Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Mar del Plata · Causa 72138
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a las inconstitucionalidades decretadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este tribunal para resolver la presente causa.
II. Rechazar los restantes planteos de inconstitucionalidad deducidos en la demanda por los fundamentos expuestos en la primera cuestión y en función de cómo se resuelve la presente causa.
III. Rechazar íntegramente la demanda incoada por TORRES DIEGO MANUEL (D.N.I. N° 30.577.901) contra SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. (CUIT 33-68626286-9) , en cuanto persigue el cobro de prestaciones dinerarias en concepto de indemnización por incapacidad laboral derivada del accidente de trabajo denunciado y asistencia psicológica conforme el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.
IV. Imponer las costas a la parte actora TORRES DIEGO MANUEL (D.N.I. N° 30.577.901) con el beneficio de los arts. 20 L.C.T. y 27 Ley 15.057 (arts. 24 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.).
V. Corresponde calcular los intereses tomando como base el monto reclamado en demanda PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.669.520,33) a los efectos de la regulación de honorarios, los que se determinan con arreglo a la tasa que el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta (30) días vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos (SCBA L 108.164 "Abraham" y "ZOCARO; TOMAS ALBERTO c/ PROVINCIA ART S.A. y otro/a Daños y Perjuicios" del …
TORRES DIEGO MANUEL C/ SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL 72138
En la ciudad de Mar del Plata, a la fecha de firma digital del presente, se reúne en Acuerdo ordinario el Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata a fin de dictar SENTENCIA en los autos caratulados: " TORRES DIEGO MANUEL C/ SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL " (EXPTE. N° 72.138). Se observa para la votación de los Señores Jueces el orden establecido en el sorteo practicado, arrojando el siguiente resultado definitivo: Dres. ESCOBAR-MEREB-CORDERO . De inmediato el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones, luego de desarrollar los siguientes:
Con fecha 05/07/2021, se presenta el doctor REYNALDO JOSÉ DISANTO, en representación de TORRES DIEGO MANUEL (DNI 30.577.901) , promoviendo demanda contra SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. , persiguiendo el cobro de las prestaciones correspondientes al accidente de trabajo que denuncia, reclamando en el objeto de su presentación la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.513.520,33) , y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más actualización monetaria, intereses, costos y costas. Solicita asimismo la homologación del pacto de cuota litis suscripto.
Relata que el actor ingresó el 16/07/2020 a trabajar bajo las órdenes de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA UNION LTDA., desarrollando tareas de estibador portuario, bajo la modalidad eventual y percibiendo el salario de convenio correspondiente a la actividad.
Explica que los trabajadores de dicha actividad, aun cuando se desempeñen durante varios años, son contratados por jornal, registrándose su ingreso y egreso el mismo día de prestación de las tareas o al día siguiente, sin perjuicio de volver a trabajar para la misma empresa durante esa semana. Señala que existe un listado rotativo que deben respetar las empresas habilitadas por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, contratando a los trabajadores en la parada ubicada en la banquina, conforme el orden de dicho listado.
Refiere que el 16/07/2020, mientras realizaba sus tareas habituales en el muelle del puerto de Mar del Plata, al levantar un palier de madera sintió un dolor en la columna, quedando "duro". Expone que denunció el accidente y que la aseguradora aceptó la contingencia, brindándole prestaciones médicas y dinerarias durante el período de incapacidad laboral temporaria.
Relata que, una vez otorgada el alta médica, inició el trámite de determinación de incapacidad conforme el procedimiento establecido por la Ley 27.348. Señala que la Comisión Médica N° 12, con fecha 14/06/2021, reconoció el carácter laboral del infortunio denunciado, pero no le otorgó incapacidad alguna.
Manifiesta que, como consecuencia del accidente, presenta lesión en columna, lumbalgia post esfuerzo, trauma psicológico, daño e incapacidad psicológica. Refiere un fuerte impacto emocional por las limitaciones que atribuye al infortunio y sostiene que ingresó a trabajar en excelentes condiciones psicofísicas y en plenitud laboral.
En cuanto a la incapacidad, denuncia una minusvalía del 15% de la total obrera, comprensiva de la incapacidad física, el daño psíquico y los factores de ponderación por dificultad para realizar las tareas, reubicación laboral, edad y nivel sociocultural.
A los fines de la liquidación consigna un ingreso base de $ 158.083,04, una incapacidad laboral permanente parcial y definitiva del 15%, una edad de 39 años y un coeficiente de edad de 1,666. Aplicando la fórmula de la Ley 24.557 y adicionando el 20% previsto por el art. 3 de la Ley 26.773, cuantifica la prestación en $ 2.513.520,33. Aclara que la liquidación es meramente indicativa, formulada para cumplir con el art. 26 inc. f) de la Ley 11.653, quedando sujeta a lo que resulte de la pericia contable, los restantes medios de prueba, el derecho y la jurisprudencia aplicables.
Reclama asimismo asistencia psicológica durante dos años, con una entrevista diaria a un costo de $ 1.500 por entrevista, estimando el costo total del tratamiento en $ 156.000. Adicionando dicho importe a la prestación por incapacidad, arriba en la liquidación a un total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.669.520,33). Contempla también la aplicación del piso mínimo actualizado semestralmente por RIPTE, para el supuesto de que el resultado de la fórmula resulte inferior.
Respecto de la determinación del ingreso base, sostiene que el actor pactó una remuneración bruta de $ 5.200,10 por jornal, correspondiente al convenio colectivo de la actividad. Explica que, por tratarse de un trabajador eventual que comenzó sus labores el mismo día del accidente, debe considerarse esa única remuneración y multiplicarla por 30,4, obteniendo el ingreso base mensual de $ 158.083,04. Funda dicho procedimiento en el art. 12 de la Ley 24.557, el Decreto 334/96 y la Circular SRT 02/98.
Invoca el precedente "Ortiz, Carlos Ariel c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente" de la Sala VII de la Cámara de Trabajo de Córdoba y los antecedentes locales "Rua Julio Cesar", "Barroso Luis Alberto", "Mella David Ceferino", "Stutz Juan Pablo", "Simionato Alejandro Victorio" y "Sandoval José Adrián". Sostiene que, conforme la Circular SRT 02/98, para los trabajadores que prestan servicios discontinuos o eventuales deben computarse los días corridos desde el comienzo de la vigencia del contrato hasta el día del accidente inclusive, sin considerar los contratos anteriores que hubieran celebrado con el mismo empleador durante el último año. Menciona asimismo la Resolución SRT 237/96 respecto del cómputo de las remuneraciones devengadas el día de la primera manifestación invalidante.
Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 incs. 3 y 4, 12, 15 inc. 2, 19, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557 y disposiciones reglamentarias concordantes. Respecto del art. 6, remite a los fundamentos del precedente "Silva c/ Unilever". Cuestiona los arts. 21 y 22 y el Decreto 717/96 por considerar que el régimen no contempla un procedimiento de prueba y determinación del ingreso base y deja tales extremos sujetos a la denuncia y voluntad unilateral de las obligadas al pago, afectando el debido proceso y la garantía del juez natural. Invoca los precedentes "Obregón c/ Liberty", "Venialgo c/ Mapfre" y "Castillo c/ Cerámica" y sostiene que corresponde al juez determinar la existencia y el grado de incapacidad laboral permanente. En relación con el art. 12, refiere que el Decreto 1694/2009 dispone que las prestaciones por incapacidad laboral temporaria o permanente provisoria se calculen, liquiden y ajusten conforme el art. 208 LCT.
Cuestiona asimismo la constitucionalidad de los arts. 4, 9 y 17 incs. 2, 3 y 5 de la Ley 26.773, por considerar que vulneran los principios de progresividad, indemnidad, protección e irrenunciabilidad y las garantías de reparación integral, juez natural, igualdad y acceso a la justicia. Invoca los precedentes "Aquino", "Llosco", "Milone" y "Castillo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del Decreto 472/2014, identificado como Decreto 472/2017 en el subtítulo de ese apartado del escrito, por entender que altera el texto y el espíritu de la Ley 26.773, en infracción al art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional. Cita el precedente "P. R. J. c/ Liberty" de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Plantea la inconstitucionalidad del Decreto 54/2017 por considerar que vulnera el principio de división de poderes y la prohibición de ejercicio de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo. Cuestiona la atribución a las Comisiones Médicas de funciones de contenido jurisdiccional relativas al carácter laboral del accidente y su relación causal con el trabajo, invocando los arts. 5, 75 inc. 12, 109 y 116 de la Constitución Nacional. Extiende el planteo a la Ley 26.122, por estimarla contraria al art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional.
Formula también la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16 y 21 de la Ley 27.348. Cuestiona especialmente la prohibición de los pactos de cuota litis contenida en el art. 2 in fine, invocando lo resuelto en "Echeverría c/ Estado Nacional" por el Juzgado Nacional N° 41 el 07/03/2017. Sostiene que esa restricción desnaturaliza la función del abogado y afecta la posibilidad de convenir la retribución por los servicios profesionales, señalando que en las acciones fundadas en el derecho común se admite la celebración de dichos pactos, incluso por porcentajes superiores al 20%.
Funda su pretensión en las Leyes 24.557 y 26.773, el Decreto 49/2014 y la Ley de Contrato de Trabajo. Presta el juramento previsto por los arts. 39 de la Ley 11.653 y 55 LCT.
Ofrece prueba documental, pericial contable, informativa, instrumental en poder de la demandada, pericial médica traumatológica y psiquiátrica y pruebas supletorias. Entre la documental acompaña DNI, recibo de pago, constancia de alta ante AFIP, carta documento, denuncia del accidente, dos constancias de alta médica, acta de audiencia médica, dictamen de Comisión Médica y carta poder. Esta última contiene un pacto de cuota litis del 20% sobre el capital, reajuste monetario e intereses que resulten del juicio.
La documentación administrativa acompañada corresponde al expediente SRT N° 132981/21, iniciado el 29/04/2021 por divergencia en la determinación de la incapacidad. Se adjuntan el acta de audiencia médica del 01/06/2021, el dictamen del 14/06/2021 y la disposición DIAPA-2021-2384-APN-SHC12#SRT del 24/06/2021, mediante la cual se aprobó el procedimiento y la determinación de que el trabajador no poseía incapacidad como consecuencia del accidente del 16/07/2020.
Solicita que se intime a la demandada a acompañar, al contestar la demanda, el legajo del actor correspondiente al accidente, bajo apercibimiento de no poder incorporarlo posteriormente y de constituir su omisión una presunción en su contra, conforme el art. 386 C.P.C.C.
