Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2026-17115275-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el criterio fiscal plasmado en la resolución recurrida, debiendo también dejarse sin efecto, por los argumentos desarrollados, la multa aplicada y los intereses resarcitorios reclamados. Con costas a la vencida.
2Regular los honorarios del Dr. Juan Pablo McEwan, por su actuación en autos en su carácter de apoderado de la recurrente en la suma de $20.422.078 (Pesos veinte millones cuatrocientos veinte dos mil setenta y ocho) equivalente a 203,87 (doscientos tres con 87/100) UMA -Unidad Medida Arancelaria- y los de las Dras. María Eugenia Sierra y Federica Osmon en su carácter de copatrocinantes de la actora en las sumas de $25.527.597 (Pesos veinticinco millones quinientos veintisiete mil quinientos noventa y siete) equivalentes a 254,83 (doscientos cincuenta y cuatro con 83/100) UMA -Unidad Medida Arancelaria-, respectivamente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada 16/26 (08/07/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-69386484-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Julio de 2026 D’AUVERGN ISABEL MARGARITA R En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX- 2026-17115275- -APN-SGAI#TFN caratulado "DE LA TOUR D’AUVERGN ISABEL MARGARITA R. s/ recurso de apelación"
El Dr. Martín dijo:
I. Que mediante el IF-2026-17115215-APN-DTD#JGM Isabel Margarita R. De La Tour D’Auvergn interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2025-194-E-ARCA-DVRREP#SDGOPIM de fecha 22 de diciembre de 2025 dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (“ARCA”), por la cual se determinó su obligación frente al Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia -ley N° 27.605- (en adelante, el ASE) y se la intimó a ingresar la suma de $240.789.054,18 por dicho concepto con más el importe de $736.657.992,93 por intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicó una multa por omisión según el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) equivalente al 100% del aporte determinado.
Expone sobre los antecedentes de derecho de la ley N° 27.605 y manifiesta que resulta sujeto del aporte al ser una persona humana residente en el país, que al 18 de diciembre del 2020 detentaba bienes, en el país y en el exterior, por un valor que a dicha fecha excedía la suma de $200.000.000; por lo que indica que en tal carácter determinó e ingresó el ASE sobre la totalidad de sus bienes existentes a dicha fecha (sic). Hace saber que el 16 de abril de 2022 presentó la declaración jurada correspondiente, quedando plasmada la información resultante. Sobre la naturaleza jurídica del ASE sostiene que más allá de su denominación es un impuesto al tratarse de una obligación exigida coactivamente por parte del Estado, a través de una ley y con un destino específico, pero que en modo alguno resulta ser voluntario u optativo, por lo que debe respetar los principios constitucionales. Explica que la liquidación fue realizada conforme al único criterio de interpretación del art. 3 de la ley N° 27.605 y del art. 2 del Decreto Reglamentario N° 42/2021, por lo que no incluyó los bienes cedidos irrevocablemente a los Trusts, al entender que el legislador no manifestó la intención de someterlos a imposición cuando se trate de Trusts de naturaleza irrevocable, ya que de lo contrario se vulneran los principios de capacidad contributiva y de irretroactividad de la ley. Señala que si bien el art. 3° de la ley N° 27.605 establece que la base imponible se calculará incluyendo los aportes a Trust, es el art. 2 del Decreto Reglamentario el que aclara el alcance de dicha mención, al señalar que los sujetos deberán incluir los bienes aportados a las estructuras previstas en el art. 3 de la ley en el porcentaje equivalente al de su participación en aquellas, lo que implica que los Trust irrevocables no quedan comprendidos en la norma, en tanto y en cuanto no exista participación alguna por parte del Settlor o aportante.
Agrega que el 13 de abril de 2021 presentó una multinota en la que dejó plasmado el criterio expuesto. No obstante lo cual, indica que el ente fiscal incluyó dentro de la base de determinación del ASE los bienes que cedió a Trusts de naturaleza irrevocable, “The Arcata Trust” y “The Magnolia Trust”, y que para su valuación tomó la información acompañada en uno de los requerimientos cursados, considerando el saldo en dólares al 31/12/2020 (según cotización del $82,64), y en el caso del Trust “The Arcata Trust” menciona que se le imputó el 50% de acuerdo al contrato de constitución del mismo.
