular, deberán ponderar si la utilización del presente régimen resulta conveniente y adecuada para la realización de los actos procesales de comunicación dirigidos a personas o grupos de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a fin de evitar que el uso las herramientas tecnológicas se constituyan en un obstáculo o desventaja para el adecuado desenvolvimiento de sus derechos en los procesos judiciales".
Evidentemente, la apelante está disconforme con la solución normativa y, por ello, ha planteado su inconstitucionalidad, alegando que la misma viola el derecho de defensa en juicio.
No creo que le asista razón: si el apelante considera que dicha normativa no es adecuada o no le resulta conveniente, su disconformidad no equivale a una inconstitucionalidad.
La solución implementada no es irrazonable ni mucho menos arbitraria.
El reemplazo de la notificación física por la electrónica no solo se encuentra dentro del marco establecido por el legislador y reglamentado por la Corte, sino que también responde a criterios de razonabilidad, eficiencia y modernización del servicio de justicia. Decíamos en la causa MO-36791-2024 R.S. 567/25 (del Registro de la Sala II) que "en un mundo atravesado totalmente por lo digital, no parece razonable que -en la justiciapermanezcamos de espaldas de ello y sigamos efectuando nuestras comunicaciones como se lo hacía hace varios siglos, ligados tanto a lo especial como a la presencialidad, insumiendo -para ello- recursos materiales y humanos y tal vez lo mas importante cuando están en juego cuestiones alimentarias: insumiendo tiempo".
Esto que marcábamos con relación a la solución implementada por la ley 15.513 para los procesos de alimentos, bien vale para el presente.
Si consideramos el control de razonabilidad, inherente a todo examen constitucional de la normativa, no se advierte reparo alguno en la regulación analizada.
La razonabilidad de la medida (en el sentido de adecuación entre medios y fines) es evidente, pues el aprovechamiento de herramientas digitales para reducir costos y tiempos procesales se encuentra plenamente legitimado y validado a la luz del artículo 15 de la Constitución de la Provincia.
Sobre el tema, los autores citados señalaron que la iniciativa de la la Suprema Corte es verdaderamente disruptiva, considerando que representa un formidable progreso para la eficacia del servicio de justicia en general, elogiando la determinación de la Suprema Corte de Justicia para profundizar la incorporación y aprovechamiento de las TICs a los procesos judiciales, mediante la consagración de recursos como el que aquí analizamos que, sin dudas, propician una justicia con mayor inmediación, facilidades de acceso, eficacia, seguridad y celeridad (BIELLI, Gastón E. - NIZZO, Andrés L., Registro de Domicilios Electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, LL 05/03/2021, 1 - Cita: TR LALEY AR/DOC/516/2021).
Si el art. 15 de la Constitución de la Provincia nos habla de tutela judicial continua y efectiva y de razonabilidad de plazos de tramite y juzgamiento, los rediseños procesales que se hagan en este sentido parecen justificados.
Por cierto hay quienes pueden abstenerse de actuar, y dejar que todo siga como está, aunque permanezcamos anclados a soluciones ineficientes y arcaicas.
Pero la Suprema Corte -asumiendo una postura proactiva- ha regulado y avanzado de manera razonable en un sistema que permite una actuación judicial más célere, menos costosa (porque ya no implica desplazamiento físico de personas), que permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos e incluso mas efectiva como medio de comunicación (no olvidemos que, dentro de la notificación a los domicilios reales y en soporte papel, llega a estar contemplada la posibilidad de que la msima se adhiera a la puerta de ingreso al inmueble).
Esto no genera una afectación al derecho de defensa en juicio de las partes involucradas, ya que al momento de la mediación las partes cuentan con patrocinio letrado, siendo este profesional quien las asiste y se ocupa de cumplir con las cargas impuestas por la normativa que implementó el Registro.
A esta altura cabe reflexionar que el diseño e implementación de los domicilios electrónicos para notificaciones, traslados de demanda y actos análogos ha implicado -en 40 y 41 del CPCC) a un momento previo en el proceso.
En este sentido, y aprovechando la notificación al domicilio real o legal que efectúa la etapa de mediación (art. 7 citado).
Se busca, así, que las personas indiquen un punto, ya no en el espacio físico sino en el ciberespacio, donde puedan ser ubicadas, a los fines indicados por la norma. La regla, incluso, se alinea con el criterio general del Código Procesal: una convocatoria en el domicilio real, y las restantes comunicaciones al domicilio constituido. Por cierto, el Código Procesal fue sancionado antes que la ley de mediación (ley 13.591).
