Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 34.866-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la Resolución 3355/14, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias -$3.585,27- y del derecho adicional - u$s1.026-, con costas al fisco.
2Confirmar parcialmente la Resolución 3355/14, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, respecto de la aseguradora, declarando que la obligación tributaria emergente del saldo del DIT 07001IT16000346E asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON VEINTITRES CENTAVOS (u$s876,23) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, importe que deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio vendedor que informare el Banco Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondientes al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 20-12-13 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3Imponer las costas respecto del punto anterior, según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 40% a la actora y en un 60% del fisco.
4Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la aseguradora es el garantizado con la póliza 21.673; o el de los tributos si éste último resultare inferior. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-18286917-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 19 de Febrero de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “TPC CIA. DE SEG. S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente nº 34.866-A El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 65/81 se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA 3355/2014, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, mediante la cual se le exige el pago de los tributos más intereses emergentes del DIT 07001IT16000346E, en su carácter de garante de la operación. En primer término, sostiene que se reexportó la totalidad de la mercadería mediante los P.E. indicados a fs. 66. En subsidio, aduce que la firma importadora es la principal obligada por los tributos que se reclaman y que se encuentra en quiebra. Aduce que la aduana debió verificar el crédito. Solicita la aplicación de lo dispuesto en el art. 56 de la LCQ. Asimismo, hace referencia al carácter accesorio de la responsabilidad de la aseguradora. Alega que solo responde por los tributos que gravan la importación para consumo. Se agravia de los rubros de IVA Adicional y ganancias y derecho adicional. Asimismo, hace referencia al límite garantizado con la póliza 21.673 por el importe de $11.000, más intereses. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 88/97 el fisco contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso y realiza una breve reseña de los hechos. En cuanto al planteo de prescripción concursal, aduce que se debe regir por el C.A. Asimismo, sostiene que se configura la infracción que se le imputa. Agrega que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora rebelde y la aseguradora. Concluye que el siniestro se produjo; por lo que la aseguradora debe responder por los tributos. Alega que la póliza se encuentra activa. Hace referencia a los principios de indisponibilidad del crédito fiscal y de igualdad. Hace hincapié en la importancia del CTC. Asimismo, aduce que se liquidaron los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería y por ende, con aplicación del régimen tributario vigente en el DIT; por lo que debe responder por los mismos -lo que incluye las percepciones-. Efectúa reserva de caso federal. Acompaña las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 98 se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco y se abre la causa a prueba. A fs. 129/141 luce la contestación de oficio del despachante de aduanas, a fs. 159/160 y 183/228 del Ministerio de Producción. A fs. 266/292 y 303/309 se glosa la contestación de oficio de la D.G.A. A fs. 323, 331/332 y 340 luce la contestación de oficio del Ministerio de Producción. A fs. 437 se intima a la actora por única vez a acompañar copia de la solicitud de ctc S01:0167358/05. Con posterioridad, renuncian los letrados de la firma y en PV-2024-131968569-APN-VOCXVIII#TFN se la declara rebelde. Luego, se glosa certificación de prueba, se declara clausurado el período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. A fs. 458/462 se glosa el alegato del fisco. La actora no hace uso del derecho que le fuera conferido. Después se ponen autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 12197-5752-2012 se inician con el Acta de Denuncia por la infracción al art. 970 del C.A. respecto del DIT 07001IT16000346E. A fs. 3 se glosa el DIT. A fs. 4 se realiza valoración en aduana, alícuotas y clasificación arancelaria. A fs. 6 luce liquidación aduanera. A fs. 9 se informa que la firma importadora está en estado de quiebra desde el 27-6-12. A fs. 12 luce la póliza 21673. A fs. 25 se efectúa liquidación. A fs. 16 el 24-10-13 se instruye sumario y se corre vista al síndico de la importadora y a la aseguradora. A fs. 25/26 efectúa su defensa la actora. A fs. 27 se notifica de la corrida de vista la firma TPC CIA. DE SEG. S.A. el 4-12-13 y la importadora el 5-12-13. A fs. 29 se decreta la rebeldía de la importadora y se tiene por presentada a la aseguradora y por efectuada su defensa. A fs. 32 luce el Registro de Infractores. A fs. 33 se reliquidan los tributos. A fs. 34/36 luce la Resolución 3355/14, apelada.
V. Que, en primer término, corresponde tratar el agravio de la actora vinculado a la falta de legitimación de la D.G.A. para reclamar el crédito tributario.