Invoca la improcedencia de incluir en la base de determinación del ASE bienes que se encuentran fuera de su patrimonio desde el 13 de julio de 2015 en el caso de aquellos irrevocablemente cedidos a “The Arcata Trust” y desde el 6 de diciembre de 2017 por aquellos irrevocablemente cedidos a “The Magnolia Trust” y remarca que los mismos fueron constituidos con más de cinco años y más de tres años respectivamente, con respecto a la fecha de entrada en vigencia del ASE.
Pone de resalto la arbitrariedad de la resolución y se queja de que las pruebas ofrecidas en sede administrativa no fueron debidamente contempladas ni admitidas por el Fisco Nacional, lo que afectó su derecho de defensa y hace que el acto dictado se vea afectado de nulidad.
Insiste en que no resulta posible sostener que detente un porcentaje de participación en los Trust y que deba “declarar como propios” los bienes allí cedidos, en razón de que su participación como Settlor (no Beneficiario) en un Trust Irrevocable es inexistente, y por ende no detentaba porcentaje de participación alguno sobre dichos Trust, siendo improcedente la gravabilidad pretendida. Concluye en que una interpretación opuesta a la que plantea resulta contraria a la estructura y naturaleza del ASE que grava la titularidad de bienes en cabeza de la persona humana al 18 de diciembre de 2020, cuando ella no detentaba porcentaje de participación alguno sobre ninguno de los dos Trust.
Asegura que los intereses resarcitorios reclamados son improcedentes debido a que el Fisco determinó erróneamente la base imponible a los fines del cálculo del aporte. En subsidio, asegura que no hubo mora de su parte al haber presentado la declaración jurada del ASE en conformidad con una interpretación armónica del ordenamiento aplicable.
Por similares razones, manifiesta, en cuanto a la multa aplicada, que no se configuró el ilícito fiscal imputado, por cuanto su conducta no puede ser considerada antijurídica, ni mucho menos culpable, al haber informado en forma diligente al organismo fiscal el criterio por el cual entendía que los bienes no formaban parte de su patrimonio.
Por ello, pide que se considere que se trató de un error excusable.
Ofrece prueba documental e informativa y por los argumentos desarrollados y la jurisprudencia citada peticiona que se dicte sentencia revocando la resolución recurrida en todos sus términos, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2026-38909757-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Hace saber que con motivo de la fiscalización llevada a cabo por personal de ARCA y en base a los elementos existentes en las actuaciones, se constató que la contribuyente presentó la declaración jurada habiéndose detectado que al 18/12/2020 poseía mayores bienes gravados a los declarados, dejando en consecuencia de declarar e ingresar el ASE que correspondía.
Destaca que el acto administrativo dictado cumple con cada uno de los requisitos esenciales establecidos en el art. 7 de la ley N° 19.549, mientras que el procedimiento se desarrolló conforme a derecho, dado que las actuaciones se sustentan en los hechos y antecedentes que le sirven de causa así como en el derecho aplicable. En cuanto al rechazo de las probanzas ofrecidas esgrime que las mismas fueron debidamente valoradas en orden a decidir sobre su admisibilidad, sin afectar el ejercicio del derecho de defensa de la actora al encontrarse fundada su denegación.
Repasa los aspectos normativos de la ley N° 27.605 y alude a la situación de emergencia que condujo a su creación con fundamento en el valor de la solidaridad con el fin de atender una situación extraordinaria en atención a las desigualdades sociales, que exigen una actuación rápida y eficaz del Estado a fin de resguardar el derecho a la vida.
