Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 38.209-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas a cargo del Fisco Nacional y hacer lugar a la repetición intentada por $177.332,14.-, importe al que se deberán adicionar los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo el 25/09/2012 hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.“ del 27/12/93 (Expte. Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998).
2Regular los honorarios al Dr. Guillermo Andrés Zenklusen por su actuación en autos en la suma de $ 2.600 (Pesos dos mil seiscientos) por la representación procesal y a Daniel Alberto Díaz en la suma de $6.502 (Pesos seis mil quinientos seis) por el patrocinio, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-83087778-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Agosto de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 38.209-I caratulado "TOTAL SUPPORT S.A. s/denegatoria de repetición – ganancia mínima presunta.”
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 38/43 Total Support S.A. interpone recurso repetición contra la Resolución N° 79/2013 (DV RRSF) de fecha 28 de agosto de 2013 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, en la que no se hizo lugar a la acción de repetición interpuesta por recurrente, por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, período fiscal 2011.
Explica que la resolución recurrida ha sido notificada el día 02/09/2013 y que el presente recurso se interpone con fecha 23/09/2013 cumpliendo con los plazos establecidos por la ley de rito.
Entiende que el impuesto que se viene a repetir se trata de aquellos denominados directos que no requieren acreditar la no traslación a los precios establecida en el último párrafo del art. 81 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), que si bien esto no es controvertido en la resolución administrativa, en el caso que lo fuera en esta instancia, solicita informe pericial al respecto.
Relata que se dedica a la actividad de servicio jurídicos y empresariales. Que presentó la declaración jurada determinando e ingresando el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el período fiscal 2011 por la suma de $ 177.332,14.- que en dicho ejercicio, además, tuvo un quebranto que ascendió a $2.200.353,84.- y registró pérdidas contables en el ejercicio anual finalizado el 30/06/2011 por $1.718.874.-. Así sostiene que, con fundamento en la inconstitucionalidad del tributo por presumir una ganancia que no existió, el 25/09/2012 presentó el correspondiente reclamo administrativo, el que fuera rechazado mediante resolución N° 79/2013 y que dio lugar a la acción de repetición.
Que en primer lugar se agravia del dictado de dicha resolución, explicando que la misma realiza una errónea interpretación del fallo HERMITAGE S.A. emitido por la CSJN, con sustento en meras presunciones o suposiciones, desecha los sólidos argumentos esgrimidos por nuestro más Alto Tribunal, aplicables a estos autos y, deniega lo que por derecho corresponde. Remarca dos fundamentos del fallo, los cuales afirma son cumplidos por la empresa. Primero considera que el tributo a la ganancia mínima presunta es inconstitucional cuando la renta presumida por la ley no hay existido, y luego que no es válida la presunción iure et de iure de existencia de renta, siendo válida la prueba en contrario, debiendo el contribuyente aportar la prueba en ese sentido.
De esta manera, entiende como probado que la renta presumida por la ley, no existió, por lo que los pagos en concepto de Impuesto a la ganancia mínima presunta devienen inconstitucionales por falta de causa o por no haber nacido la obligación tributaria respecto del tributo repetido.
Por otra parte, menciona que de la pericia contable producida y no objetada por el Fisco Nacional, surge que el recurrente tuvo en el ejercicio fiscal 2011 un quebranto impositivo y registró pérdidas contables en el ejercicio anual finalizado el 30/06/2011.
Esgrime que la determinación presume que por el mero hecho de realizar una actividad económica ya se obtienen ganancias, lo cual es un error conceptual que además se ve desvirtuado por la pericial mencionada anteriormente, de la cual surge exactamente lo contrario.
Para finalizar, estima que no se puede hacer futurología acerca de si con el transcurso del tiempo puede o no cesar la situación de quebranto fehacientemente acreditada en autos, como tampoco importa si se verifican situaciones tales como falta de actividad en el mercado o ausencia de ingresos, realización de activos o la existencia o no de confiscatoriedad, sino que solo basta con mirar si existieron ganancias o pérdidas determinadas.