Que el concurso en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias -en lo que aquí interesa- o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por el mismo.
Que, corresponde señalar que una vez recaída Resolución firme, la misma podrá ejecutarse.
Que, en efecto, la carga procesal de la Aduana de presentarse a verificar su crédito, recién nace, cuando el cargo tributario haya quedado firme y, en consecuencia, su monto determinado. Cabe señalar que no se trata sólo de la falta de determinación del crédito para su verificación sino, además y fundamentalmente, porque es necesario determinar mediante el procedimiento correspondiente, la existencia de la obligación tributaria y que la misma se encuentre firme. Que el Código Aduanero regula el procedimiento de impugnación, así como la forma de extinción de las obligaciones tributarias, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que su procedimiento no puede verse afectado por lo dispuesto en la ley 24.522, que no posee fuero de atracción en esta materia.
Que tratándose de normas de igual jerarquía, dictadas por el Congreso de la Nación en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, ante un conflicto normativo debe aplicarse el texto de la norma que regula específicamente el tema (“lex specialis”).
Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A., del 30-9-86; “Casa Marroquín S.R.L” del 31-3-87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (“Gregorio C. Cosimatti”, sentencia del 9-4-87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Que en virtud de lo expuesto, puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor -en el caso la Dirección General de Aduanas-, la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador, como requisito previo a reclamar su crédito.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el agravio de falta de legitimación concursal opuesto por la aquí actora.
VI. Que, seguidamente, corresponde analizar el planteo de prescripción conforme el art. 56 de la LCQ opuesto por la aseguradora.
Que, el Código Aduanero regula expresamente el instituto de la prescripción, por lo que prevalecen las normas del citado cuerpo legal frente a la Ley de Concursos y Quiebras.
Que, en este sentido reconocida doctrina ha señalado que “las obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescripción en la Ley 11.683 que es una ley federal, y el plazo de prescripción de cinco años a favor del fisco para el cobro de sus créditos es una disposición de orden público que responde también a la distinta naturaleza de la deuda frente a las deudas del concursado que son reguladas por el derecho privado…” y que cuando el crédito fiscal recién es ejecutable después del proceso de verificación de los créditos, no puede declarárselos extinguidos por el régimen de prescripción abreviado del art. 56 de la Ley 24.522 porque la misma finalidad de esa norma lo impide y porque está vigente la prescripción propia de la Ley 11.683 por encima de la ley de concurso” (Conf. “La prescripción de las obligaciones tributarias en el concurso preventivo” Susana Camila Navarrine PET 26-6-00). Doctrina que resulta plenamente aplicable, atento que el Código Aduanero al regular específicamente la prescripción establece el mismo plazo de cinco años que la Ley 11.683.
Que la jurisprudencia reseñada se aplica también en materia aduanera sobre la base del régimen de recursos previstos en el Código Aduanero contra las resoluciones dictadas por la DGA, por lo que corresponde rechazar el agravio de la actora en cuanto sostiene que la acción ejercida por el fisco se encuentra prescripta por imperio de la normativa específica concursal.
VII. Que, seguidamente, corresponde analizar el fondo; esto es si resulta ajustada a derecho la Resolución 3355/14, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de los tributos más intereses emergentes del DIT 07001IT16000346E.
Que mediante el referido DIT, oficializado el 29-03-07, al amparo del Decreto 1330/04, se documenta la importación temporaria de 450 kilos de mercadería que clasifica en la P.A. 2925.19.90.900, “Los demás Los demás –Los demás - Imidas y sus derivados; sales de estos productos: COMPUESTOS CON FUNCION CAROXIMIDA (INCLUIDA LA SACARINA Y SUS SALES) O CON FUNCION IMINA”, marca HALIDES CHEMICALS, artículo: Bromosuccinimide, presentación en tambor, vencimiento 24-03-08.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora -única apelante en autos- probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VIII. Que, el art. 15 del Decreto 1330/04 dispone que: “El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. (...)”
Que el CTC es e1 documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través del mismo, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que la relación insumo/producto establecida en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que se detalla en el mismo. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque. Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA.', sentencia del 01/10/91)
IX. Que, teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde analizar la prueba producida en esta instancia y en sede aduanera. -PE 07073EC03011242X, 07073EC03008919C, 07073EC03008386A, 07073EC03006485V, en hoja de descarga se indica la solicitud de ctc S01:0167358/05, la que no se glosa ni en esta instancia ni en sede aduanera. En consecuencia, no se tiene en cuenta la descarga efectuada.