Sobre la naturaleza jurídica del ASE expresa que el mismo se ajusta a los principios constitucionales en materia de tributación, en especial el principio de legalidad al haber sido creado por una ley emitida por el Poder Legislativo, sin que tampoco sea contrario al principio de capacidad contributiva, a lo que agrega que la actora no acreditó de qué manera se vería conculcado este principio a partir de las constancias de la causa. Advierte que al sancionarse la ley N° 27.605 en un marco de emergencia sanitaria, económica y social se consideró que aquellos contribuyentes que sean poseedores de patrimonios de gran valor económico tenían la suficiente capacidad contributiva para ingresar el aporte, colaborando así a combatir la pandemia del COVID-19. Sobre la base imponible considerada en el acto recurrido menciona que la recurrente se agravia de la inclusión de los bienes aportados a dos Trust, a saber “The Arcata Trust” y “The Magnolia Trust”, mientras que la fiscalización estimó que los bienes transferidos por los aludidos instrumentos estaban alcanzados por el ASE en coincidencia con el criterio sostenido por la Dirección Nacional de Impuestos en el Dictamen de fecha 10/02/2021 (Dictamen IF-2021-12849643-APN-DNI-MEC), en donde se sostuvo que el art. 3° de la citada norma legal no exceptúa de su marco de aplicación a los "trust irrevocables", debiendo declararse como propios e incluirse en la base de determinación del aporte, los bienes aportados a esa estructura, por un porcentaje equivalente al de su participación al 18/12/2020.
Manifiesta que en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la ley N° 27.605, el art. 3° de la norma incluyó en la base de determinación del ASE, los aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas -entre otras-existentes a la fecha de su entrada en vigencia, respecto de lo cual el artículo el art. 2° del Decreto N° 42/21 señaló que debían declararse como propios e incluirse en la base de determinación del aporte los bienes aportados a las estructuras allí previstas, por un porcentaje equivalente al de su participación en estas. Ello así, pone de resalto que no se efectúa ninguna distinción con relación al tratamiento a otorgar a los aportes a un Trust, dependiendo de si el mismo fuera revocable o irrevocable, o si el aportante fuera o no beneficiario, sino que establece claramente que aquellos forman parte de la base de determinación. Para fundamentar la procedencia de los intereses resarcitorios señala que la recurrente no declaró ni ingresó el aporte correspondiente en debido tiempo y forma, por lo que al no dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo, procede la aplicación de los mismos por la mora en que incurrió.
En lo que hace a la sanción, expone que las normas referidas a la materia sancionatoria contenidas en la Ley de Procedimiento Tributario resultan de aplicación supletoria por expresa disposición de la ley que crea el ASE, conforme su art. 9°, y al haberse configurado los elementos objetivo y subjetivo se torna procedente su exigencia, sin que en autos se presenten circunstancias que permitan evaluar un posible error excusable.
Por último, acompaña los antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos expuestos solicita que se rechace el recurso impetrado y se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas. Formula reserva del caso federal.
III. Que por PV-2026-42841716-APN-VOCXII#TFN no se hizo lugar a la producción de la prueba informativa, consistente en exhortos y oficios, al resultar la misma inconducente y dilatoria, en razón de que las copias, debidamente traducidas y legalizados, de los Trust, cuya gravabilidad en el ASE se encuentra en discusión, se agregaron a la causa. Que, mediante recurso de reposición, la recurrente se agravió de dicha decisión, a lo que se dio respuesta con la PV-2026-49569035-APN-VOCXII#TFN.
Ello así, por PV-2026-60028086-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y por IF- 2026-69086736-APN-VOCXII#TFN pasan a sentencia.
IV. Que ley N° 27.605 (B.O. 18/12/2020) estableció con carácter de emergencia y por única vez, un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, obligatorio, que recaerá -en lo que aquí interesa- sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de los bienes en el país y en el exterior existentes a la fecha de entrada en vigencia (desde su publicación en el Boletín Oficial), comprendidos y valuados de acuerdo a los términos fijados en el Titulo VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, y de acuerdo a las disposiciones que se indican en dicha ley, en tanto el valor de la totalidad de los bienes supere los $ 200.000.000; debiendo incluir los aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de vigencia de la ley. Asimismo, se establecieron alícuotas diferenciales para el cálculo del aporte a ingresar por los bienes situados en el exterior, exceptuándose su aplicación cuando se verifique la repatriación en los términos que dicha norma establece.
Asimismo, se dispuso el destino de los fondos recaudados mediante el pago del aporte a la compra de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos para la prevención y asistencia sanitaria, subsidios a la PyMES, educación -Becas Progresar-, a proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, poniendo su aplicación federal a cargo del Poder Ejecutivo.
