Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 44.483-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las defensas de prescripción articuladas por los recurrentes, con costas.
2Tener por regularizada la pretensión fiscal respecto de las resoluciones 213/15 y 214/15 apeladas por el Sr. Eugenio Torrent en el expediente N° 44.483-I y su acumulado 44.485-I, respectivamente por aplicación de la ley 26.860. Costas por su orden.
3Declarar abstractro el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos en las causas que originariamente tramitaron bajo los Nos. 44.489-I, 44.486-I, 44.487-I, 44.492-I, 44.494-I, 44.493-I, 44.490-I y 44.495-I. Costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-42780437-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Abril de 2023 En la Ciudad autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), para resolver el expediente Nº44.483-I caratulado “TORRENT, EUGENIO s/recurso de apelación- impuesto a las ganancias” (y sus acumulados 44.485-I, Torrent, Eugenio; 44.489-I, Torrent, Horacio Daniel; 44.486-I Antonicelli, Marta Isabel; 44.487-I Antonicelli, Marta Isabel; 44.492-I, Torrent, María Cecilia; 44.494-I, Torrent, Pablo Eugenio; 44.490-I, Torrent, Horacio Daniel; 44.493-I, Torrent, María Cecilia y 44.495-I, Torrent, Pablo Eugenio) .
El Dr. Vicchi dijo:
I. Que a fs.87/100 vta., Eugenio Torrent; fs. 290/303 vta., Horacio Daniel Torrent; fs. 362/375 vta., Marta Isabel Antonicelli; fs. 499/512 vta., María Cecilia Torrent; y fs.575/588 vta., Pablo Eugenio Torrent, interponen recursos de apelación contra las resoluciones N°213/15, N°219/15, N°215/15, N°221/15 y N°217/15, respectivamente, mediante las cuales se determina de oficio en forma parcial las obligaciones de los contribuyentes en el impuesto a las ganancias, período fiscal 2006, con más sus intereses, y se formula reserva de aplicar eventualmente las sanciones contempladas en la ley 11.683, conforme el art. 20 de la ley 24.769.
Que a fs. 214/227 vta., Eugenio Torrent; fs. 426/438 vta., Marta Isabel Antonicelli; fs. 657/670 vta., Horacio Daniel Torrent; fs. 723/736 vta, María Cecilia Torrent; y fs. 786/799 Pablo Eugenio Torrent, interponen recursos de apelación contra las resoluciones N°214/15, N°216/15, N°220/15, N°222/15 y 218/15, respectivamente, por las que se determina de oficio en forma parcial las obligaciones de los recurrentes en el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006, con más sus intereses, y se difiere la eventual aplicación de sanciones, conforme el art. 20 de la ley 24.769.
Que las determinaciones de oficio efectuadas a los contribuyentes citados tienen su origen en la fiscalización electrónica llevada a cabo por el ente fiscal por la cual se habría detectado la omisión de declarar, en el período fiscal en cuestión, el saldo de la cuenta bancaria N°5091411080 radicada en la Entidad Financiera de Suiza, HSBC Private Bank.
En atención a ello, los recurrentes en sus escritos de inicio manifiestan que los actos administrativos desconocieron las disposiciones de la RG 1/2015 en tanto realizan el ajuste sobre todos los integrantes de la cuenta en forma total y no en forma proporcional en cabeza de cada uno de ellos. Agrega el Sr. Eugenio Torrent que desde el comienzo de la fiscalización reconoció la titularidad del citado depósito bancario. Asimismo, plantean la prescripción de las acciones del organismo fiscal para el cobro de los gravámenes discutidos. Con el fin de respaldar sus dichos citan jurisprudencia y doctrina, en especial sobre el alcance e interpretación de los arts. 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860, dado que dichas normas sólo suspenden los plazos de prescripción en curso respecto de los contribuyentes que se hubieran acogido a sus beneficios. Del mismo modo, sostienen que el procedimiento llevado a cabo por la Administración se encuentra viciado. Mencionan que el origen de la información obtenida y utilizada como prueba para realizar los ajustes es ilegal; en virtud de ello invocan la “teoría del fruto del árbol venenoso”.