Por último, ofrece como prueba los antecedentes administrativos que se encuentran en poder de la AFIP. Pide que se haga lugar a la repetición, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 54/59 se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado del recurso deducido en autos. Menciona que de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2011 surge un impuesto a ingresar “0”, arrojando el resultado neto final un quebranto de $2.200.353,84.- Que de la Memorias de los Estados Contables de los períodos fiscales anteriores (2006 a 2011), emerge que para los períodos fiscales 2006 a 2008 la firma no registró ingresos, y las pérdidas computadas responden sólo a erogaciones de carácter administrativo. Que para el período fiscal 2009 dichas memorias dan cuenta de que las utilidades obtenidas representan un 25% de los ingresos logrados, reflejando una empresa sólida en lo patrimonial con proyectos tendientes a la administración de cartera crediticia de importantes fideicomisos financieros con perspectiva a futuro. Para el período fiscal 2010 se duplicaron los ingresos obtenidos en 2009 debido a la iniciación de juicios, con un incremento de gastos administrativos con preponderancia de gastos judiciales, los cuales fueron tomados como diferencias temporales y generarían resultados negativos en un primer momento para luego ser revertidos con creces. Se destacó que dichos fondos fueron aportados por los clientes y que se irían restituyendo a medida que se produjeran las cobranzas de los créditos mencionados. Finalmente, para el período fiscal 2011 la Memoria alude a la gestión judicial de un volumen record de créditos, lo que elevó los ingresos por facturación de honorarios judiciales a $14.040.491.-, mencionando que la tasa y frecuencia de recupero de aquellos confirma el sustento de las proyecciones acerca de la rentabilidad del negocio de la firma y el efectivo recupero de los gastos.
Informa que de la prueba pericial contable, el juez administrativo no logró desvirtuar la obligación del recurrente frente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el período fiscal 2011, toda vez que la prueba documental demuestra que los activos del presentante, sujetos al gravamen, son capaces de generar rentas por el período en cuestión, en tanto el principio de capacidad contributiva no fue afectado, razón por la cual el reclamo fue desestimado.
Aclara que la apelante funda su petición en el fallo emitido por la CSJN “HERMITAGE S.A.”
(15/06/2010) dentro del marco de una acción meramente declarativa y en una situación absolutamente diferente a la que se refieren en estos autos. Que la doctrina que se desprende del fallo, a la que adhiere el juez administrativo, permite concluir que la inconstitucionalidad del impuesto en cuestión se produce cuando frente a la presunción de renta establecida por la ley de dicho impuesto, que no admite prueba en contrario, se acredite que dicha renta no ha existido. Explica que la doctrina citada será aplicable dependiendo cada caso en particular donde se presenten idénticas circunstancias. Que el juez administrativo ha valorado, analizado y ponderado las pruebas ofrecidas y producidas en dicha sede habiendo llegado a la conclusión de que no se dan los presupuestos fácticos del fallo bajo análisis, ni se encuentra afectado el principio de capacidad contributiva, ni razonabilidad.
Agrega que de una planilla que presentó la actora, se detalla que los gastos correspondientes a “sueldos y cargas sociales” y “Honorarios y gastos judiciales”, dichos conceptos englobaban otros como: “pasantía rentada”, “personal eventual”, “remuneración variable”, “gastos de selección de personal”, ratificando de esta manera que se trata de una empresa en expansión, quedando demostrado a través de las declaraciones juradas de la seguridad social en el período 2009/06 que la recurrente declaraba 75 empleados en la nómina salarial incrementándose a 161 en el período 2011.
Concluye que en el fallo “Hermitage S.A.” el contribuyente había probado encontrarse en una situación de pérdida continua lo que tornaba, en ese caso particular, la inconstitucionalidad, al considerarse irrazonable la presunción absoluta de renta. Pero que, en el caso de autos, no se verifica falta de actividad en el mercado, ausencia de ingresos, realización de activos, ni estado concursal.
Finalmente, solicita se declare la cuestión de puro derecho al no haber ofrecido la apelante prueba alguna, pide que se rechace el recurso impetrado con costas y hace reserva del caso federal.
III. A PV-2022-46957010-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D" y mediante IF-2022-79376720-APN-VOCXII#TFN se encuentran disponibles para el dictado de sentencia.
