Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9050/25 Sentencia: Definitiva Actor: Torres Sergio Fabián Demandada: Servicios Petroleros Argentina S.A.
Objeto: Laboral- Cobro de Pesos Fecha: 07-08-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los días SIETE de agosto de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “TORRES SERGIO FABIAN C/ SERVICIOS PETROLEROS ARGENTINA S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS" Expte. 17414/2015 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nro. 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 9050/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto Eduardo Monelos y Horacio M. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/232 - y amplía en fs. 249/250- el Dr. Christian A. Karanicolas en representación de Sergio Fabián Torres, demanda en forma solidaria a Servicios Petroleros Argentina S.A. e YPF S.A. y reclama la suma de $1.769.917,03 por diferencias salariales, suma retenidas, indemnización del art. 80 de la LCT más intereses, actualización monetaria, costos y costas de la presente causa. Relata que ingresó a laborar el 1 de marzo de 2001 y que la empleadora fue modificando su denominación pero siempre el objeto era en servicios petroleros de los yacimientos de YPF S.A; que el diagrama era de 12 hs. diarias, y laboraba 6 por 3. Agrega que desde agosto de 2008 y hasta su despido en septiembre de 2014 desempeñó funciones gremiales, que mientras se encontraba de licencia médica por enfermedad recibió el telegrama de despido. Transcribe el intercambio epistolar, señala que no pudo retirar el certificado del art. 80 de la LCT, reclama además diferencias salariales por entender que se liquidaron mal sus haberes, solicita la condena solidaria con YPF S.A., plantea inconstitucionalidad de los rubros abonados como no remunerativos, califica de errónea la liquidación de horas extras. Practica liquidación, ofrece prueba y solicita se admita su pretensión, hace reserva del caso federal.
II. A fs. 372/373 se celebra audiencia de conciliación con resultado negativo y se agregan las contestaciones de demanda.-
A fs. 261/355 se presentan los Dres. Javier Mosquera y Cecilia Ortega en representación de la empresa demandada y contestan la demanda. Realizan las negativas de los hechos, reconoce la relación laboral, detalla el desempeño del actor en la actividad gremial, en diferente sentido al expresado por el actor, refiere que desde el 2008 hasta el momento de su despido en 2014 el actor no volvió a trabajar, desde 2011 lo intimaron varias veces a presentarse a trabajar, lo que no ocurrió, que en 2013 se ordena un examen médico a Sergio Torres a lo que accede y nuevamente se lo intima a trabajar, ante lo cual presentó licencia médica por malestares psicológicos hasta el 1 de septiembre de 2014; vencida la licencia médica no se presentó a trabajar razón por la cual se cursó el despido, luego de más de cinco -5- años sin trabajar. Impugna la liquidación practicada por entender que los items que solicita el actor corresponden ser percibidos en caso de estar trabajando efectivamente y no como pretende el actor. Acompaña el certificado de trabajo y refiere que siempre estuvo a disposición de Torres y nunca se presentó a retirarlo. Funda en derecho, acompaña prueba y hace reserva del caso federal.-
A fs. 356/371 luce contestación de demanda realizada por el Dr. Leonardo Regensburger en representación de YPF S.A. Realiza la negativa de los hechos, invoca la negativa de la solidaridad pretendida por entender que el actor desde el año 2008 no prestaba servicios, impugna los rubros pretendidos en forma detallada, invoca la improcedencia de entregar los certificados del art. 80 de la LCT a YPF S.A., ofrece prueba, funda en derecho, hace reserva del caso federal.-
III. A fs. 435/439 se ordena la producción de prueba y finalizada la misma se fija audiencia de alegatos. Seguidamente en PE1847994-2025 se dicta sentencia que rechaza la demanda en relación a los rubros pretendidos como: diferencia de vacaciones 2014 no gozadas, diferencia de indemnización por antigüedad, diferencia de indemnización sustitutiva del preaviso, diferencia de integración del mes de despido, haberes caídos hasta la finalización de la licencia por enfermedad vigente al momento del despido, indemnización del art. 80 LCT e indemnización del art. 2 de la ley 25.323., devolución de sumas retenidas por alimentos; declara de naturaleza remunerativa las sumas percibidas bajo los siguientes conceptos: “Vianda Ex. 1197605”, Ayuda Al. Ex. 1197605/08, Asig. Vianda Comp. No Rem”, y “Suma Ex. M.T.E.yS.S. 2014”, da intervención al Gabinete Oficial Contable; impone las costas en el orden causado, difiere la regulación de honorarios.-
IV. Esta sentencia es recurrida por la parte actora en PE1868798-2025. En sus agravios realiza un resumen de los antecedentes de la causa recordando que las diferencias salariales e indemnizatorias solicitadas obedecieron al reconocimiento del carácter remunerativo de distintos rubros abonados como no remunerativos (“Vianda Ex. 1197605/08”, “Ayuda Al. Ex. 1197605/08”, “Asig. Vianda Comp. No Rem.”, “Pago Extraordinario” y “Suma Ex. MTEySS 2014”) y su cómputo en la base de cálculo de los adicionales y rubros salariales e indemnizatorios; y los haberes caídos corresponderían al período en que estaba enfermo y fue despedido. Señala que la sentencia omite pronunciarse sobre la indemnización del art. 132 bis y sobre la actualización monetaria e intereses reclamados en la demanda.
En particular se agravia con relación a los conceptos que se ordenó liquidar en el punto 3 del fallo. Entiende que ello carece de claridad y precisión requeridos conforme lo dispuesto por el art. 164 del CPCC, ya que la parte resolutiva no permite conocer con exactitud el alcance de la condena y apreciar la congruencia de la sentencia para hacer posible su ejecución; toda vez que no se refleja con fidelidad lo merituado en los fundamentos. Detalla lo señalado en el punto y concluye que no se puede apreciar debidamente la forma de practicar la liquidación. En especial señala el reclamo de la indemnización del art. 132 bis LCT, no fue tratado ni analizado y no existen parámetros de liquidación para este rubro en los considerandos.
Refiere que por la forma de la redacción en cuanto a "El saldo de los conceptos reclamados en favor del reclamante” sería: diferencias de haberes desde abril de 2013 hasta el 24 de septiembre de 2014; diferencia de aguinaldo proporcional del 2° semestre de 2014 y devolución de sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias de la 4° categoría. Aclarando que el último rubro no se relaciona con la declaración de carácter remunerativo de los diferentes items pero se establecen parámetros de cálculo en los considerandos (ordenó devolver la suma de $ 8.505,10).