Que dicha ley fue reglamentada a través del Decreto N° 42/2021 (B.O. 29/01/2021) y se establecieron pautas para determinar la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550. Por otro lado, la AFIP dictó la Resolución General N° 4930/2021 donde se fijó la forma en que debía presentarse la declaración jurada y abonar el aporte solidario, disponiendo como vencimiento de ambas obligaciones el 30/03/2021, el que fue prorrogado por la Resolución General (AFIP) N° 4954/2021, hasta el 16 de abril de 2021. Que en lo que respecta al presente caso, cabe destacar la normativa aplicable, en primer lugar tal y como citan las partes… el art. 3°.- de la ley 27.605 mencionado ut-supra y al que nos remitimos. En segundo lugar cabe citar el art. 2° del decreto reglamentario 42/2021 que expresa: “A los fines de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia N° 27.605, los sujetos deberán declarar como propios e incluir en la base de determinación del aporte, los bienes aportados a las estructuras allí previstas, por un porcentaje equivalente al de su participación en estas. A esos efectos deberán considerarse las participaciones indirectas a que alude la norma legal, hasta el tercer grado, inclusive.” Por su parte, el tercer párrafo del art. 9 establece que “...Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación.”.
V. Que a continuación corresponde referirse al planteo de nulidad, el que debe ser desestimado en razón de que de los términos de la resolución recurrida se desprende que fue emitida en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), por aplicación extensiva del art. 9°, primer párrafo de la ley N° 27.605, con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, observándose las normas que hacen a su dictado, sin que se haya afectado el derecho de defensa de la recurrente, advirtiéndose que las pruebas fueron debidamente valoradas para propender a su rechazo, por lo que los motivos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo debatida en autos.
VI. Que corresponde establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que en forma preliminar corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que las presentes actuaciones tienen su origen en la fiscalización llevada a cabo a la contribuyente respecto del Aporte Solidario y Extraordinario (act. adm., IF-2026-38834339-APN-DTD#JGM, Informe de Inspección, fs. 436/443), sin que se encuentre en discusión que la Sra. De La Tour Auvergn revista la condición de sujeto alcanzado por el ASE, en razón de que presentó la declaración jurada respectiva, sin embargo la inspección consideró que en la base de cálculo debían ser incluidos los bienes aportados a los Trusts denominados“The Arcata Trust” y “The Magnolia Trust”, constituidos en fechas 13 de julio de 2015 y 6 de diciembre de 2017, respectivamente. Mientras que la actora mediante una presentación en fecha 13 de abril de 2021 hizo saber al ente fiscal que dichos bienes no habían sido abarcados con fundamento en el carácter irrevocable de los instrumentos celebrados. Ello así, la fiscalización constató que la apelante, cuya actividad declarada consiste en la prestación de “Servicios de financiación y actividades financieras N.C.P.”, presentó su declaración jurada relativa al ASE pero que al 18/12/2020 poseía mayores bienes gravados a los declarados, dejando en consecuencia de declarar e ingresar el importe pertinente.
Para ello, en orden a verificar la inclusión de la totalidad de los bienes radicados en el país y en el exterior, el personal actuante tuvo en consideración la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019 (act. adm., IF-2026-38834121-APN-DTD#JGM, fs. 267/314) para cotejar las existencias iniciales y la correspondiente al período fiscal 2020 (act. adm., IF-2026-38834121-APN-DTD#JGM, fs. 315/349) junto con los bienes que surgían de la base E-Fisco.
Que del relevo de los elementos obrantes en la causa se advierte que no hay discrepancias sobre dicha condición de sujeto obligado a tributar, sino que la controversia se plantea con relación a la cantidad de los bienes integrantes de la base imponible para el cálculo del ASE.
No obstante lo cual, la Sra. De La Tour Auvergn además expone agravios con relación a la constitucionalidad del Aporte al esgrimir que éste posee naturaleza tributaria en razón de que la ley N° 27.605 contiene todos los elementos constitutivos de un impuesto, por lo que debe receptar los principios constitucionales, alegando que con la postura fiscal plasmada en el acto recurrido se lesionan en particular los principios de capacidad contributiva y de irretroactividad de la ley, lo que será merituado al analizar la procedencia de la determinación de oficio.