IV. Que en el caso de autos corresponde decidir si la repetición pretendida por la suma de $ 177.332,14.- correspondiente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta Período fiscal 2011, es procedente. Que son requisitos de viabilidad de la repetición en el procedimiento tributario: a) la existencia del pago y b) que haya sido efectuado por error o “sin causa”, siendo obligatorio el reclamo administrativo previo en caso de tratarse de pagos espontáneos.
Que ello así, corresponde analizar las constancias documentales obrantes en los antecedentes administrativo, los que se encuentran digitalizados.
V. Que conforme el Sistema Registral de la AFIP, la contribuyente se encuentra inscripta en el impuesto a la ganancia mínima presunta desde el mes de julio 2009, declarando como actividades económicas “Servicios jurídicos” – código 741101 y “Servicios empresariales n.c.p.”- código 749900.
Que el 31/05/2012 presentó la declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta, período fiscal 2011. Que de los registros informáticos de AFIP, surge que los anticipos y el saldo de declaración jurada a ingresar por el período fiscal 2011 fueron cancelados mediante compensación. (A/A cpo act.
SIGEA 10470-2352-2013).
Que entonces el caso se limita al agravio esgrimido por la recurrente que cuestiona la aplicación del gravamen (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), en razón del resultado neto negativo (quebranto) que surge no sólo de la declaración jurada antes mencionada, sino del informe pericial contable efectuado en instancia administrativa.
Que el Fisco Nacional sostuvo que dicha pericial no logra desvirtuar lo concluido respecto del período fiscal 2011, en tanto las pruebas documentales existentes en autos y analizadas (memorias) demuestran que los activos de la recurrente, sujetos al gravamen, son capaces de generar rentas, por lo que el principio de capacidad contributiva no ha sido afectado.
Que del informe pericial efectuado por el perito contador independiente (A/A cpo. n°1 fs. 89/90) surge que el quebranto impositivo por el período fiscal 2011 asciende a $ 2.200.353,84.-. Que además no existe Impuesto a las Ganancias determinado por dicho período fiscal. Que el monto por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta determinado e ingresado por el período fiscal 2011 asciende a $177.332,14.-, el que fuera ingresado por un total de 11 anticipos, donde el anticipo 7 se ingresó dos veces. Por último, deja constancia que la empresa TOTAL SUPPORT S.A. registró pérdidas contables en el ejercicio anual finalizado el 30/06/2011 por $1.718.874.-, según surge de la línea final del Estado de Resultados de los Estados Contables certificados a tal fecha.
VI. En primer lugar entiendo que, sin perjuicio de la opinión que mantengo en el debate que se ha dado alrededor de la falta de razonabilidad en la aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgó un marco de aplicación restringido al gravamen consagrado por Ley 25.063, a través de dos fallos centrales como son las causas HERMITAGE S.A. y DIARIO PERFIL S.A. En ellos lejos de declarar la inconstitucionalidad plena del gravamen, ha introducido en el primero de los antecedentes citados, en el caso particular y con el voto mayoritario de sus miembros -CONSIDERANDOS 10 y específicamente 15 y 16-, dos conceptos no previstos en el texto de la ley –pérdidas y ganancias reales- que hermanados legislan en particular el supuesto que el tributo procederá solo si existe una ganancia real que le de fundamento.
Se incorpora en forma notable el derecho de “la prueba en contrario”. En rigor se expresa en su CONSIDERANDO 16 “Que, en las condiciones relatadas en este pronunciamiento, corresponde concluir que el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso, lo que así se declara” (el resaltado me pertenece). Para ello en el considerando 15, que precede a la conclusión ratifica en forma expresa sobre qué base resuelve. Así en los tres párrafos que conforman el fundamento dejó constancia que no se trata de una cuestión estricta de derecho al utilizar las siguientes expresiones “la iniquidad … se pondría en evidencia ante comprobación fehaciente….”, “...la cámara, sobre la base de pericia contable….” y “El Estado Nacional nada ha expresado ….acerca de la ponderación de la prueba realizada por el a quo…”.
