Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 34.868-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 3354/14, recaída en el expediente SIGEA n° 12197-5746-2012, en cuanto intima a la aseguradora TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al pago de tributos, en su carácter de garante de la operación de importación temporaria registrada n° 06 001 IT16 001044 W, hasta el límite del importe establecido en la póliza nº 18775, el cual asciende a la suma de TREINTA Y DOS MIL PESOS ($32.000.-), con más los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, de acuerdo con lo señalado en el Considerando XI.
2Declarar en relación al punto 1 que las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
3Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución indicada en el punto 1, en cuanto exige los rubros de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme lo señalado en el Considerando IX, con costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-102567066-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 15 de Septiembre de 2025 DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 34.868-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 59/75, se presenta por apoderado, la firma epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 3354/14, recaída en el SIGEA n° 12197-5746-2012, mediante el cual se le exigió, en su carácter de garante, en relación a la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. por parte de la firma importadora “ARYL S.A.”, el pago de la suma de U$S 10.200,40 y $ 11.687,27 en concepto de tributos. Primeramente, efectúa un breve relato de los hechos que dieron lugar a la resolución apelada. Sostiene que la mercadería importada temporalmente habría sido reexportada en tiempo y forma. Manifiesta que la firma importadora se encontraría en quiebra. En cuanto a ello, expresa que siendo la obligación asumida por TPC una obligación de derecho privado, y no siendo responsable de la obligación tributaria como sujeto pasivo de la misma, la Aduana no puede optar por descartar al deudor principal para dirigir su acción en forma directa con la compañía aseguradora, sino que debe arbitrarse todos los mecanismos legales para resguardar el crédito principal, so pena de perder la garantía que le proporcionara la fiadora. Sostiene que el Fisco está obligado como cualquier otro sujeto a concurrir ante el síndico a peticionar la verificación del crédito. Considera que se encuentra extinguida la fianza por una clara negligencia de la AFIP por no haberse presentado al concurso preventivo. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para reclamar tributos por la aplicación del art. 56 de la Ley 24.522. Refiere a la responsabilidad accesoria de la aseguradora. Se agravia de la exigencia de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias. Sostiene la improcedencia del derecho adicional. Señala que la exigencia tributaria no puede exceder el límite económico de la garantía otorgada. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 82/90, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. En principio, hace un relato de los hechos y rechaza el pedido de prescripción de la recurrente. Expresa que contrariamente a lo que pretende la actora la Aduana puede requerirle a la aseguradora directamente una vez constando el incumplimiento del régimen. Aclara que el hecho de que la importadora este concursada en modo alguno veda al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias o aplicación de sanciones. En cuanto a la prescripción planteada por la recurrente, manifiesta que la normativa que se debe aplicar al caso es el Código Aduanero. Refiere a que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones del régimen recae sobre el importador. Realiza consideraciones respecto del Decreto n° 1439/96 y la Resolución General n° 3543/92. Afirma la inexcusable responsabilidad del asegurador la cual se constituye en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 91, se abre la causa a prueba (producida a fs. 115/120, 129, 142/148, 151/255, 258/394 y 407). A fs. 413, se declara clausurado el período de prueba. A fs. 435, se declara rebelde a la parte actora. A fs. 443 se ponen los autos para alegar. No habiendo alegado las partes, a fs. 446 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA n° 12197-5746-2012 se inician, a fs. 1, con el Acta de Denuncia n° 1909/12, a fs. 2, obra el sobre contenedor de la destinación n° 06 001 IT16 001044 W y, a fs. 4, consta la Nota n° 5835/12 de la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 12/13, luce la póliza n° 18775. A fs. 15, obra la liquidación de multa y tributos. A fs. 16, se dispone la apertura de sumario y se corre vista de lo actuado al síndico Cdora. Berta Kraves y a la empresa TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. A fs. 28/29, contesta vista la aseguradora. A fs. 32, se declara la rebeldía de la firma ARYL S.A. Finalmente, a fs. 37/39, se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 3354/14, aquí apelada.
V. En principio, corresponde tratar el planteo de prescripción opuesto por la actora, en base al art. 56 de la ley 24.522.
Al respecto cabe señalar que conforme el régimen del Código Aduanero la acción fiscal para requerir el pago de diferencias por tributos debe analizarse según las normas previstas en este cuerpo legal, ya que son las específicas de las obligaciones tributarias aduaneras. El art. 56 de la ley 24.522 sólo puede tener la incidencia que más adelante se expresa.