Luego, nada impide rediseñar el sistema y adaptarlo a las nuevas circunstancias, manteniendo exactamente el mismo criterio: una convocatoria al domicilio real, y el requerimiento de que las partes, desde ese momento, señalen un domicilio, en el caso electrónico.
Como toda carga procesal, su incumplimiento conlleva una consecuencia: la fijación de un domicilio por defecto, en caso de no haberse Registrado otro.
No puede quedar ligado al voluntarismo de los sujetos procesales acatar, o no, las reglas de juego impuestas por la normativa.
Por cierto, si la parte pretendía que el domicilio a utilizarse no fuera el del letrado que la asistió en la mediación, pudo inscribir otro en el Registro.
En consecuencia, si la parte no cumplió con la carga impuesta por la normativa, el apercibimiento se hizo efectivo sin que ello genere reproche constitucional alguno. En definitiva, las eventuales consecuencias adversas que la parte pueda haber sufrido, no son sino el resultado de su propio incumplimiento.
Y si el letrado que asistió a la mediación no cumplió con lo que indicaba la no es cuestión que amerite una solución diversa.
Creo, entonces, que el rechazo del planteo de inconstitucionalidad debe confirmarse.
Zanjada esta cuestión, la nulidad tampoco prospera.
Es que, con la comunicación cursada el 16 de Agosto de 2024, autorizada por el Sr. Juez de Grado el día 15 del mismo mes y año, se cumplió -acabadamente- con las disposiciones del Ac. 3889 y, en lo pertinente, del Ac. 4013.
De hecho, y según surge del sistema Augusta, dicha comunicación fue depositada correctamente y leída, en múltiples ocasiones, por el letrado titular del domicilio (que fue quien concurrió por la nulidicente a la mediación).
Por cierto, y aunque resulte irrelevante, ni siquiera se ha demostrado cuál fue la razón por la cual el letrado asistente a la mediación no habría informado a la apelante de la recepción de la demanda.
De este modo, y siendo que el Sr. Juez de Grado analizó en detalle el alcance y normativa vigente, incluyendo el art. 7 de la Acordada 3989/20 y el informe de la Subsecretaría de Tecnología Informática.
De esas constancias surgió con claridad que la notificación se realizó en forma válida, en un domicilio registrado, habilitado y controlado por la Corte.
Motivo por el cual, y en los términos del art. 169 del CPCC, habiéndose cumplido todos los recaudos pertinentes, establecidos en la normativa, no hay motivo, razón ni fundamento como para declarar la nulidad de la notificación cursada.
Dicho todo esto, quedan dos cuestiones mas por tratar.
El rechazo del planteo de incompetencia también se ajusta a derecho, por cuanto la contestación de demanda fue considerada extemporánea.
Luego, si la oposición de la defensa es extemporánea, es correcto el temperamento de desestimarla (arts. 150, 155, 344 y ccdtes. CPCC).
Finalmente, las costas han sido correctamente impuestas a la parte vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), sin que se configuren razones objetivas como para apartarse de esa regla.
La apelante vino, planteó la inconstitucionalidad de la normativa y una nulidad. Su planteo generó una incidencia y el mismo fue rechazado.
No veo, incluso, que exista siquiera cuestión dudosa de derecho, teniendo en cuenta -especialmente- el hecho de que, al formular el planteo, la propia quejosa omitió 3) Por todo lo expuesto, propongo confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas de Alzada a la parte demandada apelante vencida (art. 68 del CPCC). Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta POR LA AFIRMATIVA A la misma cuestión, la Señora Jueza Doctora LUDUEÑA por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto fue materia de agravio, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN Firmantes Funcionario: LUDUEÑA Liliana Graciela JUEZ --- Certificado Correcto Funcionario: QUADRI Gabriel Hernan JUEZ --- Certificado Correcto Fecha: 14/10/2025 14:01:22 Funcionario: OSORIO Ricardo Amilcar SECRETARIO DE CÁMARA --- Certificado Correcto Registración Registro: REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 360-2025 - Código acceso:
BBCCECE0 - PUBLICO
Registrado por:OSORIO Ricardo Amilcar - Fecha registración: 14/10/2025 14:16
Fin de la sentencia