Finalmente, el Sr. Eugenio Torrent informa que efectuó la exteriorización de moneda extranjera conforme los lineamientos de la ley 26.860, razón por la cual sostiene que la cuestión ventilada en autos deviene abstracta. Por su parte, el organismo Fiscal a fs. 108/125 (44.483-I), fs. 240/259 (44.485-I), fs. 317/335 (44.489-I), fs. 386/406 vta. (44.486-I), fs. 447/467 vta. (44.487-I), fs. 520/540 (44.492-I), fs. 598/617 vta. (44.494-I), fs. 684/702 (44.490-I), fs. 745/763 (44.493-I) y fs. 809/826 vta. (44.495-I) contesta los traslados de los recursos que le fueran conferidos, peticionando la confirmación de las resoluciones discutidas en autos, con costas.
II. Que oportunamente se elevan los autos a consideración de esta Sala “C”.
III. Que en primer lugar, corresponde expedirse sobre la prescripción articulada por los recurrentes en los expedientes Nos. 44.483-I, 44.485-I, 44.489-I, 44.486-I, 44.487-I, 44.492-I y 44.494-I.
Que en este sentido y siendo los fundamentos de la prescripción impetrada idénticos a los ya tratados por la Sala A, el suscripto comparte la conclusión a la que arriba dicha Sala en los autos Nos. 44.490-I, 44.493-I y 44.495-I en la sentencia obrante a fs. 852/854 vta. de autos, en consecuencia, corresponde rechazar las defensas de prescripción articuladas por la parte actora en los expedientes Nos. 44.483-I, 44.485-I, 44.489-I, 44.486-I, 44.487- I, 44.492-I y 44.494-I, con costas.
IV. Que sentado ello, cabe expedirse sobre la cuestión relativa a la exteriorización de tenencia de moneda extranjera declarada por el contribuyente Eugenio Torrent, conforme las disposiciones de la Ley N° 26.860. Que en lo que aquí interesa, el art. 3º del citado ordenamiento, dispone que las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificaciones), podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el título II de aquel cuerpo normativo.
Mientras que el art. 5° de la ley establece que el importe expresado en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice, no estará sujeto a impuesto especial alguno. Del mismo modo, su art. 9º ordena que “Los sujetos que efectúen la exteriorización, no estarán obligados a informar a la A.F.I.P. -sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 (Lavado de Activos de Origen Delictivo)- la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueron adquiridos, y gozarán de los siguientes beneficios: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas... c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: “1. Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. (…) 3. Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas (…)”
A fin de determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 12°, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización." (el destacado es propio)
A su vez, el artículo 13° prevé que “[s]erá requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria."
Por su parte, el artículo 15° reza: "Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: (...) d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente (...)"
Asimismo, el art 2° de la Resolución General 3509/2013, que reglamenta la ley 26.860, en lo que hace a las presentes actuaciones, expresa: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presente resolución general y demás normas que se dicten al efecto."
Por su parte, en su artículo 5° aclara en qué situaciones se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13 de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. A saber cuando "las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal."
V. Que conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa 44.485-I -vide fs. 80-, el Sr. Eugenio Torrent informa que procedió a la compra de Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) expedida por el Banco de la Nación Argentina, cuyas copias acompaña a fs. 81/84, solicitando en consecuencia, se imputen los mismos a los ajustes a él efectuados. A tal fin, declara no estar comprendido en las causales de exclusión del art 15 de la ley 26.860.
Por su parte, a fs. 123/123 vta. el organismo fiscal sostiene que la exteriorización realizada por el apelante no resulta de suficiente entidad para liberarlo de responsabilidades en relación a la cuenta de marras en virtud de lo dispuesto por el art. 15, inc d) de la ley 26.860, y agrega a fs. 911 que no alcanza a cubrir el monto sobre el cual procedió la determinación de los tributos apelados, por lo que a su criterio lo peticionado por el contribuyente resulta improcedente.
