Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2021-54563326-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición en los términos de la ley 27.260 por el impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado respecto de las facturas de compra no informadas por los proveedores o informadas como nota de crédito y las notas de crédito no registradas, con costas.
2Rechazar el desistimiento formulado por los impuestos a las ganancias, impuesto al valor agregado y salidas no documentadas respecto de las operaciones apócrifas.
3Rechazar la defensa de nulidad opuesta por la recurrente, con costas.
4Confirmar los ajustes por las operaciones vinculadas con los proveedores Miguel Ángel Salgado y José Miguel Marconi dispuesto en relación con los impuestos a las ganancias, valor agregado y salidas no documentas.
5Hacer lugar a la excepción de prescripción por el impuesto a las Salidas no Documentadas producidas hasta el 11/07 y del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 3 a 11 de 2007 y rechazarla respecto del impuesto a las ganancias del período fiscal 2007, con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
6Confirmar las multas impuestas en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 12/2007 a 5/2010, ganancias 2007 a 2010 en relación con los proveedores impugnados.
7Revocar la multa aplicada sobre el impuesto a la salida no documentada.
8Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos respecto de las cuestiones referidas en los puntos 4, 6 y 7. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-53036529-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Mayo de 2024 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma Nominación), Claudio Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Daniel Martín (Vocal subrogante de la 9na. Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N° 38.954-I y su acumulado N° 38.963-I, caratulado “LA TOSCANA S.R.L. s/ recurso de apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 146/171 y 317/340 la sociedad de responsabilidad limitada La Toscana interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones Nos. 176/2013 y 175/2013, respectivamente, dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Regional Neuquén de la AFIP-DGI, por las que se determina de oficio:
1. impuesto a las ganancias y a las ganancias -salidas no documentadas-, ambos de los períodos 2007 a 2009, con más sus intereses resarcitorios y multas con sustento en el artículo 46 de la ley 11.683 (t.o. vigente).
2. impuesto al valor agregado de los períodos marzo de 2007 a marzo de 2010, se liquidan intereses resarcitorios y multa también fundada en el citado artículo 46.
En primer término la sociedad recurrente plantea excepción de nulidad articulada, con fundamento en que la administración fiscal no adecuó su cometido al derecho vigente por no considerar los argumentos defensivos durante la inspección tributaria y por la impugnación del crédito fiscal y el gasto de proveedores reales sin permitirle al contribuyente probar los hechos alegados, en clara pugna con las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso adjetivo y sustantivo.
Por otra parte, asegura que queda configurado en el caso de marras un supuesto de “desvío de poder”, ya que la finalidad que inspiró a la AFIP-DGI al pretender una supuesta acreencia a todas luces inexistente ha sido injusta, es decir más allá de las normas que disponen sus atribuciones. Propicia así la declaración de nulidad absoluta en el entendimiento que la traición al fin que el acto debe perseguir no puede ser saneada, so pena de controvertir principios fundamentales que integran el orden público administrativo (ética, legalidad y justicia). Invoca el artículo 9 de la ley 19.549 y reafirma la nulidad por aplicación del principio non bis in ídem respecto de la multa aplicada en relación con el impuesto a las ganancias del período fiscal 2008, ya que a su criterio, se aplican dos sanciones por el mismo hecho, lo que vicia el acto por violación de la ley adjetiva y sustantiva. Seguidamente, articula la excepción de prescripción respecto de las sanciones impuestas en relación con el impuesto a las ganancias y salidas no documentadas, ambos del ejercicio fiscal 2007 e impuesto al valor agregado de los períodos fiscales marzo a diciembre de 2007.
Arguye que en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la ley de rito fiscal, el plazo de 5 años, que comenzó a contar desde el 1° de enero de 2008, a la fecha del dictado de la resolución 89/2013 se encontraba ampliamente vencido.
Subsidiariamente, desarrolla los agravios vinculados con la cuestión de fondo aquí controvertida. Señala que los proveedores Salgado y Marconi fueron incluidos en la base e-apoc posteriormente a las operaciones comerciales impugnadas y las mismas fueron realizadas de conformidad a las exigencias impuestas por AFIP. En tal sentido, destaca que la norma sólo exige constatar que las facturas o documentos equivalentes que recibiera por sus compras se encuentren debidamente autorizados por la AFIP.
Agrega que no puede aceptarse que el organismo recaudador pretenda, sin norma alguna que lo respalde, colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de delegación o sustitución de sus propias obligaciones, referidas -en particular- a aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los emisores de facturas, de manera tal que los eventuales incumplimientos por parte de éstos pudieran acarrear alguna responsabilidad o consecuencia negativa para el receptor de las mismas.
Respecto de ellos, hace hincapié que en la resolución en crisis el juez administrativo expone una serie de consideraciones respecto de los proveedores, pero no acredita qué incumplimientos ha realizado su parte para que se produzca la ilicitud.
Dice que los comprobantes objetados cuentan con toda la información del emisor y el receptor, por lo que los requisitos exigidos por la normativa fueron cumplidos puntillosamente por la empresa.
Sostiene que los funcionarios de la AFIP no sólo deben buscar los indicios para determinar deuda a los contribuyentes, también les cabe por imperativo legal la obligación de realizar una investigación exhaustiva a fin de verificar si los hechos son como los plantea el contribuyente. En tal sentido, indica que los trabajos facturados e impugnados son fácilmente demostrables in situ, lo cual, a su entender, no puede ser desconocido por el organismo cuya función es realizar las tareas de investigación que le acuerda la ley fiscal. Asimismo, peticiona la aplicación de la doctrina de la CSJN, in re “Bildown S.A.” de fecha 27/12/2011.
Respecto del cargo por salidas no documentadas, destaca que no surge de la imputación realizada por el ente fiscal ninguna anomalía y que los cheques se emitieron a la orden de Salgado y Marconi, y el dinero fue percibido por ellos, a cambio de los servicios expuestos previamente.
Seguidamente se agravia de la sustanciación del Sumario N° S.M./47/2013 (DV RNEU), por cuanto entiende que el Fisco Nacional pretende encuadrar forzada y arbitrariamente la conducta en las previsiones del artículo 46 de la ley 11.683. Señala que sin haber analizado la documentación obrante en el expediente administrativo, se intenta asignar responsabilidad en base a la conducta asumida por terceros (proveedores). Entiende que se ha determinado de oficio la materia imponible sobre base presunta y se pretende erróneamente imputar dolo directo, partiendo de premisas que no son ciertas, es decir, basados en meras conjeturas e “indicios” para determinar deuda.
A fs. 185/241vta. y 357/405vta. lucen las contestaciones de los respectivos recursos efectuadas por el Fisco Nacional, en las que primeramente solicita el rechazo de las excepciones planteadas.
Sobre la nulidad articulada, analiza la razón de su proceder respecto de los medios probatorios ofrecidos por la contribuyente, para concluir que en atención a los pasos procesales, el cumplimiento de todos los requisitos de forma y fondo en la sustanciación del sumario y los fundamentos que avalan las resoluciones, tornan improcedente la tacha de arbitrariedad de las mismas, sobre todo cuando no se advierte que se haya conculcado ninguno de los derechos que habilitarían el remedio que la actora pretende, porque la pretensión quedaría reducida a la nulidad del acto por la nulidad misma.
Respecto del pedido de nulidad por aplicación del principio non bis in ídem, más allá del error material advertido por la recurrente, explica que la firma en el punto II de su escrito de apelación detalla las multas apeladas, haciendo referencia a un importe de $828.778,78 equivalente a tres (3) veces el impuesto a las ganancias calculado sobre la base del período fiscal 2009; así resulta claro que ha tomado conocimiento de los períodos fiscales e impuestos sometidos a análisis en los sumarios instruidos y por los cuales se impusieron las sanciones controvertidas.
