Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 30.402-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución 261/11, dictada por la Aduana de Gualeguaychú, en la Actuación SIGEA 12645-177-2010.
2Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-150132570-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 18 de Diciembre de 2023 de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 30.402-A.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, el Dr. Christian M. González Palazzo y la Dra. Claudia B. Sarquís —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación—, para dictar sentencia en los autos caratulados “TORRIELLI PABLO ALFREDO c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 30.402-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. A fs.19-30 vta. se presenta Pablo Alfredo Torrielli e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 261/11 dictada el 5/12/2011 por la Aduana de Gualeguaychú, en la actuación SIGEA N° 12645-177-2010 y acumulado (SC 37/10) mediante la cual se lo condena al pago de una multa por la presunta comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. b) del Código Aduanero (CA), en relación a la destinación de importación a consumo 06026IC05000183N y otras 15 destinaciones de importación más, todas de mercadería descripta como máquinas fotocopiadoras usadas reacondicionadas, clasificadas en las Posiciones Arancelarias (P.A.) 8443.39.21.000L y 9009.12.10.000T. Se refiere a los antecedentes del caso. Sostiene que la mercadería importada se encontraba sometida al régimen de la Resolución 909/94 del ex Ministerio de Economía y Obras Públicas (MEyOySP). En oportunidad oficializar las destinaciones, se acompañaron certificados con legalización consular que acreditaban el reacondicionamiento y certificados locales de entidades autorizadas por nuestro país, mediante los cuales se acreditó su buen funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica de los equipos, todos los cuales fueron revisados en oportunidad de la verificación aduanera, mediante canal rojo. Alega la inexistencia de diferencia alguna entre lo declarado y lo comprobado por el servicio aduanero. Invoca la teoría de los actos propios y afirma que se han afectado los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Plantea un exceso de punición en la multa dispuesta. Sostiene que la mercadería no es de importación prohibida y que no se dan los presupuestos del tipo infraccional endilgado. Cita el Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, del 25/06/09, en autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A.”. Invoca la aplicación del art. 959 del CA. Cita las conclusiones de la Procuradora del Tesoro de la Nación en el Fallo de la CSJN “Frimetal S.A.” (Sentencia del 23/03/2010). Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas. Subsidiariamente solicita la aplicación del principio de la duda en cuanto a la infracción endilgada (art. 898 del CA).
II. A fs. 48-56 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega genéricamente las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria, no reconocidos expresamente. Realiza una breve reseña de los hechos acontecidos. Formula consideraciones en relación a lo dispuesto en la Resolución MEyOySP 909/94 y la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. b) del CA, como así también en cuanto a las facultades de control que posee la Aduana. Sostiene que resulta improcedente graduar la multa en los términos del art. 916 del CA, ya que la misma fue impuesta dentro de los topes legales establecidos a tales efectos. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relacionadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 59 se abre la causa a prueba. A fs. 301 se clausura el período probatorio. A fs 311 se ponen los autos a alegar. A fs. 315-315 vta. alega la demandada y a fs. 317 se deja constancia de que la actora no hizo uso del derecho conferido.
A fs. 318 quedan los autos en estado de dictar sentencia.
IV. La representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA 12645-177-2010 en soporte papel, en dos cuerpos de 294 fojas — en las cuales obra la resolución apelada ante esta instancia jurisdiccional— y un paquete anexo con los sobres originales de las destinaciones de importación en cuestión y documental complementaria. Dichas actuaciones se encuentran agregadas por cuerda en autos.
V. La Actuación SIGEA 12645-177-2010 se inició con el Informe Técnico N° 216/10 (SE FVIM) obrante a fs. 1-2, mediante el cual se expresó que en relación a la destinación de importación (DI) 06026IC05000183NA, la mercadería importada resultaría prohibida atento a que no se ha cumplido lo establecido en el art 2 de la Resolución ex MEyOySP 909/94. A fs. 13-201 se agregaron las actuaciones SIGEA Nros. 12645-162-2010, 12645-161-2010, 12645-160-2010, 121645-159-2010, 12645-158-2010, 12497-3-2010, 12497-27-2009, 12497-28-2008, 12497-23-2008, 12497-12-2008, 12497-36-2007, 12497- 18-2007, 12497-17-2007, 12497-16-2007 y 12497-2-2007 correspondientes a las 15 destinaciones restantes en las cuales existe identidad de denunciado y cuestión litigiosa. Asimismo se agregaron como Anexo I los 16 sobres contenedores de la documentación correspondiente a los mencionados despachos. A fs. 203 se instruyó sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y a fs. 213 se corrió vista de las actuaciones a la importadora, quien se notificó el 21/02/2011 (fs. 218) y contestó a fs. 220-229 vta. A fs. 269-275 se emitió el Dictamen N° 203152/11 (AD GUAL) y a fs. 276-290 se dictó la resolución apelada.