Analiza el tratamiento dado a las diferencias de haberes desde abril de 2013 hasta el 24 de septiembre de 2014 y la diferencia de aguinaldo proporcional del 2° semestre de 2014. Recuerda que las diferencias salariales son los siguientes: 1) el reconocimiento del carácter remunerativo de distintos ítems abonados como no remunerativos (“Vianda Ex. 1197605/08”, “Ayuda Al. Ex. 1197605/08”, “Asig. Vianda Comp. No Rem.”, “Pago Extraordinario” y “Suma Ex. MTEySS 2014”) y su incidencia en el cálculo que debe efectuarse conforme a derecho del presentismo (art. 19 CCT 643/12), aguinaldo (art. 122 LCT), vacaciones (art. 155 LCT) y períodos de enfermedad (art. 208 LCT); 2) la errónea liquidación de horas extras. Sostiene que los parámetros de liquidación señalada en los fundamentos de la sentencia son arbitrarios y contradictorios; pues en principio reconoce la naturaleza remunerativa, normal y habitual de todos los ítems planteados en la demanda y seguidamente señala que la actora no logró acreditar que ese carácter remunerativo deba ser ligado a otro ítem cuya naturaleza dependa del anterior para su liquidación y/o que deba modificarse la base de cálculo de la liquidación final o el pago de la indemnización prevista en el art. 245 LCT, con excepción de aquellas retenciones que debió realizar el empleador para integrar debidamente al sistema a la seguridad social y aportes sindicales y remite al gabinete contable para liquidar los conceptos reclamados y verificar la posible existencia salarial en favor del reclamante.
Insiste en que ello es contradictorio e incongruente con la parte resolutiva de la sentencia; tampoco se analiza la falta de acreditación que señala el juzgador. Detalla la forma en que inciden los rubros señalados con los diferentes conceptos reclamados en éstos, lo que se tiene presente. Recuerda que la demanda fue detallada en cuanto al reclamo, y que la demandada reconoció abonar la indemnización sin liquidar dichos ítems; que por otra parte se acompañó una liquidación en la demanda como anexo, lo que fue controlado por la pericia contable realizada en éstos.-
Agrega que también omite la sentencia consideración de la liquidación en los períodos de enfermedad y las diferencias salariales que se generaron; y no analiza la liquidación de horas extras.
Solicita que se admita el agravio manteniendo la declaración de la naturaleza remunerativa de los ítems “Vianda Ex. 1197605/08”, “Ayuda Al. Ex. 1197605/08”, “Asig. Vianda Comp. No Rem.”, “Pago Extraordinario” y “Suma Ex. MTEySS 2014” efectuada en el punto “3” del resuelvo, revoque la liquidación de “conceptos reclamados en favor del reclamante” según los “parámetros establecidos en los considerandos respectivos” ordenada en ese dispositivo, haciendo lugar en todas sus partes a las diferencias salariales reclamadas en la demanda desde abril de 2013 hasta el 24 de septiembre de 2014, se ordene la devolución de la suma de $ 8.505,10 retenida en exceso en el recibo de liquidación final y se disponga la devolución de la suma de $ 3.185,61 retenida en exceso durante el año 2014.
En otro apartado se agravia por el rechazo del pago de los haberes caídos, con el fundamento de que la prórroga de la licencia por enfermedad no había sido anoticiada al empleador. Sostiene que ello fue puesto de manifiesto en el alegato con constancias atendibles y no fue valorado. Aclara que debe valorarse la presunción de veracidad del art. 57 de la LCT y que la obligación de anoticiar la prórroga no pesa sobre el actor ya que se invierte la carga de la prueba. Agrega que intimó al empleador y éste guardó silencio en el punto tanto en la intimación epistolar como ante el Ministerio de Trabajo. Concluye que con los certificados de fs. 103/104 -reconocidos a fs. 525- se acredita la continuidad de la licencia por enfermedad hasta el 19 de noviembre de 2014, por lo que solicita se revoque lo decidido en este aspecto.-
Se agravia además por haberse rechazado el pago por diferencia de indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso y diferencia de integración del mes de despido. Refiere que el juzgador desestimó las diferencias indemnizatorias con igual fundamento vertido para descartar los haberes caídos, esto es, por no encontrarse debidamente acreditada la notificación al empleador de la prórroga de la licencia médica que dispone el art. 209 LCT. Entiende ello un fallo que debe analizarse ya que genera un agravio por carecer de debida fundamentación y se aparta de los términos en que se trabó la litis. Transcribe la liquidación practicada en la demanda que daría cuenta de la diferencia existente al momento de finalizar la relación laboral.
Hace la diferenciación entre lo reclamado como haberes caídos y las diferencias en la indemnización por despido. Entiende arbitraria la fijación de la MRMNH devengada en la suma de $ 23.410,01 correspondiente al mes de marzo de 2014 ya que se trata de una remuneración bruta percibida por el actor en ese mes (conf. recibo agregado a fs. 171 y 275). Solicita se determine correctamente la MRMNH devengada por mi mandante durante el último año de servicio, en base a la cual deben efectuarse los cálculos indemnizatorios y luego determinarse las diferencias con las indemnizaciones abonadas por la empleadora. Señala la interpretación que debe darse al art.245 LCT modificado por la ley 25.877, que adoptó el término devengada en lugar de percibida, lo que permite incorporar remuneraciones como el aguinaldo que se perciben en momentos puntuales pero que se devengan diariamente.
Cita antecedentes en este aspecto. Manifiesta que deberá determinarse si debe aplicarse algún tope a la MRMNH ya que la sentencia fijó un importe menor y no trató el tema. Refiere que el tope que establece el art. 245 LCT publicado por el MTESS que estaba vigente al momento del despido era el tope N° 1043/14 establecido por la Resolución ST N° 2535/14, que se fija la suma de $ 38.440,02 como el tope específico de la Zona 1 de perforación, terminación, intervención y reparación pero en la demanda se propuso la nulidad e inaplicabilidad del tope. Se explaya de la interpretación dada por parte del MTESS de la Nación ya que existiría un error en no contemplar los incrementos salariales, lo que importaría que sería nulo.