Que a mayor abundamiento cabe recordar lo dispuesto en el art. 185 de la ley de procedimiento fiscal. Sin perjuicio de lo cual, y no obstante la denominación dada en la ley Nº 27.605, la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó que “los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
VII. Que la actora cuestiona la conformación de la base imponible del ASE, al agraviarse de que el Fisco incluyó en la base de cálculo su participación en los Trusts denominados “The Arcata Trust” y “The Magnolia Trust, los que estaban valuados en U$D 15.143.938 el primero de ellos y en U$D 46.660.031 el segundo. Se consideró para su valuación la información aportada por la actora, considerando el saldo en dólares al 31/12/2020 según cotización del $82,64 y en el caso del Trust “The Arcata Trust”, se imputó el 50% a la Sra. De la Tour Auvergn de acuerdo al contrato de constitución del mismo, donde surge que fue realizado conjuntamente con el Sr. Bernardo Miguel Perret, su esposo.
Que según la recurrente los bienes fueron aportados de manera irrevocable para la constitución de ambos Trusts con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 27.605, por lo que al 18/12/2020 los activos aportados a tal efecto ya no formaban parte de su patrimonio. Por su parte, el Fisco Nacional sostiene que por aplicación al caso de las previsiones contenidas en el art. 3° de la ley N° 27.605 y el art. 2 del Decreto Reglamentario 42/2021 procede la inclusión de tales bienes a la base imponible del aporte en tanto la norma no distingue entre revocables o irrevocables.
Que la declaración jurada original del ASE presentada consignaba un monto a ingresar de $72.549.356,89; y una vez efectuada la liquidación administrativa surgió un saldo a ingresar de $240.789.054,18 con origen en la titularidad de los bienes en el país y en el exterior.
Que a los efectos de dilucidar la cuestión sometida a debate resulta necesario indagar si el aporte de bienes realizado por la aquí recurrente implicó un real desapoderamiento, en razón de que de ello depende si debe ingresar el ASE por los mismos, al no encontrarse controvertidos los demás aspectos apuntados por las partes en cuanto a la existencia de los Trusts y su conformación.
Los trusts o fideicomisos constituidos en el exterior, conforme fueran receptados por la legislación tributaria argentina, son negocios jurídicos que se utilizan con distintos fines, entre otros, sucesorios, impositivos, patrimoniales y de privacidad. Si bien no son totalmente equiparables con los fideicomisos locales, los contratos de trusts se caracterizan por la existencia de un encargo de administración a título de confianza y la transferencia de la propiedad fiduciaria de los bienes sobre los que recaerá tal encargo. Las particularidades del contrato determinarán el alcance del derecho y obligaciones de los participantes y las circunstancias relativas a la administración, disposición y distribución de los activos.
El fideicomiso creado en el exterior -más conocido como trust por su acepción en jurisdicciones regidas o influenciadas por el derecho anglosajón- se constituye mediante la celebración de un contrato por el cual una persona (denominada fiduciante o settlor) transfiere la titularidad de la propiedad de ciertos activos a otra persona independiente (denominada fiduciario o trustee) para que los administre y, al cumplimiento de un determinado plazo o condición (como ser, por ejemplo, la muerte del settlor), los transfiera a los beneficiarios designados previamente por el fiduciante. (“Tratamiento de los fideicomisos del exterior en la normativa tributaria”, autores Gotlib, Gabriel; Vaquero, Fernando; Ferreyra Fernández, Constanza E.; Kaplún, Brian, Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE), Tomo/Boletín XLI, página 471, mayo 2020).
Ahora bien, cuando estamos frente a un Trust revocable se vincula a una estructura donde el settlor retiene la propiedad de ciertos bienes en ese sistema pero ellos no salen efectivamente de su patrimonio, es decir, que conserva el control de los mismos y puede revocar ese Trust cuando desee. En cambio, el Trust irrevocable se da cuando la disposición de bienes en favor del trustee conforma una planificación patrimonial que tiene por objeto que el settlor transfiera de manera definitiva al trustee esos bienes con un fin determinado, saliendo del patrimonio dichos bienes de manera terminante.