VI. Sentado ello, corresponde determinar si es ajustada o no a derecho la resolución apelada. Conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, mediante 16 destinaciones de importación a consumo, oficializadas ante la Aduana de Gualeguaychú, Pablo Alfredo Torrielli, documentó la importación para consumo de máquinas fotocopiadoras usadas, mercadería clasificada en las P.A. 9009.12.10.000T —migrada a P.A. 8443.39.21.000 vigente durante el período 24/05/07 al 31/12/09 (ver informe del Departamento Control de Desarrollo y Operación de sistemas aduaneros de fs. 78 de autos)—, originarias de Estados Unidos , China, Corea y Japón, procedentes de Estados Unidos. Como documentación complementaria de oficialización de cada uno de los DI fueron presentados los certificados de reacondicionamiento, legalizados por el Consultado General de la República Argentina en Miami, autorización servicio de post venta y certificado de seguridad eléctrica conforme disposición del Director Nacional de Comercio Exterior 1139/99.
Al efectuarse el control aduanero documental de los DI en trato, mediante canal de selectividad rojo, la verificación fue conforme lo declarado y se libró a plaza la mercadería.
No obstante ello, en una verificación ex post, la Sección Fiscalización y Valoración de Importación de la Región Aduanera La Plata, observó que los certificados de reacondicionamiento aportados al momento de la presentación de los despachos habían sido expedidos por la firmas vendedoras, radicadas en Estados Unidos —ASSETS DISTRIBUCIÓN GROUP INC. y SOUTH FLORIDA COPIERS— y legalizados por el Consulado General de la República Argentina en Miami. Asimismo, dichas firmas designaron a la empresa TECOPIERS de Argentina como representante autorizada para realizar el servicio de post venta en nuestro país.
Advertido por el servicio aduanero que los certificados referidos no cumplían las exigencias previstas en el art. 2 de la Resolución MEyOySP N° 909/94, modificada por la Resolución MEyOySP N° 1472/94, se realizó la consulta a la ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa —dependiente del ex Ministerio de Industria y Turismo—, sobre la posibilidad de aceptación de los mismos. En efecto, la Dirección de Importaciones, dependiente de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del mencionado Ministerio, informó que la documentación presentada por la firma Torrielli Pablo Alfredo no cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución del ex MEyOySP 909/94. Por lo expuesto, el servicio aduanero concluyó que, prima facie, se habría configurado la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b) del CA por cuanto la mercadería importada sería prohibida por no cumplir las formalidades requeridas o haber sido falseadas las mismas.
Consecuentemente se labraron las pertinentes denuncias, se instruyó sumario administrativo y finalmente se dictó la resolución aquí apelada.
Corresponde, entonces, analizar la normativa aplicable al caso de autos, para determinar si el incumplimiento de los requisitos allí establecidos conlleva a la prohibición de importación de la mercadería de marras.
El art. 1° de la Resolución MEyOSP N° 909/94 (B.O. 3/08/94), según las modificaciones introducidas por la Resolución n° 1472/94 (B.O. 29/11/94), dispone que los bienes usados comprendidos en los capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 que se importen en forma definitiva para consumo, comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura del Comercio Exterior (N.C.E.) —luego Nomenclatura Común del Mercosur, Res. MEyOySP N° 748/95— que se detallan en el anexo I de la presente resolución, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción o en su defecto, deberán cumplimentar los procesos indicados en el país.
El segundo y tercer párrafo del art. 2 de la referida Resolución (según la modificación de la Res. MEyOySP N° 1472/94) disponen que: “Cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el artículo precedente, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado, legalizada por la correspondiente sección comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado Argentino. El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso, los mismos estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de dos (2) años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes.” La condición de comprobación de destino, en los términos indicados en el párrafo precedente también regirá para los bienes que, acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción en el exterior, sean importados por el usuario directo de los mismos.
Sentado ello, cabe destacar que no se encuentran controvertidos, en el caso de autos, ni la posición arancelaria correspondiente ni su inclusión en el Anexo I de la Resolución ex MEyOySP 909/94 y sus modificaciones. Por el contrario la Aduana de Gualeguaychú se limitó únicamente a negar validez a los certificados de reacondicionamiento presentados por Pablo Alfredo Torrielli por cuanto no fueron emitidos en Japón, China, Corea o Estados Unidos, es decir, los lugares de origen de la mercadería importada. En efecto, los certificados en cuestión, fueron emitidos, en el lugar de su procedencia— Estados Unidos—, donde fue reacondicionada la mercadería usada, por parte de las firmas vendedoras. Tampoco se encuentran cuestionados los procesos de reacondicionamiento llevados a cabo, según lo prescribía la última parte del art. 1 de la Resolución MEyOySP 909/94, anterior a la reforma del Dto. 406/2019 (B.O. 7/6/2019). En efecto, el servicio aduanero se limitó a rechazar los certificados sin analizar si habían sido efectuados conforme al procedimiento establecido en la norma mencionada para la mercadería en cuestión.