Sobre la prescripción invocada, advierte que se omitió considerar adecuadamente las suspensiones dispuestas por las leyes 26.476 y 26.860, siendo que para los períodos mencionados las facultades y poderes del fisco para determinar y exigir el tributo, prescribirían el 31/12/2014, con lo cual la resolución 176/2013 (DV RNEU) notificada con fecha 22/11/2013 resulta ajustada a derecho.
Sobre el fondo de la cuestión y en lo que aquí interesa, refiere que de la verificación realizada por los funcionarios actuantes se han reunido una serie de indicios graves, precisos y concordantes que permiten tener por acreditado que los sujetos proveedores analizados carecen de capacidad técnica, económica y/o financiera para realizar los conceptos facturados, no verificándose en consecuencia el presupuesto establecido para la deducción del gasto/crédito fiscal.
Asimismo, resalta que yerra la responsable al invocar el principio de no confiscatoriedad cuando pretende asimilar la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal al caso de marras, toda vez que para arribar a tal conclusión realiza una simple sumatoria de tasas que a su entender constituye el 100% de la pretensión fiscal sobre la impugnación de operaciones tildadas de apócrifas, ignorando la mecánica liquidatoria de cada uno de los impuestos. Añade que necesariamente se requiere prueba que verifique la violación de dicho principio, lo que no se verifica en el caso.
Destaca que en ningún momento se pretendió que la contraparte efectuara tareas de investigación de incumbencia de la AFIP, sino que con los elementos reunidos tocaba a la misma probar que el crédito fiscal/gasto computado provenía de efectivas prestaciones de servicios con elementos conducentes para ello. En el mismo sentido, agrega que el planteo de la responsable es exclusivamente formal frente a las impugnaciones de carácter material dados por la Administración, aferrándose a que la existencia de la factura por sí sola acredita la operación e impide una constatación de ella en el campo de los hechos.
Alega que no es válido sostener que la sola facturación haga procedente la deducción, ya que las adquisiciones deben surgir de las operaciones que allí se describen, no teniendo “per se” la factura entidad suficiente para generar su deducibilidad, ya la realidad económica es la que le da sustento al gravamen. Entiende que se colectaron indicios concretos y razonables para arribar a la conclusión de que las operaciones comerciales que originaron el gasto y los créditos fiscales de La Toscana S.R.L. resultaban inexistentes y correspondía a esta última probar fehacientemente la autenticidad de las facturas presentadas a fin de acreditar las operaciones facturadas a nombre de “Miguel Ángel Salgado” y “José Miguel Marconi”. En relación con el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- refiere que del análisis de la documentación aportada por la responsable y por terceros circularizados, surge el efectivo pago de las supuestas transacciones documentadas como realizadas con las empresas “Miguel Ángel Salgado” y “José Miguel Marconi”. Ello así, estando acreditada la erogación, sostiene que recae en cabeza de la responsable probar la relación de causalidad existente con el perceptor final de los fondos (persona que se presente al cobro de los cheques), toda vez que los mismos se justifican con documentación apócrifa.
A los efectos de desvirtuar los agravios esgrimidos por la recurrente respecto de las sanciones aplicadas, hace mención que como consecuencia de la verificación llevada adelante por los funcionarios, se constató la presentación de DDJJ engañosas, encontrándose correctamente subsumida la conducta de la apelante en el artículo 46 de la ley de rito, al haber declarado un impuesto determinado inexacto y dejado de ingresar en su justa medida. Ello así, toda vez que, en lo que aquí interesa, se computaron gastos y/o compras improcedentes provenientes de operaciones respaldadas con comprobantes apócrifos, provocando con ello una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
Agrega que los importes que fueron objeto de la pretensión fiscal forman parte del erario nacional y en caso de no ser depositados en término, producen al Fisco un perjuicio patrimonial que no es resarcible con el posterior y extemporáneo ingreso de las sumas, pues no se encuentra ello contemplado como causa de excusación en las normas aplicables.
En otro orden, añade que existiendo una erogación documentada con elementos falsos para dar apariencia real a dichas operaciones inexistentes, ocultando de este modo el verdadero beneficiario del pago, siguiendo la Jurisprudencia de la Corte Suprema, tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias).
Finalmente, invoca doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura, solicita se tenga presente la reserva de caso federal y que oportunamente se dicte sentencia rechazando los recursos en todas sus partes, con expresa imposición de costas A fs. 409 luce la resolución de la Sala “C” que dispone la acumulación de las causas.
A fs. 420/420 vta. la recurrente informa que viene a acreditar su inclusión en el Régimen de Sinceramiento Fiscal instituido por la ley 27.260, declarando activos (conf. art. 38 de la referida ley) por las sumas que han arrojado los ajustes fiscales en discusión, tanto en ganancias como en IVA, por lo que solicita se den por concluidas las actuaciones y por cancelada la deuda surgida, con costas por su orden.
A fs. 418/419 vta. acompaña Formularios 408/A de allanamiento, correspondientes al impuesto a las ganancias y al valor agregado y a fs. 434/434 vta. manifiesta que desiste del derecho de repetición (conf. art. 30 de la RG 3919) y solicita, previo traslado de ley, se archiven las actuaciones.
A fs. 445/446 vta. la representante fiscal contesta el traslado conferido e informa que del análisis realizado por las áreas intervinientes, surge la existencia de ajustes relativos a la impugnación de gastos y créditos fiscales vinculados a comprobantes apócrifos que se encuentran excluidos de las liberalidades previstas en el artículo 46 de la ley 27.260 y, en consecuencia, no resultan susceptibles de ser alcanzados por el Título I del Libro II de la mencionada ley. Por ello, no presta conformidad al desistimiento efectuado respecto de aquellos ajustes y considera que debe tenerse a la recurrente por desistida únicamente en relación con los restantes cargos, para los cuales no encuentra prima facie objeciones que formular.
II.- 1. Que previo a todo corresponde tratar el desistimiento planteado por la contribuyente y en tal sentido, la ley 27.260 (B.O. 22/07/2016) instituye en el Título I de su Libro II un “Sistema Voluntario y Excepcional de Declaración de Tenencia de Moneda Nacional, Extranjera y Demás Bienes en el País y en el Exterior”, por el que las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el art. 49 de la ley 20.628, domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país al 31 de diciembre de 2015, podrán declarar de manera voluntaria y excepcional ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, estén inscriptas en ella o no, la tenencia de bienes en el país y en el exterior (moneda nacional o extranjera, inmuebles, muebles y demás bienes) y bajo la modalidad establecida en la ley, en el plazo comprendido desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de marzo de 2017 (conf. arts. 36, 37 y 38).
El artículo 46 establece que “los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, conforme a las disposiciones de este Título, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:
...c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Impuestos a las Ganancias, a las salidas no documentadas (conforme el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias), a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el equivalente en pesos de la tenencia de moneda local, extranjera y demás bienes que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos consumidos hasta el período fiscal 2015, inclusive. No se encuentra alcanzado por la liberación, el gasto computado en el impuesto a las ganancias proveniente de facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
2. [...] No se encuentra alcanzado por la liberación el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos”. Por su parte la Res. Gral. (AFIP) N° 3919/2016 (B.O. 29/07/2016), reglamentaria del Título I de la ley 27.260, establece que las liberaciones acordadas en el art. 46 de la citada ley, alcanzan a las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, siempre que la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de dicha ley. Para acceder a dichas liberaciones el contribuyente debe allanarse total e incondicionalmente a la pretensión fiscal, y desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo, en su caso, el pago de las costas y gastos causídicos. A tal fin, se ha de presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo), en la dependencia de este Organismo en la que se encuentra inscripto y que resultare competente para el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión.