A su vez, el Sr. Eugenio Torrent a fs.923/926 expresa que fue sometido a inspección por los impuestos mencionados anteriormente en base a un incremento patrimonial no justificado de U$S1.921.913.- equivalente a $5.899.311,95 sobre lo cual se le determinaron los gravámenes en cuestión, según el tipo de cambio vendedor al 31-12-2006, fecha de determinación de los impuestos. Entiende que los dólares exteriorizados al 30-06-2015 ascendían a $1.327.000.- lo que representaba la suma de $12.057.785,5 según el tipo de cambio BNA comprador a esa fecha (TC $9,0865). En consecuencia, arguye que lo exteriorizado supera la base sobre la que se determinaron los impuestos controvertidos por lo que corresponde efectuar la imputación de la suma exteriorizada a las determinaciones de oficio practicadas.
VI. Que al respecto, el suscripto coincide con lo resuelto por este Tribunal en las causas “Savio, Pablo - Savio, Marcela s/recurso de apelación”, Sala B, del 07/05/2019, y “Widmer, María Gabriela s/apelación” TFN, Sala A, del 13/11/2019.
En ese sentido, cabe señalar que del propio texto de la ley surge que los sujetos que exterioricen voluntariamente la tenencia de moneda extranjera a través de la adquisición de instrumentos financieros (CEDINES), gozarán de determinados beneficios, entre los que se encuentran la eximición del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, y que para determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización”.
Que en función de todo lo expuesto, la normativa contemplada en la ley 26.860 y su reglamentación, corresponde efectuar la imputación de la suma exteriorizada a los ajustes aquí discutidos, y en consecuencia, declarar abstracto el tratamiento de los recursos planteados respecto de las Resoluciones Nos. 213/15 y 214/15, por aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley 26860, con costas por su orden.
VII. Quea igual solución se llega respecto de las Resoluciones Nos. 219/15, 215/15, 221/15, 217/15, 216/15, 220/15, 222/15 y 2018/15, en virtud de la exteriorización efectuada por Eugenio Torrent.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado en el voto precedente.
II. Que previo a todo, procede expedirse respecto de la excepción de prescripción planteada por los apelantes en las causas en las que dicha defensa no fue tratada por este Tribunal, esto es expte. 44.483-I y sus acumulados Nos. 44.485-I, 44.489-I, 44.486-I, 44.487-I, 44.492-I y 44.494-I.
Que por aplicación del artículo 59 de la ley 11.683, t.o. en 1998 y modif., tratándose de personas físicas cuyas determinaciones en el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales se refieren al ejercicio fiscal 2006, las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir dichos gravámenes comienzan a correr a partir del 1°/1/2008 y de no mediar suspensión o interrupción prescribirían el 1°/1/2013.
Que en consecuencia, corresponde analizar de acuerdo con lo invocado por los recurrentes, si la suspensión prevista en los artículos 44 y 17 de las leyes 26.476 y 26.860, respectivamente, se aplica sólo a aquellos contribuyentes que se hubieren acogido al régimen establecido por dichas normas legales.
Que los citados artículos -de igual tenor-, en lo que aquí interesa disponen “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos...” Sobre dicha cuestión la suscripta tuvo oportunidad de expedirse, entre otras, en la causa Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL (expte. 48.165-I, 16/7/2019) en la que sostuve que el artículo 17 de la ley 26.860 dispone: “Supéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (...)”
Que el primer método al que se debe recurrir para interpretar una norma, cualquiera sea la rama del derecho a la que pertenezca, es la letra de la ley y sólo si ella no resultare clara deberá acudirse a otra fuente de interpretación (histórica, sistemática, funcional, etc.) pero cuando, como en el caso de autos, la misma no arroja dudas, corresponde apegarse a su letra para la dilucidación del “thema decidendum”, pues así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que: “... no es admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, ...debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu (Fallos: 300:687; 257:295; 264:41; 269:225; 285:353 y 301:958).