Requiere que la pericia contable determine el ingreso base considerando todos los ingresos del trabajador, remunerativos y no remunerativos, y su actualización desde la fecha del siniestro hasta la presentación del informe conforme la tasa pasiva digital, la tasa activa y el índice RIPTE. Solicita asimismo que informe sobre el contrato de seguro celebrado con la empleadora, la inclusión del actor y las condiciones de cobertura, la denuncia del accidente y las prestaciones médicas brindadas. Para el supuesto de haberse abonado una suma por el siniestro, requiere que se determine el interés devengado entre el accidente y el pago y si fue efectivamente liquidado por la aseguradora.
Solicita que la pericia médica traumatológica determine las secuelas, su carácter permanente, el grado de incapacidad, la existencia de intervenciones quirúrgicas, dolor, insensibilidad o molestias y la relación entre el accidente y las lesiones descriptas, previo examen del actor y realización de los estudios clínicos, neurológicos, radiológicos, funcionales y de laboratorio que correspondan. Ofrece supletoriamente la intervención de los especialistas que indique el experto y de un médico clínico o especialista en medicina del trabajo.
Requiere que la pericia médica psiquiátrica establezca el estado psicológico actual del trabajador, la existencia de daño psíquico o psicológico derivado del accidente y los sufrimientos padecidos. Solicita que informe sobre la necesidad, duración y costo del tratamiento, las posibilidades de recuperación, el pronóstico y la existencia y porcentaje de incapacidad.
Ofrece informativa a la Comisión Médica N° 12 para que remita el expediente administrativo; al H.I.G.A. y a los establecimientos asistenciales donde se atendiera el actor para que acompañen la historia clínica y se expidan sobre la documentación atribuida; a la empleadora para que remita el legajo y los recibos de haberes del año anterior al accidente; a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo respecto de la aseguradora contratada al momento del siniestro; y al S.U.P.A. para que informe el valor del jornal de dos turnos a la fecha del accidente y acompañe el convenio colectivo y las escalas salariales correspondientes. Solicita también a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo información sobre el expediente N° 012-L-01044/10, correspondiente a Federico Raúl Blanco, DNI 29.391.477, respecto de la suma liquidada y abonada por incapacidad parcial permanente y la fórmula utilizada para determinar el ingreso base mensual.
Ofrece supletoriamente prueba informativa para acreditar la autenticidad de la documentación, reconocimiento de firmas y pericial caligráfica para el supuesto de resultar necesarias. Formula reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley 48 y solicita que se lo exima de acompañar copias de la documental, por su volumen y dificultad de reproducción, conforme el art. 121 C.P.C.C.
Solicita la actualización monetaria conforme el art. 276 LCT, intereses compensatorios a tasa activa con fundamento en las Resoluciones SRT 414/99 y 287/01 y actualización por RIPTE y, finalmente, que oportunamente se haga lugar a la acción en todas sus partes, con costos y costas.
Corrido el traslado de ley, con fecha 26/08/2021 se presenta el doctor RANA MARTIN OSVALDO, en representación de SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. , acreditando personería mediante poder especial que acompaña, y contesta demanda solicitando su íntegro rechazo, con costas.
Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda que no sean objeto de expreso reconocimiento y desconoce la autenticidad material e ideológica de la documentación que no emane de su representada. En particular, niega la relación de dependencia con la empleadora denunciada, la fecha de ingreso, antigüedad, tareas, remuneración e ingreso base invocados; que el actor hubiera sufrido el accidente en las circunstancias descriptas; que presente lesión en columna, lumbalgia post esfuerzo, trauma psicológico o secuelas incapacitantes derivadas del hecho; que padezca una incapacidad del 15% de la total obrera; y que hubiera ingresado a trabajar en excelentes condiciones físicas. Cuestiona asimismo el coeficiente de edad, las variables y el procedimiento de cálculo utilizados y la procedencia de los importes de $ 2.513.520,33 por incapacidad, $ 156.000 por asistencia psicológica y $ 2.669.520,33 como total de la liquidación.
Al encuadrar el reclamo sostiene que el actor persigue prestaciones de la Ley 24.557 y que, por ello, la responsabilidad de su mandante debe examinarse dentro del objeto y los límites de la cobertura otorgada mediante el contrato de afiliación celebrado con la empleadora.
Reconoce que SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. celebró con la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA UNION LTDA. el contrato de afiliación N° 110266, vigente desde el 01/07/2011 y que, según expresa, continuaba vigente al contestar la demanda. En el texto del reconocimiento identifica a la empleadora con el CUIT 30-63269941-3, mientras que en el encuadre del reclamo y en el historial de contratos inserto en el escrito consigna el CUIT 30-70908191-4. Afirma que las partes se sometieron a la Ley 24.557, sus reglamentaciones y las condiciones aprobadas por las Resoluciones SRT 39/96 y 47/96 y que la cobertura comprende exclusivamente las contingencias previstas por dicho régimen.
Opone excepción de cosa juzgada administrativa respecto de lo decidido en el expediente SRT N° 132981/21. Sostiene que el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional N° 12 no fue recurrido y quedó firme y consentido, contando el trabajador con asesoramiento letrado. Invoca el art. 2 de la Ley 27.348 y el art. 15 LCT y afirma que los recursos debían interponerse dentro de un plazo que identifica como de cinco días hábiles.
Desarrolla consideraciones sobre los efectos de la cosa juzgada administrativa, la homologación por autoridad competente, la notificación y el consentimiento del interesado y la inexistencia de vicios de la voluntad. Invoca, entre otros, los precedentes de la Suprema Corte provincial "Villa", "Santos", "Kessler", "Riccardi", "Benítez", "Silvero", "Q. C. c/ F. d.", "Álvarez", "Samuel", "Ramírez", "Rodríguez", "Torres" y "Haedo". Sostiene que no existe motivo suficiente para revisar judicialmente lo decidido en el expediente administrativo, que cuenta con disposición de alcance particular, y solicita que se haga lugar a la excepción y se rechace la demanda, con costas.
Al exponer los antecedentes fácticos y administrativos señala que recibió la denuncia de la contingencia el 16/07/2020 y brindó desde el primer momento las prestaciones dinerarias y en especie previstas por la Ley 24.557. Afirma que cumplió en tiempo y forma las obligaciones a su cargo durante la incapacidad laboral temporaria, que cesó por el alta médica del 03/08/2020.
Refiere que, luego de intentos de reingreso que fueron denegados, el actor promovió el procedimiento para determinar incapacidad ante la Comisión Médica Jurisdiccional N° 12. Señala que el 14/06/2021, en el expediente SRT N° 132981/21, dicho organismo dictaminó que no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral como consecuencia del siniestro denunciado, conforme el Decreto 659/96, modificado por el Decreto 49/2014.
Expone que la Comisión Médica consideró que las protrusiones discales de L4-L5 y L5-S1 y los cambios Modic tipo 1 evidenciados en la resonancia de columna lumbosacra del 17/07/2020 correspondían a una enfermedad inculpable, ajena al siniestro, y que la sintomatología constituía la expresión clínica de esa patología de base.
Sostiene que la afección que compromete dos segmentos de la columna no reúne las condiciones previstas por el Decreto 49/2014 para la hernia discal lumbosacra que afecta un solo segmento columnario. Desarrolla consideraciones sobre la variabilidad biológica, multicausalidad, inespecificidad clínica y condiciones de exposición y afirma que el carácter profesional de una enfermedad requiere la concurrencia de agente de riesgo, exposición, enfermedad y relación causal. Invoca el listado aprobado por el Decreto 658/96 y sus modificaciones y sostiene que las enfermedades no incluidas sólo resultan resarcibles en los supuestos y mediante el procedimiento previsto legalmente.
Afirma la aplicación obligatoria del Baremo del Decreto 659/96 tanto en sede administrativa como judicial e invoca el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A.", del 12/11/2019. Sostiene que el porcentaje pretendido carece de respaldo científico y constituye una mera discrepancia con lo decidido por la Comisión Médica. En este apartado del escrito menciona una incapacidad del 8%, mientras que en los restantes cuestiona el 15% reclamado en la demanda.
Sobre tales fundamentos deduce defensa de falta de acción, afirmando que cumplió las prestaciones exigibles y que el actor carece de sustento fáctico y jurídico para reclamar sumas adicionales. Invoca asimismo la doctrina de los actos propios, por considerar que el trabajador dio intervención voluntaria a los organismos del sistema, participó de los exámenes, tratamientos y procedimientos administrativos y consintió el dictamen. Cita el precedente "Cabrera, Gerónimo Rafael c/ Poder Ejecutivo Nacional" y solicita que se desestimen los cuestionamientos dirigidos contra el régimen al que el actor se sometió.
Contesta los planteos de inconstitucionalidad y defiende la validez de los arts. 6, 8, 12, 15, 19, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557, de los arts. 4, 9 y 17 de la Ley 26.773, del Decreto 54/2017 y de las Leyes 26.122 y 27.348. Sostiene que los cuestionamientos son vagos y genéricos y que no se demuestra el agravio concreto que cada disposición ocasionaría al trabajador. Afirma que las normas gozan de presunción de constitucionalidad y que su invalidación constituye la última razón del orden jurídico.
Desarrolla consideraciones sobre el sistema de riesgos del trabajo como subsistema de la seguridad social, sus objetivos de prevención, reparación, rehabilitación, recalificación y recolocación y la necesidad de valorar conjuntamente sus prestaciones y mecanismos de financiamiento. Sostiene que el régimen debe examinarse como un conjunto de beneficios y compensaciones y que sus eventuales deficiencias no determinan, por sí mismas, su inconstitucionalidad.
Respecto de los arts. 4 y 17 de la Ley 26.773, afirma que el actor no explica de qué modo lo perjudica el régimen de opción. Invoca el precedente "Urquiza, Juan Carlos c/ Provincia ART S.A." y señala que no fue cuestionado el art. 6 de esa ley. Al referirse a las reparaciones fundadas en otros sistemas de responsabilidad, sostiene que la aseguradora debe depositar el importe correspondiente al régimen especial, con intereses, y contribuir proporcionalmente a las costas, debiendo destinarse al Fondo de Garantía el excedente previsto por aquella disposición.
Defiende la constitucionalidad del Decreto 54/2017 y de la Ley 27.348, invocando el precedente "Burghi, Florencia Victoria c/ Swiss Medical ART S.A.". Sostiene que la instancia administrativa previa resulta razonable por su especialidad técnica, la asistencia letrada, los plazos previstos y la posibilidad de revisión judicial suficiente. Invoca asimismo los precedentes "Ángel Estrada" y "Fernández Arias".