Analizada la normativa aplicable, para resolver el desistimiento en cuestión resulta necesario, previamente, considerar las razones que motivaron los ajustes impugnados.
2. En este sentido, tanto en el impuesto al valor agregado como en el impuesto a las ganancias (resoluciones 175 y 176/2013), se habrían detectado: 1) facturas registradas no informadas por los proveedores o informadas como Notas de Crédito y Notas de Crédito no registradas que fueron informadas por los proveedores; 2) cómputo de gasto y crédito fiscal respaldado con comprobantes apócrifos; 3) existencia de datos informáticos que corresponden a operaciones de ventas no registradas contablemente ni declaradas por la contribuyente. Ello así, en atención al desistimiento formulado por la contribuyente, lo previsto en la normativa aplicable, la manifestación vertida por la representación fiscal a fs. 445/446 vta. y los fundamentos que dieron origen a las resoluciones controvertidas según se reseñara ut supra, cabe concluir que en relación con los ajustes originados en notas de crédito y facturas no registradas o declaradas y ventas omitidas de declarar, se cumplen los requisitos exigidos por el régimen bajo análisis, por lo que corresponde declarar a la recurrente alcanzada por los beneficios del régimen previsto por la ley 27.260, con costas.
3. Respecto del impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- (determinado también en la resolución 176/2013), se aplicó el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias por los pagos realizados a los proveedores calificados como apócrifos. Cabe concluir entonces que no resulta procedente gozar de los beneficios invocados, pues dicho ajuste no puede ser encuadrado en los supuestos contemplados en el Título I del Libro II de la ley 27.260, toda vez que el mismo carece de la naturaleza de bienes o tenencia de moneda extranjera no exteriorizados. Así se ha expedido la suscripta en oportunidad de sentenciar en la causa “E.I.C.E. de Argentina S.A.” (2/05/2019), criterio confirmado por la Sala II de la Alzada.
III. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse acerca de los ajustes no incluidos en el considerando precedente.
Sobre el planteo de nulidad esgrimido por la contribuyente, más allá de las razones dadas referidas a la procedencia de la prueba que se rechazara en la instancia administrativa, lo cierto es que dicha parte en oportunidad de interponer sendos recursos ante este Tribunal tuvo oportunidad de reiterar su ofrecimiento, habiendo optado por limitarse a acompañar prueba documental consistente en oficios a los registros de la Propiedad Inmueble y Automotor de la provincia de Neuquén y una certificación contable (fs. 84/145 de autos). En tal sentido, cabe recordar que: “….es inveterada y pacífica la doctrina judicial – que señala que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite jurisdiccional subsiguiente (cfr. C.S.J.N., Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134 y, en particular, Fallos 331:2769; Sala III, in re, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro Previo para Fines Deter. C. D.N.C.I.”, del 20/11/2012 y Sala II in re Delia, Carmelo F, sentencia de 14/6/16, entre muchos otros)”.
“De este modo, el hipotético gravamen que le habría ocasionado la denegación de las pruebas en sede administrativa…. pierde toda entidad ya que, al margen de lo actuado en el procedimiento administrativo, en la instancia jurisdiccional posterior pudo ejercer plenamente su derecho de defensa (cr. Fallos: 310:360), ofreciendo todas las pruebas que hicieran a su derecho y alegando sobre su mérito. Asi, se satisface la exigencia de la defensa en juicio brindando la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (cfr. Fallos 205:549 y Sala IV, en autos: “Ex Entidad Tarraubella S.A. Cía Financiera y otros c. B.C.R.A.”, sentencia del 10/03/2009, entre otros).”
Debe destacarse, asimismo, que las resoluciones apeladas contienen los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invocan la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados; también se mencionan las circunstancias de hecho que las motivan, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, posibilitando a la contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa, por lo que no procede acoger su defensa.
Asimismo, sobre el planteo de nulidad por aplicación del principio non bis in ídem en el caso de la multa aplicada en el impuesto a las ganancias del ejercicio 2008, el mismo tampoco puede prosperar pues, no obstante el error material en el que se incurrió al redactar el artículo 3° de la parte resolutiva del acto apelado, lo cierto es que del cálculo efectuado respecto del monto de la sanción y el saldo de impuesto a ingresar, tomando cada período por separado, se puede establecer claramente que, en efecto, el primero de ellos corresponde al ejercicio 2008, en tanto que el restante se refiere al ejercicio 2009.
Por otra parte, del escrito de interposición del recurso (fs. 146 in fine) surge que la actora lo interpreta de la misma manera al apelar: “...una multa de $ 1.151.319,21, equivalente a tres (3) veces el Impuesto a las Ganancias calculado sobre el período fiscal 2008; una multa de $ 828.778,78, equivalente a tres (3) veces el Impuesto a las Ganancias calculado sobre el período fiscal 2009...” (el subrayado es propio), por lo que no se ocasiona perjuicio alguno que amerite declarar la invalidez total o parcial del acto en discusión. Que en virtud de las consideraciones precedentes, procede rechazar la excepción de nulidad articulada, con costas.
IV. Que corresponde ahora dar tratamiento a la excepción de prescripción articulada por la recurrente en relación con las sanciones aplicadas por el impuesto a las ganancias y ganancias –salidas no documentadas- de los período fiscal 2007 y del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales marzo a diciembre de 2007. La ley 11.683 (t.o. 1998 y modif) en sus artículos 56 y 58, en lo que aquí interesa, establece que las acciones y poderes del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas en ella previstas, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de los contribuyentes inscriptos y que su término comenzara a correr desde el 1° de enero del año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
La Toscana SRL, organizada bajo la figura jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, desarrolla la actividad de “Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculos”, cerrando sus ejercicios el 31 de agosto de cada año, por lo que el plazo de prescripción en relación con el impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2007 comenzó a correr el 1/1/2009, finalizando el 31/12/2013 de no mediar causales suspensivas o interruptivas. En tal sentido, como ha sostenido la suscripta reiteradamente (confr. entre muchos otros “E y G Construcciones SRL, del 30/10/19), no se desconoce el dictado de las leyes 26.476 (B.O. 22/12/2008) y 26.860 (B.O. 3/6/13) que en sus artículos 44 y 17, respectivamente, establecen la suspensión “con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos…”
Sobre el particular, y dado el carácter eminentemente penal de las infracciones tributarias contempladas en la ley 11.683, resulta aplicable la doctrina expuesta por el Profesor Damarco en su voto recaído en la causa “Campisi, Norberto D. y Campisi, Claudio C.” de fecha 12/04/07 en donde sostuvo que “...La naturaleza de estos ilícitos es de carácter penal y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una doctrina estable y permanente a partir del caso “Parafina del Plata” (2/9/1968), pudiendo mencionarse en esta misma línea de pensamiento, los pronunciamientos recaídos en las causas “Colorín” (Fallos: 268:179), “Zielli” (Fallos: 271:338), “Usandizaga” (15/10/1981), “Wortman” (Fallos: 316:1313), “Guillermo Mirás” (18/10/1973 - LL - T. 154 - pág. 242) y “Lapiduz” (Fallos: 321:1043). El reconocimiento de la naturaleza penal de estos ilícitos conlleva la aplicación de los principios generales del derecho penal y del derecho procesal penal con las necesarias adecuaciones que requiere la existencia de una relación jurídico-tributaria subyacente”. “Entre los mencionados principios, el de la ley penal más benigna. Este principio se aplicó siempre por los Tribunales penales y de la justicia federal con sustento normativo en el artículo 2 del Código Penal y se lo sostuvo con la extensión amplia que establece dicho Código. En este aspecto, debe señalarse que el principio supone la comparación de los sucesivos ordenamientos penales desde el momento de configuración del ilícito hasta el momento de pronunciarse el fallo. El principio impone su aplicación de oficio”.