Utilizó y remitió en su voto a la sentencia de la instancia anterior, Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, fundamentalmente a las cuestiones de hecho que rodearon al caso. Por ello no está demás recordar que en el CONSIDERANDO III de esta última, la Cámara adelanta a su resolución los principales argumentos, entre ellos “……ante el estado patrimonial que la inhibe de toda capacidad contributiva para el impuesto a las ganancias mínima presunta por los períodos de pérdida económica informados en la pericia contable (años 1995, 1996 y 1998)” y ya refiriéndose al informe contable sostiene “….que en los períodos fiscales relativos a los años 1995, 1996 y 1998 se registraron pérdida, así como que la sociedad tiene pérdidas operativas e impositivas que obstarían a descontar el impuesto del que aquí se trata e incrementarían aún más el detrimento contable e impositivo, circunstancia que desvirtúa la “ganancia presunta”…..Por otra parte también surge del peritaje que durante los últimos dos ejercicios cerrados por la sociedad solo se ingresaron importes por el impuesto a las ganancias por el ejercicio cerrado al 31.
VIII.94 y mediante moratoria impositiva.” Como se puede apreciar atento tratarse del planteo de una acción meramente declarativa, la resolución no abarca un período determinado, que a medir por el cierre de ejercicio, recién podría haber generado gravamen a la GMP en el cierre del mes de agosto de 1999. Sin embargo en su atención al caso, refiere a una situación plurianual previa, se retrotrae a información del cierre del año 1994, todo ello para justificar una cuestión previa que bien podría haberse revertido en el primer ejercicio de vigencia del gravamen para la empresa (cierre agosto 1999), inclusive simplemente generando ganancias impositivas o contables en el mismo. No cabe dudas que en los 16 considerandos que desarrolla el voto de la mayoría surgen conclusiones, pero todas ellas aferradas a una situación de hecho particular.
Ello no permite extender su decisión a casos diferentes al desarrollado por nuestro máximo Tribunal. Reitera en por lo menos dos pasajes de su fallo la aplicación al “caso concreto” o “presente caso”.
Frente a los parámetros introducidos por el fallo, los votos en disidencia de las Dras. Highton de Nolasco y Argibay; y el Dictamen del Procurador General de la Nación (Nicolás Eduardo Becerra), se impone profundizar el análisis del citado caso, pues allí se resaltaba la existencia de pérdidas recurrentes en varios ejercicios fiscales -1995-1996 y 1998-, donde evidentemente no eran sobre ninguno de los tres ejercicios que pesaba una determinación de oficio o una demanda de repetición ya que el gravamen no estaba vigente para ninguno de esos años, atento que como se dijo la empresa lo planteo en una acción declarativa. Sin embargo, entre el contexto, razones e hitos que conforman el fundamento, la Corte utiliza como referencia esa situación fáctica para evaluar y resolver la aplicación del impuesto en un determinado ejercicio, en principio teórico. En resumen, resolvió sin existir un período concreto en debate, utilizando como fundamento ejercicios en los que no regía el impuesto y lo hizo en forma plurianual. La decisión sobre el eventual reclamo ya sea que recayera sobre un único o varios períodos fiscales del IGMP, la Corte utilizó tres ejercicios anteriores para concluir en la falta de razonabilidad y receptó implícitamente párrafos centrales de la sentencia de cámara, cuando esta utiliza datos para justificar la ausencia de capacidad contributiva del ejercicio 1994. Claramente no hay un análisis lineal que al IGMP de un ejercicio solo se lo condiciona con el resultado negativo de ese mismo ejercicio.
Con posterioridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo nuevamente la posibilidad de expedirse sobre el tema en la causa Diario Perfil S.A., en un caso concreto en el que se trató el IGMP del año 1999, ante un nuevo pronunciamiento de otra Sala de la Cámara, en este caso no haciendo lugar a la repetición intentada. La Corte Suprema confirmó que no debía demostrarse la imposibilidad de que los activos generen la renta presumida por la ley o que tuvieran la necesidad de hacerlo, sino simplemente QUE ESA RENTA EN EL PERIODO EXAMINADO NO EXISTIÓ, ello a pesar de los fallos previos de Cámara en sentido contrario. Sustenta la solución de fondo evaluando y utilizando pruebas que exceden el análisis del ejercicio propiamente dicho, pues recurre para justificar su decisión a pérdidas CONTABLES durante dos años y solo un año de quebrantos impositivos -1998-, que valga el detalle no se refiere al ejercicio que está en juego, esto es 1999.