En relación con el art. 12 LRT, afirma que el actor no demuestra el menoscabo económico que le ocasionaría su aplicación ni la lesión constitucional que atribuye al mecanismo de determinación del ingreso base.
Respecto de los arts. 21, 22 y 46 LRT, sostiene la competencia de los organismos administrativos y de la justicia federal y considera incompetentes a los tribunales del trabajo para determinar la naturaleza laboral de las contingencias y sus incapacidades. Reconoce lo decidido en "Castillo", pero afirma que ese pronunciamiento no invalidó la actuación de las Comisiones Médicas. Invoca, entre otros, "Fernández Arias", "Ángel Estrada", "Ordiz" y "Gorosito" y sostiene que la intervención de cuerpos técnicos con revisión judicial suficiente no vulnera el debido proceso ni la garantía del juez natural. Defiende también la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo para confeccionar el listado de enfermedades profesionales conforme los arts. 6 y 40 LRT.
Impugna la liquidación practicada. Reitera que el porcentaje del 15% fue establecido sin fundamento médico y que su mandante sólo puede responder por las prestaciones dinerarias y en especie comprendidas en la Ley 24.557. Cuestiona el ingreso base de $ 158.083,04, el mecanismo de cálculo y las restantes variables y niega adeudar suma alguna por incapacidad o daño a la salud e integridad física.
Respecto del índice RIPTE, sostiene que no corresponde aplicarlo al resultado de la fórmula indemnizatoria. Invoca el art. 17 del Decreto 472/2014 y afirma que el ajuste alcanza a las compensaciones adicionales de pago único, los pisos mínimos y los valores correspondientes a la prestación adicional por gran invalidez. Cita el precedente "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicita asimismo que, para determinar el ingreso base, se respeten los topes de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones establecidos por ANSES. Invoca el precedente "Berti, Alfredo c/ Boca Juniors" y sostiene que una eventual prestación debe calcularse sobre el ingreso base por el cual el trabajador efectuó sus aportes.
En cuanto al daño psíquico, desarrolla consideraciones sobre su configuración y afirma que el actor no individualiza las alteraciones que las dolencias físicas habrían producido en su vida cotidiana. Sostiene que el daño psicológico no constituye una categoría autónoma y que el costo del tratamiento configura un eventual daño patrimonial futuro. Niega la procedencia de los $ 156.000 reclamados por asistencia psicológica y del total de $ 2.669.520,33.
Se opone a la intimación para acompañar el legajo del trabajador, sosteniendo que esa documentación se encuentra en poder de la empleadora y que debe requerírsele mediante oficio. Se opone también a la pericia psicológica o psiquiátrica por considerarla carente de sustento y deja planteado su desinterés en su producción.
Se opone a que la actora amplíe la prueba o formule nuevas alegaciones al contestar el segundo traslado previsto por el art. 29 de la Ley 11.653. Afirma que su responde no introduce hechos nuevos, sino que se refiere a circunstancias anteriores y conocidas por el trabajador, e invoca los principios de preclusión, igualdad procesal y defensa en juicio.
Ofrece prueba confesional, documental, informativa y pericial contable y médica. Solicita que el actor absuelva posiciones sobre las prestaciones médicas recibidas y la determinación de ausencia de incapacidad efectuada por la Comisión Médica N° 12 y designa como absolvente al doctor RANA MARTIN OSVALDO. Ofrece como documental la constancia de alta médica del 03/08/2020, en una foja, y el expediente SRT N° 132981/21, en treinta y tres fojas.
Solicita informativa a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre el contrato de afiliación N° 110266, su marco normativo, límites, vigencia, cobertura del actor e incumplimientos denunciados, requiriendo también copia del expediente administrativo. Pide a la Comisión Médica Jurisdiccional N° 12 la remisión de dichas actuaciones y a la Clínica de Fracturas y Ortopedia la historia clínica del trabajador, consignando en este último punto como fecha del siniestro el 16/07/2021.
Requiere a AFIP-DGI y ANSES información sobre las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones correspondientes a junio de 2019 a julio de 2020, o al período inferior que corresponda, con detalle mensual, formularios F.931, declaraciones juradas, altas y bajas y constancias del SIPA. En estos pedidos identifica a la empleadora con el CUIT 30-63269941-3.
Solicita pericia contable en extraña jurisdicción, en la sede de la demandada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se examine la regularidad de su documentación, registración y vigencia del contrato de afiliación, inclusión del actor en la nómina y cobertura a la fecha del accidente. Requiere asimismo la determinación del ingreso base conforme el art. 12 LRT, los topes de ANSES, la denuncia de la contingencia, los pedidos de reingreso y rechazos y los pagos de prestaciones dinerarias y en especie.
Requiere la designación de un médico especialista en medicina del trabajo que examine las historias clínicas, practique una anamnesis y los estudios pertinentes y se expida sobre las patologías y secuelas advertidas por la Comisión Médica, el porcentaje determinado y su ajuste al baremo. Para el supuesto de constatar incapacidad, solicita que se establezca su vinculación con el siniestro y su encuadramiento en los Decretos 659/96 y 49/2014. Pide también que se informe sobre las prestaciones recibidas, su adecuación a la lesión, mecanismo del accidente, profesionales consultados, estudios, establecimientos asistenciales, internaciones, tratamientos, alta y tareas actuales.
Formula reserva del caso federal por considerar que una decisión favorable al reclamo afectaría los derechos de propiedad, igualdad y defensa en juicio de su representada. Impugna el juramento prestado por la actora, sosteniendo que no resultan aplicables sus consecuencias a la cuestión debatida.
Se opone a la actualización monetaria con fundamento en los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, modificada por la Ley 25.561, e invoca el precedente "Massolo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sostiene la vigencia de la prohibición de indexar y afirma que la depreciación monetaria no autoriza a prescindir de dichas disposiciones.
En materia de intereses, rechaza la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y solicita la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta días. Invoca la doctrina de la Suprema Corte provincial en "Abraham", "Ojer", "Campana", "Díaz" y "Vitkauskas".
Solicita la aplicación de las Leyes 24.307, 24.332 y 24.283 y del Decreto 1832/92, identificado como Decreto 1813/92 en el desarrollo del apartado. Requiere que los honorarios guarden relación con las horas trabajadas y que la responsabilidad por las costas de primera o única instancia no supere el 25% del monto de la sentencia, con prorrateo entre los beneficiarios si correspondiera. Solicita también que una eventual actualización no determine un valor superior al real y actual de la prestación al momento del pago.
Funda su defensa en la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 24.557, el Decreto 717/96, sus normas modificatorias y reglamentarias y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Solicita, en definitiva, que se tenga por contestada la demanda, por opuesta la excepción de cosa juzgada administrativa y las defensas de fondo, por contestados los planteos de inconstitucionalidad y por ofrecida la prueba y que oportunamente se rechace íntegramente la acción, con costas.
En tales términos queda trabada la litis
El 02/11/2021 la actora contesta traslado en los términos del art. 34 Ley 15.057.-
Por resolución del 30/11/2021 es dictado el auto de apertura a prueba, proveyéndose la ofrecida por las partes.-
Por resolución del 25/03/2024 se fija fecha de celebración de la audiencia de vista de la causa.-
Por acta del 28/03/2025 se deja constancia de lo ocurrido en la audiencia de vista de la causa.-
Proveídas oportunamente las pruebas ofrecidas, producidas las mismas y realizados los alegatos por escrito, quedan las actuaciones en estado de dictar sentencia.
PRIMERA : ¿Es procedente la demanda instaurada?
SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION el Sr. Juez Dr. Escobar dijo:
Desde ya adelanto para esta cuestión y las restantes a fin de no ser reiterativo, que el Juez no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que - a su juicio- no sean decisivos (CSJN, 29/4/1970, LL. 139-617; 27/8/1971, LL 144-611, citas jurisprudenciales en Morello, Augusto Mario, Código Procesal Civil y Comercial, T.II-C, pág. 68 punto 2, Edit. Abeledo Perrot, art. 386 última parte CPC; C.N.A.T., " Bazaras, Noemí c/ Kolynos" S.D. 32. 313 del 29/6/1999 y C.N.A.T del 30/4/2008 " Correa / Niro Construcciones S.A. y otros", T.T. nro. 3 MDP del 12/5/2010 " Arendt, Matías c/ Asociación Mutual Empleados de Casino y otros s/ Accidente", " MATTIA, Cesar Gerardo c/ Servicio Penitenciario Bonaerense s/ Accidente de Trabajo ", Expte 66.258 y · TOLEDO, Ramón Alberto c/ MAPFRE Argentina ART SA s/Accidente de trabajo "Exp. 58.306, los dos últimos de este Tribunal Trabajo nro. 1.-
Sentados los antecedentes de la causa a los fines de resolver la presente cuestión se agregaron las siguientes pruebas.
1. DOCUMENTAL : adjuntada digitalmente a la demanda y con la contestación de la demanda.
2. INFORMATIVA :
Oficio S.U.P.A. : agregado electrónicamente con fecha 29/12/2021. Se acompaña anexo, que consigna:
"ANEXO - ESCALA SALARIAL 2021-CCT1190/11 SUPA MAR DEL PLATA A partir del 01 de Noviembre de 2021
BASICO ANTERIOR: $3998.53
BASICO CON AUMENTO 20% $4798.24
17% PRODUCTIVIDAD $815.70
30% INSALUBRIDAD $1439.48
10% FRIO $479.82
$7533.24
10,92% SAC $822.62
8,33% VACACIONES $627.52
JORNAL (BRUTO) CON ADICIONALES $8983.38
AUMENTO NO REMUNERATIVO 10 % $753.32
Descuentos de ley sobre el jornal (20%): $8983.38x0.20=$1.796.68
(Jubilación 11%, Ley 19032 3%, obra social 3%, sindicato 3% =Total 20%)
Jornal Neto 2021 = $7.186.70 + AUMENTO NO REMUNERATIVO = $7.940,02 ".
Oficios S.R.T. : agregados electrónicamente con fechas 12/01/2022 y 19/01/2022, quien informa: "Estimados: Por medio del presente se da respuesta al Oficio Judicial de referencia. Saludo a Ud. atentamente".
Se acompañan las Notas D.A.C. Nros. 1813/22, 1814/22 y 1721/22, fechadas el 10/01/2022 y suscriptas por CLAUDIA PETRINO y CARLOS EDUARDO SARMIENTO , mediante las cuales se remiten copia fiel del expediente SRT N° 132981/21, el historial de vigencias del registro de contratos y copia fiel del dictamen de Comisión Médica correspondiente al expediente SRT N° 012-L-01044/10.
