Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto a fs. 548/553 vta. y, en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida; II) Se imponen las costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 del Dec.Ley 8904); IV) Se ordena comunicar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Departamental el accionar desplegado por el Dr. Carlos Gabriel Teper en la presente causa y en las causas "Santeiro, Raúl Oscar s/ quiebra" y "Evangelista, Dora Josefina s/ quiebra" a fin de que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24 de la ley 5177 analice si el comportamiento adoptado por el citado profesional se corresponde con el correcto ejercicio de la función de abogado, adoptando al efecto el impulso oficioso necesario para la correcta y eficaz dilucidación de la cuestión.
REGISTRADA BAJO EL N° 251 (S) F°1373/1376
EXPTE. N° 152055 Juzgado Nº 2 En la ciudad de Mar del Plata, a los 05 días de diciembre de 2012, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "TORTI CARLOS ANTONIO S/CONVERSION EN CONCURSO PREVENTIVO" habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez . El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 538/ 540?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia resolviendo dejar sin efecto la sentencia que decreta la apertura del concurso preventivo del Sr. Carlos Antonio Torti, recobrando efectos jurídicos la declaración de quiebra dispuesta -con fecha 14 de noviembre de 2011- mediante resolución obrante a fs. 42/ 44 vta. Para así decidir, considera que el concursado no ha cumplido con la publicación de edictos en los términos y con los alcances fijados por los arts. 27 y 28 de la LCQ.
II. Contra dicho pronunciamiento el Dr. Carlos Gabriel Teper, invocando la franquicia prevista en el art. 48 del CPC respecto del Sr. Carlos Antonio Torti, interpone a fs. 548/ 553 vta. recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
III. Critica la decisión del sentenciante por cuanto deja sin efecto la apertura del concurso preventivo en virtud de la inacción del concursado en lo que respecta a la publicación edictal.
Afirma que no ha existido un desinterés imputable a su mandante ya que el trámite del expediente se vio afectado por medidas de fuerza adoptadas por el personal judicial, siendo el propio secretario del juzgado el que recepciona personalmente los escritos presentados en mesa de entradas.
Agrega que no concurren los presupuestos legalmente exigidos para aplicar la sanción cuestionada ya que, conforme surge de su presentación hecha el 28 de mayo de 2012, fueron arrimados al expediente los proyectos de edictos para su confronte respectivo.
Expresa que no ha existido una demora atribuible exclusivamente al concursado, quien ha intentado dar impulso al trámite judicial a pesar de las medidas de fuerza suscitadas durante la sustanciación del expediente. Concluye que la decisión del juez de origen consagra un excesivo rigor formal contrario al debido resguardo de la defensa en juicio, en tanto desconoce el carácter excepcional y restrictivo con el cual debe aplicarse la sanción prevista en el art. 30 de la ley 24.522. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Previo a ingresar en el análisis de los agravios, estimo conveniente realizar un breve relato de los antecedentes de la causa: a) A fs. 36/ 40 vta. se presenta el Sr. Carlos Antonio Torti, por propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Gabriel Teper, solicitando que se decrete su propia quiebra conforme lo dispuesto en el art. 86 de la ley 24.522.
Afirma que -con fecha 5 de noviembre de 1997- adquiere un inmueble con destino a vivienda única y permanente mediante un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Nación Argentina.
Explica que, con motivo de la crisis de 2001, sufre diversos avatares personales de orden económico, viéndose imposibilitado de afrontar las obligaciones contractuales que se encontraban a su cargo. Culmina que el remedio falencial constituye el medio idóneo para proteger el interés de sus acreedores, solicitando la declaración de su propio estado falencial.
b) A fs. 42/ 44 vta. el Sr. Juez de primera instancia hace lugar a lo peticionado y declara en estado de quiebra al Sr. Carlos Antonio Torti. c) A fs. 129/ 132 vta. se presenta -nuevamente- el Sr. Carlos Antonio Torti, por propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Gabriel Teper, solicitando la conversión de la quiebra en concurso preventivo.
d) A fs. 133/ 137 vta. se hace lugar al pedido formulado y, en consecuencia, se revoca la sentencia de quiebra obrante a fs. 42/ 44 vta., decretándose la apertura del concurso preventivo del Sr. Carlos Antonio Torti.
e) A fs. 538/ 540, habida cuenta la negligencia del concursado en cuanto a la efectiva acreditación de la publicación de edictos, el Sr. Juez de primera instancia dicta sentencia conforme los alcances delimitados en el punto I.