Esta afirmación debe entenderse dentro del propio contexto de la sentencia de la Corte Suprema, y de los párrafos que acompañan y fundamentan esa conclusión. En efecto, en el considerando 10, cuando decide resolver el fondo de la causa, lo hace sobre la base que tuvo por delante la documentación obrante a fs 32/178 de la que surge que Diario Perfil S.A. registró pérdidas en sus balances contables correspondientes a los períodos 1998 y 1999 (hasta el 30/9), y que a su vez registró quebrantos en su declaración jurada del impuesto a las ganancias del período 1998…..” Lo que no se puede perder de vista es que la pretendida restitución de las sumas abonadas en el caso particular, se refieren al período fiscal 1999 y sin embargo la Corte Suprema considera que ellos resultan suficientes a fin de tener por acreditado, en los términos de la doctrina HERMITAGE que la renta presumida por la ley, lisa y llanamente no ha existido. No surge una correlación única entre el año del quebranto y su justificación.
Hubiera bastado con referirse al quebranto de 1999 (que a su vez no lo contempló) y solo al resultado contable de 1999, Sin embargo se expresó respecto de la ganancia contable 1998, que no se condice con una lectura restringida de que deba verificarse estrictamente la ganancia de un solo año sin importar cómo se comportan los ejercicios anteriores y posteriores.
En otro antecedente de transcendencia, recientemente la CNACF –Sala I- con fecha 22/10/2020 en el caso La Inversora S.A y otros, ratificó aquel criterio de la necesidad de un análisis dual -contable e impositivo-, inclusive contemplando en su desarrollo la apertura del número final del resultado, al referirse a las ganancias extraordinarias. No consideró suficiente que de las declaraciones juradas surgieran quebrantos, ni relevante que el litisconsorcio presentante en dicha causa adujera que no tuvo ingresos que no le generaron rendimientos. Tampoco admitió aislar las citadas operaciones extraordinarias como argumento para eliminar resultados positivos. Expuso el agravio fiscal que el resultado negativo no era real y acumulable, verificado en la especie. Finalmente, al rechazar la acción de repetición sobre determinados ejercicios fiscales hizo prevalecer la existencia de resultados contables positivos.
A ello se suma la posición de esta Sala (Clodinet S.A. EE 112063665) al no admitir quebrantos de ejercicios anteriores que puedan estar incidiendo en el resultado impositivo del ejercicio que se pretende tomar como referencia para acreditar la ausencia de resultado positivo.
Tampoco debe olvidarse la posición que adoptó la AFIP mediante la Instrucción N° 2/2017 en la que reconoció las pautas fijadas por la CSJN en los antecedentes citados, tomando como base la existencia de pérdidas contables y quebrantos impositivos Todo lo expuesto confirma la necesidad del análisis de pruebas a situaciones diversas y dinámicas que involucre los ejercicios relacionados, en especial teniendo en cuenta que se trata de una empresa en marcha.
Lo que resulta claro es que en todos los antecedentes hay un desacople del resultado impositivo como único parámetro para analizar la capacidad de contribuir, al admitir implícitamente que para determinar el impuesto se toma como base el activo de la empresa si se demuestra la existencia de resultados positivos.
Por ello es necesario evaluar y resolver desde la prueba producida, la documentación disponible en el expediente y sus antecedentes administrativos, pues ello no se agota en una cuestión de derecho. En el presente caso sólo se produjo prueba en sede administrativa ya que no hubo ofrecimiento adicional en este ámbito. Esa prueba debe asegurar, entre otras, la homogeneidad necesaria para efectuar comparaciones que no están establecidas por ley si no que surgen de la razonable interpretación y adaptación del caso a lo resuelto por el Máximo Tribunal.