Agrega que tampoco sería de aplicación la postura del fallo “Vizzoti” porque el tope no se encontraría válidamente fijado por el MTESS. Solicita se revoque lo decidido y se admita la diferencia de indemnizaciones referidas detallando la liquidación pretendida y sin tope indemnizatorio.-
Le agravia además el rechazo de diferencias por vacaciones 2014 no gozadas ya que esa decisión no fue fundada debidamente. Refiere que en éstos se denunció un pago insuficiente de las vacaciones proporcionales de 2014 porque no se computaron los ítems remunerativos señalados precedentemente por lo que llevó a una liquidación errónea ya que no se tomó la verdadera remuneración devengada.-
Le agravia que se haya rechazado la devolución retenida indebidamente por cuota alimentaria, y sostiene que dicha retención no se ajustó al oficio judicial que dispuso la medida; siendo que debió practicarse sobre haberes pero no sobre indemnizaciones ya que el oficio excluye los conceptos no remunerativos.-
Le agravia que se haya desestimado la indemnización del art. 2 ley 25.323, y en la indemnización del art. 80 de la LCT con fundamento en la derogación de dichas normas; siendo que además descarta la entrega de nuevas certificaciones ya que Servicios Petroleros las acompañó en su contestación de demanda. Recuerda que las disposiciones de la ley 27742 no tienen efectos retroactivos, a diferencia de otras normas que expresamente se menciona por lo que no serían de aplicación en el caso. Argumenta que se trata de una indemnización y no una multa lo que corresponde percibir por dichos conceptos. Por otra parte sostiene que la circunstancia de haber acompañado el certificado de servicios y remuneraciones al expediente fue tardía, y en el certificado no se consignara adecuadamente los datos que caracterizaron la relación laboral. Requiere se revoque lo decidido.-
Le agravia que el juez no se haya pronunciado sobre la multa del art. 132 bis LCT, ya que ello vulnera el principio de congruencia que exige la existencia de una correspondencia entre lo que las partes piden y lo que el juez decide en la sentencia. Entiende que la empleadora no acreditó haber ingresado los importes retenidos a mi mandante en concepto de aportes sindicales, a pesar de haber sido intimada al efecto por el trabajador. Analiza la documentación acompañada y concluye que la obligación no se encuentra cumplida por lo que correspondería la procedencia de esta indemnización.-
Le agravia que el juez de grado no se haya expedido sobre la petición de actualización monetaria e intereses por encontrarse afectados los derechos patrimoniales del trabajador. Reitera los argumentos brindados en la demanda, se explaya sobre la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por la inflación del país. Realiza el análisis en base a diferentes tasas de interés y su importancia patrimonial para la parte actora en atención al tiempo de duración del proceso. Analiza jurisprudencia de diferentes tribunales del país en el punto. Solicita la actualización monetaria de los créditos que prosperan mediante la aplicación del índice IPC (Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC) o índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia calculado por el BCRA en función de la inflación), con más un interés moratorio puro del 3% anual conforme lo autoriza el art. 276 LCT u otra herramienta de ajuste que sea equitativa,.- Le agravia que se haya rechazado la responsabilidad solidaria con YPF con sustento en el art. 30 LCT. Entiende erróneo el razonamiento del juez de grado con fundamento en una teoría de interpretación restrictiva del art. 30 LCT. Entiende que dicho enfoque se aparta de lo decidido por el Tribunal superior de la Provincia y se aparta de las pruebas y hechos de esta propia causa. Detalla cuestiones como que perforar un pozo no puede ser escindido de la extracción del petróleo en sí, lo que constituye la actividad normal y específica de la operadora YPF. Analiza diferentes supuestos que se tienen presentes, y refiere que la propia YPF S.A. tercerizó los trabajos que corresponden a su actividad, contratando los servicios de perforación, terminación y pulling; siendo ello inseparable del proceso de obtención del crudo, siendo ello la actividad específica propia de su establecimiento y que está fraccionando su proceso productivo. Afirma que no existe fraude ni mala fe al pretender la aplicación del art. 30 de la LCT en lo referente a la solidaridad. Cita antecedentes y transcribe la prueba respectiva y la parte pertinente del estatuto de YPF SA en cuanto a su objeto y de las Condiciones Generales de Contratación de Servicios en su parte pertinente. Solicita se admita el agravio y en forma subsidiaria la imposición de costas para el caso contrario.-
Hace reserva del caso federal.-
V. En PE1890231-2025 la codemandada YPF S.A. contesta los agravios formulados. En primer término se expide sobre la solidaridad de la firma. Sostiene que el análisis del juez de grado es adecuado, ya que es una figura que debe analizarse de manera restringida por tratarse de un supuesto excepcional. Sostiene que la contratación de SP ARGENTINA SA tenía por objeto la provisión de equipos de perforación, sin que estos resultaran inescindibles de la operatoria de YPF S.A., la cual es mucho más amplia y se trata de la exploración y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como asimismo, la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados. En atención a ello sostiene, la sentencia es coherente ya que la inexistencia de exclusividad y la escindencia del servicio prestado determinan que no es aplicable la solidaridad. Aclara que es correcto el análisis de la sentencia en cuanto a la exclusividad de la prestación del servicio. En el particular, afirma que se trata de una empresa contratista que presta servicios a varias operadoras y que el trabajador decidió demandar a una sola de ellas. Señala que el recurrente pasa por alto un hecho importante como es que el actor no prestó funciones para la empleadora desde el año 2008 hasta su desvinculación, por lo que no puede haber trabajado a favor de YPF S.A. ni mucho menos recibir supervisión de personal alguna por parte de la firma. Hace referencia a las declaraciones de Bayón que recuerda haber trabajado con Torres en el año 2002 o 2003, y refiere que a partir del año 2008 participó del Sindicato y fue liberado de realizar tareas. También al testimonio de Germán Alberto ALVAREZ, que declaró que Torres era delegado de la empresa KEY, más o menos en el año 2007 o 2008 y no trabajó desde dicho período por estar liberado de funciones.