-P.E. 07073EC03006484, oficializado el 24-05-07, cancela 52,86 insumos -solicitud de ctc S01:0210042/02- -P.E. 07073EC03006483T, oficializado el 24-05-07, descarga 13,215 insumos -solicitud de ctc S01:0210042/02- Que, en consecuencia, la cantidad total reexportada en tiempo y forma es: 66,075; por lo que la cantidad en infracción al art. 970 del C.A. asciende a 383,925 kilos del DIT 07001IT16000346E. Léase: se importaron temporariamente 450 kilos menos la cantidad descargada.
X. Que, como quedó expuesto ut supra, el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, deviene aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren (apartado 2 del art. citado).
XI. Que, entonces, corresponde analizar la obligación tributaria emergente del saldo del DIT.
Que, respecto de las percepciones de IVA adicional y de ganancias -de las que se agravia la actora- cabe señalar que en virtud de lo resuelto por la CSJN en la causa "CLADD ITA S.A. (T.F. 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas", al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de aquéllas.
Que, en virtud de lo expuesto, aplicando los criterios de imposición de costas de la mayoría de la Sala en que subrogo, corresponde revocar los rubros de IVA Adicional y Ganancias -$3.585,27-, con costas al fisco.
Que, respecto de los intereses resarcitorios (art. 37 quinto párrafo de la ley 11.683) correspondientes a las percepciones Ganancias e IVA Adicional no ingresados tempestivamente (inexigibles en virtud del referido fallo "CLADD") cabe declarar su condonación de oficio conforme lo establecido por el art. 8 tercer párrafo de la ley 27.743 (BO: 08.07.24) y el art. 21 tercer párrafo de la Resolución General (AFIP) 5525/2024 (BO 16.07.24).
XII. Que, en cuanto al derecho adicional -rubro del que también se agravia la aseguradora-, por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocarlo por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re "IEF LA11NOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA", del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa "FR1SHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA", también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
XIII. Que, teniendo en cuenta lo expuesto y el saldo de mercadería en infracción, corresponde reliquidar los tributos: Valor en aduana de mercadería en infracción: u$s3.647,24 Derechos de importación (2%) u$s72,94 Estadística (0,5%) u$s18,23 BASE IVA u$s3.738,41 IVA (21%) u$s785,06 Total: u$s 876,23 más intereses Que, en consecuencia, el monto de tributos emergentes del saldo del DIT asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON VEINTITRES CENTAVOS (u$s876,23) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIV. Que, en lo que aquí interesa, mediante la póliza 21.673 la actora garantizó la operación por $11.000 -ver fs. 24 de las actuaciones administrativas, póliza emitida el 22-03-07- con más intereses (art. 1122 del C.A.)
Que, conforme surge de las condiciones particulares de la póliza: “Queda especialmente convenido que el Asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que resulte obligado el tomador o proponente de acuerdo a las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro y que la suma máxima fijada en el párrafo anterior no comprenderá a los intereses previstos en los artículos 794 y 797 del referido Código, los cuales deberán abonarse aún en el caso que excedieran la misma”.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”). Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01).
Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma TPC CIA. ARG. DE SEG. S.A. es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de $11.000 que es el límite de la responsabilidad establecida por su póliza, con más intereses.
XV. Que, en consecuencia, el importe que podrá exigirse a la actora es el monto máximo garantizado mediante la póliza número 21.673 -más intereses-; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de u$s 876,23, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
XVI. Que, conforme lo dispuesto en el art. 794 del C.A.: “Vencido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales.”
Que, habiéndose notificado la actora de la corrida de vista el 4-12-13 -ver fs. 27 de las actuaciones administrativas, los intereses se computan desde el 20-12-13 hasta la fecha del total y efectivo pago.
XVII. Que, por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
1. Revocar parcialmente la Resolución 3355/14, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias -$3.585,27- y del derecho adicional -u$s1.026-, con costas al fisco.
2. Declarar condonados los intereses resarcitorios (art. 37 quinto párrafo de la ley 11.683) correspondientes a las percepciones de Ganancias e IVA Adicional no ingresados tempestivamente conforme considerando XI.
3. Confirmar parcialmente la Resolución 3355/14, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, respecto de la aseguradora, declarando que la obligación tributaria emergente del saldo del DIT 07001IT16000346E asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON VEINTITRES CENTAVOS (u$s876,23) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, importe que deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio vendedor que informare el Banco Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondientes al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 20-12-13 hasta la fecha del total y efectivo pago.