Idéntico criterio se estableció respecto del alcance que correspondía atribuir al art. 49 de la ley 23.495 cuando estipulaba que la mentada suspensión se disponía “con carácter general” Se dijo entonces que … “por el modo en que ha quedado redactado el texto legal..., no arroja dudas acerca de la expresa intención del legislador, el que, a diferencia de lo acaecido en el régimen de la ley 23.029, no estableció vinculación exclusiva entre la suspensión aludida y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria.” (CSJN “Fisco Nacional (DGI) c/ Distribuidora del Plata s/ ejecución fiscal” —Consid. 5° del voto de la mayoría—, fallo del 26/11/1991. En el mismo sentido CNACAF, Sala V, in-re: “Sevel Argentina S.A. c/D.G.I.”, sentencia del 17/07/1996).
Que en dicha línea de pensamiento, entiendo que el artículo 17 no presenta dudas en cuanto dispone la suspensión del plazo de prescripción con carácter general, toda vez que si bien es cierto que han cobrado trascendencia las opiniones de distintos diputados y senadores que solicitaron que se circunscribiera su alcance sólo a los contribuyentes que se habían acogido al régimen, también lo es que dichas opiniones no quedaron plasmadas en el texto que se sancionó y promulgó, ni la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma.
Lo expuesto no importa desconocer que al interpretar otras leyes de sinceramiento fiscal o regímenes de moratoria, el Tribunal Cimero consideró que ..."la suspensión establecida sólo abarcaba a quienes habían aceptado extinguir sus obligaciones tributarias por medio del plan de pago con facilidades que consagraban aquéllas, pero en esos casos la norma no especificaba que tal suspensión revistiera carácter general, sino que la subordinaba al acogimiento a su régimen o a la declaración de caducidad del plan (22.681) o a las deudas que se mencionaban en sus arts. 1 y 2 (ley 23.029) (ver CSJN, “Dirección General Impositiva c/Dellizzotti, José María” del 06/06/1985 —consid.5— y “Dirección General Impositiva c/Establecimiento San Martín S.A.I.C. s/Ejecución Fiscal” del 28/04/1987 —consid. IV—)”.
En atención a las consideraciones efectuadas “supra” la suspensión del plazo de prescripción dispuesta por las leyes 26.476 y 26.860 alcanza al universo de contribuyentes y no sólo a los que se hubieran acogido a dichos regímenes y por lo tanto, el plazo de prescripción bajo análisis estuvo suspendido en dos oportunidades por el término de un año; no obstante ello, la prescripción hubiera operado con anterioridad a la fecha del dictado de las resoluciones bajo análisis.
Además, resulta aplicable en la especie la causal de suspensión prevista en el artículo agregado a continuación del 65 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modifs.), que dispone: “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se trate del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Que en tal sentido, cabe pronunciarse sobre si dicho plazo de 120 días corresponde que se compute en días corridos como lo afirma la recurrente, o en días hábiles como lo sostiene el Fisco Nacional.
Que para dirimir la controversia planteada debe examinarse lo dispuesto en el art. 4° de la ley de rito, en cuanto establece: “Para todos los términos establecidos en días en la presente ley se computarán únicamente los días hábiles administrativos. Cuando un trámite administrativo se relacione con actuaciones ante Organismos judiciales o el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, se considerarán hábiles los días que sean tales para éstos. Para todos los términos establecidos en las normas que rijan los gravámenes a los cuales es aplicable esta ley, se computarán únicamente los días hábiles administrativos, salvo que de ellas surja lo contrario o así corresponda en el caso.”