“Desde el año 1994, este principio está incluido de manera expresa en la Constitución Nacional, al haberse incorporado a su texto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los artículos 9 de la Convención y 15 del Pacto disponen que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
“La aplicación del principio de la ley más benigna es perfectamente compatible con el de irretroactividad penal, desde que este principio lo que prohíbe es la retroactividad de las leyes penales cuando incriminan un hecho o agravan la situación del imputado, procesado o condenado frente a la ley penal, pero no se opone a su aplicación cuando es para beneficiarlos”.
“El concepto de ley más benigna incluye hipótesis distintas. En efecto, si la ley desincrimina un hecho, es más benigna porque antes el hecho era delito y ahora no lo es. Igualmente lo es aquella ley que elimina una causa de suspensión o de interrupción de la prescripción y de tal modo, acorta el plazo de prescripción. De la misma manera, cuando se favorece el cómputo de la condena condicional o cuando la ley establece una pena de menor entidad”.
“El principio de la ley penal más benigna está sustentado por el principio de justicia. Si se desincrimina un hecho como delito, no es justo que quien está cumpliendo una condena por la comisión de ese hecho deba cumplir la pena tal como le ha sido aplicada. Lo justo es que quede inmediatamente en libertad. Ello así porque si se modifica la valoración social respecto del hecho no resulta justo tratar de distinta manera a quien realizó el hecho antes y a quienes lo realizan ahora. El mismo razonamiento debe formularse respecto de los demás supuestos de leyes más benignas. En definitiva, el principio de justicia requiere que en las mismas circunstancias el tratamiento jurídico conceda la misma solución”.
“Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desde la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, tanto más, desde la última reforma de la Carta Fundamental -la que asignó a sus cláusulas jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22), párrafo 2 de la Constitución Nacional- no es posible “pretender que una rama del derecho represivo o un determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la esfera de aplicación de la garantía. De otro modo, el camino de una interpretación amplia de esta última, supuesta en el propósito de ‘...que el delincuente se beneficie lo más posible de cualesquiera modificaciones ulteriores de la legislación’ (Naciones Unidas - Asamblea General - decimoquinto período de sesiones - Documentos Oficiales - Tercera Comisión - Nueva York - Sesión 101ª - 2/11/1960 - intervención de la representante del Japón - pág 158), se vería inicialmente sembrado de obstáculos que un examen particular podría revelar arbitrarios” (CSJN - 11/4/2006 - “in re” “Cristalux S.A.”).
“Por ello y en virtud de lo establecido por los artículos 31 y 75, inciso 22) de la Constitución Nacional, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2 y 4 del Código Penal, el principio debe aplicarse a los ilícitos de la ley 11.683...” En virtud de la doctrina anteriormente expuesta, que se comparte, no resultan aplicables al caso de autos las causales de suspensión contempladas en las citadas leyes. No obstante ello y toda vez que la resolución por la que se aplica sanción fue dictada por el Fisco Nacional el día 15 de noviembre de 2013, cabe concluir que al momento de su dictado no se encontraban prescriptas las facultades del organismo recaudador para imponer multa en relación con el impuesto a las ganancias del año fiscal 2007.
En cambio, respecto del impuesto a las ganancias -salidas no documentadas-, teniendo en consideración que la presentación se efectúa por períodos mensuales y debe ingresarse en el mes inmediato siguiente al período que se está informando, para las salidas producidas hasta noviembre de 2007 el plazo de prescripción se inició el 1/1/2008, con lo cual a la fecha del dictado de la resolución apelada las facultades del fisco para imponer sanción ya se encontraban prescriptas. Distinta es la solución para el período diciembre de 2007, respecto del cual cabe rechazar la prescripción pretendida por la contribuyente.
Idéntica situación se verifica en relación con el impuesto al valor agregado, razón por la que respecto de los períodos fiscales marzo a noviembre de 2007, al momento del dictado de la resoluciones que impusieron la sanción, las facultades del organismo recaudador habían prescripto; no así en el período fiscal diciembre de 2007. Las costas se aplican en relación con los respectivos vencimientos.
V. Que resta que este Tribunal se expida respecto de la cuestión de fondo que no ha quedado alcanzada por el desistimiento tratado en el Considerando II, esto es sobre los ajustes basados en la impugnación de las operaciones vinculadas con los proveedores Marconi, José Miguel y Salgado, Miguel Ángel.
Conforme surge de las actuaciones administrativas oportunamente acompañadas, la administración fiscal procedió a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la recurrente dando origen a la orden de intervención N° 507216, a efectos de fiscalizar el impuesto al valor agregado períodos fiscales abril de 2007 a marzo de 2010 e impuesto a las ganancias y salidas no documentadas de los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009.
Como resultado de la auditoría practicada y en base a la información que fuera brindada por la recurrente sumada a la recolectada por la fiscalización actuante, se procedió a efectuar el correspondiente informe final de inspección (con antecedentes administrativos, fs 133/153 del Cuerpo I- impuesto a las ganancias-), del que surge: -Marconi, José Miguel: se encuentra inscripto en las actividades: “Servicios complementarios para el transporte terrestre N.C.P.”, “Mantenimiento y reparación del motor N.C.P. -Mecánica Integral” y “Venta al por mayor de bebidas alcohólicas”. Presenta declaraciones juradas en IVA para los períodos enero 2007 a diciembre de 2009, determinándose saldo a pagar que fuera ingresado por medio de pagos parciales y su declaración para los períodos 2007 y 2008 en el impuesto a las ganancias. Se verifica que es propietario de un rodado desde noviembre de 2010 y de un camión Fiat 619 hasta agosto de 2006. No posee bienes inmuebles. Es titular de cuatro cajas de ahorro, habiéndose realizado acreditaciones totales anuales para el 2007 de $90.708 y para el 2008 de $115.329. Desde octubre de 2009 es empleado en relación de dependencia de la firma SKANEU S.A. En ocasión de presentarse ante el organismo recaudador, manifesta que durante el período fiscalizado realizó servicios mecánicos, movimientos de suelos, alquiler de equipos de soldadura, grúas, camiones, retroexcavadores, servicios de transporte en camión y que para llevar a cabo los servicios subcontrató a distintas personas o empresas de las que no puede aportar datos, así como tampoco de los proveedores con los que trabajó durante el período investigado, aclarando particularmente que respecto de la firma La Toscana S.R.L. no recuerda haberle efectuado servicios.
En conclusión, se calificó a este proveedor como un sujeto sin capacidad económica-financiera acorde con los importes verificados, por desconocer las presuntas operaciones comerciales realizadas a su nombre. Cabe destacar que el concepto facturado a la recurrente consistió en “Reparaciones en instalaciones eléctricas calefacción agua en Restaurant LA TOSCANA, J.J. Lastra 175. Mano de obra y materiales”, habiéndose aportado únicamente facura la N° 0001-00001215 , ésta fue abonada por medio de cheques y que obtenidos los cheques se observó que habrían sido endosados por el Sr. Marconi.
-Salgado, Miguel Ángel: fue cargado en la base e-Apoc con fecha 12/2008 por concluirse que no poseía capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar su actividad comercial. Se adoptó tal tesitura en base a no poseer bienes muebles e inmuebles embargables; tenía cuentas bancarias en cuatro entidades, en las que no se detectaron acreditaciones en los períodos en los que supuestamente facturó a la recurrente; la Dirección Provincial de Rentas de Neuquén informó que se encuentra inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos en las actividades de transporte de pasajeros, transporte de cargas de corta, media y larga distancia, servicios relacionados con la construcción y servicios de investigación y vigilancia. Es titular de un inmueble ubicado en Neuquén; no tuvo en el período fiscalizados empleados en relación de dependencia, obteniendo la baja definitiva en Aportes de la Seguridad Social desde diciembre de 2007.
