Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.832-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución n° 05/2015 (DI FIEX), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 16598-136-2014 y 12758-38-2014, y, en consecuencia, el Cargo FE N° 24/2014 2. Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-148115341-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Diciembre de 2023 DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 35.832-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo y Dr. Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “TOTAL AUSTRAL S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 35.832-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I.— Que, a fs. 13/23vta. se presenta, por apoderado, la firma “TOTAL AUSTRAL S.A.”, e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 05/2015, de fecha 24/04/2015, dictada por la Dirección de Fiscalización de Exportación, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 16598-136-2014 y su acumulado 12758-38-2014, por la que resolvió confirmar el Cargo FE N° 24/2014 (DV MICO), formulado en concepto de diferencia de derechos de exportación, en virtud del ajuste de valor practicado en relación a las operaciones de exportación documentadas mediante las P.E. N° 10 049 EC08 000019 K y 10 049 ES02 000021 N. Manifiesta que el servicio aduanero no cuestionó el precio de la mercadería exportada (gas licuado de petróleo) sino su fórmula de determinación, concretamente en la falta de inclusión de la cotización internacional de uno de sus subproductos. Cuestiona el proceder de la Aduana, por no haber justificado el ajuste con antecedente alguno, ni haber recurrido a los métodos alternativos del art. 748 del C.A. Afirma que el precio de venta declarado se ajusta a los parámetros establecidos en los arts. 735 y concordantes del C.A. para ser considerado base idónea de valoración. Solicita se aplique la doctrina sentada por la CSJN en el caso “YPF” (TF 27.508-A), fallo del 01/10/2013. Entiende que el ajuste practicado por el Fisco es arbitrario y por ende no se ajusta a derecho. Subsidiariamente, plantea la inconstitucionalidad de los derechos reclamados, en tanto han sido establecido por una resolución ministerial y no por el Congreso de la Nación. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución aduanera apelada, con costas.
II.— A fs. 30/35vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido de los recursos. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en las apelaciones no reconocidos expresamente. Hace un breve resumen de las actuaciones administrativas. Sostiene que los principios generales de valoración de importación no son aplicables en materia de exportación. Manifiesta que, el servicio aduanero, sin desestimar el valor declarado por la exportadora, detectó la ausencia de uno de los elementos que debieron integrar el valor FOB declarado. Considera que ante la falta de inclusión en el precio declarado de uno de los elementos que integran el valor, se procedió a la conformación de la base imponible, incorporando el valor correspondiente al Isobutano, conforme la cotización internacional, y se le formuló a la exportadora el Cargo FE N° 24/2014 (DV MICO). Solicita se rechace el planteo subsidiario de inconstitucionalidad. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida, con costas a la contraria.
III.— A fs. 38 se abre la causa a prueba. A fs. 57 se dispone el cierre del período probatorio. A fs. 72 se ponen los autos a alegar. A fs. 75/76vta. presenta alegato la recurrente y, a fs. 80/80vta. lo hace la demandada. A fs. 83 quedan en estado de dictar sentencia.
IV.— Que, la representación fiscal en fecha 01/02/2016 acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA N° 16598-136-2014, en soporte papel y en un cuerpo de 42 fojas, en las cuales obra la resolución apelada por ante esta instancia jurisdiccional, y su acumulado 12758-38-2014, en soporte papel y en cuerpo de 16 fojas, agregadas por cuerda.
V.— Que, corresponde a este Tribunal resolver si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela. Que, el servició aduanero dictó la Resolución n° 05/2015 (DI FIEX) que confirmó el cargo FE n° 24/2014, formulado en concepto de diferencia de derechos de exportación, con motivo del ajuste del valor del “gas licuado de petróleo (LPG) en condición mezcla” declarado en la operación de exportación documentada mediante los permisos de embarque PE 10 049 EC08 000019 K y PE 10 049 ES02 000021 N.
Que, el problema jurídico subyacente consiste, entonces, en dilucidar si el acto administrativo impugnado tiene sustento en los antecedentes de hecho que necesariamente le deben preceder para ajustarse a derecho. Adelanto que lo resuelto por el organismo aduanero desconoce las implicancias del principio de legalidad tributaria, debido a que el sistema de determinación de tributos aduaneros no le confiere el poder de decidir discrecionalmente sobre la reconstrucción de la materia imponible.