Que en autos se encuentran agregadas copias apostilladas, traducidas y legalizadas de los documentos vinculados al “The Arcata Trust” y “The Magnolia Trust” (RE-2026-17105787-APN-SGAI#TFN). Que en las traducciones se aclaró que se utilizó el término “Fideicomiso” para referir al “Trust”, el término “Fiduciario” como traducción de “Trustee” y el de “Fiduciante” para referenciar al “Settlor”, mientras que “Patrimonio Fideicomitido” se utilizó para comprender el término “Trust Estate”.
Que en lo que hace al Trust “The Arcata Trust” de la copia respectiva se desprende que el mismo fue otorgado en fecha 13 de julio de 2015 entre Isabel Margarita Rosa de la Tour D’ Auvergne y Bernardo Miguel Perret, residentes en Buenos Aires, Argentina, como “Fiduciantes” y Greenock Trust Company Limited con sede en Nueva Zelanda como “Fiduciario”.
Que respecto del Trust “The Magnolia Trust” de la copia agregada en autos se advierte que el mismo se celebró con fecha 6 de diciembre de 2017 entre Isabel Margarita Rosa de la Tour D’ Auvergne, residente en Buenos Aires, Argentina, como “Fiduciante” y Greenock Trust Company Limited con sede en Nueva Zelanda como “Fiduciario”.
Que ambos instrumentos presentan similares condiciones: los Fiduciantes poseen la suma USD100 y declaran de manera irrevocable que el Fideicomiso queda constituido por dicha suma. Luego de establecer las pautas interpretativas, en la cláusula segunda se dispone que el Fiduciario conserve el Patrimonio Fideicomitido en fideicomiso para la venta, liquidación y conversión en dinero, con opción de posponer la venta, liquidación y conversión por el plazo que estime conveniente. A continuación, por la cláusula tercera se dispone sobre las facultades discrecionales del Fiduciario al establecer que “sujeto al consentimiento previo o contemporáneo por escrito del Protector, el Fiduciario queda facultado para designar la totalidad o una porción del Patrimonio Fideicomitido y sus futuras utilidades en favor o en beneficio de cualquiera de los Beneficiarios… en las porciones y proporciones, y en general conforme la modalidad que el Fiduciario estime conveniente según su entera discrecionalidad..”
En la cláusula cuarta se enumeran las facultades del Fiduciario sobre el capital, quien tiene la facultad de pagar, transferir, o aplicar todo o una porción del capital del Patrimonio Fideicomitido para el beneficio de todos, o uno o más de los Beneficiarios, o con exclusión de otro o más de los Beneficiarios, liberada de las Estipulaciones Fiduciarias previstas en la Escritura de Constitución, por el número de participaciones y proporciones, y de cualquier manera en general, que el fiduciario a su entera discrecionalidad estime conveniente. En la cláusula sexta se prevé que el Fiduciario deberá dividir el Patrimonio Fideicomitido en tantas porciones como Beneficiarios Primarios se encuentren con vida a la fecha de otorgamiento de derechos, y deberá otorgar la titularidad de tales porciones a cada uno de ellos, disponiéndose luego que sucede en caso de ocurrido el fallecimiento de alguno de ellos. En la cláusula siguiente se dispone que corresponde al Fiduciario, con consentimiento previo o contemporáneo del Protector, declarar y designar personas como Beneficiarios, o que éstas dejan de serlo o declararlas como Persona Excluida. En la cláusula octava se dejó asentado que, salvo disposición expresa en contrario, toda decisión o facultad conferida al Fiduciario será absoluta y no está sujeta a controles, y podrá ser ejercida cuando así lo considere oportuno el Fiduciario. Asimismo, se aclara que salvo disposición expresa en contrario, el Fiduciario no podrá ser obligado a consultar a ninguno de los Beneficiarios, ni dar cumplimiento a ninguna decisión o deseo de ninguno de los Beneficiarios, ni de ninguna otra persona, en relación al ejercicio de cualquiera de las funciones del Fiduciario y del Protector. En la décimo primera se establece que la facultad de remover al Fiduciario, junto con la facultad de designar Fiduciarios nuevos o adicionales, recae sobre el Protector. Por la cláusula décimo cuarta se dispone que el primer Protector sea designado por el Fiduciante, mientras que la facultad de designar nuevos Protectores corresponde al Protector, mencionado en que situaciones dicha facultad recae sobre los Beneficiarios. En la cláusula décimo sexta se indica que el Fiduciario tendrá todas las potestades previstas en el Anexo para la gestión y administración del Fideicomiso. Por último, en dicho Anexo se detallan en forma minuciosa las facultades del Fiduciario para invertir, así como sus facultades de administración.