El art. 56 de la ley 24.522 establece que, los efectos del acuerdo homologado se aplican aun a los acreedores que no se hubieran presentado a verificar sus créditos, si una vez presentados se los declaró admisibles. A tal efecto contempla el mencionado incidente estableciendo que “debe deducirse mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso”.
Asimismo, se establece que, vencido ese plazo, prescriben las acciones del acreedor.
Pese a lo expuesto, no parece lógico ni razonable –a mi juicio- que se aplique el régimen de prescripción abreviada de los dos años que contempla el mentado art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, no sólo porque la misma finalidad de esa norma lo impide sino también porque se encuentra vigente, el régimen de prescripción instaurado por el Código Aduanero, y el régimen procesal de determinación de los tributos también previsto en ese cuerpo legal, que resultan no compatibles con esa norma.
Por lo demás, no resultaría posible aplicar dicho régimen de prescripción abreviado (el del art. 56 de la ley 24.522), cuando el acreedor se encontraba en la imposibilidad de interrumpirlo, por estar en trámite el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, con motivo de la apelación de la recurrente, que tenía primacía en su intervención frente a la del juez del concurso. En el proceso que se tramite ante el Tribunal Fiscal de la Nación puede modificarse el monto o las calidades de lo reclamado, por lo que mal puede declararse prescripta la acción del Fisco, ante la existencia de la imposibilidad de verificación señalada, por no encontrarse establecida de manera definitiva la legitimidad y el monto del crédito. En definitiva, y en todo caso, la Aduana contaría con un plazo de seis meses para proceder a la verificación en el juicio de quiebra (fijado en el art. 56 de la ley 24.522, según la reforma de la ley 26.086), que debe computarse a partir de que pase en autoridad de cosa juzgada la sentencia que se dicte en el presente proceso.
Según la doctrina, las “obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescripción de la ley 11.683, que es una ley federal, y el plazo de prescripción de 5 años a favor del Fisco para el cobro de sus créditos es una disposición de orden público que responde también a la distinta naturaleza de la deuda frente a las deudas del concursado que son reguladas por el derecho privado.” (“Limitaciones y defensas ajenas al procedimiento tributario. La prescripción de las obligaciones tributarias en el concurso preventivo”, por Susana Camila Navarrine, PET, del 26.6.00, págs. 1 y s.s.).
Que de tratarse de créditos de causa o título anterior a la presentación en concurso o de decretada la quiebra, el crédito pertinente no puede considerarse como verificable hasta el dictado de la sentencia definitiva por el Tribunal Fiscal de la Nación, y en caso de haber sido apelada, hasta después del dictado de la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
Otra interpretación diferente llevaría a la paradoja de concluir que la recurrente podría originar la extinción del crédito existente en su contra, por la simple vía de apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, como lo ha hecho en autos, de la resolución que le reclama el pago de tributos, llevando el crédito a su extinción por la mera duración del proceso.
Cabe agregar que la reforma introducida por la ley 26.086 al art. 56 de la ley de 24.522, estableció que tratándose de créditos derivados de sentencias tramitadas ante otros Tribunales, en los casos así previstos, la acción para verificar el crédito no prescribe hasta seis meses después de quedar firme el fallo del cual deriva ese crédito.
De lo expuesto, se desprende que no se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, por lo que corresponde desestimar el planteo de la recurrente en tal sentido.
VI. Que ahora corresponde a este Tribunal determinar si resulta ajustada a derecho la exigencia tributaria que fuera intimada a cancelar la firma TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en su calidad de garante de la obligación tributaria respecto del D.I.T de trato, por infracción al art. 970 del C.A.
De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que la firma ARYL S.A. mediante el D.I.T involucrado en autos n° 06 001 IT16 001044 W, documentó la importación temporaria, en los términos del Decreto n° 1439/96, de la mercadería descripta como “Tricloruro de fósforo cloruros –Cloruros y oxicloruros HALOGENUROS Y OXIHALOGENUROS DE LOS ELEMENTOS NO MÉTALICOS”, que ubicó en la P.A. 2812.10.11.000J, por una cantidad total de 6.000 kilogramos y con un valor FOB total de 10.200,00 dólares estadounidenses.
De conformidad al régimen al amparo del cual se registró la operación, el vencimiento del plazo para la reexportación de la mercadería operó el 4/10/08. Asimismo, surge del cuerpo del despacho que se constituyó la garantía nº 18775 (06001045668S), dando cumplimiento a la normativa aplicable atento a las características de la operación documentada.