A partir de ello sostiene que al momento del despido Sergio Torres no se encontraba prestando funciones en los lugares que señala tuvo lugar la relación laboral o que su empleadora prestaba servicios, por lo que no puede pretender involucrar a YPF SA en ese reclamo ya que no se encontraba afectado a ningún contrato que vinculara a SERVICIOS PETROLEROS ARGENTINA SA con YPF SA. Aclara que la doctrina casatoria del Tribunal superior de Justicia sirve para apreciar casos en que los hechos sean similares y no forzadamente. Señala que la CSJN volvió a pronunciarse sobre la interpretación que corresponda darse al art 30 LCT, son los casos : “Payalap- Editorial Rio Negro” en autos: “Recurso de hecho deducido por la codemandada Editorial Río Negro S.A. en la causa Payalap, Marcelo Adrián c/ Sernaglia, Raúl y otro s/ reclamo" de fecha 29/08/2019” y “Bergonci” en autos: “Recurso de Hecho deducido por YPF S.A en la causa YPF S.A. e YPF Gas S.A. en la causa Bergonci, Ilda Leonor c/ YPF S.A. y otros s/ despido 18/10/2022. En esos casos se pronunció por el limitado alcance del art. 30 de la LCT reafirmando la doctrina legal de “Rodriguez” en el sentido que sostiene.-
Refiere por último, que el actor sostiene que Torres se encontraba afectado a los servicios objeto de contratación entre SP e YPF S.A., cuestión que claramente no fue probada en la causa, e incluso se contrapone con sus propios actos y afirmaciones, resultando absurdo sostener que se encontraba afectado a un servicio, sin cumplir funciones efectivas por encontrarse liberado por el sindicato. Solicita se confirme el fallo en este aspecto.-
En forma subsidiaria solicita se analicen los planteos realizados al momento de contestar la demanda los que no fueron considerados atento como quedó resuelto el reclamo.
En cuanto a las diferencias salariales sobre los diferentes items y vacaciones no gozadas señala que el juzgador lo trata bajo el título diferencia de haberes y concluye que no existiría diferencia en los haberes abonados por lo que el carácter de remunerativos no la modifica.
Solicita se analice la aplicación del tope previsto en el art. 245 LCT. Solicita se confirme el rechazo de inclusión del SAC para la determinación de la indemnización por despido e integración mes de despido. Señala que la reforma (ley 25.877) cambió el texto del art.245 L.C.T. referido a la remuneración mensual, normal y habitual “percibida” por “devengada”, y analiza la forma de su cálculo conforme jurisprudencia que cita.-
Sobre la notificación del despido sostiene que pesa sobre el trabajador probar la notificación el empleador de su enfermedad y en éstos no surgiría una actividad diligente que tienda a poner en conocimiento de la prórroga de la licencia médica; y tampoco el actor acreditó razones excepcionales que le hubieren impedido dar curso con esa noticia a su empleador; recuerda que el original del certificado se presentó en el expediente, por lo cual es contradictorio que el actor indicara que su empleadora estaba en conocimiento. Señala que habiendo expirado la licencia por enfermedad el 8 de septiembre de 2014 y no habiéndose presentado el día siguiente a trabajar la demandada estaba facultada para extinguir la relación. Solicita se confirme la sentencia en este aspecto.-
En cuanto a las sumas retenidas en concepto de cuota alimentaria entiende que son cuestione ajenas a la solidaridad pretendida, y entiende además ajustado lo decidido en el fallo que solicita se confirme.-
En cuanto al rechazo de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323, de la multa del art. 80 LCT y de la entrega de las certificaciones del art. 80 LCT señala que tampoco corresponde hacer solidaria esta responsabilidad. En forma subsidiaria contesta el agravio señalando que el razonamiento del juez es diferente a lo que propone el recurrente no obstante señala que las normas -derogadas- eran sancionatorias, pues su objetivo era castigar incumplimientos por parte del empleador, pero no revestían el carácter de elementos constitutivos de la relación laboral en sí misma. En particular recuerda que pese a la discrepancia que formula el actor se acompañó en éstos el certificado de servicios y remuneraciones formulario PS.6.2 siendo además real y concreta la posibilidad del actor de acceder a la certificación de servicios. El hecho de sostener que los certificados que se ofrecieron al trabajador no reflejaban su realidad, no constituye argumento válido para cuestionar lo resuelto desde que no puede perderse de vista que la parte empleadora no tenía la obligación de registrar sumas en conceptos diferentes a los que abonó. Solicita se desestime el agravio.
Con relación a la omisión de pronunciamiento sobre la multa del art. 132 bis LCT refiere que la norma establece una sanción y como tal exige un accionar voluntario por parte del infractor y su naturaleza es punitiva. Cita antecedentes jurisprudenciales que se tienen presentes y requiere se desestime el agravio. Sobre la omisión de Pronunciamiento sobre Actualización Monetaria e Intereses refiere que ello no fue solicitado en la demanda y confunde en agravios. Se explaya sobre la improcedencia de lo requerido, señala el tiempo que estuvo la causa sin movimiento por parte de la interesada que ahora pretende una suma de intereses que considera alta, analiza la prohibición de indexar y la respuesta que han dado los tribunales a ello y también la Corte suprema de justicia. Entiende que lo señalado en la sentencia de grado es justo y debe confirmarse.-
Hace reserva del caso federal.-
VI. Así planteados los agravios debo ingresar a su estudio, señalando que existe conformidad de las partes en cuanto a la relación laboral, fecha de ingreso y distracto, como así también que el actor al momento del despido hacía aproximadamente seis -6- años que no laboraba formalmente para la demandada sino que estaba liberado de funciones por encontrarse en actividad sindical.-
En primer término el actor señala que el fallo no es claro en su redacción en cuanto a que rubros son los admitidos concretamente. Recuerda que se reclamó diferencias salariales desde abril de 2013 hasta el 24 de septiembre de 2014, y seguidamente la incidencia de ello en la liquidación final. Las diferencias salariales reclamadas corresponden a diferentes adicionales que entiende le correspondían al trabajador y no se habrían liquidado. Entiendo que ello debe ser analizado judicialmente pues no puede delegarse facultades jurisdiccionales al perito como señala el recurrente. Cabe recordar que la liquidación es la traducción aritmética de los rubros admitidos en el fallo, sin que pueda delegarse el pronunciamiento sobre procedencia de ningún aspecto. Ello impone que se analice en esta instancia la forma que correspondería liquidar los haberese cuestionados. La demandada sostiene en su responde que desde agosto de 2008 el actor pasó a integrar la comisión revisora de cuentas del Sindicato, solicitó se lo libere de funciones y se acordó a modo de colaboración el pago de salarios, pero no era un obligación de la empleadora pagar los sueldos convencionales. Aclara que lo hizo también para evitar conflictos con el sindicato.