Al momento de llevarse a cabo las operaciones de importación en análisis (años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009), la norma referida habilitaba a que el proceso de acondicionamiento o reconstrucción se llevara a cabo en el país de procedencia de la misma, lo que debía acreditarse mediante una certificación del fabricante originario del bien o certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado y legalizada por la correspondiente sección comercial de la embajada de nuestro país o por el consulado argentino.
En el caso de autos, como ya se expresó, el proceso de reacondicionamiento fue efectuado en el país de procedencia, esto es Estados Unidos y la actora acompañó para acreditarlo certificaciones de pericia técnica de acondicionamiento, que si bien no fueron realizadas en origen, sí fueron hechas por un técnico especializado y con la respectiva legalización consular.
Corresponde advertir que las empresas certificantes ASSETS DISTRIBUCION GROUP INC. y SOUTH FLORIDA COPIERS, ambas radicadas en Florida, Estados Unidos, se dedicaban al reacondicionamiento de máquinas fotocopiadoras en las fechas en que se realizaron las operaciones de importación en cuestión. Ahora bien, en relación a la firma South Florida Copiers, según contestación del exhorto obrante a fs. 112- 113 de autos, por parte de la División Civil de la Oficina de Asistencia Judicial, Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la fecha del informe remitido (28/06/2016) se encontraba inactiva. No obstante ello, cabe destacar que dicha firma resultó vendedora únicamente en la DI 05026IC05000437Y, en cuyo sobre contenedor de la documentación de oficialización, obrante en el Anexo de las actuaciones SIGEA 12645- 177-2010, se encuentra agregado, tanto el original del certificado de pericia técnica de acondicionamiento debidamente legalizada por el Consulado General de la República Argentina en Miami, como así también la autorización de servicio post venta y certificado de seguridad eléctrica. Cabe destacar que la demandada no ha cuestionado la autenticidad de dichos documentos, sólo ha cuestionado que los mismos no reúnen los requisitos que exigía la Resolución ex MEyOySP 909/94, dado que no fueron emitidos por el fabricante de los equipos reacondicionados, sino por las firmas reacondicionadoras y vendedoras. En el mismo sentido, en relación a Assets Distribution Group Inc., que resulta ser la firma vendedora en los 15 DI restantes, si bien no se obtuvo respuesta al exhorto librado según constancias de fs. 82-83 vta. de autos, cabe destacar que en los sobres contenedores de la documentación de oficialización de cada una de las operaciones de importación a consumo obran las constancias de los certificados periciales de reacondicionamiento debidamente legalizados y la autorización de servicio post venta, como así también los certificados de seguridad eléctrica emitidos — documentación cuya autenticidad tampoco fue cuestionada por la demanda—.
No obstante ello, como ya se expresó, lo aquí cuestionado por el servicio aduanero, en relación a los certificados referidos, como ya se expresó, no es lo relativo a su autenticidad, sino lo relativo a su validez en los términos de la Resolución ex MEyOySP 909/94 por cuanto fueron emitidos por las firmas vendedoras y reacondicionadoras y no por el fabricante de los equipos reacondicionados.
Corresponde, entonces, determinar si el incumplimiento del requisito de su emisión por parte del fabricante torna de importación prohibida a la mercadería objeto de autos. Es decir, si la misma se hallaba sujeta a una prohibición aduanera, tal como sostiene la demandada, o si bien el régimen de la resolución referida —y sus modificatorias— fijaba un tratamiento diverso.
En este sentido resulta de aplicación lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en relación a la resolución en trato en la causa caratulada "Nate Navegación y Tecnología Marítima SA c/DGA" (TF 22.220-A) sentencia del 12 de Junio de 2012, en la cual hizo suyos los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal y distinguió claramente las mercaderías sujetas a una prohibición de importación de aquellas otras cuya importación está permitida bajo la vigencia de ciertas y determinadas condiciones o requisitos que no constituyen estrictamente prohibiciones.
Los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que la CSJN se remitió, esclarecen la cuestión aquí planteada.
