Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-71974456-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58968036-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 13 de Junio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación, EX-2019-71974456- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma del epígrafe, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 9642/2017 (DE PRLA), dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas en el Expediente SIGEA nro. 12197-3966-2011 el 5 de diciembre de 2017 (y notificada con fecha 4/7/2019), mediante la cual se condenó a la firma Yoma S.A. por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero; intimando a su parte, en su caracter de garante, al pago de tributos por U$S 2.593,70 y $ 4.947,83, con más sus intereses, por no haber regularizado dentro del término concedido, la situación de la mercadería ingresada mediante la destinación 07 001 IT15 00015 T, cuyo vencimiento operó con fecha 29/12/2007.
Invoca la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, explicando los fundamentos jurídicos que le dan sustento, en virtud -esencialmente- de lo dispuesto en el artículo 805 y concordantes del Código Aduanero. Asimismo, pone de relieve la irrazonabilidad de los plazos del presente procedimiento, extremo que la ha privado de ejercer en debida forma su derecho de defensa. A su vez, plantea la violación del principio del debido proceso adjetivo como así también la vulneración del derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable. Además, señala que los tributos no regidos por la legislación aduanera y que forman parte del reclamo, debido al régimen especial que los regula, ninguna duda cabe que la acción del Fisco ha prescripto a su respecto, toda vez que el IVA, IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 11.683, y por lo tanto no corresponde aplicar a estos tributos los términos de prescripción contenidos en dicha normativa.
Para el hipotético caso de que no se haga lugar al planteo prescriptivo, afirma que la importadora ha cumplido de manera parcial con el Régimen de Importación Temporal que diera lugar a la imputación de marras, conforme se desprende de la documentación que se obrante en las actuaciones administrativas. Deja dejando que la obligación eventualmente asumida por la compañía aseguradora es accesoria a la conducta realizada por un tercero, por lo qué –en principio- su responsabilidad frente a las consecuencias de los hechos imputados está circunscripta a que el asegurado haya incumplido con las obligaciones por él asumidas y a la prueba que él presente en el sumario para probar los argumentos de su defensa.
Niega enfáticamente que la aseguradora deba responder con idénticos alcances y en la misma medida que la importadora. Pone de manifiesto que la exigencia tributaria no puede exceder el límite económico de la garantía otorgada a través de la Póliza N° 20416. Plantea la improcedencia del reclamo tributario, en relación a la determinación en dólares y a la tasa de interés aplicable. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la decisión aduanera apelada en la litis, con expresa imposición de costas.
II. Que, a su turno, la DGA contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido y ofrece las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Relata los hechos del caso. Rechaza el planteo prescriptivo invocado por su contraria, sosteniendo que la acción de la DGA se ajustó fielmente a lo dispuesto en el artículo 805 del Código Aduanero. Asevera que la apertura de sumario es un acto procesal con entidad legal para suspender el cómputo prescriptivo (art. 805 del C.A.), no siendo necesaria su notificación a tal fin. En relación a la doctrina del “plazo razonable”, afirma que la protección establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos sólo es acordada en procesos penales, cuestión ajena a la materia aduanera Asimismo, pone de manifiesto que la actora jamás presentó un pedido de pronto despacho, a los efectos de hacer avanzar el proceso.
Por otro lado, señala que conforme se desprende de las actuaciones administrativas, la firma YOMA S.A. no cumplió con los requisitos para la cancelación correspondiente de la DIT en cuestión. Se pronuncia sobre la liquidación tributaria, enfatizando su plena validez legal. Pone de relieve la finalidad del seguro de caución, destacando que la empresa aseguradora interviniente, en su calidad de garante, debe responder por ante el Servicio Aduanero respecto de las obligaciones de su tomador, al haberse configurado la infracción tipificada y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. En tal sentido, precisa que el contrato de fianza el que expresamente establece que la recurrente responde en iguales términos que el importador.
En cuanto al límite de la póliza, destaca que lo que se asegura es un monto “eventual”, que se transformará en cierto al momento de producirse la importación a consumo (hecho imponible –siniestro), por lo que su pago corresponde a la aseguradora, aunque expresamente no hubiese garantizado dicho rubro. En lo que respecta a la liquidación tributaria en dólares y la tasa de interese aplicable reclamada por la Compañía, cree indicado recodar la doctrina sentada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA” (S.C. V. 312, L.XLV), conjuntamente con las disposiciones del Código Aduanero en materia de intereses en los procedimientos de impugnación y fallos ratificatorios emanados a partir del precedente “Neumáticos Goodyear S.A.
(TF 8659-A) c/ A.N.A.” (T. 323, P. 3412) del Alto Tribunal. Cita doctrina y jurisprudencia favorable a su tesitura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 1 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-3966-2011 se desprende el Acta de Denuncia N° 2529/10, de fecha 20 de octubre de 2010. A fs. 5 obra el sobre contenedor. A fs. 6 surge la Nota nro. 7752/2010 (SE PRTE). A fs. 7 se realiza la valoración de la mercadería y a fs. 9 la liquidación de tributos. A fs. 10, con fecha 7/12/2012, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario conforme a lo establecido en el artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero. A fs. 14 glosa la determinación de tributos y multa. A fs. 15 se agrega la Nota DV Sepla 4 nro. 03/17. A fs. 16 (1/2/2017) se ordena correr vista de lo actuado a la firma Yoma S.A., imputándole la infracción tipificada en el artículo 970 del citado cuerpo normativo. Asimismo, se cita a la firma TPC Compañía de Seguros S.A. (Póliza nro. 20416), su carácter de garante de la operación de marras. A fs. 22 se notifica la corrida de vista a la firma aseguradora, quién la contesta a fs. 27/48. A fs. 66/71 se encuentra glosada la Resolución (DE PRLA) N° 9642/17, de fecha 5 de diciembre de 2017, que es notificada a la garante a fs. 78, el día 5 de agosto de 2019; resultando la misma objeto de apelación en las presentes actuaciones.
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos.
Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 5 de diciembre de 2017 y notificada recién el 5 de agosto del año 2019, por lo que más allá de los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva, la presente causa encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
V. Que, en tales condiciones, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2008, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 29 de diciembre del año 2007), debiendo haber fenecido el 1/1/2013, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el 7 de diciembre de 2012 en que se dispuso la apertura del sumario - es decir, ya transcurridos 4 años, 11 meses y 7 días-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (7/12/2012) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 5 de diciembre de 2017- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 5 de agosto de 2019 (confr. fs. 78 act. adm.), es decir, un año y 8 meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada. Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la actualidad sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VIII. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 del citado cuerpo normativo enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
IX. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, habida cuenta que ella empezó a correr en primer lugar, precisamente desde el auto de apertura del Sumario objeto de autos (7/12/2012), mientras que la corrida de vista es del día 1 de febrero de 2017, y su notificación a la interesada se produjo el 15 de febrero de ese año (confr. fs. 22 act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
X. Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
XI. Que, por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en el artículo 17 de la ley 26.840 (B.O. 3/6/2013) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XII. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XIII. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XIV. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, hago propio por razones de brevedad el relato de los hechos que realiza el Sr. Vocal instructor.- El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes. Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, si bien cabe tener por allanada a la demandada en los términos incorporados por el Sr. Vocal instructor, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, SE
1. No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2. Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.06.12 17:56:56 ART Date: 2026.06.12 19:19:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.13 10:07:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.13 10:09:28 -03:00
Fin de la sentencia