El expediente SRT N° 132981/21 fue iniciado el 29/04/2021 ante la Comisión Médica N° 12 de Mar del Plata, bajo el trámite "Divergencia en la Determinación de la Incapacidad", correspondiente a TORRES DIEGO MANUEL (CUIL 20-30577901-7), figurando como empleadora la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA UNION LIMITADA (CUIT 30-70908191-4) y como aseguradora SWISS MEDICAL ART S.A. Se consigna como fecha del accidente el 16/07/2020, tareas de estibador y antigüedad eventual.
De los registros de atención médica incorporados surge que el trabajador fue asistido en la Clínica de Fracturas y Ortopedia por lumbalgia post esfuerzo, con dolor paravertebral bilateral en región lumbar y dorsolumbar y posición antálgica. Se indicaron radiografías, reposo, calor, medicación y resonancia magnética de columna lumbar. En la evolución del 23/07/2020 se consignó lumbociatalgia bilateral post esfuerzo, aparentes parestesias en territorio L5 y S1, Lasègue positivo bilateral, marcha en talones y puntas con dolor y actitud en flexión del tronco, solicitándose bloqueo radicular selectivo L5-S1 bilateral guiado bajo tomografía y optimización de la analgesia.
Se acompaña informe de resonancia magnética de columna lumbosacra del 17/07/2020, suscripto por la doctora PAOLA B. SACOLLE , matrícula provincial 95.878. El estudio describe discretos cambios Modic tipo 1 en los platillos vertebrales de L4-L5 y L5-S1, asociados a pequeñas hernias de Schmorl; disminución de altura y señal de los discos L3-L4, L4-L5 y L5-S1, por deshidratación discal; ánulus protruyente en L3-L4; protrusión discal difusa posterior en L4-L5 y posteromedial en L5-S1, que improntan sobre la cara ventral del saco dural y obliteran el plano graso epidural anterior. Se informan canal raquídeo y neuroforámenes de calibre conservado y cono medular de señal y situación conservadas. Concluye: "Protrusiones discales a nivel de L4-L5 y L5-S1. Discretos cambios Modic tipo 1 a nivel de L4-L5 y L5-S1".
Se adjunta constancia de alta médica del 03/08/2020, sin secuelas incapacitantes, con retorno al trabajo el 04/08/2020. Obra también solicitud de reingreso a tratamiento del 03/02/2021, en la cual el trabajador manifestó persistencia de dolor y falta de resolución de la patología. En la evaluación del 04/02/2021 se consignó: "SE RECHAZA RECHAZA REINGRESO POR PATOLOGIA DEGENERATIVA LUMBAR L3 A S1 (INCULPABLE)", otorgándose alta con retorno laboral el 05/02/2021.
Con fecha 01/06/2021 se celebró audiencia médica, con intervención del actor, su letrado patrocinante REYNALDO JOSE DISANTO , la médica de la aseguradora MARÍA CECILIA BONIFACIO , matrícula provincial 96.533, y el médico de la Comisión JORGE SANTIAGO BERTONE , matrícula nacional 159.323. Se registró que el trabajador refirió haber quedado "duro" mientras manipulaba peso en sus tareas habituales, haber recibido tratamiento sintomático y resonancia magnética y que el bloqueo anestésico bajo tomografía solicitado no había sido autorizado. Se consignó alta con derivación a la obra social y posterior rechazo del reingreso por patología degenerativa.
En el examen de columna dorsolumbar se dejó constancia de triángulo de la talla sin anomalías, ausencia de cicatrices y contracturas paravertebrales, flexión de 0° a 80°, extensión de 0° a 30°, rotación derecha e izquierda de 0° a 30° e inclinación lateral de 20° hacia ambos lados. Se registraron tono y trofismo de miembros inferiores conservados, fuerza del hallux conservada bilateralmente, signos de Lasègue y Wassermann negativos, reflejos presentes y simétricos, sensibilidad y fuerza contra resistencia conservadas. El trabajador refirió dolor lumbar irradiado a ambos miembros inferiores, sin topografía nerviosa. Se consignó como diagnóstico lumbalgia post esfuerzo.
En el apartado de preexistencias se individualizan los expedientes Nros. 012-L-03153/14, 012-L-03801/14, 012-L-03213/14 y 104596/15, vinculados con una contingencia del 31/07/2014; el expediente N° 225580/15, correspondiente a una contingencia del 01/10/2015; y los expedientes Nros. 14735/19 y 174124/19, relativos a una contingencia del 05/12/2018. En este último se registra una incapacidad de 0,00%, mientras que en los restantes no se consigna un porcentaje numérico. Se deja asentado: "Otras Preexistencias: No refieren las partes ni constan en el SRT".
Con fecha 14/06/2021 la Comisión Médica N° 12 emitió dictamen suscripto por JORGE SANTIAGO BERTONE , matrícula nacional 159.323, y DINA ROSA JULLIER , matrícula nacional 140.366. Definió la contingencia como accidente de trabajo y diagnosticó lumbalgia post esfuerzo. Respecto de las protrusiones discales y los cambios Modic evidenciados en la resonancia, consignó que "corresponden a enfermedad de carácter inculpable, no relacionada con el siniestro que motiva las presentes actuaciones" y que la sintomatología constituía la traducción clínica de la patología inculpable de base.
Luego de valorar la documentación y el examen, concluyó que el trabajador "no presenta secuelas generadoras de Incapacidad Laboral, de acuerdo a lo normado por el Decreto 659/96 modificado por el Decreto 49/14, como consecuencia del siniestro denunciado". Determinó "SIN INCAPACIDAD", con la observación "sin secuelas resarcibles devinientes del accidente denunciado", y consideró que no correspondía continuar con prestaciones por la aseguradora. Se acompañan constancias de notificación del dictamen a la ART, empleadora y letrado patrocinante del 14/06/2021.
Con fecha 23/06/2021 el Servicio de Homologación emitió opinión de legalidad, considerando cumplidos los requisitos del procedimiento y propiciando el dictado del acto de clausura. El 24/06/2021, mediante disposición DIAPA-2021-2384-APN-SHC12#SRT, suscripta por ANDREA PATRICIA LEDERHOS , se aprobó el procedimiento y la determinación de que TORRES DIEGO MANUEL no poseía incapacidad como consecuencia de la contingencia del 16/07/2020.
La disposición hizo saber la posibilidad de recurrir ante la Comisión Médica Central dentro de quince días y la opción de acudir a la justicia ordinaria laboral. Transcribió asimismo el art. 2 inc. j) de la Ley 15.057, relativo a la revisión mediante acción laboral ordinaria dentro de noventa días hábiles judiciales desde la notificación. Se adjunta constancia de notificación de la disposición a la aseguradora, empleadora y letrado patrocinante del 24/06/2021 y solicitud de archivo del expediente del 21/07/2021.
Respecto del historial de vigencias, mediante Nota D.A.C. N° 1814/22 se informa: "Se adjunta el Historial de Vigencias del Registro de Contratos de esta SRT con la información solicitada sobre el contrato correspondiente. Con relación al objeto del mismo, deberá estarse a lo establecido en el modelo único de contratos aprobado por el Anexo II de la Resolución SRT N° 463/09".
La consulta identifica a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA UNION LIMITADA (CUIT 30-70908191-4), con afiliación vigente a SWISS MEDICAL e inicio de afiliación el 01/07/2011. Se registra el contrato N° 110266 y sus sucesivos movimientos, entre ellos el período comprendido entre el 01/11/2019 y el 31/12/2021 y un endoso desde el 01/01/2022, con estado "Afi. Vigente". El historial contiene también antecedentes de contratación con ASOCIART, contrato N° 141756, y PREVENCIÓN, contratos Nros. 146027 y 200715.
Mediante Nota D.A.C. N° 1721/22 se remite copia fiel del dictamen de Comisión Médica correspondiente al expediente SRT N° 012-L-01044/10. Dicho documento, fechado el 01/12/2010, corresponde a BLANCO FEDERICO RAUL (DNI 29.391.477; CUIL 20-29391477-0), estibador de COTRAPORT S.RL. (CUIT 30-63269941-3), asegurada por MAPFRE A.R.T. S.A., por un accidente del 23/12/2009.
Oficio AFIP : agregado electrónicamente con fecha 14/06/2022, quien informa: "Hago saber la imposibilidad de dar respuesta a lo requerido en el oficio adjunto, toda vez que no ha sido acompañado el arancel establecido por la Disposición Nº 106/2021 (AFIP), publicada en el Boletín Oficial el 20 de julio de 2021, no surgiendo la existencia de causales de excepción de la norma indicada."
3. PERITAJES :
PERICIA MÉDICA: presentada electrónicamente con fecha 21/06/2022 por el perito médico especialista en traumatología ESTEBAN MARTIN FILIPPA , matrícula provincial 93.828, quien informa haber examinado las constancias de autos y realizado el examen médico especializado del actor, sin consignar la fecha de este último.
Al examen refiere que el trabajador manifiesta dolor, sin contracturas musculares ni déficit neurológico motor o sensitivo. Consigna flexión de 50 grados, extensión de 30 grados, rotaciones de 40 grados y lateralización de 30 grados.
Al responder los puntos de pericia, señala que, en el contexto de un esfuerzo laboral por las tareas que realizaba, el actor sufrió una lumbalgia aguda. Individualiza como fecha del esfuerzo el 16/07/2020 y considera probable que este hubiera desencadenado el proceso inflamatorio lumbar, incrementado por las preexistencias.
Refiere que fue asistido por médicos e institución prestadores de la ART en la Clínica de Fracturas y Ortopedia, donde recibió tratamiento sintomático y se le realizó una resonancia de columna lumbosacra. Agrega que se indicó un bloqueo bajo tomografía que no fue autorizado por la aseguradora. Informa que el actor no fue intervenido quirúrgicamente ni estuvo internado y consigna como fecha de alta definitiva el 03/08/2020. Señala asimismo que, al momento de la evaluación, no realizaba las tareas que desarrollaba cuando ocurrió el accidente.
En cuanto a las secuelas, manifiesta que no revisten carácter permanente y que, considerando el Baremo de la Ley 24.557, el actor se encuentra sin incapacidad. Al responder los puntos de la demandada, refiere que la Comisión Médica Jurisdiccional N° 12, en el expediente SRT N° 132981/21, diagnosticó lumbalgia post esfuerzo y determinó ausencia de incapacidad. Considera que esa determinación se ajusta a la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y expresa que su evaluación coincide con la efectuada en sede administrativa.