En esencia en la presente litis debemos dar cuenta que no se cuestiona que la empresa 1. Pagó el impuesto a la ganancia mínima presunta por el periodo fiscal 2011 2. Tuvo una pérdida contable en el ejercicio económico 2011 3. Tuvo quebranto impositivo en el ejercicio económico 2011 Y recordemos que la CSJN para resolver HERMITAGE S.A. recurrió a información que convirtió en trascendente para resolver el caso a períodos fiscales anteriores a la propia vigencia del impuesto, pues remarcó que la empresa había tenido pérdidas en los años 1995, 1996 y 1998 información que hubiera sido irrelevante si el análisis debía efectuarse dentro del año. Como se señalara anteriormente también tuvo en cuenta otros resultados distintos al resolver el IGMP de 1999 –Diario Perfil S.A.- ya que justifica la falta de razonabilidad haciendo referencia al resultado 1998 y sin tener en cuenta el resultado impositivo de 1999. En ambos antecedentes se hace una lectura amplia y plurianual de la situación de la empresa. En el presente caso, a mi entender considerando que se trataba de una empresa con actividad en crecimiento desde 2009 y si bien obtuvo en ese primer año de actividad con ingresos, una ganancia impositiva de $ 943.983,65, y al año siguiente una pérdida de $ 163.645,70, el análisis hubiera requerido disponer de información adicional que evidenciara la imposibilidad de cómputo en el ejercicio 2012 del impuesto que ahora se pretende repetir, siendo que al momento del dictado de la resolución de rechazo de la repetición, la AFIP ya contaba con el dato correspondiente al año 2012. Del análisis integral que efectuó la Corte, sin definir comportamientos estancos, respeta los hechos y fundamentos que tuvo la Cámara en Hermitage S.A. y que ella recepta en su considerando N° 15, cuando sostiene que “…. la imposibilidad de descontar el impuesto que aquí se trata e incrementar aún más el detrimento contable e impositivo, circunstancia que desvirtúa la existencia de una ganancia presunta”. Esta afirmación solo podría ser aplicada en el presente caso en el ejercicio siguiente al que se paga el IGMP -2012-, pues recién allí se producirá la primera oportunidad para descontar o no, en carácter de pago a cuenta, el IGMP 2011 contra el Impuesto a las Ganancias 2012.
Que el impuesto pagado por una empresa en marcha, tiene un carácter de verdadero crédito computable como pago a cuenta en el ejercicio siguiente y por 10 años, supuesto en que teniendo un carácter eminentemente financiero y no económico ya que el gravamen no se convierte en gasto sino en un adelanto del impuesto a las ganancias futuro (excepto que existan pérdidas /quebrantos recurrentes) que es lo que no se ha demostrado en los ejercicios 2012 y siguientes la imposibilidad de cómputo – Considerando 15 Fallo Corte Hermitage S.A.-
Ahora bien, en una crítica razonable del Fisco Nacional, basada en el análisis de la documentación brindada por la propia empresa, se destaca que la actividad que ésta desarrolla –actividades de cobranza, asesoramiento técnico para empresas, adquisición y/o administración de carteras de créditos de terceros, ejercicios de mandatos, representaciones, comisiones- la obligó a incurrir en gastos, inclusive financiados por los propios clientes, que recuperará “con creces” en ejercicios futuros al obtener las sentencias en su actividad de cobranza, con más los honorarios. La aseveración que hace la actora en su memoria comercial-contable de los años 2010 y 2011, pone en serias dudas que esos gastos se encuentren devengados y que en rigor deban relacionarse con ingresos que aún no se produjeron provocando que la correlación de ingresos y gastos se encuentre alterada, no tanto desde el punto de vista de la aplicación de principios contables, sino de su tratamiento impositivo, ya que ello llevaría a castigar el resultado de un ejercicio en detrimento de otros, pues si los gastos como dice la empresa se verán recuperados en ejercicios futuros, lo cierto es que en el presente ejercicio 2011 se estarían atribuyendo contra otros ingresos que sí efectivamente están formando parte del balance 2011. Ello me lleva a concluir que las diferencias temporales –así denominadas por la empresa- que pudieran estar afectando alguno de los términos que se están utilizando para decidir la suerte del impuesto a la ganancia mínima presunta, bien pueden ser tenidos en cuenta o ajustados a los fines de permitir una comparabilidad transparente y equitativa. Ello me permite adelantar que cualquier tipo de diferencia temporal, inclusive técnica, debe ser merituada al momento de evaluar la “razonabilidad del IGMP”.