IV. Tratamiento del recurso Ingresando en el estudio de la cuestión traída a consideración de este Tribunal, advierto que el recurso no debe prosperar.
En efecto, si bien el recurrente afirma que el trámite del expediente se vio afectado por medidas de fuerza adoptadas por el personal judicial, lo cierto es que durante el período de tiempo que refiere el apelante (mes de mayo de 2012) la Suprema Corte provincial no dispuso ninguna suspensión de términos procesales dentro del departamento judicial de Mar del Plata y, por consiguiente, mal puede interpretarse que la circunstancia invocada le haya impedido cumplir con la publicación edictal en los términos y con los alcances de los arts. 27 y 28 de la LCQ.
Tampoco resulta atendible el agravio por el cual el apelante critica que la decisión del sentenciante consagra un exceso rigor formal contrario al debido resguardo de la defensa en juicio.
Si bien resulta acertado considerar que la interpretación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos rituales incompatibles con el adecuado servicio de justicia (argto.Jurisp.SCBA, Ac. 82.685 del 23-7-03; CSJN, Fallos 311:274,600 y 700, entre otros), no es menos cierto que la doctrina del exceso ritual no importa avalar la derogación del principio de improrrogabilidad de los plazos procesales ni respaldar comportamientos negligentes (argto. arts. 150, 155 y conds. del CPC; Conf. .Augusto M. Morello, "Estudios de Derecho procesal", T.2, Ed. Plantese, 1998, pág.782/783;
argto.Jurisp.SCBA, Ac. 98.016 del 2-7-08, 98.469 del 18-2-09, entre otros). La Suprema Corte Provincial se ha pronunciado, en tal sentido, señalando que "el exceso ritual no constituye una doctrina abierta que permita sustituir los principios de orden procesal, tiene también su razón de ser al fijar pautas de orden y seguridad recíprocas y sólo cabe acudir a ella en situaciones precisas" (SCBA, Ac. 108.173 del 16-2-10).
Asimismo, ha dicho que "la doctrina del exceso ritual sólo se pone en juego en situaciones precisas, debiendo evitarse incurrir en el "exceso del exceso ritual manifiesto", abriendo paso así a la anarquía procesal" (SCBA, Ac. 104.599 del 3-3-10).
En definitiva, y teniendo en consideración que la figura aludida debe ser aplicada con ponderada prudencia a fin de evitar la desnaturalización de los propósitos que la sustentan, considero que -en el caso particular- no consagra ningún excesivo rigor formal la decisión que deja sin efecto la conversión de la quiebra en concurso preventivo, ante el incumplimiento por parte del apelante de lo dispuesto por los arts. 27, 28 y conds. de la ley 24.522).
Por las razones expuestas, propongo que el recurso de apelación sea rechazado.
Asimismo, resulta de interés destacar que según surge del legajo de acreedores efectuado por el recurrente, al momento de solicitar su quiebra -ver fs. 7-, el crédito de mayor cuantía lo constituye el del Banco de la Nación Argentina.
Dicho crédito, generado en razón de un mutuo hipotecario, resultó objeto de ejecución ante el Juzgado Federal N° 4 de esta ciudad, encóntrandose tal proceso, según las propias manifestaciones del apelante - ver fs. 39 vta.- con decreto de venta firme, habiéndose fijado fecha de subasta para el día 15-11-2011.
La solicitud de propia quiebra del aquí recurrente se efectuó el día 10-11-2011, esto es, cinco días antes de la fecha estipulada para la realización de la subasta, solicitándose específicamente en tal demanda la suspensión de los actos de ejecución forzada, en especial del que se celebraría en los autos "Banco de la Nación Argentina c/ Torti, Carlos Antonio s/ ejecución hipotecaria" -ver fs. 36 vta.- .
Una vez decretada la quiebra y suspendida la subasta, a fs. 129/132 el accionante solicita se convierta la quiebra en concurso preventivo.