Respecto de las prestaciones recibidas, las califica como correctas, aunque básicas y mínimas por parte de la ART. Aclara que su función consiste en evaluar al paciente, el tratamiento realizado y sus posibles secuelas, dejando a consideración del Tribunal la determinación de eventuales omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales.
PERICIA CONTABLE: presentada electrónicamente con fecha 29/08/2022 por el contador público nacional MARCELO DANIEL FERNÁNDEZ , inscripto en el C.P.C.E.P.B.A. al Tº 111, Fº 17, legajo N° 28522/6, quien informa haberse expedido sobre la documentación obtenida.
Al responder los puntos de pericia, consigna como fecha de ingreso y primera manifestación del siniestro el 16/07/2020. Para la liquidación considera una incapacidad del 15% y una edad de 39 años. Informa un jornal de $ 5.200,10, que multiplica por 30,4, consignando una remuneración base de $ 158.086,04. Transcribe la operación "53X158086,04X15%X1,66X20%" y establece como resultado una indemnización de $ 2.503.466,25.
Para la actualización del ingreso base utiliza como fecha del siniestro el 20/07/2020 y como fecha de cálculo el 29/08/2022. Sobre el ingreso base de $ 158.086,04 informa una actualización por tasa pasiva digital de $ 131.796,59, consignando un ingreso base actualizado de $ 289.882,63. Mediante tasa activa determina una actualización de $ 135.358,75 y un ingreso base actualizado de $ 293.444,79.
En la planilla de actualización por RIPTE consigna el período 2020/06, un haber devengado de $ 158.086,00, índice vigente de 6670,93, variación de 2,29 y coeficiente de 2,42, obteniendo un ingreso base actualizado de $ 382.712,90. Sobre este último informa una prestación de $ 5.070.945,91 y un adicional del 20% del art. 3 de la Ley 26.773 de $ 1.014.189,18, consignando un total histórico de $ 6.085.135,09, que identifica también como indemnización actualizada por RIPTE.
Detalla asimismo intereses conforme la tasa libre destino a treinta y seis meses por $ 6.354.381,48 y un total de $ 12.439.516,58; intereses a tasa activa por $ 5.436.001,22 y un total de $ 11.521.136,32; e intereses por variación RIPTE conforme el DNU 669/19 por $ 6.204.921,62 y un total de $ 12.290.056,72. Identifica este último importe como liquidación con intereses.
Respecto de la cobertura, informa que la empleadora mantenía contrato de seguro vigente con SWISS MEDICAL a la fecha del siniestro, individualizando el contrato N° 110266, suscripto el 01/07/2011. Señala que la aseguradora lleva su documentación en legal forma y que el contrato de afiliación se encuentra debidamente registrado.
En relación con la nómina, manifiesta que el actor no se encontraba incluido como personal activo al inicio de la vigencia del contrato, por cuanto este comenzó el 01/07/2011 y el trabajador se incorporó el 20/07/2020. Al responder los puntos relativos a la cobertura al momento de la contingencia y a su inclusión en la nómina de la empleadora el 16/07/2020, afirma que se encontraba registrado como personal activo y beneficiario de la cobertura.
Al responder el punto relativo al ingreso base del art. 12 LRT, reproduce el jornal de $ 5.200,10, la base de $ 158.086,04, la incapacidad del 15%, la edad de 39 años y el resultado indemnizatorio de $ 2.503.466,25. En cuanto a los topes de ANSES correspondientes al momento del accidente, informa un mínimo de $ 6.105,79 y un máximo de $ 198.435,52.
Señala que la empleadora denunció la contingencia el 16/07/2020 y que la aseguradora brindó asistencia médica. Informa que se registran pedidos de reingreso y rechazos por patología degenerativa lumbar de L3 a S1, considerada inculpable. Respecto de las prestaciones en especie, refiere que el trabajador recibió tratamiento sintomático por parte del prestador.
Finalmente, manifiesta que de la documentación examinada no surge el pago de liquidación alguna en concepto de indemnización por accidente. Al responder sobre el pago de prestaciones dinerarias, señala que no tuvo a la vista constancias de pagos al actor, aclarando que no efectúa valoración de la prueba.
Impugnación a la pericia contable. Con fecha 08/09/2022, el doctor RANA MARTIN OSVALDO , en representación de la demandada, impugna el informe y solicita explicaciones. Sostiene que el experto excedió la tarea encomendada al practicar una liquidación por incapacidad laboral permanente parcial y definitiva que su parte no había requerido. Cuestiona asimismo la determinación del ingreso base mediante la multiplicación del jornal de $ 5.200,10 por 30,4.
Solicita que el perito indique de dónde obtuvo dicho jornal, si requirió a la aseguradora la documentación necesaria y qué normativa utilizó para efectuar el cálculo. Requiere que explique por qué se apartó del art. 12 de la Ley 24.557 y que practique una nueva determinación, sumando las remuneraciones del último año, dividiendo el resultado por 365 días para obtener el ingreso base diario y multiplicándolo por 30,4. Pide expresamente que solicite a su representada la documentación pertinente.
Respuesta del perito contador. Con fecha 30/03/2023, MARCELO DANIEL FERNÁNDEZ presenta su respuesta, manifestando haber obtenido documentación de la demandada.
En esta presentación consigna como fecha de ingreso el 01/05/2019 y mantiene como primera manifestación del siniestro el 16/07/2020. Para la liquidación utiliza una incapacidad del 15% y una edad de 39 años. Reitera el jornal de $ 5.200,10, su multiplicación por 30,4 y la remuneración base de $ 158.086,04. Reproduce la operación "53X158086,04X15%X1,66X20%" y el resultado indemnizatorio de $ 2.503.466,25.
Mantiene los cálculos de actualización con fecha de siniestro 20/07/2020 y fecha de actualización 29/08/2022. Informa una actualización por tasa pasiva digital de $ 131.796,59 y un ingreso base actualizado de $ 289.882,63; y por tasa activa, una actualización de $ 135.358,75 y un ingreso base actualizado de $ 293.444,79.
En la planilla RIPTE reproduce el período 2020/06, haber devengado de $ 158.086,00, índice de 6670,93, variación de 2,29 y coeficiente de 2,42, consignando un ingreso base actualizado de $ 382.712,90. Sobre este informa una prestación de $ 5.070.945,91 y un adicional del art. 3 de la Ley 26.773 de $ 1.014.189,18, con un total histórico de $ 6.085.135,09.
Reitera intereses conforme la tasa libre destino a treinta y seis meses por $ 6.354.381,48 y un total de $ 12.439.516,58; intereses a tasa activa por $ 5.436.001,22 y un total de $ 11.521.136,32; e intereses por variación RIPTE conforme el DNU 669/19 por $ 6.204.921,62 y un total de $ 12.290.056,72, identificando este último importe como liquidación con intereses.
Respecto de la cobertura, informa que SMG celebró un contrato de seguro con la COOPERATIVA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DEL ESTIBAJE el 04/03/2013, solicitud N° 32431, encontrándose el actor incluido. Seguidamente, reitera la existencia del contrato N° 110266, suscripto el 01/07/2011 con SWISS MEDICAL y vigente a la fecha del siniestro. Señala que el accidente fue denunciado el 16/07/2020, que el trabajador recibió prestaciones médicas y que de la documentación aportada no surge que hubiera percibido suma de dinero alguna.
Al responder los puntos de la demandada, manifiesta que la aseguradora lleva su documentación en legal forma y que aportó libros diarios, subdiarios, registros de afiliaciones, altas y bajas, registros de siniestros y subdiarios de anulaciones y amortizaciones. Informa que se encuentran autorizados y rubricados por la Inspección General de Justicia bajo el registro N° 7733 del 20/02/2018, con autorización para emitir registros ópticos. Ratifica que el contrato de afiliación se encuentra debidamente registrado.
En relación con la nómina, afirma en esta respuesta que el actor se encontraba incluido como personal activo a la fecha de entrada en vigencia del contrato de afiliación. Señala asimismo que estaba registrado y comprendido en la cobertura al momento de la contingencia, consignando nuevamente como fecha de ingreso el 01/05/2019.
Mantiene los topes de ANSES informados, de $ 6.105,79 como mínimo y $ 198.435,52 como máximo. Reitera que se registran pedidos de reingreso y rechazos por patología degenerativa lumbar de L3 a S1, considerada inculpable, y que el trabajador recibió tratamiento sintomático. Finalmente, señala que no tuvo a la vista constancias de pagos de prestaciones dinerarias al actor, aclarando que no efectúa valoración de la prueba.
PERICIA PSICOLÓGICA: presentada electrónicamente con fecha 26/12/2023 por la licenciada en Psicología PATRICIA NORA VILLANUEVA , matrícula provincial 45.556, quien informa haber mantenido dos entrevistas con el actor, de 41 años, sin precisar sus fechas, y administrado Cuestionario Desiderativo, tests gráficos proyectivos HTP y Machover y test de Rorschach.
Al examen observa un discurso coherente, fluido y adaptado a la realidad, con juicio y pensamiento crítico conservados. Describe al entrevistado como dispuesto, colaborador y amable.
Al recoger los antecedentes, consigna que el actor refirió haber comenzado a trabajar como estibador en 2003 y que el hecho ocurrió en julio de 2020, mientras realizaba tareas de fuerza, levantando cajones de 35 kilogramos y trabajando en congeladores, ocasión en la que quedó "duro", sin poder moverse. Relató que el capataz lo trasladó hasta la oficina y que posteriormente su cuñado lo llevó a la Clínica de Fracturas. Manifestó que, ante la persistencia del dolor, volvió a consultar y un médico le informó que presentaba doble hernia discal. Refirió que recibió indicación de kinesiología y alta médica, que firmó en disconformidad, sin volver a trabajar en esa actividad. Señaló que continuaba sintiendo dolor al cortar el pasto, lavar el automóvil o subir escaleras y que actualmente desarrollaba un emprendimiento de impresiones gráficas, oficio aprendido con anterioridad.
En cuanto a sus antecedentes personales, refiere que nació en Villa Gesell y que su familia se trasladó posteriormente a Madariaga y Mar del Plata. El entrevistado describió una infancia difícil, durante la cual quedó al cuidado de padres de crianza por desavenencias entre sus progenitores, manteniendo actualmente relación con sus padres biológicos y algunos hermanos. Completó la escuela primaria y estudió electricidad del automotor. Expresó que comenzó a trabajar en el puerto porque su padre realizaba esa tarea. Se encuentra casado desde 2002 y tiene tres hijas, de 20, 18 y 13 años. Manifestó una muy buena relación con su esposa, participación en la crianza y educación de sus hijas y vínculos activos con amigos. Refirió que la familia profesa la religión cristiana y que nunca realizó tratamiento psicológico ni psiquiátrico.