Siendo citado a las oficinas del organismo recaudador manifesta que en el transcurso del período cuestionado efectuó servicios de movimiento de suelos, emparejamiento y compactación de terrenos. Reafirma que no tiene bienes muebles registrables ni inmuebles. Acerca de las maquinarias que utilizó para prestar el servicio, explica que fueron alquiladas, y era su ex asesor contable, Sr. Andrés Rubio, quien intermediaba en la contratación de las mismas, así como de la mano de obra, no recordando a quienes rentó dos motoniveladoras, una retroexcavadora marca Caterpillar y dos camiones volcadores marca Ford. Agrega que entregó al Sr. Rubio el dinero en efectivo para realizar el pago y que los recibos fueron dados al citado. Aclara que no tiene documentación respaldatoria de los servicios prestados por haber extraviado parte de ella y la restante haber quedado en poder del citado Sr. Rubio, de quien no recuerda otros datos y a quien no logró localizar nuevamente. Al ser consultado acerca de sus principales proveedores y clientes en el período 01/2007 a 03/2008, nombra algunos entre los que no incluye a la recurrente.
En base a la información relevada, se procede a impugnar las operaciones realizadas con ambos proveedores, ajustando el crédito fiscal computado, aplicando la figura de salidas no documentadas. Que por su parte, los agravios de la actora se centran en cuestionar el criterio utilizado por la Administración a los fines de impugnar las operaciones en crisis, aduciendo que los proveedores fueron incluidos en la Base Apoc posteriormente a la fecha de realización de los trabajos que se facturaran, destacando que durante el proceso de determinación de oficio se restó valor probatorio a la pericia ingenieril/arquitectónica en la que se distingue la veracidad de las obras de refacción facturadas. Asimismo, se agravia acerca de la forma en que se valoró la prueba reunida, entendiendo que los comprobantes objetados cumplen con todos los requisitos que la normativa vigente exige para su validación.
VI. Que el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer si los indicios invocados por el organismo recaudador para fundar los actos administrativos apelados adquieren relevancia probatoria por reunir las condiciones de ser graves, precisos y concordantes. En tal sentido, serán graves cuando la conclusión sobre el hecho a probar derive del hecho conocido por medio de una inferencia capaz de atribuir un grado de probabilidad adecuado o de razonable certeza a la hipótesis sobre el hecho que se pretende probar; precisos en el caso de que entre las diversas conclusiones que se pueden obtener a partir del hecho conocido, la más probable es la que confirma la hipótesis sobre aquél que se pretende probar y concordantes pues ante la presencia de varias inferencias presuntivas, las mismas deben direccionarse hacia la misma conclusión, es decir, cada una de ella debe ofrecer elementos de confirmación para la misma hipótesis sobre el hecho a probar. (ver Taruffo, Michele; “La Prueba De Los Hechos”; Ed. Trotta, 4ta. Edición, Madrid, 2011; pág. 471 y sgs.). Por otra parte, corresponde a la actora acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales por distintas vías, en orden a destruir los elementos colectados por la Administración. Que en tal sentido, es preciso recordar que “…cuando se dan en forma concomitante una serie de hechos comprobados, graves y precisos que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez y la existencia de las operaciones, corresponde a la contribuyente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de su proveedor y de los bienes y servicios vendidos que menciona la facturación que supuestamente se emitiera a su nombre” (conf. Sala IV CNACAF “Leones de Bleek Saayc c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”,19/04/2018 y“Bisi SRL c. DGI”, 12/06/2014).
Resulta pertinente destacar que la defensa articulada por la recurrente se remite a lo desarrollado en oportunidad de efectuarse el procedimiento determinativo de oficio, ofreciendo en esta instancia sólo prueba documental.
En lo referente al proveedor Marconi, que no se encuentra inscripto en la actividad que supuestamente facturara a la recurrente, que el propio sujeto en ocasión de contestar las preguntas que se le hicieran en la sede de AFIP-DGI manifiesta que durante los años 2007, 2008 y 2009 se dedicó a efectuar servicios mecánicos, servicios de movimiento de suelo, alquiler de equipos de soldaduras, entre otras actividades, y en ningún caso mencionando la reparación de instalaciones eléctricas de calefacción y agua o afines como se detallara en los comprobantes. Más precisamente al momento de ser preguntado acerca de la firma La Toscana S.R.L. contesta que no recuerda haber efectuado ningún servicio. Asimismo, contribuye con las apreciaciones expuestas que fue calificado como “sin capacidad económica-financiera” para realizar las operaciones que supuestamente realizara (ver Cpo. I Proveedor Marconi José Miguel Acta N° 105759 fs. 152/152vta.).
En cuanto al Sr. Salgado, se destaca que se encuentra dentro de la base de proveedores apócrifos del Organismo desde el 12/2008 por carecer de capacidad económica, financiera y operativa para desarrollar su actividad comercial. Al momento de ser preguntado acerca de las operaciones realizadas con otra empresa (“PCC SRL”) incurre en una serie de imprecisiones, aduciendo el extravío de la documentación respaldatoria de sus dichos o que la misma se encontraba en poder de un tercero. Entre los proveedores y clientes con los que operara en los períodos 1/2007 a 3/2008 no menciona a la recurrente, siendo que supuestamente realizara en reiteradas oportunidades trabajos para ella conforme se facturara (ver Cpo. Proveedor Salgado Miguel A. Acta N° 75371 fs. 14).
Sin perjuicio de que este proveedor sí se encuentra inscripto en la actividad que supuestamente facturara, lo cierto es que no se reunieron pruebas suficientes de que efectivamente desarrollara los trabajos que se detallaran, más aun considerando que es calificado como sin capacidad económica y no posee registrados empleados en relación de dependencia que permitan facturar la mano de obra necesaria para llevar adelante las operaciones. Respecto de la solicitud de que se aplique en autos la doctrina sentada en el fallo de la Corte Suprema “Bildown S.A. c/ Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ordinario”, del 27/11/2011, corresponde señalar que en el referido precedente se sostuvo que no puede válidamente impugnarse el crédito fiscal únicamente por incumplimientos formales del proveedor, situación que no se da en el caso debatido en autos, toda vez que el ente fiscal ha detectado una serie de inconsistencias – detalladas “ut supra”- que no permiten tener por acreditadas a las operaciones bajo análisis, sin que la recurrente mediante los medios probatorios a su disposición haya referido el fundamento de los ajustes.
En atención a lo precedentemente analizado, no habiendo la recurrente ofrecido en esta instancia prueba tendiente a revertir las conclusiones alcanzadas por el Fisco Nacional y no encontrando objeciones acerca del criterio aplicado por éste que amerite dejar sin efecto los ajustes efectuados con relación a las operaciones controvertidas, procede confirmar en este aspecto las determinaciones de oficio practicadas en relación con el impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias determinados.
VII.-Que adentrándonos al análisis del ajuste referido al impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- de los períodos fiscales 2007, 2008 y 2009 por los pagos vinculados con los proveedores en cuestión, el artículo 37 de la ley del gravamen establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del 35% (treinta y cinco por ciento) que se considerará definitiva".
Que en este sentido, nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto de que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987 y en la causa I.135, L.XLV, "Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI", del 27/9/2010).
"En realidad, lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio" (Radio Emisora Cultural SA (TF 15.144-I) c/Dirección General Impositiva, CSJN 09/11/2000).
En consecuencia, cuando la norma se refiere a la carencia de documentación, ello debe interpretarse como comprensivo de aquellos casos en que se carece de los respectivos comprobantes o cuando estos son inoperantes o manifiestamente insuficientes a los fines que le son propios.