Allí la Procuradora analiza la exposición de motivos del CA y explica que el término prohibiciones designa aquellas que impiden en forma directa la importación o exportación y las diferencia respecto del tratamiento de las numerosas restricciones operativas. Asimismo expresa que el CA no establece prohibiciones específicas, sino que ellas deben surgir de la legislación. En este sentido, la Resolución ex MEyOySP 909/94, con las modificaciones introducidas por la Resolución 1472/94 estableció claramente un régimen de prohibición de importación para consumo respecto de las mercaderías detalladas en su Anexo II (art. 4).
En lo que aquí interesa los arts. 1 y 2° de la mentada resolución abarcaba a ciertos bienes usados, cuya importación definitiva para consumo se encontraba sujeta a ciertas condiciones, a saber a) acondicionados fuera o para ser acondicionados dentro del país; b) el importador debía ser su usuario directo; c) éste se veía imposibilitado de enajenar el bien durante dos años, estando sujeto al régimen de comprobación de destino correspondiente; y d) sujetos a un arancel diferencial (inicialmente fijado en el 15% y, en lo que hace al caso de autos, en el 25% por la-resolución 155/95).
Es decir que: según la naturaleza del bien y su inserción de cara a la política comercial y económica seguida en ese momento, su importación estaba prohibida o bien permitida bajo ciertas condiciones. Y así lo reconoció el propio Poder Ejecutivo en las sucesivas resoluciones que complementaron y modificaron el régimen, sincrónicamente, a medida que se apreciaban cambios en las condiciones de la economía nacional.
Desde esta óptica, si se sostiene la tesitura de la demandada, en cuanto a que el incumplimiento de la exigencia del certificado de reacondicionamiento emitido por el fabricante establecido por la resolución en análisis, tornaba prohibida la mercadería en trato, ello implicaría elevar a tal categoría a todas las restricciones y condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías, dando a los arts. 608 y CA una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado. En definitiva implicaría la inversión de la regla fundamental consagrada en el art 19 de la Constitución Nacional. El cumplimiento del requisito en cuestión, en el caso de autos, se trataría de una "excepción” a la regla de la prohibición.
En virtud de le expuesto hasta aquí, estimo que la conducta seguida por la actora en cuanto al cumplimiento con la presentación de las certificaciones referidas, como así también los informes técnicos de las pruebas de calidad y funcionamiento de los equipos realizados —todo debidamente legalizado— demuestra la carencia de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera. En consecuencia, aun cuando se llegaran a considerar inválidos los certificados de reacondicionamiento presentados por la actora, por el sólo hecho de no haber sido emitidos por el fabricante originario, sin haber quedado demostrado el incumplimiento con los procesos de reacondicionamiento indicados en el país, ni cuestionarse la autenticidad de dichos certificados, considero que la conducta de la actora no resulta punible en los términos del art. 954 ap. 1 inc. b), del CA.
A mayor abundamiento, es necesario destacar que en el caso de autos, las firmas vendedoras, emisoras de los certificados cuestionados por el servicio aduanero, han sido quienes reacondicionaron la mercadería y realizaron las evaluaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas de las fotocopiadoras importadas, por lo tanto se encontraban, incluso, en mejores condiciones que el fabricante en origen, quien no intervino en dichos procesos, para poder certificar que dichos procesos aseguran la condición de calidad requerida y necesaria para su comercialización.
En definitiva, en el caso de autos, si bien los certificados técnicos de reacondicionamiento no cumplen con la exigencia formal —que se advierte como exesiva— de emisión por parte del fabricante o mediante pericia técnica en origen —lo cual resultaba de cumplimiento imposible, dado que el reacondicionamiento no estuvo a cargo del fabricante ni se realizó en el lugar de origen— lo cierto es que ello no torna prohibida a la mercadería importada, la cual fue sometida a los procesos y pruebas de funcionamiento correspondientes establecidos por las normas de seguridad y protección comercial locales. Por todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada.
VII. Atento a la forma en que aquí se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios de la recurrente.
VIII. Respecto de las costas del proceso, en virtud de lo analizado precedentemente, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada perdidosa.
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución 261/11, dictada por la Aduana de Gualeguaychú, en la Actuación SIGEA N° 12645-177-2010.
2. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
La Dra. Sarquís dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución 261/11, dictada por la Aduana de Gualeguaychú, en la Actuación SIGEA 12645-177-2010.
2. Costas a la demandada vencida.
Suscriben la presente el Dr. Christian M. González Palazzo y la Dra. Claudia B. Sarquís —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación— en los términos del art. 52 del R.P.T.F.N. Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.12.18 15:25:00 -03:00 Date: 2023.12.18 15:52:32 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.18 15:52:33 -03:00
Fin de la sentencia