A fs. 330 el sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz comunica a la empleadora que Sergio Torres integra la lista ganadora y que ocupa el cargo de 3er. suplente de la Comisión Revisora de Cuentas. Es decir que el cargo por el que fue electo no es de aquellos que la ley en la materia ni su decreto reglamentario disponga que se lo libera de prestar tareas (Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y su reglamentación, Decreto 467/88), no obstante el secretario general en ese momento, Diogenes Padilla, solicita a la empresa que se siga abonando los salarios sin que sufra modificaciones. Esa nota no fue contestada por la demandada formalmente, no obstante se le continúa pagando los salarios, sin obligación legal, a requerimiento del sindicato.
Finalizado el mandato referido, Torres prestó servicios en la obra social Sindical (a partir del año 2011), es decir no volvió nunca a trabajar a la Empresa. La parte actora sostiene que existió un "acuerdo" de que seguiría abonando los haberes pero dicho acuerdo no se acreditó en éstos. Entiendo que tratándose de una cuestión de excepción (pagar salarios sin trabajar) debe requerirse una prueba de igual carácter, es decir especial o excepcional, que en el caso no se acompañó. Tengo presente que la remuneración constituye la contraprestación debida por el empleador a cambio de la prestación laboral puesta a su disposición (art. 103 LCT). Si el trabajador deja de prestar servicios para la empresa y pasa a desempeñar funciones en la comisión revisora de cuentas del sindicato (como suplente) y posteriormente a beneficio de una obra social sindical, persona jurídica distinta tanto del empleador como de la asociación sindical, desaparece el presupuesto que justifica el mantenimiento de la obligación salarial.
Cabe recordar que las licencias gremiales con goce de haberes constituyen supuestos excepcionales que no admiten interpretación extensiva. No corresponde trasladar al empleador el costo de una actividad desarrollada en beneficio exclusivo de un tercero, pues ello importaría imponer una obligación sin causa jurídica suficiente y ajena al sinalagma propio del contrato de trabajo. Ello se encuentra expresamente consignado además en el Convenio Colectivo de Trabajo que une las partes Nro. 643/12 en sus arts. 38 donde hace referencia a que "El sindicato ejercerá la representación sindical de los trabajadores afectados a tareas comprendidas en el presente convenio colectivo de trabajo a través de los delegados de personal que sean electos, conforme a las cantidades, requisitos y formas establecidas por la legislación aplicable.. ."; art. 40 que señala: "Licencia gremial: Las empresas concederán a cada uno de los delegados y/o miembros de comisión directiva del personal, para el ejercicio de sus funciones, cuatro (4) días mensuales con goces de salarios...."; el art. 41 que reza: Débito laboral: La función que ejerzan los representantes gremiales no los excluye de desempeñar sus obligaciones habituales en las empresas, estando sujetos al régimen de trabajo que es común a todo el personal y a su puesto de trabajo en particular.
En virtud de lo que antecede y para el desempeño de sus funciones gremiales, los representantes gremiales cuando deban utilizar licencias gremiales deberán comunicar las mismas en la forma prevista en el artículo precedente. Es decir que sin perjuicio de la naturaleza de los items que se reclaman, lo cierto es que no corresponde que Sergio Torres pretenda el cobro de diferencias salariales cuando no existe un obligación de la empresa de abonar dichos salarios por haber estado percibiendo los haberes durante años en una situación que es "irregular". Por esta razón entiendo que la diferencia de haberes pretendida durante la relación laboral no debe prosperar.
VII. Diferente análisis cabe realizar al momento de abonarse la liquidación final del trabajador. A fs. 273 la parte demandada acompaña el recibo por la liquidación final abonada a Torres. El actor entiende e insiste en agravios en que es insuficiente y existirían diferencias salariales en la liquidación. El fallo de la instancia de grado no es claro en el punto que aquí se debate lo que impone el análisis en esta instancia. La liquidación final fue abonada, y todos los rubros pretendidos por el actor, a excepción del SAC/ Indemnización por antigüedad fueron abonados. Existen diferencias por cuanto el actor parte de una remuneración normal y habitual superior a la abonada ($55881,97). Ello parte de incorporar los diferentes rubros solicitados como "remunerativos" en la base del cálculo.-
En particular el actor requiere que los rubros “Vianda Ex. 1197605/08”, “Ayuda Al. Ex. 1197605/08”, “Asig. Vianda Comp. No Rem.”, “Pago Extraordinario” y “Suma Ex. MTEySS 2014”. En este punto debo reiterar lo señalado por la suscripta en anteriores pronunciamientos entre otros, “VELAZQUEZ, CARLOS RUBEN C/ SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS” Expte. N° 17475 (TOMO:XL, SENTENCIAS, REGISTRO:2734, FOLIO:095/102, 10/7/2018) donde analicé la postura amplia en el punto sostenida por la Corte Suprema de Justicia a partir de lo dispuesto por el Convenio Nro. 95 de la OIT sobre la protección del salario como toda "...remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar" . Consecuente con esta definición, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia a partir del fallo "Perez c/ Disco" citado por las partes y el juzgador de la instancia de grado (Perez Aníbal c/ Disco S.A., Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1- sep-2009, Cita: MJ-JU-M-46234-AR | MJJ46234 | MJJ46234). También esta Cámara de Apelaciones (con otra integración) adoptó el criterio referido en “SUDAN, ALEJANDRO c/ GEOSERVICES S.A. S/DEMANDA”, Expte. Nº 12979/11, (T: LXXXVII SENTENCIAS, REG. 2670, F.194/203).
Es del caso tener en cuenta además que a partir del precedente que se invoca "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A." la Corte sostuvo también que debe prevalecer el principio de realidad, señalando que es determinante la causa del pago y no su denominación, debiendo atenderse también a la periodicidad; normalidad; permanencia y libre disponibilidad del dinero. Bajo estos parámetros se observa que el único rubro reclamado que se ajusta a este análisis lo constituye el denominado “Ayuda Al. Ex. 1197605/08”, que fue abonado al trabajador todos los meses del año 2014 como parte de su salario y por tal razón debe integrar la remuneración.