De la póliza de seguro de caución precedentemente mencionada, que obra a fs. 12/13 de las actuaciones administrativas, surge que la aquí recurrente garantizó a la Dirección General de Aduanas el pago en efectivo de hasta la suma máxima asegurada correspondiente a los tributos generales y adicionales vigentes a la fecha de producción del hecho imponible, con más los intereses y demás accesorios previstos. En este contexto, al producirse el vencimiento del plazo otorgado para la permanencia de la mercadería en el territorio aduanero, sin que se hubiere acreditado su reexportación, el servicio aduanero instruyó el sumario pertinente por entender configurada la infracción al art. 970 del C.A.
Seguidamente, se dictó la resolución que aquí se apela, condenando a la importadora al pago de una multa y formulando cargo por los tributos adeudados, respecto de la operación de importación involucrada, los que, asimismo, son reclamados a la aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria.
VII. Ante todo corresponde señalar que, tratándose de un supuesto de importación temporaria, es indudable (tal como está establecido por pacífica jurisprudencia) que es al importador de la mercadería a quien le incumbe la carga de la prueba de haber cumplido la obligación de reexportar la mercadería en término.
Cabe recordar que el mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas es mediante la “descarga” de la D.I.T. -eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida- con su mención y la de la respectiva cantidad de insumo, en el o los permisos de embarque por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo; o mediante los despachos de importación para consumo de la mercadería importada, sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido.
Asimismo, resulta indispensable la presentación del Certificado de Tipificación y Clasificación, por cuanto sin él no se puede determinar la relación insumo/producto entre la mercadería importada temporariamente y la exportada bajo una nueva forma, como también las mermas, sobrantes y pérdidas resultantes del proceso de transformación.
VIII. En particular, no obra en el expte. administrativo –tampoco en autos-, constancia alguna que permita probar que la mercadería importada temporalmente mediante el D.I.T. n° 06 001 IT16 001044 W fue reexportada en término.
En cuanto a la configuración del siniestro que torna exigible la garantía otorgada por la aseguradora a favor de la Aduana, surge de las constancias de la causa, que la firma importadora no regularizó la situación de la mercadería importada mediante el D.I.T. involucrado en estos autos, al vencimiento del plazo de permanencia otorgado, que operó el 4/10/08.
En efecto, deben abonarse los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no reexportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274 ap. 1, inc. a) y ap. 2, siendo responsables de su pago como la importadora y también la aseguradora en su carácter de garante.
Seguidamente, corresponde examinar el alcance de la responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados como consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo por la mercadería no regularizada, tal como ha sido convenido expresamente a través de la garantía o seguro de caución otorgado, a través de la póliza en cuestión que, desde ya se adelanta, se encuentra limitado a la suma máxima asegurada.
IX. En cuanto a la procedencia de los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que conforman la exigencia tributaria de la resolución en crisis.
En relación al derecho adicional, corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en los fallos “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.” y “IEF LATINOAMERICANA SA c/DGA s/ recurso de apelación” (TF 16.912-A), en consecuencia, corresponde excluir el mismo del monto reclamado a la actora.
En cuanto a las percepciones del IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
X. Conforme a lo precedentemente resuelto, se procede a practicar la siguiente liquidación: Liquidación de tributos:
Valor en Aduana de la mercadería: U$S 11.080,71 Derechos de importación (10%): U$S 1.108,07 Tasa de estadística (0,5%): U$S 55,40 Base imponible I.V.A: U$S 12.244,18 I.V.A (21%): U$S 2.571,28 Total de tributos adeudados: U$S 3.734,75 Por lo expuesto, corresponde declarar en estos autos, que el importe adeudado en concepto de tributos asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (U$S 3.734,75) todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del C.A.
XI. Ante lo así resulto, se debe ahora determinar el importe que en concepto de tributos la recurrente debe abonar en su carácter de garante, el que, desde ya se adelanta, se encuentra limitado a la suma máxima asegurada.
Que mediante la póliza nº 18775, la firma aseguradora se obligó a abonar a la Dirección General de Aduanas, la suma máxima de $ 32.000 -con más los intereses-, a pesar de que, el monto reclamado por el Fisco en concepto de tributos, asciende a la suma de U$S 3.734,75.