Que, conforme surge de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, la firma TOTAL AUSTRAL S.A., aquí recurrente, documentó la destinación de exportación de mercaderías bajo el régimen de precios revisables (Res. ANA N° 2780/92) mediante PE N° 10 049 ES02 000021 N, oficializada el 31/05/2010 ante la Aduana de Río Grande, consistente en 9,776 toneladas de gas licuado de petróleo, bajo la posición SIM N° 2711.19.10.900H, con destino a Chile, por un valor FOB unitario de U$S 554,67000, adjuntando al efecto el contrato de compraventa en el que se detallaba la fórmula de determinación de precio convenido con la compradora chilena ENAP y las correspondientes cotizaciones internacionales. Que, con fecha 16/07/2010, la firma documentó la destinación definitiva mediante el permiso de embarque N° 10 049 EC08 000019 K, por la cantidad de 8.894,91 toneladas de LPG, efectivamente embarcada, a un valor FOB unitario de U$S553,98811 (precio final ajustado a la documentación obrante en el interior de la carpeta de fs. 15 de la actuación administrativa SIGEA N° 12758-38-2014).
Que, en el marco de las tareas de fiscalización, en fecha 29/10/2014, la División Minería y Combustible del Departamento Gestión de fiscalización de Exportación confeccionó el Informe N° 326/2014, por el cual el servicio aduanero observó que la diferencia de precio unitario entre el “normal butano” y el “isobutano” resultan de alrededor de U$S 10 por galón, siendo superior el isómero en el orden de un (+8%). De este modo, analizadas las facturas comerciales, observó que, en la conformación del valor del butano, solamente se había tomado en cuenta el valor del “normal butano”, y no el del valor del “isobutano”. Al resultar un valor inferior, concluyó que correspondía descartar el valor declarado como base de valoración y efectuar el ajuste, y, en consecuencia, formuló el Cargo FE n° 24/2014 por un importe de US$9.352,35.
Que, corresponde recordar que la valoración de mercaderías en aduana en materia de exportación debe realizarse con sujeción a lo dispuesto en el Código Aduanero. En tal sentido, el art. 735 de dicho cuerpo legal determina que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR, dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 ó 729 C.A. en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
En materia de exportación, el legislador ha adoptado la noción teórica del valor imponible, en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare (art. 745), como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro (arts. 735 y 742). En los artículos subsiguientes (hasta el art. 750) se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto o noción teórica de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial.
Es facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del C.A., que dispone que “Se aceptará el precio pagado o por pagar, y en tal caso se valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el art. 746, ap. 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideración el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
De lo hasta aquí expuesto surge que las facultades de desestimación del valor imponible documentado, se dan legalmente en materia de exportación principalmente en los supuestos de vinculación (art. 746 C.A.) y, en un sentido mucho más amplio, cuando por las posibilidades de valor comparable que resultan de los métodos previstos en el art. 748 del C.A. el precio documentado presentara ostensibles diferencias con el precio comparable, que será el resultante de los precios corrientes o en su caso de determinados precios de venta de la mercadería que se exporte, o del costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del aludido art. 748, los señalados precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inc. e).
VI.— Como quedó expuesto, en el presente caso el servicio aduanero tomó como base para efectuar el ajuste la cotización internacional del “isobutano”, que es sólo un subproducto de la mezcla del gas licuado de petróleo exportado, el cual, cabe señalar no figura en la fórmula de determinación del precio del butano definida en el art. 24 del contrato de compraventa aludido precedentemente.
Entiéndase que la mercadería en cuestión trata de gas licuado de petróleo (LPG), el cual consiste en una mezcla de “propano comercial” y “butano comercial”; y el “isobutano” es un subproducto de éste último. Conforme surge de los reportes cromatográficos aportados por la firma, la mezcla exportada contiene 58,10% de “propano comercial” y 41,90% de “butano comercial”, distribuido en 22,028% de “normal butano” y 19,869% de “isobutano”.
En este sentido, el valor FOB declarado por la firma exportadora en la destinación final PE N° 10 049 EC08 000019 K, aquí cuestionado, coincide con el valor de las facturas 0013-00000001 y 0013-00000002, los cuales fueron determinados de acuerdo a las fórmulas pactadas en los arts. 10 y 24 del “Acuerdo de Compraventa de Propano y Butano entre Empresa Nacional de Petróleo y TOTAL AUSTRAL S.A.” sobre la base de las publicaciones acompañadas por la actora.
De las constancias de autos surge que el ajuste de valor practicado por el servicio aduanero se basa en cálculos que no se ajustan a los métodos alternativos previstos en el Código Aduanero.