Ahora bien, en particular se requiere el cobro de vianda y ayuda alimentaria y “Asig. Vianda Comp. No Rem. Tal como lo acuerdan las partes en el acuerdo que luce a fs. 52 y ss. y en el CCT 643/12El art. 34 del CCT 643/12 (luego modificado por acuerdos posteriores) establece que:las empresas deben proveer una vianda diaria;pueden sustituir esa prestación en especie por una suma de dinero; esa suma tiene carácter expresamente no remunerativo. Es decir, el propio convenio colectivo califica el beneficio como no remunerativo y el mismo sindicato -para el cual se desempeñó el actor- lo declara no remunerativo en los acuerdos posteriores. Esto tiene una clara finalidad, que quienes se desempeñan en las empresas están toda la jornada de trabajo fuera de su casa, y en siendo que ya no se estila -como hace unos años- brindar alimentación en los lugares de trabajo se reemplazo ello por el pago de las viandas, siendo una suma que tampoco está sujeta a la retención de ganancias. En el caso recuerdo que Torres no concurría a su labor hacía años. Además para que los ítems revistan carácter remunerativo es necesario que tengan el carácter de normalidad y habitualidad. En el particular de los recibos acompañados surge que en los últimos seis meses (2014) el rubro vianda y Asignación Vianda Com. No Remunerativa se abonó dos veces el primero (febrero y marzo) y tres veces el segundo (junio, agosto y septiembre (fs. 274 y ss.). Es decir, no configuró un pago normal y habitual del trabajador que se entienda incorporado a sus remuneraciones como exige la interpretación que debe darse para que se encuentre incorporado como una ganancia para el trabajador. Por esta razón los rubros sobre "viandas" no integran la base para determinar la mejor remuneración normal y habitual del trabajador.-
Similar situación se verifica en los ítems "Pago Extraordinario” y “Suma Ex. MTEySS 2014”. El reclamado "pago extraordinario" no fue abonado al trabajador durante los últimos seis meses en el año 2014 en ninguna oportunidad, y la Suma Extraordinaria Ministerio de Trabajo y Seguridad social 2014 fue abonada en tres oportunidades (marzo, abril y junio). Es decir que los rubros reclamados como salariales por parte del actor no reúnen las características necesarias para tener po integrada una remuneración normal y habitual como requiere la norma para ser considerados en su pago de la liquidación final. Por esta razón este agravio se admite parcialmente únicamente con la incorporación a la liquidación final de "ayuda Al. Ex. 1197605/8". Con respecto a las horas extras se comparte lo decidido en la instancia de grado, señalando además que siendo horas extras como su nombre lo indica, no pueden reclamarse en el caso de no estar trabajando para la demandada ya que no se cumplía con el débito laboral propiamente dicho.-
VIII. Haberes caídos. Insiste el recurrente en el reclamo de los haberes caídos desde el distracto hasta el mes de noviembre que finalizaba la licencia por enfermedad. El análisis y la postura fijada por el juzgador se encuentra ajustada a derecho a criterio de la suscripta. Esto es así, ya que no puede enervarse el claro precepto del art. 209 de la LCT que pone en cabeza del trabajador la obligación de comunicar su enfermedad. No existieron razones de fuerza mayor que pudieran invocarse en este aspecto, tampoco se trató de una enfermedad que le impida movilizarse al trabajador, ya que luego de cinco años sin trabajar en la empresa tuvo un cuadro de depresión y ansiedad, lo que es comprobado tanto por los certificados médicos que adjunta como con la declaración del Dr. Fabio Monzón de fs. 507. Es decir, no existía imposibilidad de cumplir con su obligación. Desde otra óptica debo señalar que la empresa no pudo tomar un conocimiento inmediato o notar la ausencia del trabajador ese día en el trabajo cuando el mismo no concurría al mismo desde hacía varios años. Este agravio no puede prosperar.-
IX. Tope indemnizatorio. El actor introduce en agravios la falta de análisis de la solicitud de nulidad e inaplicabilidad del tope indemnizatorio. En este aspecto reitero mi posición al respecto conforme lo oportunamente resuelto en los autos “ALANIS GUSTAVO ADOLFO Y OTROS C/ SERVIGEN S.R.L Y OTRO S/ LABORAL-COBRO DE PESOS", Expte. Nº 15659 (TOMO: XCVIII SENTENCIAS, REGISTRO: 3011, FOLIO: 178/194, PROT. ELECT. A201 023 S.231 11/7/23 de fecha 11/7/2023 y su antecedente “VELAZQUEZ, CARLOS RUBEN C/ SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS”
Expte. N° 17475, TOMO: XL,REG.:2734, FOLIO:095/102, de fecha 10 de julio de 2018, donde expresé que siguiendo la postura de la Cámara en otros pronunciamientos que "Desde que el art. 245 de la LCT establece un tope para la indemnización por antigüedad cuya constitucionalidad ha sido sostenida en forma reiterada por la CSJN y por esta Cámara de apelaciones. Se enseña en el punto que "En ningún momento, la normativa citada deja de establecer tope. Tampoco el Juez puede dejar de aplicarlo, porque forma parte de la fórmula legal, de la que sólo puede apartarse cuando declare su inconstitucionalidad.... el espíritu del art. es que a todos los trabajadores, aún aquellos que no se encuentran amparados por convenciones colectivas, se les aplique un tope determinado en base a las remuneraciones del convenio correspondiente a la actividad." (Ojeda, Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo, T. III, pag. 439). ( Autos:CARRIZO, Daniel Alberto c/ CONINSA SA s/ Laboral, Expte. C-10.533/06, T. LXXXII SENTENCIAS, REG. 2528, F.033/040, 16-5-2016). En este aspecto siguiendo la doctrina del caso “Vizzoti” (Fallos 327:3677), a la cual además adhirió el Tribunal Superior de la Provincia (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 511, Folio 2860/2871), entiendo que a los fines del cálculo por antigüedad únicamente habrá de aplicarse dicha doctrina en la reducción del 33% de su base, teniendo presente que el tope indemnizatorio para el convenio publicado en la página del ministerio de trabajo de nación al momento del despido corresponde a la suma de $ 38.440,02 (Resolucion MT 2535/14). Así habrá de entenderse a los fines del cálculo correspondiente, siendo improcedente la nulidad e inaplicabilidad que solicita la parte.-
X. Mejor Remuneración. Le agravia al actor la suma determinada en la sentencia como MRNH de Sergio Torres, por cuanto no se encontraría integrada por todos los ítems y además se correspondería con un mes equivocado. Al respecto se entiende que la base debe obedecer a la remuneración más alta percibida, tenga carácter remunerativo, normal y habitual (art. 245 LCT). En este aspecto entiendo que el recurrente no logra conmover lo dispuesto en la sentencia de grado, en tanto la mejor remuneración obedece a la percibida por el mes de marzo de 2014 en la suma de $23.410,01 lo que surge de los recibos de haberes acompañados en autos. Aclaro que el promedio de las remuneraciones como requiere la actora no supera dicha suma.-
A partir de ello y siendo que existiría diferencia en la liquidación final abonada, corresponderá determinar las diferencias correspondientes teniendo como base dicha suma.-
XI. Indemnización por falta de aportes, arts. 132 bis LCT. Sostiene el recurrente que este reclamo no fue debidamente abordado por el juez de grado. Asiste razón al mismo y por tal razón habrá de analizarse en esta instancia. Se reclama en la demanda esta sanción supeditada a que la empleadora no acredite el ingreso de los aportes a los organismos de la seguridad social retenidos al trabajador. Se lo introduce como un reclamo subsidiario en caso de incumplimiento. La norma señalada impone esta indemnización cuando al momento de la extinción del contrato de trabajo el empleador no haya ingresado los aportes retenidos al trabajador durante la vigencia de la relación laboral, sean legales o convencionales, con destino a los organismos de la seguridad social y sindicales. Como contrapartida a dicha obligación patronal se encuentra el deber de intimar al empleador, para que en el término de 30 días regularice la situación, ingresando los aportes retenidos, sus intereses y multas a los organismos de seguridad social. En el caso la documentación que se encuentra agregada a fs. 909 y ss. y la pericia contable obrante en autos dan cuenta que durante toda la relación laboral los aportes de seguridad social y obra social se realizaron correctamente. Por otro lado de los recibos de haberes que se encuentran agregados se desprende que los descuentos se efectuaron. Por esta razón la sanción solicitada por incumplimiento no debe prosperar.
