Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.775-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4175/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/08/2015, en la actuación Nº 12210-1829-2007, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT 05073IT14003263K, sólo hasta el límite de la póliza N° 14.116, declarando que la misma adeuda la suma de DÓLARES ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 36/100 CVOS. (U$S 11.840,36) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 63 % a cargo de la actora y en un 37 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-33161017-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 31 de Marzo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 36.775-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4175/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/08/2015, en la actuación Nº 12210-1829-2007, en cuanto condena a la firma YOMA S.A. al pago de una multa equivalente a $ 180.861,50 y formula cargo en concepto de tributos adeudados, así como a la aquí actora, en su calidad de garante de la importadora por la suma de U$S 11.840,36 y $ 21.602,72 (IVA adicional y Ganancias) con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la destinación N° 05073IT14003263K, con vencimiento el 06/12/2006.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 13/32 se presenta por apoderado TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Luego de relatar los hechos de la causa, desarrolla sus agravios. Inicialmente, plantea que el auto de apertura carece de los requisitos exigidos por el C.A. para surtir los efectos que le atribuye. Opone que operó la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. Arguye que la extensión del procedimiento resulta violatoria del derecho a obtener un pronunciamiento en “plazo razonable”. Se expide en relación al carácter accesorio de la responsabilidad y entiende que la resolución aduanera no consideró que no debe responder con los mismos alcances que el tomador. Especifica que el referido deber se extiende únicamente a los tributos aduaneros, sin incluir las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias y respetando el límite de la póliza. Cita jurisprudencia en relación a ello. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: A fs. 48/58 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Defiende la plena vigencia de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Niega que se haya afectado la garantía del “plazo razonable”. Explica la finalidad del seguro de caución, en cuanto a la eliminación del riesgo del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía. Cita jurisprudencia. Afirma que la actora se constituye en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. En cuanto a la alegada quiebra de la importadora, recuerda que los procedimientos tendientes a la percepción de los tributos continúan su trámite. Cita jurisprudencia de la CSJN. Defiende la liquidación tributaria. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas a la recurrente.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-1829-2007 se inician a fs. 1/3 con el acta de denuncia N°127/07. A fs. 4 se agrega el sobre contenedor de la DIT. A fs. 5/6 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 14 se instruye sumario, en fecha 17/08/2010. A fs. 30/31 se formula nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 32 se incluye impresión de pantalla de consulta de la garantía. A fs. 34 vta. se dispone correr vista de lo actuado, notificada a fs. 57 vta., en fecha 25/03/2015. A fs. 44/56 la actora contesta la vista conferida. A fs. 70 se declara rebelde a la importadora. A fs. 71 se determina la multa mínima y los tributos. A fs. 72/86 lucen constancias del Registro de Infractores. A fs. 87/92 se dicta la resolución apelada, notificada a fs. 93 y 97 vta. A fs. 95/96 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y adjunta formulario F4.
V. Que a fs. 59, en fecha 12/03/2018, se abrió la causa a prueba.
VI. Que por PV-2024-125240625-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida. Por PV-2024- 125338827-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala “G”. Por IF-2024-129583800-APN-VOCXXI#TFN se pusieron para alegar. En fecha 19/02/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-18088154-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que, previo a todo, corresponde tratar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora (fs. 14/17 vta. del recurso de apelación).
Que a esos fines cabe recordar que el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 14 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuaron, en forma previa al auto de apertura, el aforo de la mercadería y la liquidación de los tributos (fs. 5/6 de las act. adm.) Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 06/12/2006 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2007.
Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 17/08/2010, hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 7 meses y 16 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaba cumplirse 1 año, 4 meses y 15 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 17/08/2010) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, previamente a que se cumpla el plazo prescriptivo, aquel fue interrumpido con la notificación de “... la liquidación tributaria aduanera” efectuada con la notificación de la resolución aduanera apelada (en fecha 22/02/2016, fs. 97 vta. de las act. adm.)
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde rechazar ambos planteos, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VIII. Que, en cuanto a lo alegado por la actora respecto a la quiebra de la importadora, corresponde precisar que tal circunstancia no incide en la virtualidad del crédito.
En efecto, en primer lugar, todos los procedimientos contenciosos aduaneros y con su eventual secuencia recursiva quedan excluidos del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra) así como de la suspensión de su trámite, dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos. La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal (del que pueda derivar la sanción pecuniaria) concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente.
En efecto, ya la CSJN había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 09/04/87 en autos “Cosimati, Gregorio G. s/conc. merc. Preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable "... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso". En el mismo sentido, se ha expedido nuevamente la CSJN en la causa “Supercanal S.A.”, sentencia del 02/06/03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, "... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas".
Finalmente, con posterioridad, la CSJN se ha pronunciado en la causa “Gauchat, Enrique”, sentencia del 04/07/03, yendo aún más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que "... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente (...) hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso".
IX. Que corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el cargo formulado en la resolución aquí apelada, a la firma TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. como garante de la obligación tributaria de la firma importadora YOMA S.A. respecto de la destinación de importación temporaria N° 05073IT14003263K.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del C.A., y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora al monto consignado en la póliza N° 14.116, por un monto de $ 86.500 (cfr. fs. 96 del expediente principal)
X. Que a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 71 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR EL ITEM 1 DE LA DIT 05073IT14003263K SON U$S
11.840,36 XI.- Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto los intereses corren, en el caso, para la aseguradora desde el 10/04/2015 (cfr. constancia de notificación de fs. 57 de las act. adm., en fecha 25/03/2015), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4175/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/08/2015, en la actuación Nº 12210-1829-2007, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT 05073IT14003263K, sólo hasta el límite de la póliza N° 14.116, declarando que la misma adeuda la suma de DÓLARES ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 36/100 CVOS. (U$S 11.840,36) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 63 % a cargo de la actora y en un 37 % a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4175/2015, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/08/2015, en la actuación Nº 12210-1829-2007, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT 05073IT14003263K, sólo hasta el límite de la póliza N° 14.116, declarando que la misma adeuda la suma de DÓLARES ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 36/100 CVOS. (U$S 11.840,36) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 63 % a cargo de la actora y en un 37 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.03.31 11:40:28 ART Date: 2025.03.31 12:25:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.31 12:26:20 -03:00
Fin de la sentencia