Respecto de las técnicas administradas, informa que la producción gráfica muestra funciones de realidad conservadas y ausencia de fallas en la organización defensiva. En el Cuestionario Desiderativo observa un yo capaz de tolerar y sobreponerse a la ansiedad y cumplir con la consigna, con capacidad para discriminar aspectos internos valorados y rechazados y predominio de defensas de tipo depresivo. En Rorschach registra adecuada calidad de respuestas, capacidad de interacción efectiva con el medio familiar y social y recursos internos para afrontar situaciones de estrés.
En los resultados de la evaluación califica como adecuados el reconocimiento de la realidad, la adaptación a normas, el pensamiento, el juicio crítico, las defensas, el control de impulsos y el humor, goce y sublimación. Describe relaciones interpersonales aceptables, identidad integrada y capacidad de trabajo activa. Ubica el nivel de organización de la personalidad como "NORMAL (Neurótico sin síntomas)", sin indicadores de daño orgánico y con capacidad intelectual media.
Al responder los puntos de pericia, considera que el actor logró constituir una familia que opera como sostén afectivo, desarrollar una actividad laboral autónoma y responder de manera adaptativa a las demandas de su vida. Señala que dispone de recursos psíquicos para preservar la integridad de su yo y afrontar el evento de autos y el sufrimiento resultante, habiendo encontrado otro medio de vida que desarrolla autónomamente.
Concluye que no se evidencia perturbación psicológica actual relacionada con el hecho. Explica que la flexibilidad de su organización defensiva y la capacidad de canalizar los impulsos mediante procesos yoicos le permitieron atravesar el acontecimiento con sufrimiento físico y psíquico, sin desarrollar un síndrome reactivo ni un cuadro psicopatológico. Considera que no se configuró daño psíquico.
No observa requerimiento de psicoterapia, por no evidenciar alteraciones de la personalidad vinculadas con el evento ni un incremento significativo de los rasgos previos. Finalmente, no determina incapacidad psíquica o psicológica alguna derivada del hecho de autos.
Valoradas las constancias obrantes en autos conforme las reglas de la sana crítica (art. 57 Ley 15.057), advierto en primer término que no constituye materia controvertida que TORRES DIEGO MANUEL denunció un accidente de trabajo ocurrido el 16/07/2020, ni que SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. recibió la denuncia, brindó prestaciones médicas y otorgó el alta el 03/08/2020. Tampoco se encuentra controvertido que el trabajador promovió posteriormente el procedimiento de divergencia en la determinación de la incapacidad ante la Comisión Médica N° 12, que concluyó sin reconocer secuelas incapacitantes derivadas de la contingencia.
El aspecto central de la controversia radica entonces en determinar si el accidente denunciado dejó secuelas físicas o psíquicas permanentes que justifiquen las prestaciones reclamadas y si existe necesidad de asistencia psicológica vinculada con dicho acontecimiento.
En cuanto a las concretas modalidades de prestación, adquieren particular relevancia las actuaciones administrativas remitidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la documentación acompañada con la demanda. La constancia de alta registral individualiza al actor como estibador de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA UNION LIMITADA, bajo modalidad eventual, con inicio y cese el 16/07/2020. El historial de contratos identifica a dicha empleadora mediante el CUIT 30-70908191-4 y registra su afiliación a la demandada mediante el contrato N° 110266, iniciado el 01/07/2011.
De las actuaciones administrativas surge que el trabajador refirió haber quedado "duro" mientras manipulaba peso en sus tareas habituales. Se documentó atención por lumbalgia post esfuerzo, tratamiento sintomático, estudios por imágenes y posterior alta médica. También quedó registrada la solicitud de reingreso del 03/02/2021 y su rechazo luego de la evaluación del 04/02/2021, por considerarse que presentaba patología degenerativa lumbar de carácter inculpable.
Tales antecedentes deben apreciarse con el alcance que corresponde a cada uno de ellos. La denuncia, la asistencia médica y el tratamiento recibido acreditan la existencia de un episodio que requirió atención, mientras que la procedencia de la prestación por incapacidad permanente exige establecer la persistencia de secuelas resarcibles vinculadas con aquel. El otorgamiento de prestaciones durante la incapacidad temporaria no determina por sí mismo la existencia de una disminución permanente de la capacidad laborativa.
Especial relevancia probatoria reviste la pericia médica elaborada por Esteban Martin Filippa. El experto informó haber examinado las constancias de autos y realizado la evaluación especializada del trabajador. Consignó dolor referido, ausencia de contracturas musculares y de déficit neurológico motor o sensitivo, con flexión de 50 grados, extensión de 30 grados, rotaciones de 40 grados y lateralización de 30 grados.
Sin embargo, el experto, expresó que las secuelas no revestían carácter permanente y concluyó que el actor se encontraba sin incapacidad conforme el Baremo de la Ley 24.557. El informe no atribuye a aquella medición una secuela permanente causada por el accidente.
De este modo, ponderando conjuntamente dichos elementos, considero acreditado que el trabajador atravesó un episodio de lumbalgia aguda en el contexto del esfuerzo laboral denunciado. Esta conclusión encuentra sustento en los registros asistenciales y en la explicación del perito acerca de la probable desencadenación de un proceso inflamatorio lumbar. La existencia de ese episodio no permite tener por demostrada, sin la correspondiente determinación técnica, una incapacidad permanente derivada del mismo.
El art. 8 apartado 1 de la Ley 24.557 exige que el daño ocasione una disminución permanente de la capacidad laborativa. No desconozco tampoco que la Comisión Médica N° 12 concluyó en sede administrativa que el actor no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral como consecuencia del siniestro. Sin embargo, dicha conclusión debe ser ponderada juntamente con la prueba producida en autos. Su relevancia en este proceso deriva de su correspondencia con la conclusión alcanzada por el perito médico judicial, quien examinó al trabajador y manifestó que su evaluación coincidía con la realizada por aquel organismo.
El alcance incapacitante del cuadro debe apreciarse con los exámenes y conclusiones técnicas incorporados. La Comisión Médica consideró que las alteraciones evidenciadas en la resonancia correspondían a patología inculpable de base y que no existían secuelas resarcibles del accidente. Por su parte, el perito judicial no constató contracturas ni déficit neurológico motor o sensitivo y, aunque registró dolor, respondió expresamente que las secuelas no eran permanentes.
La pericia psicológica elaborada por Patricia Nora Villanueva aporta una evaluación específica de la repercusión psíquica del acontecimiento. La experta mantuvo dos entrevistas y administró Cuestionario Desiderativo, tests gráficos HTP y Machover y test de Rorschach. Describió funciones de realidad conservadas, juicio crítico adecuado, recursos defensivos disponibles y capacidad de vinculación efectiva con el medio familiar y social.
De tal manera, ponderando integralmente la prueba informativa, documental administrativa, médica y psicológica producida en autos , considero que no se ha acreditado la existencia de secuelas permanentes físicas o psíquicas atribuibles al accidente que sustenten la incapacidad reclamada. La persistencia del dolor referido y los cambios en la actividad laboral relatados por el trabajador integran los antecedentes examinados, pero no permiten sustituir la determinación técnica de una incapacidad permanente derivada de la contingencia.
En cuanto al grado de incapacidad, corresponde valorar la conclusión técnica alcanzada por el perito médico. El experto manifestó haber considerado el Baremo de la Ley 24.557 y concluyó que el actor se encontraba sin incapacidad. El porcentaje del 15% invocado en la demanda no encuentra correspondencia con una determinación pericial de secuelas permanentes causadas por el accidente.
La experta en psicología concluyó, por su parte, que el trabajador atravesó el acontecimiento con sufrimiento, conservando recursos para responder de manera adaptativa, sin desarrollar síndrome reactivo ni cuadro psicopatológico. No determinó daño psíquico ni incapacidad psicológica y tampoco observó necesidad de psicoterapia por alteraciones vinculadas con el hecho o por un incremento significativo de rasgos previos. Esta conclusión específica priva de sustento técnico al reclamo de asistencia psicológica formulado en la demanda.
La pericia contable aporta, por su parte, elementos relativos a la cobertura, denuncia de la contingencia, prestaciones y cuantificación pretendida. El experto informó la existencia del contrato N° 110266, vigente a la fecha del siniestro, la denuncia efectuada por la empleadora y la asistencia médica recibida. Consignó un ingreso base de $ 158.086,04 y un ingreso base actualizado por RIPTE de $ 382.712,90. También señaló que no surgía el pago de una indemnización por accidente y que no había tenido a la vista constancias de pagos de prestaciones dinerarias. Estas últimas manifestaciones dan cuenta del alcance de la documentación examinada, sin acreditar por sí mismas la existencia de una prestación por incapacidad permanente exigible.
Por ello, la documentación salarial y el desarrollo contable conservan su alcance respecto de los extremos sobre los que informan, sin que sus resultados económicos permitan suplir la falta de acreditación de incapacidad permanente. Ante la ausencia de ese presupuesto, no resulta necesario resolver las divergencias relativas a la cuantificación para decidir la pretensión.
Entonces, valorando integralmente la prueba producida conforme las reglas de la sana crítica, tengo por no acreditado que el actor TORRES DIEGO MANUEL presente secuelas incapacitantes permanentes derivadas del accidente del 16/07/2020, ni necesidad de asistencia psicológica vinculada con dicho acontecimiento . En consecuencia, corresponde rechazar íntegramente la demanda.
Solicita la parte actora inconstitucionalidades de los arts. 21, 22, 46, 50 de ley 24.557, decretos 717/96, 1278/00 y 410/01. Inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/2014, reglamentario de ley 26.773, Inconstitucionalidad del DNU 54/17; inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3,12, 14,15, 16 y 21 de ley 27.348, y decretos reglamentarios, y de la ley 14.997 que adhirió la Provincia de Bs. As. a la ley 27.348. La demandada defiende la constitucionalidad de los layes mencionadas.
Aclaro que, en autos, el actor demanda por la vía sistémica de la LRT, y solo tratare las inconstitucionalidades pertinentes para el presente reclamo, ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018; e.o.; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004; e.o.).