XII. Impuesto a las ganancias devolución. En el punto se comparte lo decidido en la sentencia de grado en cuanto a que las indemnizaciones tienen finalidad resarcitoria y no representan una renta periódica por lo que no están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Ello surge también de la doctrina de la Corte Suprema a partir de los fallos "Cueva c/ AFIP" (CSJN, "Cuevas, Luis Miguel c/ AFIP-DGI s/ contencioso administrativo", Fallos: 333:2193, sentencia del 30 de noviembre de 2010) y "Negri Fernando Horacio c/ Estado Nacional – AFIP DGI" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fecha: 15-jul-2014,Cita: MJ-JU-M-87250- AR | MJJ87250). Por esta razón entiendo que corresponde la devolución de $8.505,10. En sentido contrario procede su retención sobre los créditos de naturaleza remunerativa y no se logró acreditar que los descuentos realizados excedan el porcentaje correspondiente. En este aspecto el agravio no procede y se confirma la devolución de "ganancias" por el monto dispuesto.-
XIII. Vacaciones 2014. Con relación a la diferencias por el rubro vacaciones del año 2014, habrá de tenerse en cuenta lo decidido en cuanto a la finalización de la relacion laboral en el mes e septiembre de 2014, lo dispuesto sobre la MRNH y el rubro considerado remunerativo señalado anteriormente a fin de establecer la diferencia existente por este concepto (arts. 151 y ss. LCT).-
XIV. Multas del art. 2 de la ley 25323 y art. 80 de la LCT. Le agravia al actor que el juez desestima el planteo por entender que las normas no se encuentran vigentes ya que estarían derogadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.742. En el particular entiendo que no resulta de aplicación en éste supuesto la denominada “ley bases” en forma retroactiva a los contratos de trabajo extinguidos antes de su entrada en vigencia. Por ello habré de analizar el reclamo a la luz de la normativa vigente al momento del distracto. La aplicación de la sanción prevista en la ley 25.323 obliga a revisar la forma en que se configuró el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes, dejando aclarado que adhiero a la interpretación restrictiva del agravamiento de la indemnización contemplada en la normativa en juego en consonancia con el criterio sostenido en forma reiterada.
Lo mismo cabe con relación a la sanción prevista en el art. 80 de la LCT. Sobre éste ítems, es pertinente citar la doctrina invocada en reiterados precedentes de ésta Cámara y que dice: “A partir de ésta ideas, hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT” (Revista de Derecho Laboral – Actualidad – Rubinzal Culzoni año 2.010-2 página 285).
Con respecto a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, tengo presente que se trato de un despido sin expresión de causa, en que la empleadora depositó a favor del trabajador las sumas de la liquidación final e indemnización del art. 245 de la LCT. Se ha dicho en ese sentido: “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema” (confr. CNLB, Capital Federal, 21-6- 2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, 'Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones', ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." En el particular, no se discutió sobre la causa de despido por cuanto el distracto fue sin expresión de causa, sumado a ello el actor reclama diferencia sobre dicha indemnización que como surge de esta propia causa se encuentran sumamente cuestionadas, es decir que no corresponde reproche de tal magnitud a la demandada para proceder como lo hizo. De allí es que considero que la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 no resulta procedente.
En cuanto a la sanción prevista en el art. 80 de la LCT observo primero que la demandada le comunicó que los certificados se encontraban a su disposición. Por otra parte el certificado de servicios y remuneraciones (formulario PS 6.2) y el certificado de trabajo fueron agregados con el escrito de contestación de demanda. La conducta de la accionada tuvo por tanto suficiente diligencia para que el trabajador pueda hacerse de tal documentación, ello sin perjuicio de las rectificaciones que correspondan de acuerdo a lo resuelto en el presente. En efecto, pudo el actor presentarse en las oficinas de la empleadora conforme se lo imponía la buena fe contractual o pudo solicitar también el desglose una vez que estuvieron agregadas a la causa. Nada de eso hizo y procedió sin más a demandar la multa prevista en el art. 80 de la LCT. Teniendo en cuenta por ende que los aportes y contribuciones fueron realizados y que tanto el art. 11 de la ley laboral como el art. 9 del Código Civil y Comercial vedan el ejercicio abusivo de los derechos, se considera que el cobro de la multa que se pretende deviene contrario al principio invocado y no debe por ende admitirse. Por estas razones entiendo que la multa del art. 80 de la LCT no debe prosperar.