VIII. Que de los términos contractuales antedichos se advierte que la intervención de la Sra. De la Tour D’ Auvergne en los Trusts involucrados se limitó al aporte de los bienes fideicomitidos, sin que posea otras facultades en relación a los mismos en lo que hace a su administración y gestión, lo que se encuentra íntegramente a cargo del Fiduciario. Si bien la designación del primer Protector se encuentra a cargo del Fiduciante, lo cierto es que las facultades del Fiduciario para invertir, así como sus facultades de administración no están sujetas a autorización, control y/o supervisión de la figura del Protector.
Ello así, la recurrente en su calidad de Fiduciante no se reservó facultades referentes a la adopción de decisiones, ni se requiere su consentimiento y/o conformidad para la realización de acto alguno, al formalizarse la entera gestión del Fideicomiso en la figura del Fiduciario interviniente, quien es el encargado de asegurar el cumplimiento del objetivo perseguido con su constitución, y puede ser removido por el Protector. Que por lo tanto, se verifica de acuerdo a la documentación disponible un efectivo desapoderamiento de los bienes por parte del Settlor (Fiduciante), al no poseer la tenencia, ni la administración ni disposición de los activos que integran el patrimonio fideicomitido, por lo que no corresponde que los bienes involucrados en los Trust sean incluidos en la declaración jurada del Aporte Solidario.
Que a mayor abundamiento, cabe remarcar que ambos Trusts fueron constituidos en los años 2015 y 2017, es decir que se encuentra fuera de discusión que no están comprendidos en el período de sospecha previsto en el tercer párrafo del art. 9 de la ley N° 27.605, lo que permite descartar un ardid evasivo, por lo que con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley, tales bienes no formaban parte de su patrimonio, es decir, no disponía de los mismos. En igual sentido, se observa que en la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019 esos Trusts no formaron parte de dicho gravamen.
IX. A tenor de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la Sra. De la Tour D’ Auvergne al 18/12/2020 no contaba en su patrimonio con los bienes aportados de manera irrevocable al Trust, al haberse desapoderado de ellos para no ser retrotraídos, ni tampoco poseía potestades sobre su administración y gastos, no corresponde incluir a los mismos en la base para determinar el ASE.
Por ello, corresponde revocar el criterio fiscal plasmado en la resolución recurrida, debiendo también dejarse sin efecto, por los argumentos desarrollados, la multa aplicada y los intereses resarcitorios reclamados. Con costas a la vencida.
Las Dras. Gómez y O’ Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar el criterio fiscal plasmado en la resolución recurrida, debiendo también dejarse sin efecto, por los argumentos desarrollados, la multa aplicada y los intereses resarcitorios reclamados. Con costas a la vencida.
2. Regular los honorarios del Dr. Juan Pablo McEwan, por su actuación en autos en su carácter de apoderado de la recurrente en la suma de $20.422.078 (Pesos veinte millones cuatrocientos veinte dos mil setenta y ocho) equivalente a 203,87 (doscientos tres con 87/100) UMA -Unidad Medida Arancelaria- y los de las Dras. María Eugenia Sierra y Federica Osmon en su carácter de copatrocinantes de la actora en las sumas de $25.527.597 (Pesos veinticinco millones quinientos veintisiete mil quinientos noventa y siete) equivalentes a 254,83 (doscientos cincuenta y cuatro con 83/100) UMA -Unidad Medida Arancelaria-, respectivamente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada 16/26 (08/07/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2026.07.16 15:05:59 -03:00 Date: 2026.07.16 16:31:46 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.17 10:26:33 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.17 10:26:34 -03:00
Fin de la sentencia