4. Imponer las costas respecto del punto anterior, según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 40% a la actora y en un 60% del fisco.
5. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la aseguradora es el garantizado con la póliza 21.673; o el de los tributos si éste último resultare inferior. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
EL Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al relato, fundamentos y conclusiones que resultan del voto del Vocal preopinante, con expresa excepción de lo decidido en el Pto. 2.- de su parte resolutiva, como así también de lo señalado en el último párrafo del Considerando XI.
II. Que, en tal sentido, corresponde precisar, en relación a la procedencia de intereses resarcitorios sobre las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias requeridas en la especie por el Fisco Nacional, que dicha postura no condice ni refleja fielmente la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, a partir del dictado del fallo “CLADD ITA S.A.”, del 26 de noviembre de 2019.
III. Que, en efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores (especialmente cuando ha sido invocada por las partes), a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo es la ley 22.415 (CÓDIGO Aduanero).
IV. Que, bajo tales premisas, y pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia [. . .], especialmente en supuestos como el presente, en el cual dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante" (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
V. Que ello es así, por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51).
VI. Que a lo expuesto se agrega que el Alto Tribunal ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, "pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30; entre muchos otros).
VII. Que, por lo demás, el suscripto entiende que tampoco resulta de aplicación a los fines de resolver el tópico de marras la doctrina esbozada por la Corte Suprema de la Nación a partir de las sentencias dictadas en los precedentes “Francisco Vicente Damiano S.A.” (Fallos: 303:1496), “Arenera Puerto Nuevo S.A.M.C.I.L. y A.” (Fallos: 303:1496) y “Cimayco S.A.” (Fallos: 303:1500), todos ellos del 6 de octubre de 1981, por tratarse de supuestos jurídicos y obligaciones sustancialmente distintas a las reclamadas por la DGA en la litis.
VIII. Que, por lo tanto, al no resultar ajustado a derecho, en la especie, requerir intereses resarcitorios sobre las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias que fueran reclamadas por la DGA al formular el cargo tributario objeto de autos, resulta improcedente su condonación, por manifiesta ausencia de deuda exigible en tal sentido. ASI LO VOTO.-
IX. Que en relación a lo señalado en el Considerando XVI, en relación a la tasa de interés aplicada en la especie, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana“, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.”, del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable , no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnívodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
X. Que, por lo tanto, en virtud de estrictas razones de equidad y justicia tributaria, la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, (mutatis mutandi voto del suscripto –en disidencia- de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16°Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
XI. Que, por ello, la tasa de interés resarcitorio aplicable a la obligación fijada en dólares estadounidenses objeto de la presente litis debe ser del 1% mensual (12 % anual) desde los 10 días posteriores a la corrida de vista) hasta el 17 de julio de 2019; y para todos los períodos involucrados a partir del 18 de julio de 2019 –fecha de vigencia de la Resolución Nro. 598/2019 del Ministerio de Hacienda, modificada por las Resoluciones del Ministerio de Economía Nros. 559/2022 (B.O. 25/8/2022) y 3/2024 (B.O. 22/1/2024)-, debe ser del 0,83% mensual, es decir, del 9,96% anual. ASI TÁMBIEN LO VOTO.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero a la propuesta del Dr. Soria, excepto en lo que se refiere en el punto 2, tópico sobre el cual comparto lo expresado por el Dr. Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente la Resolución 3355/14, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias -$3.585,27- y del derecho adicional - u$s1.026-, con costas al fisco.
2. Confirmar parcialmente la Resolución 3355/14, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5752-2012, respecto de la aseguradora, declarando que la obligación tributaria emergente del saldo del DIT 07001IT16000346E asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON VEINTITRES CENTAVOS (u$s876,23) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, importe que deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio vendedor que informare el Banco Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondientes al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 20-12-13 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Imponer las costas respecto del punto anterior, según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 40% a la actora y en un 60% del fisco.
4. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la aseguradora es el garantizado con la póliza 21.673; o el de los tributos si éste último resultare inferior. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
Regístrese y notifíquese.
Firme que quede la presente, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
TPC:JOHN RYAN LUSSICH 20920161821 renuncia a fs. 441- REBELDE LA ACTORA fisco: BIN Date: 2025.02.13 15:56:07 -03:00 Date: 2025.02.19 16:49:11 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.19 17:07:50 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.19 17:07:51 -03:00
Fin de la sentencia