Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 31417-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (ARA -DGA) y confirmar la resolución apelada, sin especial imposición de costas dada la falta de intervención de la contraria (art. 68, CPCCN); 2) Modificar la regulación de honorarios efectuada en la anterior instancia y fijar los emolumentos del letrado de la actora por su actuación en la instancia previa del modo indicado en el considerando V.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 25.220/2023 TOTAL AUSTRAL SA (TF 31417 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 110/3 (del expediente en soporte papel), la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso interpuesto por la firma Total Austral SA y revocó, con costas a la demandada, la Resolución N° 105/12 (AD RIOG), por conducto de la cual el Fisco Nacional había confirmado los Cargos Nros. 091/2009 y 094/2009, por la suma de us$48.802,73, liquidada por la demandada en concepto de ajuste de los derechos de exportación de acuerdo con lo establecido en la Resolución MEP 127/08.
Para así decidir, el a quo comenzó por señalar que no era materia de controversia el hecho de que los permisos de embarque oficializados por la actora para la exportación de gas licuado de petróleo les era aplicable el régimen de la Resolución MEP N° 127/08. Destacó que según esta norma, incumbía a la propia Administración (DGA) aplicar, como base de valoración, el precio más alto establecido en contratos; y que la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización (Secretaría de Energía) debía informar esos precios a la Aduana.
Puso de relieve que de la prueba producía en la causa surgía que en las destinaciones involucradas los derechos de exportación habían sido liquidados por el SIM y pagados por la actora sobre la base del precio que informaba la Secretaría de Energía. Dichos valores -explicó- sólo podían ser captados por el sistema al día siguiente [al] de la carga.
Por ello, entendió que el pago realizado según el coeficiente computado por el Sistema Informático María, razonablemente había tenido por efecto liberar al contribuyente de su obligación tributaria. Y que, salvo dolo o culpa grave -ausentes en el caso- las diferencias posteriormente advertidas por el Fisco no podían ser reclamadas.
Alta en sistema: 06/02/2026 El vocal preopinante explicó que en ese mismo sentido había resuelto en otro caso, confirmado a la postre por la Sala II del fuero.
Subrayó que resultaría contrario a derecho exigir a los administrados que se basaran en los precios internacionales del día de registro, teniendo en consideración la imposibilidad en la que se encontraba la propia Administración de cargarlos a tiempo en el sistema.
En suma, indicó que los principios de inalterabilidad de la declaración aduanera y de efecto liberatorio del pago efectuado de buena fe, exigían revocar la resolución cuestionada.
II. Que a fojas 118 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional (ARCA-DGA) contra la resolución reseñada en el considerando anterior. Expresó agravios a fojas 119/42, los que no fueron contestados por su contraria.
En su memorial explicó que según lo normado en los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, el momento imponible fijado oportunamente por la Resolución N° 394/2007 resulta ser el día de registro de la operación, y no el día anterior al día de registro. En ese sentido, reseñó la mecánica de liquidación establecida en la resolución antes citada. También destacó que el cargo formulado por el servicio aduanero -al advertir, en el control ex post, que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaba a la normativa citada-, se fundó en el artículo 9, apartado 2, inciso d) del Decreto N° 618/97 y los artículos 348 y 1018, apartado 2, del Código Aduanero, motivo por el cual -con cita del precedente “BASSO SA”, de la Sala II de esta Cámara (sentencia del 07/12/10)- no resultaba aplicable en el caso la doctrina del efecto liberatorio del pago.
Además, destacó que el pago no extingue la obligación aduanera cuando su importe fuere inferior al debido, tal como lo dispone el artículo 792 del referido código. Agregó que el pago efectuado por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente, por lo que aquel no tuvo virtualidad para producir el efecto liberatorio invocado por el tribunal a quo . Sostuvo que si bien el SIM aplicó una alícuota que no correspondía con la fecha del registro y la firma abonó un importe menor al debido, la Aduana puede y debe reclamar su pago puesto que ello también hace a la seguridad jurídica, entendida ésta como la garantía de la aplicación objetiva de la ley. Alta en sistema: 06/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Por otro lado, destacó que no mediaba impedimento para que la actora se ajustase a la normativa en análisis, ya que -no obstante la cotización correspondiente al día de registro de la operación se conoció sobre las últimas horas del mismo día- por tratarse de operaciones realizadas bajo la modalidad de precios revisables, el vencimiento de la obligación de pago operó conforme el plazo de espera declarado en la destinación.
Citó jurisprudencia en apoyo de su postura, la cual se encontraba firme según lo resuelto por la Corte Suprema.