XV. Devolución de cuota alimentaria. Insiste en agravios la parte actora en la devolución de lo retenido como cuota alimentaria por parte de la empleadora. Adelanto que este agravio no puede prosperar, por las mismas razones que expone el juez de grado. La actitud de la empleadora por un lado se condice con lo ordenado en el oficio judicial que acompaña el propio actor a fs. 92. Eventualmente la cuota de alimentos por su especial naturaleza debe revestir los caracteres de continuidad y suficiencia para mantener el nivel de vida del hijo del actor, situación que habrá de evaluarse en el expediente sobre alimentos y no en esta instancia (arts. 658 y ss. Cod. Civil y comercial); en atención a ello este agravio no puede prosperar.-
XVI. Solidaridad. La parte actora reitera en agravios se admita la solidaridad laboral con YPF S.A. Debe partirse como lo realiza el juez de grado en que la solidaridad constituye una excepción al principio general, requiere una expresa previsión legal, no se presume ni se extiende por analogía. Comparto la solución brindada en la instancia de grado pero por diferente fundamento. Como se señaló en la presente Sergio Torres hacía cinco años que no realizaba ningún trabajo efectivo para la empleadora, sino que su fuerza de trabajo estaba a disposición del Sindicato en un primer momento y posteriormente en la obra social sindical. Dichos organismos tienen a su vez su propia personería y sistemas de funcionamiento y responsabilidad y constituyen personas jurídicas diferenciadas, con patrimonio propio y capacidad para asumir derechos y obligaciones. No se acreditó en éstos ninguna actuación fraudulenta destinada a perjudicar derechos del trabajador ni extremos suficientes para que se pretenda extender la responsabilidad laboral a YPF S.A. con relación a los salarios de un agente que no laboraba para la empresa hacía casi seis años. (arts. 29, 30 LCT). Claramente el actor no puso su fuerza de trabajo a disposición de la empleadora principal y por tal razón no puede considerarse que estaba efectivamente vinculado al contrato que únia a ésta con YPF S.A. Este marco atípico de relación laboral generado en el caso, importa un margen de duda suficiente para que la teoría restrictiva en materia de solidaridad opere. Por tal razón este agravio no puede prosperar.
XVII. En agravios la actora señala que no se expidió el juez de grado en el punto de la actualización monetaria e intereses. Asiste razón a la misma. Sobre lo requerido me he pronunciado anteriormente entre otros en los autos “GONZALEZ CRISTIAN JAVIER C/ DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L. S/ DEMANDA LABORAL (EXPTE. 21504)” (TOMO: CVI SENT. REG.: 3215,FOLIO:
092/105,PROT. ELECT. A201 044s261, 8/7/2026) donde señalé que al momento de estar dictando esta sentencia se encuentra vigente la ley 27802 que impone una aplicación inmediata a los procesos sin sentencia firme y sería de aplicación en éstos. Por tal razón teniendo en cuenta lo dispuesto por la nueva redacción del art. 276 de la LCT (arts. 7, 768, 772 y 1740 del CCyC, art. 9 LCT) corresponde adoptar la utilización del IPC con más el 3% anual, desde que la suma es debida hasta su efectivo pago. Esta solución es más favorable al trabajador y obedece a los principios que informan al derecho del trabajo, ya que refleja la pérdida del valor adquisitivo del salario. Tengo en cuenta además, que la Corte Suprema de Justicia lo señaló en este sentido al fallar sobre el reajuste de haberes jubilatorios en el caso “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS” del 18 de diciembre del año 2021 donde se expidió en similares términos y sirvió de base a numerosos precedentes, https: //www.csjn.gov.ar/archivo- cij / nota - 32887 - PREVISIONAL). Es por tal razón que considero que devienen abstractos los planteos propuestos por el recurrente y entiendo que la vigencia de la nueva ley laboral da una solución acorde a lo requerido, brinda un criterio más ajustado a la realidad del trabajador para el reajuste de su crédito (conf. voto en autos “CONTRERAS, JAIME ADOLFO C/D.L.S. ARGENTINA LIMITED S/LABORAL", Expte. Nº 14.907, T:CIV SENTENCIAS, REG.:3156, F: 059/069, PROT. ELECT.A201 060S.251). Por estas razones el agravio de la actora debe prosperar en este sentido.-
XVIII. Por la forma en que me he pronunciado a los agravios de la parte actora entiendo que los planteos realizados por la codemandada devienen abstractos en su análisis por haber sido improcedente la solidaridad con YPF S.A. Las costas en la instancia deberán ser soportadas por su orden en atención a la forma en que se deciden las cuestiones planteadas y por cuanto la empleadora no contestó el traslado (art. 68 CPCC).-
En respuesta a la primer cuestión entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe modificarse en la medida de lo señalado precedentemente.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIX. Que coincido con la primera votante en que no corresponde extender la responsabilidad solidaria a YPF S.A., asimismo como al tratamiento dado a los diferentes rubros que se reclaman y las diferencias salariales existentes; improcedencia de devolución de cuota alimentaria en esta causa, y devolución de retención de impuesto a las ganancias señalado. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XX. En función de los argumentos desarrollados en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios de la actora. 2°) Modificar la sentencia de grado aclarando que existen diferencias en la liquidación final, y deben calcularse conforme al mejor salario señalado en el considerando X; disponer la devolución de $8.505,10 en concepto de ganancias. 3°) Aclarar los rubros tenidos por remuneratorios en la forma dispuesta en el considerando VII). 3) Desestimar los restantes agravios formulados por la parte actora. 4°) Disponer que las sumas debidas sean actualizadas conforme al índice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual en la forma dispuesta por el art. 276 de la LCT y lo dispuesto en el considerando XVII). 5°) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444). 6°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se determinen los de la instancia de grado y existe liquidación aprobada. 7°) Tener presente la reserva del caso federal. 8°) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XXI. Que considero a la propuesta ajustada a lo tratado al contestar la primera cuestión. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 07 de agosto de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir parcialmente los agravios de la actora.-2°) Modificar la sentencia de grado aclarando que existen diferencias en la liquidación final y deben calcularse conforme al mejor salario señalado en el considerando X; disponer la devolución de $8.505,10 en concepto de ganancias.-3°) Aclarar los rubros tenidos por remuneratorios en la forma dispuesta en el considerando VII).-4°) Desestimar los restantes agravios formulados por la parte actora.-5°) Disponer que las sumas debidas sean actualizadas conforme al índice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual en la forma dispuesta por el art. 276 de la LCT y lo dispuesto en el considerando XVII).-6°) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).-7°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se determinen los de la instancia de grado y existe liquidación aprobada. 8°) Tener presente la reserva del caso federal.- 9°) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.- El Dr. Horacio M. Fernández no suscribe la presente por no existir disidencias y constituir mayoría. Fdo. Humberto Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 049 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3220 Folio Nº: 151/166 Secretaria: 1
Fin de la sentencia