Nótese que las facultades de autotutela del crédito fiscal que asiste al ente recaudador no lo pueden llevar a posicionarse por encima del responsable e imponer sus criterios por sobre los del obligado, más aún que teniendo en consideración que éste es el que tiene relación estrecha con la verdad de cómo sucedieron los hechos. En definitiva, lo que se describe tiene relación con el inveterado principio de buena fe, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que ha de orientar las relaciones entre los particulares y la administración. Si todas las relaciones jurídicas pudieran ser cuestionadas al solo arbitrio de la autoridad administrativa, verdaderamente difícilmente podría desarrollar negocio jurídico alguno pues las partes debería presumir la inestabilidad del tránsito jurídico y verse obligados a precaver situaciones inesperadas. El desarrollo demanda que las actuaciones del Estado y los particulares se ciñan a un considerable nivel de certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, arbitrarios e intempestivos. En estos términos, la jurisprudencia de este Tribunal tiene dicho que, si bien el valor imponible de exportación es teórico, no es menos cierto que la Aduana debe demostrar que el valor declarado difiere notoriamente del precio pagado o por pagar, pudiendo exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable. Así las cosas, se ha establecido como doctrina jurisprudencial que la carga de la prueba con referencia a la improcedencia de los valores declarados, recae precisamente sobre el organismo aduanero que practica el ajuste sobre dicho valor (Cfr. ARBUMASA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación, Sala F, del 31 de mayo de 2013).
A la luz de los principios y normas expuestas, se colige que el acto administrativo impugnado adolece de causa, toda vez que para descartar el valor declarado el informe técnico n° 326/2014 (DV MICO), obrante a fs. 2/3 de las actuaciones administrativas SIGEA n° 12758-38-2014, no resulta suficiente para sustentar la decisión aduanera, en cuanto no determina de un modo técnicamente válido, cuál es el valor real de mercado del gas licuado de petróleo. Lo cual impide evaluar si efectivamente el precio de transacción del contrato celebrado por la actora es bajo.
Debe tenerse presente que, tanto en importación como en exportación, el valor de transacción constituye el criterio principal de valoración y, el hecho de que el servicio aduanero goce de cierta discrecionalidad para descartar dicho método, no implica que su actuar no deba ser justificado acabadamente. Sobre el tema, la CSJN se expidió en el fallo “YPF S.A. (TF 27.508-A) c/DGA” , recaído en fecha 1/10/2013, sosteniendo: “Que si bien es cierto que la autoridad aduanera tiene un relativo margen de discrecionalidad para determinar el valor de las mercancías exportadas (Fallos: 286:225), ello no la exime de respetar los recaudos que el decreto-ley 19.549/72 exige para la validez de los actos administrativos, pues el ejercicio de facultades discrecionales no implica en absoluto un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico (Fallos:315:1361)”. Seguidamente, agrega que “Al respecto, esta Corte tiene dicho que 'la circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la ley 19.549. Es precisamente la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias' (Fallos: 331: 735 y sus citas; y causa M.53.XLIV. "Micheli, Julieta Ethel c/ EN - M° Justicia y DD.HH. - resol. 313/00 - s/ empleo público", Fallos:332:2741)” —ver 1° y 2° párrafo del Considerando 7° del fallo citado de la CSJN.
Que, cabe destacar que, esta Sala “F” resolvió en igual sentido en la causa nº 35.808-A, de igual carátula que la presente, mediante sentencia de fecha 18 de diciembre de 2021.
En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que el acto administrativo impugnado no tiene sustento en antecedentes de hecho que necesariamente le deben preceder para ajustarse a derecho, toda vez que no hay en la operación aquí involucrada razón suficiente para apartarse del valor declarado, el que constituye la base idónea de valoración en los términos del C.A. Es por ello que, no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada por el servicio aduanero, no puede proceder el reclamo efectuado por éste en concepto de diferencia de derechos de exportación.
Que por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios planteados por las partes.
Por ello, VOTO por REVOCAR la Resolución n° 05/2015 (DI FIEX), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 16598-136-2014 y 12758-38-2014, y, en consecuencia, el Cargo FE N° 24/2014, con costas a la demandada.
Así lo voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que, adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. REVOCAR la Resolución n° 05/2015 (DI FIEX), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 16598-136-2014 y 12758-38-2014, y, en consecuencia, el Cargo FE N° 24/2014 2. Costas a la demandada.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.12.12 18:18:06 -03:00 Date: 2023.12.13 09:56:05 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.13 09:56:05 -03:00
Fin de la sentencia