Considerando que la ley 14.997 de la Provincia de Bs As fue publicada en el BO el 08/1/18; la cual adhiere a la ley 27.348, y el accidente reclamado en autos acaeció el 06/6/18, posterior a la misma; debe aplicarse la mencionada ley. En todo de acuerdo con la doctrina de los fallos "Marchetti", "Delgadillo" y otros de la SCJBA, los que consideraron constitucional la ley 14.997 y el paso previo por las Comisiones Médicas, indispensable para concluir la vía administrativa y poder incurrir en la acción ordinaria ante los Tribunales del Trabajo, considero constitucional la misma. También en acuerdo al fallo "Pogonza" de la CSJN, manifestando que resulta razonable la finalidad perseguida por el legislador al atribuir competencias decisorias a las comisiones médicas, ya que los vicios de la ley 24.557, fueron subsanados por la ley 27.348, la que permite recurrir las decisiones de las comisiones medicas jurisdiccionales o de la Central ante los tribunales con competencia laboral de la Jurisdicción local; garantizando la revisión Judicial plena de hechos y derechos. Considero constitucional a dichas Comisiones Médicas.
Vale aclarar, que a la fecha de esta sentencia se encuentra vigente el Decreto 549/2025 del día 05/08/2025 (B.O. 06/08/2025) que en su art. 1 sustituye "el ANEXO I del Decreto 659 del 24 de junio de 1996" por un nuevo ANEXO "TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES", modificando así la tabla vigente que cuya última actualización fue mediante el art. 2 del dto de 49/2014.El decreto 549/2025 dispone en su art. 3 que "-La "TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES", sustituida por el artículo 1 del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, y a partir de esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre.
Considero que el mencionado artículo no supera la condición de legalidad requerida para que avanzar satisfactoriamente en el análisis de su constitucionalidad, dado que supone la aplicación retroactiva de la norma en franca violación con lo dispuesto por el art. 7 del CCCN. - En mi opinión, la norma cuya aplicación se pretende retroactiva, no posee un estricto carácter procesal en cuyo caso admitiría aplicación retroactiva y además seria materia reservada a cada jurisdicción (arts. 75, incs. 12 y ccdtes). La norma regula sobre el grado de incapacidad que se reconoce por cada lesión o secuela que se deriva de un infortunio laboral, siendo esta una de las variables que integra la fórmula para determinar la indemnización correspondiente que deviene del infortunio laboral (arts. 11, 14 y 15 LRT). Es decir, impacta sobre el derecho de fondo al integrar la formula aplicable para determinar la reparación del daño.
Considero que el momento en que ocurrió el evento dañoso, primera manifestación invalidante o fecha del accidente, fija el marco normativo aplicable. Estamos en presencia de situaciones jurídicas consumadas bajo la norma anterior, la aplicación retroactiva altera las consecuencias jurídicas de un hecho ya consumado afectando lo previsto en los arts. 7 del CCCN, 17 y 28 de la CN. Así lo dispone al art. 2 de la Ley 26773 que "El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso".
Por ello he resuelto en base al dictamen pericial oportunamente presentado, con la valoración efectuada en base al baremo temporalmente vigente.
Luego de comprobados los hechos expuestos precedentemente, corresponde una decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según corresponde por ley y declarando el derecho de los litigantes (arg. art. 57 inc. 6to. Ley 15.057), y resolver la procedencia de los créditos reclamados en la acción del siguiente modo: no demostrada la existencia de secuelas incapacitantes permanentes derivadas del accidente de trabajo del 16/07/2020, en los términos del art. 8 de la Ley 24.557, corresponde rechazar íntegramente la acción promovida por TORRES DIEGO MANUEL contra SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. (arg. art. 57 inc. 6° Ley 15.057).-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba , ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As; art. 57 ssgtes y ccdtes ley 15.057).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DOCTOR MEREB , dijo:
Adhiero por sus fundamentos y voto en idéntico alcance que el Dr. ESCOBAR.-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As; art. 57 ssgtes y ccdtes ley 15.057)
A LA PRIMERA CUESTION EL DOCTOR CORDERO , dijo:
Adhiero por sus fundamentos y voto en idéntico alcance que el Dr. ESCOBAR.-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO. (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057).-
A LA SEGUNDA CUESTION: El señor Juez Dr. Escobar dijo:
Atento el resultado de la votación habida precedentemente y por los fundamentos legales allí referidos corresponde:
Hacer lugar a las inconstitucionalidades decretadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este tribunal para resolver la presente causa.-
Rechazar los restantes planteos de inconstitucionalidad deducidos en la demanda por los fundamentos expuestos en la primera cuestión y en función de cómo se resuelve la presente causa.-
Por los fundamentos legales considerados en la Cuestión anterior corresponde rechazar íntegramente la demanda incoada por TORRES DIEGO MANUEL (D.N.I. N° 30.577.901) contra SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. (CUIT 33-68626286-9) , en cuanto persigue el cobro de prestaciones dinerarias en concepto de indemnización por incapacidad laboral derivada del accidente de trabajo denunciado y asistencia psicológica conforme el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.-
Imponer las costas a la parte actora TORRES DIEGO MANUEL (D.N.I. N° 30.577.901) con el beneficio de los arts. 20 L.C.T. y 27 Ley 15.057 (arts. 24 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.).-
Corresponde calcular los intereses tomando como base el monto reclamado en demanda PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.669.520,33) a los efectos de la regulación de honorarios, los que se determinan con arreglo a la tasa que el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta (30) días vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos (SCBA L 108.164 "Abraham" y "ZOCARO; TOMAS ALBERTO c/ PROVINCIA ART S.A. y otro/a Daños y Perjuicios" del 11/03/2015) y se calculan en base a la TASA PASIVA CAT (tasa digital opción plazo fijo tradicional), que paga dicho banco: 1) desde la fecha del accidente denunciado (16 de julio de 2020), hasta la notificación de la demanda (6 de agosto de 2021), que ascienden a la suma de $ 1.008.330,95, que se acumulan al monto reclamado totalizando la suma de $ 3.677.851,28 (art. 770 inc. b) CCCN). 2) El importe resultante de la acumulación de capital más intereses del Punto 1) devenga el mismo tipo de interés moratorio referido durante el segundo período de 1.923 días consignado en la liquidación, ascendiendo a la suma de $ 10.111.634,19, totalizando de este modo el monto entre capital e intereses la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 13.789.485,47) .
Totalizando la suma de intereses un total de $ 11.119.965,14, monto el cual luce desproporcionado en relación al monto inicial, en consecuencia, y atento lo normado por el art. 23 de la Ley 14.967 propongo reducir el monto de intereses en un 50%, arrojando un resultado de $ 5.559.982,57 por tal concepto, lo que sumado al capital (monto reclamado en demanda) arroja un resultado de $ 8.229.502,90 en concepto de capital e intereses reducidos en 50% conforme art. 23 Ley 14967.-
Sobre dicha base regulatoria ( $ 8.229.502,90 ) estimo justo regular, habiéndose tenido en cuenta el valor mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de las particularidades del caso puede derivarse para el profesional, al resultado obtenido, la trascendencia de la solución a la que se llega, las actuaciones de los profesionales intervinientes en el desarrollo del proceso en las distintas etapas, la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate, el tiempo empleado en la solución del litigio en beneficio de sus mandantes los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor REYNALDO DI SANTO en la cantidad de VEINTE CON CUARENTA Y DOS (20,42) JUS (Equivalentes al día de la fecha a PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA CON 41/100 ($ 1.152.130,41) , valor del JUS a la fecha $ 56.426, conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), los del letrado apoderado de la parte demandada, doctor MARTIN OSVALDO RANA en la cantidad de VEINTINUEVE CON DIECISIETE (29,17) JUS (Equivalentes al día de la fecha a PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 58/100 ($ 1.645.900,58) , valor del JUS a la fecha $ 56.426, conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (Arts. 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25 párrafo 2do., 28, 51, 54, 63 y concds. de la ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, los del perito médico ESTEBAN MARTIN FILIPPA en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 576.065,20) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito contador MARCELO DANIEL FERNÁNDEZ en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 576.065,20) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620), a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), y los del perito psicólogo Lic. PATRICIA NORA VILLANUEVA en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 576.065,20) con más el 10% (art.15 inc. w Ley 10.306), a los que se adicionará el porcentaje de ley y en caso de resultar los profesionales intervinientes inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.-
Atento lo dispuesto por los arts. 730 CCyCN y 277 LCT y doctrina legal SCBA en el fallo L. 117.701 "Titos María Luciana c/ Atento Argentina S.A s/ cobro de salarios", corresponde en este estado limitar la responsabilidad de la actora condenada en costas hasta el 25% del monto de la sentencia, prorrateando el monto de los honorarios profesionales a su cargo, incluyendo en dicha limitación aparte de los honorarios, los aportes e Impuesto al Valor Agregado en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, la tasa de justicia y la contribución por los montos que se detallan, a continuación: los del letrado apoderado de la parte demandada, doctor MARTIN OSVALDO RANA en la cantidad de DIECISÉIS CON DIECISIETE (16,17) JUS (Equivalentes al día de la fecha a PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 74/100 ($ 912.361,74) , valor del JUS a la fecha $ 56.426, conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (Arts. 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25 párrafo 2do., 28, 51, 54, 63 y concds. de la ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, los del perito médico ESTEBAN MARTIN FILIPPA en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($ 268.136,85) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito contador MARCELO DANIEL FERNÁNDEZ en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 61/100 ($ 319.326,61) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620), a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), y los del perito psicólogo Lic. PATRICIA NORA VILLANUEVA en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 319.326,61) con más el 10% (art.15 inc. w Ley 10.306), a los que se adicionará el porcentaje de ley y en caso de resultar los profesionales intervinientes inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.-
Los pagos de tales honorarios y pacto de cuota litis en caso de corresponder, aportes y/o IVA, deberán efectivizarse mediante depósitos en la cuenta bancaria que a tales fines denuncie en autos los profesionales interesados, quienes quedarán obligados a justificar el cumplimiento de sus aportes respectivos dentro del plazo legal (conf. art. 14 Ley 6716 y/o la que correspondiere), adjuntando los comprobantes pertinentes, bajo apercibimiento de oficiar a la Caja de Abogados y/o caja previsional pertinente.
