Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 4383/2014 recaída en la Actuación Nº 12197-14403-2006, declarando que el importe de tributos adeudados ascienden a DOLARES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (US$ 1.293,68) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, F.N.M.M. e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago. Declarar que el monto máximo que podrá exigirse a TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS ($22.400), con más los intereses devengados desde el 04/06/2014, en los términos del art. 794 del C.A. hasta la fecha de su efectivo pago.
2Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 4383/2014 recaída en la Actuación Nº 12197-14403-2006, en relación a la exigencia de I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-87433871-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Agosto de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 36.161-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que vienen los presentes actuados por devueltos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en virtud de haber declarado la nulidad de la sentencia dictada por la Sala “F” de este Tribunal, a fin de que se expida nueva sentencia y se pronuncie sobre los cuestionamientos del asegurador correspondientes a los Capítulos ii y siguientes de fs. 17/26.
II. La compañía aseguradora interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 4383/2014 dictada en el 28/07/2014 en la Actuación Nº 12197-14403- 2006, en cuanto la intima, en su calidad de garante, al pago de la suma de U$S 2.431,08 y $ 3.505 con más intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A con relación al D.I.T 05 001 IT16 000591 E.
III. La aseguradora opone, en primer lugar, excepción de prescripción de la acción del Fisco para reclamar los tributos. Por otro lado, manifiesta que la firma importadora se “encontraría” en quiebra, por lo que, entiende, la Aduana debe encargarse de verificar su crédito para resguardar su derecho. Resalta que su obligación es de derecho privado y que frente a la circunstancia del concurso devenido en quiebra del tomador, tanto el Fisco como el garante se ven sometidos a las disposiciones de la Ley 24.522. Asimismo, se opone al monto de la liquidación de los tributos, considerando que las percepciones de IVA e impuesto a las Ganancias no se tratan de tributos aduaneros por lo que no pueden considerarse incluidos en la garantía otorgada por su parte.
IV. La representación fiscal contesta el traslado. Se opone a la excepción de prescripción. En prieta síntesis, adelanta que lo solicitado por la contraria en relación a la falta de verificación de su crédito en el concurso preventivo, es absolutamente improcedente. Sostiene que no pudiendo la actora acreditar la reexportación de la mercadería involucrada en plazo, ha quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
V. Sin perjuicio del criterio expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019- 70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos términos me remito por razones de brevedad y que resulta aplicable en autos en relación a la prescripción de la acción tributaria del fisco; corresponde resolver los presentes actuados de acuerdo a lo ordenado por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en su sentencia del 26/12/2016 obrante a fs. 133/136.
VI. En las condiciones consignadas, corresponde expedirse sobre los cuestionamientos de la actora en los Capítulos ii y siguientes de su escrito de apelación (fs. 17/26).
Sentado ello, resulta elocuente que no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria debido a que la apelante en oportunidad de presentarse en sede aduanera y ante esta instancia, no ha aportado prueba que acredite la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el DIT Nº 05 001 IT16 000591 E, al vencimiento del plazo de permanencia que operó el 10/04/2006. Al respecto, cabe mencionar que es reiterada y pacifica la jurisprudencia de los tribunales, que manifiesta que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador o de su garante en su caso, de manera fehaciente mediante la documentación aduanera adecuada, reglada, idónea y requerida reglamentariamente por el decreto 1439/96 (Res. 72/92), por lo expuesto, no existen dudas de la configuración de la infracción al art. 970 del C.A.
Tampoco se encuentra discutido que, mediante la Póliza Nº 15237, la actora aseguró a la A.F.I.P.-D.G.A. el monto de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS ($22.400), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., a que resulte obligada la firma importadora ARYL S.A., como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. Nº 05 001 IT16 000591 E.
En las condiciones indicadas, habiendo quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente.
VII. En ese entendimiento del asunto, el núcleo de la cuestión radica, pues, en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
VIII. Al respecto, no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
IX. Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar que la actividad administrativa se ajusten a derecho. En tales condiciones, cuadra notar que la Corte Suprema ha interpretado que la ley concursal debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (9/4/87, “Gregorio G. Cosimatti” —Fallos 310:785—, citado el 7/12/99 por la disidencia del Dr. Bernardo Licht, en “Zanella San Luis SAIC”).
X. En ese sentido, según surge del art. 462 del Código Aduanero, el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. No existe beneficio de excusión alguno para el asegurador. En consecuencia, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que recaiga sentencia en el proceso concursal contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador.
XI. En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. Nº 05 001 IT16 000591 E que incluyó, entre otros conceptos, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 70 de las act. adm.). Al respecto, debe recordarse que el art. 453 inc c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del C.A. indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
XII. Sentado lo que antecede, en relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando XII, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
D.I.T. Nº 05 001 IT16 000591 E TRIBUTOS B.I. U$S 5.259,95 D. IMPORTACIÓN 2% U$S 105,20 T.E. 0,50 % U$S 26,30 F.N.M.M. 2% U$S 24,77 BASE IVA U$S 5.416,22 IVA 21 % U$S 1.137,41 TOTAL U$S 1.293,68
Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de DOLARES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (U$S 1.293,68), en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística, F.N.M.M. e I.V.A.. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista -04/06/2014- (ver fs. 22/23 de las act. adm.), hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A..
XIV. En relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, se deberá tener en cuenta el tope máximo fijado en la Póliza Nº 15237, de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS ($22.400) -ver fs. 16/17 de las act. adm.-, con más los intereses del art. 794 del C.A..
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado por la póliza o, en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de US$ 1.293,68 convertidos al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 4383/2014 recaída en la Actuación Nº 12197-14403-2006, declarando que el importe de tributos adeudados ascienden a DOLARES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (US$ 1.293,68) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, F.N.M.M. e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago. Declarar que el monto máximo que podrá exigirse a TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS ($22.400), con más los intereses devengados desde el 04/06/2014, en los términos del art. 794 del C.A. hasta la fecha de su efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 4383/2014 recaída en la Actuación Nº 12197-14403-2006, en relación a la exigencia de I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 4383/2014 recaída en la Actuación Nº 12197-14403-2006, declarando que el importe de tributos adeudados ascienden a DOLARES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (US$ 1.293,68) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, F.N.M.M. e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago. Declarar que el monto máximo que podrá exigirse a TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS ($22.400), con más los intereses devengados desde el 04/06/2014, en los términos del art. 794 del C.A. hasta la fecha de su efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 4383/2014 recaída en la Actuación Nº 12197-14403-2006, en relación a la exigencia de I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.08.22 14:30:46 ART Date: 2022.08.22 14:36:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.22 16:03:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.22 16:04:18 -03:00
Fin de la sentencia