En definitiva, como “factura apócrifa” debe entenderse la utilización de una factura o documento equivalente que no representa la realidad económica sino que la finge, sea porque el hecho o el acto que representa no existió o porque habiendo existido el emisor no es quien lo realizó (Fenochietto, Ricardo “El Impuesto al Valor Agregado”, Edición 2; La Ley; Bs As. 2007, págs 613 y 614).
La finalidad es entonces gravar en cabeza del erogante lo que presumiblemente es renta en cabeza del perceptor de la renta o beneficiario del gasto y a quien, por la carencia de la documentación, no puede localizarse para efectivizar su responsabilidad fiscal. De ello se concluye que la falta de documentación se encuentra relacionada con la falta de identificación de un beneficiario del gasto, respecto del cual puede exigirse la respectiva obligación tributaria generada por el ingreso y por lo tanto, en la medida de que exista una debida identificación del beneficiario y prueba que determine perfectamente el flujo de fondos, no corresponde ingresar el impuesto sobre las salidas no documentadas.
VIII. Planteado el marco legal aplicable, conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados y según se mencionara en los considerandos precedentes, los proveedores habrían emitido una serie de facturas a nombre de la recurrente por los trabajos alegados y consecuentemente librado cheques para su cancelación. En el caso de Marconi, los cartulares fueron endosados por él, desconociéndose los verdaderos receptores de los pagos y en el caso de Salgado, respecto de varias facturas no se cuenta con recibos y si existen, se carece de la constancia sobre la forma de pago. En el caso de la factura 1-1724, de los tres cheques emitidos obra información sólo de dos, los que fueron endosados y en el caso de la factura 1-1683, de los diez cheques que se habrían emitido, si bien algunos fueron cobrados por el proveedor, según lo explica el Fisco, no se cuenta con los restantes (conf. fs. 18, 21, 27/42, 45/54 Cpo. I SND).
Sin embargo, no habiendo la recurrente probado la realidad de las operaciones que den sustento a las salidas de fondos ni existiendo constancias en la causa de que fueran efectivamente estas personas las reales beneficiarias de los fondos, es que no se puede establecer el flujo de fondos que se exige para ser dispensado de la aplicación de la figura que nos ocupa.
En conclusión, corresponde confirmar el criterio del organismo recaudador respecto de la aplicación del instituto a las salidas no documentadas en los períodos fiscales aquí controvertidos.
IX. Que sin perjuicio de que la recurrente no expresara agravios por los intereses resarcitorios impuestos, debe señalarse que el art. 37 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.) autoriza su aplicación a partir del vencimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de interpelación alguna, como consecuencia de que ellos configuran una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora incurrida por el deudor. Que ante la ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre su carácter, es posible recurrir a la legislación común para llenar este vacío, resultando aplicable a la ley tributaria el artículo 509 del Código Civil, que exime al deudor cuando prueba que aquella no le es imputable (conf. Fallos 304:203). En el mismo sentido se expide hoy el artículo 888 del Código Civil y Comercial.
Que, en consecuencia, su configuración requiere la existencia de dos requisitos, a saber: el retardo en el incumplimiento de la obligación y que el mismo no le sea imputable al deudor por haberse configurado circunstancias excepcionales, ajenas a él, que hubieren impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, debidamente acreditadas.
Que en el caso de autos, la contribuyente no acreditó la existencia de dichas causales exculpatorias, por lo que corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados por el organismo recaudador, respecto de los conceptos que se confirman.
X. Que resta expedirse sobre las sanciones aplicadas con fundamento en el artículo 46 de la ley 11.683, y que no resultaran alcanzadas por la prescripción declarada.
Dicha norma legal en su texto vigente aplicable en autos prevé: “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Teniendo en consideración que las infracciones tributarias poseen una indiscutida naturaleza penal, debe analizarse si en el caso de autos se han configurado los elementos del tipo penal y el proceder doloso. En atención a lo analizado en los considerandos precedentes, ha quedado debidamente acreditada la configuración del elemento objetivo de las infracciones imputadas y, precisamente, teniendo en consideración las inexactitudes de las declaraciones juradas puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía al recurrente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23-6-15).
En ese sentido, la recurrente no ha ofrecido prueba hábil para demostrar la falta de intencionalidad dolosa que se le endilga, pese a haber tenido a su alcance todas las medidas probatorias tendientes a rebatir el criterio fiscal, más allá de las incorporadas en los antecedentes administrativos y que tuvieron como objetivo intentar probar la existencia de las operaciones y no la inexistencia de la conducta ardidosa que se le imputa. Por otra parte, de no ser por el ejercicio de las facultades de verificación del organismo fiscal, la conducta de la actora hubiese pasado probablemente desapercibida (conf. Sala I de la Alzada in re “Mapri Distribuidora SRL” [7-3-13] y “Refinadora Neuquina SA” [23-12-15]).
En función de lo expuesto, corresponde confirmar las sanciones establecidas en el impuesto al valor agregado de los períodos diciembre de 2007 a marzo de 2010 e impuesto a las ganancias de los ejercicios fiscales 2007 a 2010 con relación a las operaciones que efectuara con los proveedores impugnados.
XI. Distinta es la solución respecto de la sanción aplicada por el impuesto a las salidas no documentadas. Que a fin de establecer el encuadre efectuado por el organismo recaudador y con el objeto de esclarecer los elementos necesarios para la configuración del ilícito que se le imputa a la recurrente, ha de tenerse presente que las infracciones materiales reguladas por la ley procedimental requieren por su indiscutida naturaleza penal, en primer término, de la configuración del “elemento objetivo”; y en segundo término de la configuración del “elemento subjetivo”. Es decir, primero debe determinarse si existe una conducta penalmente reprochable a título de infracción, para recién luego, analizar si dicha conducta es imputable y a quién.
1.1. Que respecto del “elemento objetivo” no se cumple en la especie la tipicidad exigida por la figura infraccional invocada por el Fisco Nacional, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada.
Que el concepto declaración jurada implica la cuantificación de los presupuestos del hecho imponible, materializados por el sujeto pasivo y sujeta a la verificación fiscal y como expone el Profesor Damarco "es un acto de conocimiento porque a través de ella el contribuyente informa al Fisco su situación fiscal y éste toma conocimiento de ella y en cuanto a su contenido es un acto voluntario y el contribuyente queda obligado patrimonial y penalmente por los datos que ella contiene. Desde el punto de vista patrimonial es la misma ley 11.683 la que determina que el contribuyente está obligado al pago del impuesto que declaró y desde el punto de vista penal, en razón de su contenido puede quedar configurado alguno de los ilícitos materiales descriptos por aquella ley, dolosos o culposos y eventualmente alguno de los delitos tipificados por la ley 24.769” (Tratado Jurisprudencia 1 y Doctrinario. Procedimiento Tributario Tomo 1 pág. 85).
Que por otra parte, tampoco es posible atribuirles a los comprobantes en cuestión naturaleza de declaración jurada por invocación del artículo 15 de la ley procedimental, pues ello es pretender otorgarles un alcance del que carecen. En efecto, las boletas de depósito y comunicaciones de pagos contempladas en dicha normativa son confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte (el destacado el propio), situación que no acontece en la especie, toda vez que la calificación de no documentada de la salida de fondos es efectuada por el fisco con posterioridad a su tarea de verificación, razón por la que los instrumentos que se pretenden asimilar integran una etapa posterior que es la referida al cumplimiento de la obligación tributaria mediante el pago.