En síntesis, en el presente caso, el Fisco Nacional se basó en las propias expresiones de la empresa, lo hace sobre la base de estimar que se trata de un resultado no permanente y afectado por una situación especial de desfasaje entre ingresos y gastos. Ahora bien, a pesar de que existiría una concreta sospecha de que determinados gastos puedan atribuirse a ingresos futuros, no resulta razonable con ese único argumento presumir cómo hubiera impactado en el resultado contable e impositivo un ajuste de ese tipo. Justamente eso es lo que debió haber dimensionado el Fisco, cuantificando el desvío, que de existir pudo haber cambiado el resultado del ejercicio, sin embargo ello no se produjo o no evidenció el Fisco, razón por la que en el presente caso no puede compartirse el argumento fiscal de utilizar un indicio basado en un dato real genérico pues debió haber seguido investigando para que pudiera tomar forma el cuestionamiento de la pérdida en el año 2011.
Si bien todos los argumentos expuestos no fluyen en un único sentido de cara a la solución del caso, entiendo que a pesar de contar con amplias facultades para requerir pruebas y evaluarlas a fin de demostrar la razonabilidad exigida por la Corte para la aplicación del gravamen, en la presente litis no agotó todos medios a su alcance con el fin de lograr convencer a quien suscribe que la empresa estaba en condiciones de contribuir por el período fiscal 2011.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas a cargo del Fisco Nacional y hacer lugar a la repetición intentada por $177.332,14.-, importe al que se deberán adicionar los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo el 25/09/2012 hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.“ del 27/12/93 (Expte. Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998). La Dra. Gómez dijo:
I. Que se advierte del acto cuestionado la existencia de un resultado contable negativo de la recurrente para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011. A su vez, ello se ve corroborado por la pericia contable producida en sede administrativa (vide fs. 89/90 vta. de los a.a.) y la Memoria del período en donde se precisa el desfasaje de ingresos y egresos que da lugar a la pérdida y se exponen los cursos a tomar para no comprometer financieramente a la sociedad (fs. 198 a.a.).
Que en los precedentes “Hermitage S.A.” y “Diario Perfil S.A.” (CSJN, sentencias del 15 de junio de 2010 y 14 de Febrero de 2014) se resaltó la existencia de pérdidas contables concomitantes a la declaración de quebrantos en el Impuesto a las Ganancias, plataforma fáctica que coincide con lo ocurrido en autos respecto a Total Support S.A. Ello así, el Cimero Tribunal trajo a colación en el primer caso que “los resultados de la sociedad arrojan pérdidas que "...obstarían a descontar el impuesto del que aquí se trata e incrementarían aun más el detrimento contable e impositivo, circunstancia que desvirtúa la [existencia de una] 'ganancia presunta” (vide Considerando 15°); en el segundo caso se invocó que que Diario Perfil S .A. registró pérdidas en sus balances contables correspondientes a los períodos 1998 y 1999 (hasta el 30/09), y que a su vez registró quebrantos en su declaración jurada del impuesto a las ganancias del período 1998 (Considerando 10°).
Por lo expuesto, esta juzgadora entiende que las circunstancias descriptas tornan aplicable la doctrina sentada por el Alto Tribunal en los casos “Hermitage S.A.” y “Diario Perfil S.A.”, correspondiendo hacer lugar a la repetición intentada.
Ello así, a la suma cuya devolución corresponde deberán adicionarse los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte.Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998).
Que en cuanto a la imposición de costas, no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, debiendo imponerse al Fisco Nacional (cfr. art. 68 CPCN). La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas a cargo del Fisco Nacional y hacer lugar a la repetición intentada por $177.332,14.-, importe al que se deberán adicionar los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo el 25/09/2012 hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.“ del 27/12/93 (Expte. Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998).
2. Regular los honorarios al Dr. Guillermo Andrés Zenklusen por su actuación en autos en la suma de $ 2.600 (Pesos dos mil seiscientos) por la representación procesal y a Daniel Alberto Díaz en la suma de $6.502 (Pesos seis mil quinientos seis) por el patrocinio, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se deja constancia que las sumas reguladas en los puntos precedentes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.10 10:03:40 -03:00 Date: 2022.08.10 12:49:25 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.10 13:46:24 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.10 13:46:25 -03:00
Fin de la sentencia