Por ende, se advierte que el monto que corresponde reclamar supera el monto máximo por el cual se extendió la póliza, razón por lo cual la aseguradora solo estará obligada al pago por el importe del alcance de su responsabilidad.
Al respecto, cabe aclarar que la obligación de la aseguradora comprende también los intereses que se hubieran devengado sobre los rubros y la suma máxima por la que ésta se comprometió. En efecto, los accesorios comprometidos en la póliza son los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez días contado desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, conforme surge de aplicar lo dispuesto por el art. 794 del C.A. En el caso, los intereses comenzaron a devengarse para la recurrente desde el vencimiento del plazo de diez días contado desde la fecha en que la importadora se notificó de la corrida de vista del sumario (4/12/13).
XII. En cuanto a las costas, las relacionadas con el aspecto tributario deberán ser soportadas según sus respectivos vencimientos y; las vinculadas a la exigencia de los rubros Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, deberán ser impuesta al Fisco.
Por lo tanto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 3354/14, recaída en el expediente SIGEA n° 12197-5746-2012, en cuanto intima a la aseguradora TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al pago de tributos, en su carácter de garante de la operación de importación temporaria registrada n° 06 001 IT16 001044 W, hasta el límite del importe establecido en la póliza nº 18775, el cual asciende a la suma de TREINTA Y DOS MIL PESOS ($32.000.-), con más los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, de acuerdo con lo señalado en el Considerando XI.
2. Declarar en relación al punto 1 que las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución indicada en el punto 1, en cuanto exige los rubros de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme lo señalado en el Considerando IX, con costas a la demandada.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, al modo en que decide el voto del Vocal preopinante. ASÍ LO VOTO.-
II. Que, sin embargo, considero apropiado efectuar ciertas precisiones en relación a la excepción de prescripción opuesta por la firma aseguradora, con sustento en que el Fisco no se presentó a verificar su crédito en el concurso reventivo de acreedores de la firma importadora, considerando en consecuencia, que ha operado la prescripción por el vencimiento del plazo contemplado en el artículo 56 de la ley de Concursos y Quiebras Nro. 24.522, para la verificación del mismo, atento las posibles consecuencias que conlleva su declaración, en tanto no se comparten en su totalidad los fundamentos –sí la soluciónesgrimidos en el voto que antecede, el que, a los fines de la resolución del conflicto prescriptivo suscitado en la litis, prescinde inmotivadamente -al concluir en la preminencia del regimen de prescripción instaurado por el CÓDIGO Aduanero por sobre los postulados de la ley concursal- del análisis de la jurisprudencia rectora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, cuya fiel y leal acatamiento, tanto por las partes como por los órganos jurisdiccionales que intervienen en las causas, deviene indispensable (doctrina de Fallos: 336:145; 332:2414; 255:119; 252:186), so pena de infringir el deber que tienen todos los organismos jurisdiccionales -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- de conformar sus decisiones a las sentencias del Alto Tribunal dictadas en casos similares; obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108 de la Constitución Nacional) y la incuestionable autoridad definitiva que tiene la interpretación de la Norma Fundamental por parte de la Corte Suprema (confr. Fallos: 344:3431; entre muchos otros).
III. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que una cuestión análoga a la examinada en esta litis -donde se debate la prevalencia de las normas que disciplinan la prescripción de los tributos aduaneros (arts. 803 y cc. de la ley 22.415) por sobre lo fijado en la ley 24.522-, si bien relativa a los gravámenes regidos por la ley 11.683, ha sido ya estudiada en el Dictamen de la Procuración General de la Nación del 5 de noviembre de 2007, en la causa A.1279, L.XLII, "Administración Federal de Ingresos Públicos - D. G. I. – Casación (Autos: 'Incidente de verificación tardia AFIP - DGI en expte. 17.214100 Bodegas y Viñedos El Águila S.R.L. si concurso preventivo')", cuyos fundamentos la Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos en su sentencia del 11 de agosto de 2009.
Por tales argumentos, forzoso deviene concluir que la especificidad de aquellos procesos universales, como el concursal, requieren de la unidad de criterios y de pautas uniformes y seguras, y hacen que el crédito fiscal anterior a la presentación en concurso o a la declaración de quiebra, se vea alcanzado por las disposiciones de la ley 24.522 (confr. Dictamen PGN en autos “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ EN – DGA – RESOL. 3455/09 -Expte. 601909/03- s/ Dirección General de Aduanas”, del 29 de mayo de 2018).