Considero entonces, que del juego armónico de ambas normas, se desprende que el plazo de 120 días fijado en el artículo incorporado a continuación del 65 de la ley 11.683, debe computarse en días hábiles administrativos, toda vez que como lo especifica su art. 4° cuando el legislador tuvo la intención de que un plazo se compute en días corridos debe expresarlo, o surgir lo contrario de la norma aplicable al caso. En definitiva, ha sido clara su intención cuando se apartó de la prescripción general y dispuso que en el supuesto de períodos próximos a prescribir la notificación de la vista debe efectuarse 180 días corridos antes de que opere la prescripción (en el mismo sentido, TFN, Sala “C”, “Cattoroni Hnos. SAICFEI”, del 27/03/2013; Sala “A”, “Grobocopatel, Andrea Mariela”, del 24/10/2016 e “Iglesias, Diego Manuel”, del 11/08/2016).
En consecuencia, toda vez que las resoluciones por las que se confirió vista a los contribuyentes fueron notificadas el 19/12/2014 (exptes 44.485-I, 44.483-I y 44.487-I, fs. 34, 35 y 33 de sus respectivos antecedentes administrativos) y el 23/12/2014 (restantes causas, fs. 30, 29, 29 y 28 de sus antecedentes), procede rechazar, con costas, las defensas previas articuladas por los recurrentes.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse respecto de si la exteriorización efectuada por el Sr. Eugenio Torrent y reconocida por el Fisco Nacional (conf. fs. 911), permite declararlo alcanzado por los beneficios de la ley 26.860 y por lo tanto regularizada la pretensión fiscal en relación con los tributos determinados, teniendo en consideración la fluctuación de la cotización del dólar estadounidense entre el período fiscal controvertido —2006— y la fecha de dicha exteriorización.
Que el artículo 12 de la ley 26.860 zanja la cuestión al establecer que a los fines del presente título (título II: Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior), “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización” (el destacado es propio). Ello así, sin perjuicio de lo establecido por la Instrucción 2/15, toda vez que si bien la suscripta ha sostenido reiteradamente que las Instrucciones Generales resultan obligatorias para el organismo recaudador y deben ser aplicadas por éste en el cumplimiento de sus funciones (conf. entre otras causas FINOX S.R.L. (9/12/19, expte 48.407-I) y VIDELA, Ariel A. (21/02/19, expte 49.123-I), lo cierto es que en el punto 2.5 de aquella no complementa el régimen bajo análisis, sino que contraría lo regulado por el citado artículo 12.
En consecuencia, teniendo en consideración lo establecido por el artículo 9° de la citada ley 26.860, corresponde declarar alcanzado al Sr. Eugenio Torrent por los beneficios de dicha ley y por tanto tener por regularizada la pretensión fiscal respecto de los actos administrativos por él apelados.
Por las particularidades de la cuestión, las costas se imponen en el orden causado.
V. Que en relación con los recursos de apelación planteados en las restantes actuaciones acumuladas, dado la exteriorización tratada precedentemente, procede declarar abstracto el tratamiento de las resoluciones 219/15, 215/15, 216/15, 221/15, 220/15, 222/15, 218/15 y 217/15. Costas por su orden.
Que el Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
Que en virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar las defensas de prescripción articuladas por los recurrentes, con costas.
2. Tener por regularizada la pretensión fiscal respecto de las resoluciones 213/15 y 214/15 apeladas por el Sr. Eugenio Torrent en el expediente N° 44.483-I y su acumulado 44.485-I, respectivamente por aplicación de la ley 26.860. Costas por su orden.
3. Declarar abstractro el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos en las causas que originariamente tramitaron bajo los Nos. 44.489-I, 44.486-I, 44.487-I, 44.492-I, 44.494-I, 44.493-I, 44.490-I y 44.495-I. Costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y oportunamente archívese. Date: 2023.04.04 13:36:45 -03:00 Date: 2023.04.10 08:22:29 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.18 11:53:49 -03:00 Juan Carlos Vicchi Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.18 11:53:50 -03:00
Fin de la sentencia