Las circunstancias apuntadas hacen pasible considerar que el accionar del Sr. Carlos Antonio Torti y del profesional actuante Dr. Carlos Gabriel Teper denota un abuso del derecho consistente en utilizar el proceso concursal con el fin inmediato o mediato de suspender actos de ejecución forzada (art. 1071 del Código Civil; argto jurisp. Cám. de Apel. Civ. y Com. de La Matanza, Sala II, en la causa "Méndez, Miguel Omar s/ concurso preventivo", sent. interlocutoria del 24-05-2005; Cám. de Apel. Civ. y Com. de La Matanza, Sala II, en la causa "Scalise, Vicente Carlos s/ concurso preventivo", sent. interlocutoria del 17-05-2005; Cám. de Apel. Civ. y Com. de La Matanza, Sala II, en la causa "Dinardo, Liliana María s/ concurso preventivo", sent. interlocutoria del 22-03-2005; argto. doct. Jorge W. Peyrano - Juan Alberto Rambaldo "Abuso Procesal", Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 97 y sgtes.; Edgar J. Baracat "Derecho Procesal Concursal", Ed. Nova - Tesis, 2004, pág. 87 y sgts.).
A lo que cabe agregar, como otra circunstancia configurativa del abuso del derecho, que el solicitante de la quiebra tenía a su disposición remedios idóneos, que no utilizó, para evitar llegar al extremo de que su vivienda única y de ocupación permanente -ver fs. 10/20- sea subastada. En efecto, siendo que la mora en el cumplimiento del pago del mutuo hipotecario acaeció -según manifiesta el apelante- en el mes de mayo de 2001 bien pudo éste solicitar la pesificación de su crédito o, en su caso, ingresar al sistema de refinanciación hipotecaria (art. 1, 8 y ccdtes. del decreto ley 214; art. 11 y ccdtes. de la ley 25.561; Ley 25.798; Ley 26.167). Finalmente, resta señalar, que se ha celebrado audiencia ante este tribunal a tenor de lo dispuesto por el art. 102 de la LCQ, allí el Sr. Carlos Antonio Torti expuso, en lo sustancial que; "...posee una vivienda que resulta ser única y que allí vive con su familia, que ésta se encuentra hipotecada con motivo de un préstamo otorgado por el Banco Nación Argentina, señala que el Banco le quizo reconventir la deuda en bonos y que nunca pudo llegar a un arreglo, afirma que es preceptor de un colegio, afirma que su letrado le informó acerca de las posibilidades para solucionar su problema con el Banco, refiere no conocer al Sr. José Luis Canzani y desconoce la firma que se encuentra en el contrato, manifiesta no conocer al Sr. Marcelo Luciano Otero desconoce la firma que se encuentra en el contrato, indica que lo que lo llevó a presentarse en quiebra fue la deuda con el Banco Nación..." (ver fs. 580).
Sumado a lo dicho, observo que el Dr. Teper ha seguido en los autos N°152.380 "Evangelista" y N° 152.645 "Santeiro" el mismo proceder, en cuanto a la denuncia de créditos que luego fueron desconocidos y en lo referente a utilizar al proceso concursal como primer alternativa cuando existían otros modos de proteger la vivienda única del deudor, llevándome ello a proponer que se comunique tal circunstancia al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Departamental a fin de que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24 de la ley 5177 analice si el comportamiento adoptado por el Dr. Carlos Gabriel Teper en la presente causa y en los expedientes antes citados se corresponde con el correcto ejercicio de la función de abogado, adoptando al efecto el impulso oficioso necesario para la correcta y eficaz dilucidación de la cuestión (arts. 19 inc. 3, 24, 25 y ccdtes. de la ley 5177).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 548/ 553 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida; II) Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 del DecLey 8904);
IV. Comunicar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Departamental el accionar desplegado por el Dr. Carlos Gabriel Teper en la presente causa y en las causas "Santeiro, Raúl Oscar s/ quiebra" y "Evangelista, Dora Josefina s/ quiebra" a fin de que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24 de la ley 5177 analice si el comportamiento adoptado por el citado profesional se corresponde con el correcto ejercicio de la función de abogado, adoptando al efecto el impulso oficioso necesario para la correcta y eficaz dilucidación de la cuestión.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto a fs. 548/553 vta. y, en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida; II) Se imponen las costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 del Dec.Ley 8904); IV) Se ordena comunicar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Departamental el accionar desplegado por el Dr. Carlos Gabriel Teper en la presente causa y en las causas "Santeiro, Raúl Oscar s/ quiebra" y "Evangelista, Dora Josefina s/ quiebra" a fin de que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24 de la ley 5177 analice si el comportamiento adoptado por el citado profesional se corresponde con el correcto ejercicio de la función de abogado, adoptando al efecto el impulso oficioso necesario para la correcta y eficaz dilucidación de la cuestión. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C). Devuélvase.
Nélida I. Zampini Rubén D. Gérez PABLO D. ANTONINI SECRETARIO
Fin de la sentencia