III. Que a fs. 147/8 el a quo reguló los honorarios del letrado de la accionante. A fs. 154/7 apeló esa regulación la demandada, por considerarla elevada, y a fs. 164/8 la apeló el letrado beneficiario, por considerarla insuficiente.
IV. Que la discusión de marras encuentra respuesta en la doctrina legal que surge de la sentencia plenaria dictada por esta Cámara el día 11/04/2025 en la causa n° 25.856/2023 "Pan American Sur SA (TF 39976-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo".
[e]n el marco de lo dispuesto por el art. 792 del Código Aduanero, es posible reconocer efecto liberatorio al pago del derecho de exportación de hidrocarburos establecido por la resolución (MEyP) 394/07 cuando éste fue efectuado con arreglo a la liquidación generada por el Sistema Informático Malvina (SIM) al momento del registro de la respectiva solicitud de destinación aduanera; liquidación, ésta, que se practica en base al algoritmo previsto por la referida resolución ministerial y al precio internacional informado por la Secretaría de Energía".
Así lo entendió, con fundamento -en apretada síntesis- en que:
(i) No puede obviarse la relevante circunstancia de que fue el comportamiento de la propia Aduana -a través de su sistema informático- el que redundó en las supuestas inexactitudes por las que ahora ésta pretende exigir a la actora una suma mayor en concepto de derechos de exportación ya abonados, en el marco de la mentada resolución;
(ii) El Máximo Tribunal tiene dicho que, aun mediando error en la percepción de un impuesto, no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de Alta en sistema: 06/02/2026 resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido о ineficacia de la percepción de la renta (CSJN; Fallos: 209:213; 258:208; 259:382; 264:124, entre otros). Pues, el error, en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos, no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave (CSJN; Fallos: 284:232; 321:2933);
(iii) Si el Estado ha implementado Sistema Informático Malvina (SIM) debe garantizar a los contribuyentes efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del sistema;
(iv) Mediante la Resolución n° 599/10, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas resolvió modificar el artículo 7 de su similar n° 394/07 en el sentido de considerar la cotización del precio internacional correspondiente al segundo día hábil anterior al del registro de las solicitudes de exportación para consumo en virtud de que, por las referidas cuestiones operativas relativas a la carga de la información en el sistema informático, se producía un desfasaje entre el valor informado y el que realmente el sistema tomaba al momento del registro de la Destinación de Exportación.
En ese contexto, deriva en un absurdo exigir a la actora una revisión y rectificación posterior de todas las declaraciones presentadas ante la Aduana para constatar cuál era la cotización correspondiente al día de la oficialización de las solicitudes de exportación.
IV.2. En ese mismo sentido se había pronunciado ya este tribunal en numerosas causas análogas anteriores (conf. causa n° 55.791/2019 “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo" sentencia del 1de septiembre de 2020; n° 2572/18 “YPF SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 25/10/18; n° 83602/2016 “Bavosi SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 08/02/2018; n° 44962/17 “Sinopec Argentina Exploration and Production Inc Sucursal Argentina c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 21/11/17; n° 51.396/16 “YPF S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 23/5/2017; entre muchas otras).
IV.3. En consecuencia, por los motivos expuestos anteriormente, corresponde rechazar el recurso de apelación Alta en sistema: 06/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V interpuesto por el Fisco Nacional (ARCA-DGA) y confirmar la resolución apelada, sin especial imposición de costas en esta instancia, dada la falta de intervención de la contraria (conf. art. 68, CPCCN).
V. Que despejadas las cuestiones que anteceden, en atención al modo en que se decide y el monto de la cuestión discutida (v. Formulario F4 obrante a fojas 1), teniendo en cuenta el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la dirección letrada y representación legal de la parte actora, en la única etapa del proceso, corresponde modificar la regulación de honorarios efectuada a fojas 147/8.
En consecuencia, corresponde fijar los honorarios del Dr. Juan Patricio COTTER por su actuación en doble carácter en las primeras dos etapas de la instancia previa, en la suma de $50.000 (conf. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Y los correspondientes a la tercera etapa, se fijan en la cantidad de 12,5 UMAs, equivalente actualmente a la suma de $1.062.037,5 (conf. arts. 16, 19, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resol. SGA-CSJN Nº 3160/2025).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (ARA -DGA) y confirmar la resolución apelada, sin especial imposición de costas dada la falta de intervención de la contraria (art. 68, CPCCN); 2) Modificar la regulación de honorarios efectuada en la anterior instancia y fijar los emolumentos del letrado de la actora por su actuación en la instancia previa del modo indicado en el considerando V.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 06/02/2026 Alta en sistema: 06/02/2026
Fin de la sentencia