A los fines de efectivizarse tal pago, hágase saber a los profesionales y perito interviniente, que deberán acreditar en el expediente la constancia de inscripción en ARCA, la titularidad de una cuenta bancaria y número de CBU, donde se efectuarán los depósitos que correspondan a sus acreencias, debiendo emitir -en caso de serles requerido- la factura según corresponda conforme su categoría tributaria (conf. Res. AFIP 1415 Anexo I). Hasta tanto se encuentre justificada debidamente en autos la cuenta y CBU a nombre de los profesionales aludidos y -en su caso- la emisión de la factura pertinente, el plazo para el pago de la acreencia en cuestión se encuentra SUSPENDIDO, dejándose aclarado que no podrá requerirse -por el obligado al pago a los profesionales - la emisión de recibo de pago si el mismo no fue aún efectuado. Cada depósito que se realice en la forma indicada precedentemente deberá ser justificado en el expediente, acompañando los comprobantes que den muestra de su cancelación, dentro de los cinco (5) días de cumplidos. A efectos de dar previsibilidad y seguridad jurídica a los cobros de honorarios, pactos de cuota litis, aportes y/o IVA correspondientes a los profesionales intervinientes en autos, en ningún caso deberá depositarse suma alguna imputable a tales conceptos en la cuenta denunciada o a denunciarse para los depósitos de capital de la/s parte/s, quedando suspendido el plazo para el depósito de aquellos emolumentos de los profesionales acreedores hasta tanto se encuentren resueltas y firmes las cuestiones que puedan suscitarse entre los acreedores letrados de pactos de cuota litis y la homologación de los mismos, lo que será resuelto por el tribunal de oficio o a pedido de los interesados (arts. 12, 27 y concds. ley 15.057; 4,6 y concds. ley 8904; 3, 6 y concds. ley 14.967; 20, 277 y concds. LCT, Ac.1840/24 SCBA).-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057 y 375 C.P.C.C.)
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DOCTOR MEREB , dijo:
Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor ESCOBAR , con idéntico alcance.
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057 y 375 C.P.C.C.)
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DOCTOR CORDERO , dijo;
Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor ESCOBAR , con idéntico alcance.
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057,Arts. 375 C.P.C.C.)
Suscripto y registrado por el Actuario firmante la Sentencia dictada en autos, en la ciudad de Mar del Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
Mar del Plata,
A mérito del resultado de la votación y citas legales formuladas en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Hacer lugar a las inconstitucionalidades decretadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este tribunal para resolver la presente causa. II) Rechazar los restantes planteos de inconstitucionalidad deducidos en la demanda por los fundamentos expuestos en la primera cuestión y en función de cómo se resuelve la presente causa. III) Rechazar íntegramente la demanda incoada por TORRES DIEGO MANUEL (D.N.I. N° 30.577.901) contra SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. (CUIT 33-68626286-9) , en cuanto persigue el cobro de prestaciones dinerarias en concepto de indemnización por incapacidad laboral derivada del accidente de trabajo denunciado y asistencia psicológica conforme el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.
IV. Imponer las costas a la parte actora TORRES DIEGO MANUEL (D.N.I. N° 30.577.901) con el beneficio de los arts. 20 L.C.T. y 27 Ley 15.057 (arts. 24 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.). V) Corresponde calcular los intereses tomando como base el monto reclamado en demanda PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.669.520,33) a los efectos de la regulación de honorarios, los que se determinan con arreglo a la tasa que el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta (30) días vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos (SCBA L 108.164 "Abraham" y "ZOCARO; TOMAS ALBERTO c/ PROVINCIA ART S.A. y otro/a Daños y Perjuicios" del 11/03/2015) y se calculan en base a la TASA PASIVA CAT (tasa digital opción plazo fijo tradicional), que paga dicho banco: 1) desde la fecha del accidente denunciado (16 de julio de 2020), hasta la notificación de la demanda (6 de agosto de 2021), que ascienden a la suma de $ 1.008.330,95, que se acumulan al monto reclamado totalizando la suma de $ 3.677.851,28 (art. 770 inc. b) CCCN). 2) El importe resultante de la acumulación de capital más intereses del Punto 1) devenga el mismo tipo de interés moratorio referido durante el segundo período de 1.923 días consignado en la liquidación, ascendiendo a la suma de $ 10.111.634,19, totalizando de este modo el monto entre capital e intereses la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 13.789.485,47) .
Totalizando la suma de intereses un total de $ 11.119.965,14, monto el cual luce desproporcionado en relación al monto inicial, en consecuencia, y atento lo normado por el art. 23 de la Ley 14.967 propongo reducir el monto de intereses en un 50%, arrojando un resultado de $ 5.559.982,57 por tal concepto, lo que sumado al capital (monto reclamado en demanda) arroja un resultado de $ 8.229.502,90 en concepto de capital e intereses reducidos en 50% conforme art. 23 Ley 14.967.- VI) Sobre dicha base regulatoria ( $ 8.229.502,90 ) estimo justo regular, habiéndose tenido en cuenta el valor mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de las particularidades del caso puede derivarse para el profesional, al resultado obtenido, la trascendencia de la solución a la que se llega, las actuaciones de los profesionales intervinientes en el desarrollo del proceso en las distintas etapas, la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate, el tiempo empleado en la solución del litigio en beneficio de sus mandantes los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor REYNALDO DI SANTO en la cantidad de VEINTE CON CUARENTA Y DOS (20,42) JUS (Equivalentes al día de la fecha a PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA CON 41/100 ($ 1.152.130,41) , valor del JUS a la fecha $ 56.426, conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), los del letrado apoderado de la parte demandada, doctor MARTIN OSVALDO RANA en la cantidad de VEINTINUEVE CON DIECISIETE (29,17) JUS (Equivalentes al día de la fecha a PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 58/100 ($ 1.645.900,58) , valor del JUS a la fecha $ 56.426, conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (Arts. 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25 párrafo 2do., 28, 51, 54, 63 y concds. de la ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, los del perito médico ESTEBAN MARTIN FILIPPA en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 576.065,20) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito contador MARCELO DANIEL FERNÁNDEZ en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 576.065,20) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620), a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), y los del perito psicólogo Lic.
PATRICIA NORA VILLANUEVA en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 576.065,20) con más el 10% (art.15 inc. w Ley 10.306), a los que se adicionará el porcentaje de ley y en caso de resultar los profesionales intervinientes inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.- VII) Atento lo dispuesto por los arts. 730 CCyCN y 277 LCT y doctrina legal SCBA en el fallo L. 117.701 "Titos María Luciana c/ Atento Argentina S.A s/ cobro de salarios", corresponde limitar la responsabilidad de la actora condenada en costas hasta el 25% del monto de la sentencia, prorrateando el monto de los honorarios profesionales a su cargo, incluyendo en dicha limitación aparte de los honorarios, los aportes e Impuesto al Valor Agregado en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, la tasa de justicia y la contribución por los montos que se detallan, a continuación: los del letrado apoderado de la parte demandada, doctor MARTIN OSVALDO RANA en la cantidad de DIECISÉIS CON DIECISIETE (16,17) JUS (Equivalentes al día de la fecha a PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 74/100 ($ 912.361,74) , valor del JUS a la fecha $ 56.426, conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (Arts. 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25 párrafo 2do., 28, 51, 54, 63 y concds. de la ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, los del perito médico ESTEBAN MARTIN FILIPPA en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($ 268.136,85) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito contador MARCELO DANIEL FERNÁNDEZ en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 61/100 ($ 319.326,61) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620), a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), y los del perito psicólogo Lic.
PATRICIA NORA VILLANUEVA en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 319.326,61) con más el 10% (art.15 inc. w Ley 10.306), a los que se adicionará el porcentaje de ley y en caso de resultar los profesionales intervinientes inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto. VIII) Los pagos de tales honorarios y pacto de cuota litis en caso de corresponder, aportes y/o IVA, deberán efectivizarse mediante depósitos en la cuenta bancaria que a tales fines denuncien en autos los profesionales interesados, quienes quedarán obligados a justificar el cumplimiento de sus aportes respectivos dentro del plazo legal (conf. art. 14 Ley 6716 y/o la que correspondiere), adjuntando los comprobantes pertinentes, bajo apercibimiento de oficiar a la Caja de Abogados y/o caja previsional pertinente.
A los fines de efectivizarse tal pago, hágase saber a los profesionales y perito interviniente, que deberán acreditar en el expediente la constancia de inscripción en ARCA, la titularidad de una cuenta bancaria y número de CBU, donde se efectuarán los depósitos que correspondan a sus acreencias, debiendo emitir -en caso de serles requerido- la factura según corresponda conforme su categoría tributaria (conf. Res. AFIP 1415 Anexo I). Hasta tanto se encuentre justificada debidamente en autos la cuenta y CBU a nombre de los profesionales aludidos y -en su caso- la emisión de la factura pertinente, el plazo para el pago de la acreencia en cuestión se encuentra SUSPENDIDO, dejándose aclarado que no podrá requerirse -por el obligado al pago a los profesionales- la emisión de recibo de pago si el mismo no fue aún efectuado.
Cada depósito que se realice en la forma indicada precedentemente deberá ser justificado en el expediente, acompañando los comprobantes que den muestra de su cancelación, dentro de los cinco (5) días de cumplidos. A efectos de dar previsibilidad y seguridad jurídica a los cobros de honorarios, pactos de cuota litis, aportes y/o IVA correspondientes a los profesionales intervinientes en autos, en ningún caso deberá depositarse suma alguna imputable a tales conceptos en la cuenta denunciada o a denunciarse para los depósitos de capital de la/s parte/s, quedando suspendido el plazo para el depósito de aquellos emolumentos de los profesionales acreedores hasta tanto se encuentren resueltas y firmes las cuestiones que puedan suscitarse entre los acreedores letrados de pactos de cuota litis y la homologación de los mismos, lo que será resuelto por el tribunal de oficio o a pedido de los interesados (arts. 12, 27 y concds. ley 15.057; 4, 6 y concds. ley 8904; 3, 6 y concds. ley 14.967; 20, 277 y concds.
LCT, Ac.1840/24 SCBA). IX) Registrar. Notifíquese electrónicamente (Ac. 4039 S.C.B.A.).-
ARTÍCULO 54 Ley 14.967 : Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.-
En Mar del Plata en la fecha indicada en la constancia de la firma digital CERTIFICO, que el doctor ESCOBAR recibió las presentes actuaciones el día 17/11/2025 y se expidió con fecha 13/11/2026, el doctor MEREB las recibió el día 13/11/2026 y se expidió el día 17/11/2026 y el doctor CORDERO las recibió el día 17/11/2026 y se expidió el día 18/11/2026. CONSTE.-
Firmas
Funcionario firmante: ESCOBAR Alejandro Javier - JUEZ
Funcionario firmante: CORDERO Carlos María - JUEZ
Funcionario firmante: MEREB José Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: CENTENO Anabela Paola - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1302-2026
Fin de la sentencia