Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35669-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar el decisorio recurrido en un todo.
2Imponer las costas en esta instancia a la vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).
3Regular los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter, por su labor desarrollada ante esta Alzada, en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la actora, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON 45 CENTAVOS ($136.073,45), importe al que deberá adicionarse el monto de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42 CENTAVOS ($28.575,42) en concepto de IVA, dada la condición que reviste el profesional. Importes que se encuentran a cargo de la parte demandada.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
49269/2025 TOTAL AUSTRAL SA (TF 35669-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por decisorio del 7/7/2025 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar la Resolución (DI FIEX) Nº 01/2015 de fecha 24 de febrero de 2015, recaía en el expediente administrativo Actuación Nº 13289-26227-2014, con costas a la DGA.- II.-Que a fs 78/80 apeló el Fisco Nacional contra la sentencia de fs. 58/60, quien expresó agravios a fs. 86/89, los que fueron contestados por su contraria a fs. 92/104.
Asimismo, la parte actora y el Fisco Nacional apelaron a fs. 68/73 y 78/80 la regulación de honorarios de fs. 65/65vta. A fs. 83/85 la parte actora contestó el traslado corrido de fs. 81. El 26/2/26 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que como surge del relato de los hechos TOTAL AUSTRAL SA exportó gas licuado de petróleo (“LPG”) a Chile. El mismo estaba compuesto en un 55% de Propano Comercial y en un 45% de Butano Comercia, en cumplimiento del contrato de venta celebrado con la Empresa Nacional de Petróleo Magallanes (ENAP) de Chile, documento la exportación bajo el régimen de precios variables. Posteriormente, al documentar la destinación definitiva se presentó el precio final de la mercadería y se adjuntaron las publicaciones que destacaban los precios internacionales detallados en el contrato. Inicialmente el servicio aduanero convalidó y aprobó la operación aduanera y luego cuestionó el precio declarado en uso de las facultades del artículo 348 del Código Aduanero, atento que no se había tomado en consideración la cotización internacional del isobutano, subproducto contenido en el butano comercial, a su vez contenido en el producto exportado (LPG).-
IV.-Que el Sr. vocal, Dr. Garbarino expresó al respecto que: “…corresponde determinar si se ajusta a derecho la Resolución Nº 01/2015 (DI FIEX) que confirmó el cargo FE Nº 4/2014, formulado en concepto de diferencia de derechos de exportación, con motivo del ajuste del valor del ‘gas licuado de petróleo (LPG) en condición de mezcla, declarado en la operación de exportación documentada mediante los PE 10049ES02000001L y PE 10049EC08000002C. (…) Al respecto, cabe destacar que lo resuelto por el organismo aduanero desconoce las implicancias del principio de legalidad tributaria, debido a que el sistema de determinación de tributos aduaneros no le confiere el poder de decidir discrecionalmente sobre la reconstrucción de la materia imponible.”
V.-Que mediante la destinación de exportación de mercaderías con precios revisables Nº 10049ES02000001L, oficializada el 28/1/2010 ante la Aduana de Río Grande, la firma TOTAL AUSTRAL SA, documentó la exportación de 8.543,85 toneladas de gas licuado de petróleo (PA 2711.19.10.900H) en los términos de la Resolución 2780/92, con destino a Chile, por un valor FOB unitario de U$S 641,64000.
Asimismo, el día 12/3/2010 la empresa recurrente documentó el PE Nº 10049EC08000002C por la cantidad efectivamente embarcada (8.113,68 toneladas de LPG) por un valor FOB unitario de U$S 632,39768 adjuntado al efecto el contrato de compraventa en el que se detalla la fórmula de determinación del precio convenido con la compradora chilena ENAP y las correspondientes cotizaciones internacionales (documentación obrante a fs. 16 de la actuación administrativa Nº 12758-23-2014.
Con fecha 26/6/14, el servicio aduanero ajustó la base imponible de la operación de exportación 10049ES02000001L/10049EC08000002C, y en consecuencia formuló el cargo FE Nº 4/2014, en base al Informe (DV MICO) Nº 116/2014.
Al cotejarse las publicaciones aportadas por la exportadora, la División Minería y Combustible advirtió una diferencia de precio unitario entre el “normal butano” y el “isobutano” de alrededor de U$S 10 por galón, siendo el isómero en el orden de un 8%.-
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VI.-Que el vocal preopinante continuó expresando que: “Por su parte, en la resolución aquí apelada, basada en el Dictamen nº 1/2015 (DV IPGN), el servicio aduanero sostuvo que correspondía conformar la base del gas licuado de petróleo exportado, incorporando el valor correspondiente al ‘isobutano’, conforme la cotización internacional, en virtud del régimen de la RG 2780/92 y el articulo 745 del CÓDIGO Aduanero. (…) A la luz de los principios y normas expuestas, se colige que el acto administrativo impugnado adolece de causa, toda vez que para descartar el valor declarado en el Informe Técnico nº 116/2014 (DV MICO), obrante a fs. 1/5 de las Actuaciones SIGEA nº 12758-23-2014, no resulta suficiente para sustentar la decisión aduanera, en cuanto no determina de un modo técnicamente válido, cual es el valor real de mercado del LPG, extremo que impide evaluar si efectivamente el precio de transacción del contrato celebrado por la actora es bajo.”