1.2. Que sin perjuicio de lo dicho, y a mayor abundamiento, respecto del “elemento subjetivo” corresponde señalar que el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (LIG según numeración vigente al momento de los hechos) crea una ficción al establecer un impuesto especial a las salidas no documentadas, con base en considerar que el beneficiario oculto o innominado de un cobro se encuentra alcanzado con el impuesto a las ganancias, y presume, en consecuencia, que la operación objeto del pago resulta gravada y a la tasa máxima; colocando en cabeza del sujeto pagador la obligación de ingresar dicho presunto impuesto. Es decir, la norma obliga a quien realizó la erogación sin la debida y correcta documentación o con una reputada apócrifa, a ingresar a título propio el impuesto del tercero beneficiario oculto de ese cobro (Fallos 323:3376 considerando 7°; 275:83 considerando 6°, reiterada en Fallos 323:3376 y 326:2987). Tanto es así -impuesto de un tercero- que la propia LIG en su artículo 41 exime del pago del impuesto especial cuando se presuma que “no llegan a ser ganancias gravadas en manos del beneficiario”.
Por otra parte, cabe recordar que el derecho penal tributario se conforma con el derecho penal infraccional –con las figuras punitivas previstas en la ley 11.683- y el derecho penal delictual –con las figuras actuales del régimen penal tributario creado por el art. 279 de la ley 27.430, aplicándose en ambos los principios propios del derecho penal, entre los que se encuentra el de personalidad de la pena. Sobre la naturaleza “penal” de las infracciones tributarias –y más allá de la vasta doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia- es inveterada y pacífica la doctrina de nuestro Máximo Tribunal desde el precedente de Fallos 271:297. Dicho principio de personalidad de la pena debe ser respetado al momento de analizarse en cada caso particular el llamado “elemento subjetivo” de la figura, es decir, una vez que se haya concluido en la existencia del “elemento objetivo”. Dicho esto, corresponde advertir que los antecedentes obrantes en la causa no evidencian que se haya configurado el llamado “elemento objetivo” de la figura infraccional según los términos descriptos en el punto 1.1 del presente considerando. Tal conclusión torna inoficioso el tratamiento del “elemento subjetivo” de la figura achacada.
Por lo expuesto, corresponde revocar la multa aplicada en relación con el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- XII.- Las costas referidas a las cuestiones resueltas en los considerandos VI, VIII, IX, X y XI se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
XIII. Finalmente, sobre la confiscatoriedad alegada por la contribuyente, es preciso recordar que el Máximo Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que “para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros), (…) “el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros) (“Candy S.A. c/ AFIP s/ acción de amparo”, 03/03/2009, Fallos: 332:1751, entre otros); situación que no se ha siquiera intentado probar en autos.
XIV. Por la forma en que se resuelve, el organismo recaudador en el término de 30 (treinta) días deberá practicar reliquidación, bajo apercibimiento de practicarla la recurrente (conf. art. 187 de la ley 11.683 t.o. vigente).
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuados por la Vocal Instructora.
II. Que las determinaciones de oficio apeladas se sustentaron sobre tres cargos fiscales que pueden sintetizarse en que: a) la apelante registró facturas de compra no informadas por los proveedores, o informadas como Notas de Crédito, y no registró Notas de Crédito informadas por los proveedores, lo que motivó la impugnación del gasto en el IG; b) se reputaron apócrifas las operaciones de compra efectuadas con los proveedores Miguel Angel Salgado y José Miguel Marconi, lo que motivó la impugnación del gasto en el IG; la impugnación del cómputo del crédito fiscal del IVA, y la determinación del impuesto a las salidas no documentadas; y c) se detectaron ventas no registradas ni declaradas, considerándolas como un incremento patrimonial de la recurrente.
Que a fs. 420/420vta la apelante informó y acreditó el ingreso al Régimen de Sinceramiento Fiscal dispuesto por la ley 27.260, en el que –según dicha parte- exteriorizó activos “por las sumas que han arrojado los ajustes fiscales en discusión por ante V.E. tanto en Ganancias como en IVA, por lo que se ha liberado de dichas imputaciones fiscales”.
Que por su parte, el art. 46 de la ley 27.260 establece el alcance de los beneficios del citado régimen, al disponer en lo que aquí interesa que “…c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Impuestos a las Ganancias, a las salidas no documentadas (conforme el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias), a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible… No se encuentra alcanzado por la liberación, el gasto computado en el impuesto a las ganancias proveniente de facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos. (resaltado propio)
2. Impuestos internos y al valor agregado. El monto de operaciones liberado… No se encuentra alcanzado por la liberación el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos”. (resaltado propio).
Que a tenor de lo expuesto, y considerando lo dicho por el fisco a fs. 445/446vta, resulta claro que los beneficios de la ley 27.260 sólo alcanzan a los ajustes descriptos en los puntos “a” y “c” en forma completa, y sólo parcialmente al punto “b”, detallados en el primer párrafo de este Considerando. De tal manera, queda fuera del alcance de tales beneficios, el ajuste del IG basado en la impugnación del gasto de las facturas de los proveedores Salgado y Marconi; y el ajuste en el IVA basado en la impugnación del “crédito fiscal” con origen en tales facturas III.- Que ello así, adhiero con excepción del primer párrafo, al Considerando III (en cuanto confirma el rechazo de la excepción de nulidad, con costas), al Considerando V (fondo del asunto), VI (fondo del asunto), IX (intereses resarcitorios), IV (prescripción de multas), X (multas), XII (costas) y XIV (reliquidación); del voto de la Vocal Preopinante.
El Dr. Martín dijo:
I. Que adhiere al considerando II del voto de la Vocal preopinante, por lo que en consecuencia corresponde declarar a la recurrente alcanzada por los beneficios del régimen previsto por la Ley 27.260 con relación a los ajustes efectuados por el organismo fiscal en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado con origen en notas de crédito y facturas no registradas o declaradas y ventas omitidas. Con costas.
II. Que resta expedirse respecto de los ajustes por facturas apócrifas, en el Impuesto a las Ganancias, - gastos y salidas no documentadas, períodos 2007 a 2009-, e Impuesto al Valor Agregado -crédito fiscal períodos 5/2007, 6/2007, 8/2007, 9/2007 y 10/2007-, respecto de los cuales el FN no presta conformidad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 27.260 (vide fs. 445/446vta.).
Que en primer lugar cabe aclarar, con relación al ajuste que involucra la contabilización de facturas apócrifas, que la imposibilidad expresa de aplicar los beneficios del artículo 46 inc. c) de la Ley 27.260 a los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias, implica razonablemente la inexistencia del pago de ese gasto por desconocimiento de su beneficiario y por ende, convalida la salida de fondos sin documentación hábil. Ello encuentra fundamento en, a) la aplicación del sistema de la partida doble o de la doble entrada, b) que dichos conceptos –gastos- no se admiten en la contabilidad fiscal y c) que estos últimos se encuentran excluidos expresamente de la medida de fomento que prevé el artículo citado.
Bajo esta hipótesis resultaría llamativo que la misma normativa prohibiera la deducción de un gasto y admitiera la salida no documentada, por facturas apócrifas, no habiendo dado el legislador señal alguna para un distinto tratamiento para ambos componentes de la registración contable e impositiva. Siendo ello así la liberación que contempla el inciso c) 1. del artículo 46 de la Ley 27.260 respecto del Impuesto a las Ganancias -salidas no documentadas- resulta aplicable a un universo más amplio que el de la facturación apócrifa, conclusión que sustenta su existencia en la redacción.
Como lo tengo dicho en otros casos - vide sentencia causa “CEIO S.A.” EX-2021-54563326-APN- SGAI#TFN del 11/03/2024-, tanto la salida no documentada de un gasto impugnado, como el gasto mismo, tienen idéntico origen, esto es, el comprobante incluido en la contabilidad que en una etapa posterior será pagado a un tercero no identificado (por supuesto con la excepción que se pudiera presentar si la erogación no se realizara).
Que en el caso del Impuesto al Valor Agregado el apartado 2) del inciso c) del artículo 46 ya citado establece que no se encuentra alcanzado por la liberación, el crédito fiscal proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que en atención a los fundamentos expuestos no resultan aplicables, a criterio del suscripto, los beneficios establecidos por la Ley 27.260 -art. 46- respecto de los ajustes en los Impuestos a las ganancias –gastos y salidas no documentadas- e Impuesto al Valor Agregado -crédito fiscal- con origen en facturas apócrifas.
III. Sobre dicha base adhiero al voto de la Dra. Marmillon, en los considerandos III (rechazo de nulidad), V y VI (Confirmación ajustes Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado), VII y VIII (confirmación ajuste en Salidas no documentadas), IX (ratificación de intereses resarcitorios) y XIV (reliquidación). Que respecto del Considerando IV que trata sobre el planteo de prescripción, y en especial con relación a la aplicación de sanciones en los Impuestos al Valor Agregado, períodos fiscales enero a noviembre de 2007, y a las Salidas no documentadas en idénticos meses, por aplicación de lo establecido por los arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) el cómputo del plazo comenzó el 01/01/2008, mientras que su término se produjo el 31/12/2012.
Ahora bien, una vez iniciado el plazo de prescripción se sancionó la Ley N° 26.476 (B.O. 03/06/2008) que en su art. 44 contempló una suspensión de los plazos, con la siguiente redacción: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”. El resaltado me pertenece. Con posterioridad y estando aún vigentes las facultades del Fisco, se sancionó la Ley 26.860, con igual alcance y redacción.
Resulta indubitable que la suspensión abarca las multas y si bien podría plantearse en el plano teórico una distinción entre aquellas cuyo plazo de prescripción ya comenzó a operar y otras en que no, lo cierto es que la norma resultaría de imposible aplicación a períodos que aún no iniciaron el término de 5 años (p. ej que se iniciaran el 1° de enero de 2009 o 1° de enero de 2010). Por ende el único universo posible que comprendería la decisión adoptada por el Poder Legislativo sería el de las sanciones en las que ya comenzó el cómputo (v.g. 1° de enero de 2008, 1° de enero de 2007 o anteriores). Una opinión en contrario importaría una decisión del Congreso Nacional sobre un universo vacío o que el segundo supuesto se encuentra afectado por una decisión de inconstitucionalidad, cuestión que no ha ocurrido a la fecha.
Sobre esta base, las suspensiones bajo análisis llevan la fecha límite para aplicar sanciones por parte del Fisco Nacional hasta el 31 de diciembre de 2014, criterio que convalida el acto administrativo dictado el 13/11/2013.
IV. Por su parte coincido con el rechazo de la prescripción con relación a la imposición de multas en el Impuesto a las Ganancias 2007 por las razones esgrimidas en su voto.
Como consecuencia del criterio sostenido ut supra, adhiero a la decisión que adopta la Dra. Marmillon en el Considerando X y a los argumentos allí expuestos, pero extendiendo sus efectos a todos los períodos apelados en autos con relación a las multas en el Impuesto al Valor Agregado (se agregan enero a noviembre 2007).
V. En cuanto a la multa fijada sobre el ajuste en Salidas no documentadas (considerando XI), estimo conveniente efectuar algunas precisiones en lo que hace a la sanción aplicada. En las presentes actuaciones ha quedado demostrado que la recurrente incorporó en la contabilidad fiscal comprobantes con dos tipos de vicios; recaen sobre operaciones de compras-gastos inexistentes y además no se ha podido establecer, quiénes han sido los verdaderos destinatarios de las erogaciones que se cancelan.
Ese único accionar, calificado como maniobra en contra del Fisco Nacional, generó dos impactos perfectamente diferenciados pero con idéntico resultado -menor impuesto a favor del Fisco-. Técnicamente en primer lugar procedió la impugnación del gasto en la determinación del Impuesto a las Ganancias y en forma simultánea se dispuso la aplicación del Impuesto que prevé el artículo 37 de la LIG (t.o Dto 649/1997 y modificaciones).
Si bien pueden existir supuestos en que se consagre el uno sin el otro lo real es que la erogación se realizó en favor de quien emitió el comprobante. Entonces el desembolso es la consecuencia de un comprobante sin motivación, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como del perceptor del pago. No hay un segundo comportamiento independiente que haga nacer el gravamen del artículo 37, es un desprendimiento de la única operación plasmada en el comprobante viciado, que se concreta en un momento posterior -con el pago- pero el origen es uno solo. El único comprobante incorporado en la determinación del Impuesto a las Ganancias que pretende sustentar una operación inexistente y mediante el cual se reconozca un beneficiario también inexistente es el que resulta motivo de impugnación.
Por ello entiendo que cuando se intenta relacionar este hecho con el encuadre realizado por el juez administrativo en el artículo 46 y eventualmente en cualquier otro caso en los incisos del artículo 47, a los efectos de aplicar la multa sobre salidas no documentadas, no cabe ninguna duda que las declaraciones juradas engañosas u ocultaciones maliciosas, necesarias para tipificar la conducta están concretadas con la incorporación de comprobantes en la determinación del gravamen ajenos a la realidad, en cuanto a su motivación y a su beneficiario. En base a lo expuesto considero que las declaraciones juradas para el pago del impuesto especial del artículo 37, son sólo un requisito formal ajeno a la conducta que se está evaluando a los efectos de la aplicación de sanciones.
Por todo lo expuesto corresponde confirmar la multa en Impuesto a las Ganancias-Salidas no documentadas, por los períodos 2007 a 2009.
DE LA VOTACIÓN QUE ANTECEDE Y:
Teniendo en consideración que los Dres. Marmillon y Martín confirman el ajuste en el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- pero disienten en cuanto a la aplicación de la multa, corresponde que el Dr. Luis se expida sobre tal cuestión.
Al respecto, el Dr. Luis dijo:
Que adhiere al Considerando XI del voto de la Dra. Marmillon en cuento revoca la multa interpuesta en el ISND y a los considerandos XII y XIV respecto a la imposición de costas y reliquidación ordenada sobre este punto.
Que atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría
1. Tener por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición en los términos de la ley 27.260 por el impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado respecto de las facturas de compra no informadas por los proveedores o informadas como nota de crédito y las notas de crédito no registradas, con costas.
2. Rechazar el desistimiento formulado por los impuestos a las ganancias, impuesto al valor agregado y salidas no documentadas respecto de las operaciones apócrifas.
3. Rechazar la defensa de nulidad opuesta por la recurrente, con costas.
4. Confirmar los ajustes por las operaciones vinculadas con los proveedores Miguel Ángel Salgado y José Miguel Marconi dispuesto en relación con los impuestos a las ganancias, valor agregado y salidas no documentas.
5. Hacer lugar a la excepción de prescripción por el impuesto a las Salidas no Documentadas producidas hasta el 11/07 y del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 3 a 11 de 2007 y rechazarla respecto del impuesto a las ganancias del período fiscal 2007, con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
6. Confirmar las multas impuestas en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 12/2007 a 5/2010, ganancias 2007 a 2010 en relación con los proveedores impugnados.
7. Revocar la multa aplicada sobre el impuesto a la salida no documentada.
8. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos respecto de las cuestiones referidas en los puntos 4, 6 y 7.
9. Intimar al organismo recaudador para que en el término de 30 (treinta) días practique la reliquidación, bajo apercibimiento de practicarla la recurrente.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.21 16:56:33 -03:00 Date: 2024.05.21 17:22:42 -03:00 Claudio Esteban Luis Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Subrogante Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.22 10:04:54 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.22 10:04:55 -03:00
Fin de la sentencia