Ante lo cual, el vocal concluyó que: “Por lo demás, siempre debe tenerse presente que, tanto en importación como en exportación, el valor de transacción constituye el criterio principal de valoración y, el hecho de que el servicio aduanero goce de cierta discrecionalidad para descartar dicho método, no implica que su actuar no deba ser justificado acabadamente.”
VII.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).- VIII.-Que en su escrito recursivo, la parte demandada se agravió de que el Tribunal Fiscal de la Nación incurrió en un error al momento de valorar los hechos y las constancias agregadas en las actuaciones administrativas. Puntualmente en que el isobutano (su cotización) no debía ser tomada como base para efectuar el ajuste, por no figurar en la fórmula de determinación del precio del butano definida en los artículos 10 y 24 del Acuerdo de Compraventa. El Tribunal señaló que al no denunciarse todos los elementos que componen la mercadería, la base imponible se vió afectada, en particular en menos y consecuentemente en los tributos abonados.-
IX.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 1143 del Código Aduanero, otorga al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria. Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente mencionado, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).-
X.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
XI.-Que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S:A:”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001) ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.-
XII.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-
XIII.-Que atención a lo expuesto en los considerandos anteriores, resulta evidente que el análisis de la prueba efectuada en el caso de autos no resulta, descabellado, ni arbitrario, como para que en esta instancia se revean los presupuestos fácticos del decisorio recurrido.
XIV.-Que, por otra parte, la demandada no rebatió los sólidos argumentos del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto a que el acto impugnado carecía de causa, en base a los antecedentes de hecho y derecho del acto administrativo sancionatorio, conforme la normativa de la Ley 19.549.
Ello, en atención a que el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que no resultó suficiente -para sustentar la decisión aduanera- el modo técnicamente válido para determinar el valor real de mercado del LPG; extremo que impidió evaluar si efectivamente el precio de la transacción del contrato celebrado por la actora era bajo. En consecuencia, sus agravios resultan insuficientes, y deben ser desestimados, por lo que cabe confirmar el decisorio recurrido, en cuanto al fondo de la cuestión en estudio.-
Asimismo, en sentido análogo se ha expedido la Sala IV de esta Cámara en el marco de la causa N° 39375/2025 “Wintershall Energía SA (TF 36184-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/03/2026; y la Sala I en el expediente N° 40153/2025 “Pan American Sur SA (TF 36100-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 26/03/2026.-
XV.-Que atento a la forma en que se decide, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios de la parte recurrente.-
XVI.-Que se agraviaron ambas partes de la regulación de honorarios de fs. 65/65vta. La parte actora por considerarlos bajos y la demandada por altos.-
En función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional correspondiente al Dr. Juan Patricio Cotter, cumplido durante la primera etapa del proceso, en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, corresponde confirmar la regulación de honorarios de la anterior instancia de fojas 65/65vta, (arts. 6, 7, 8, 9, 37, 38 y ccdtes. de la Ley Nº 21.839, modificada por la Ley Nº 24.432).
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Asimismo, por su labor desarrollada ante esta Alzada, corresponde fijar los honorarios del profesional mencionado, en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON 45 CENTAVOS ($136.073,45), importe al que deberá adicionarse el monto de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42 CENTAVOS ($28.575,42) en concepto de IVA, dada la condición que reviste el profesional: Importes que se encuentran a cargo de la parte demandada.-
XVII.-Que cabe imponer las costas en esta Alzada a la recurrente, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
XVIII.-Que, por todo lo expuesto, corresponde : 1) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar el decisorio recurrido en un todo; 2) Imponer las costas en esta instancia a la vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN); 3) Regular los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter, por su labor desarrollada ante esta Alzada, en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la actora, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON 45 CENTAVOS ($136.073,45), importe al que deberá adicionarse el monto de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42 CENTAVOS ($28.575,42) en concepto de IVA, dada la condición que reviste el profesional. Importes que se encuentran a cargo de la parte demandada. ASI VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy dijo:
I.-Que en cuanto al relato de los hechos me remito a lo expuesto en el voto que antecede.
II.-Que adhiero a la solución propuesta por mi colega preopinante por los fundamentos allí precisados, y los formulados -en sentido análogo- por la Sala IV de esta Cámara en el marco de la causa N° 39375/2025 “Wintershall Energía SA (TF 36184-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/03/2026; y la Sala I en el expediente N° 40153/2025 “Pan American Sur SA (TF 36100-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 26/03/2026.
En efecto, en el primero de los precedentes citados se destacó que “[...] si bien el servicio aduanero pretendió aplicar la cotización internacional (consecuente con el inciso b, del artículo 748), lo hizo sobre un componente de la mezcla (isobutano) y no sobre la mercadería objeto de la transacción (GLP), desnaturalizando así lo que prescribe la legislación aduanera en orden a tomar en cuenta las modalidades inherentes a la exportación”.
III.-Que en relación con las costas del proceso y la regulación de honorarios, adhiero al voto que antecede. ASÍ VOTO.
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar el decisorio recurrido en un todo. 2) Imponer las costas en esta instancia a la vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN). 3) Regular los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter, por su labor desarrollada ante esta Alzada, en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la actora, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON 45 CENTAVOS ($136.073,45), importe al que deberá adicionarse el monto de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42 CENTAVOS ($28.575,42) en concepto de IVA, dada la condición que reviste el profesional. Importes que se encuentran a cargo de la parte demandada.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Fin de la sentencia