Por lo demás, éste es el método ideado por el legislador al sancionar la citada ley 24.522, en cuanto busca, por una parte, dar seguridad jurídica y certeza ante una situación de iliquidez o de falencia y, por otra, posibilita la compatibilización de todos los derechos que se hallan en pugna dentro de un proceso concursal o de quiebra, es decir, tanto el interés del deudor en saldar sus deudas, como de los acreedores frente a él y entre sí.
IV. Que, no obstante, no debe perderse de vista, de acuerdo a inveterada jurisprudencia de este Tribunal Fiscal, que el concurso o quiebra del importador en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias y la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas ni por el concurso ni por la quiebra, de modo que, en el caso, le asiste derecho a la Aduana a perseguir el cobro de los importes reclamados, sin necesidad de verificar previamente su crédito -o aun verificándolo-, en los términos de la ley 24.432 (confr. Sala E in re “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, sentencia del 31 de julio de 2012 –Expte. Nro. 23.469-A-, voto del Dr. Pablo Garbarino; entre muchos otros).
V. Que, en efecto, el artículo 56 de la ley 24.522 establece que los efectos del acuerdo homologado se aplican aún a los acreedores que no se hubieran presentado a verificar sus créditos, si una vez presentados se los declaró admisibles. A tal efecto, contempla el mencionado incidente estableciendo que “debe deducirse mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso” (el destacado me pertenece). Asimismo se establece que, vencido ese plazo, prescriben las acciones del acreedor.
Siendo ello así, cabe destacar que la prescripción que se articula en autos no es la prescripción de la acción del Fisco para determinar los tributos aduaneros o imponer las multas del mismo carácter (arts. 806 y ss. y arts. 934 y ss. del CA), sino que se trata de la prescripción abreviada concursal, ligada íntimamente con la percepción de los tributos y de la multa, que pudieran corresponder como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones aduaneras asumidas.
VI. Que, al respecto, cabe señalar que existen aspectos particulares del derecho aduanero que hacen que no queden comprendidos en el fuero de atracción ciertos temas como el sometido a estudio, es decir, dotado de un carácter preponderantemente jurisdiccional, por lo que en el caso no corresponde, en los términos señalados por la Corte Suprema de Justicia in re “Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI- s/ casación en autos: ‘Bodegas y Viñedos El Águila SRL s/ concurso preventivo – revisión’” del 11 de agosto de 2009, aplicar los plazos prescriptivos previstos por la ley de concursos, en tanto el sub exámine resulta fruto de un procedimiento aduanero que no se encuentra firme y no de un instrumento emanado de la propia parte actora a fin de determinar el monto de las acreencias a verificar por la Administración (como efectivamente sucedía en el precedente analizado por el Alto Tribunal supra referido, cuya plataforma fáctica difiere del presente).
En tales condiciones, si bien es cierto que la ley 24.522 en su artículo 21 consagra que la apertura del concurso preventivo produce la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, debiendo radicarse ante el Juzgado respectivo las causas que tramitan ante la misma jurisdicción judicial, sin embargo no todas ellas lo son, ya que los aspectos de especificidad ya comentados hacen más a mecanismos de conocimiento que a los de ejecución. De modo que tales procedimientos deben realizarse, sea en la vía administrativa como en la jurisdiccional ante este Tribunal Fiscal, ya que tienden a la exteriorización del hecho imponible y a establecer la medida de la obligación a contribuir, y no deben sustanciarse ante el juez del concurso, por estar dirigidos a la constitución del instrumento creditorio de naturaleza tributaria.
VII. Que, en tal sentido, la especificidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó, respecto a la determinación tributaria, que la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30-9-86 y “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31-3-87, entre muchos otros). En tal sentido, el Alto Tribunal in re “Fisco Nacional Argentino (D.G.I.) s/inc. de verificación de créditos en autos “Cosimati, Gregorio G. s/ Conc. Merc. Prev.”, en sentencia de fecha 09/04/87, expresó que el artículo 22 de la ley 19.551, que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, es inaplicable, “toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso, ni la aplicación de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas”. (Jurisprudencia Fiscal Anotada, Arístides H. Corti, Revista Impuestos, Tomo XLV-B, p. 1346, año 1987), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Bajo tales postulados, cabe concluir que los procesos impugnatorios aduaneros no quedan afectados por la fuerza atractiva de los juicios universales que prevé la ley 24.522. Así lo ha entendido este Tribunal, su Alzada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterada jurisprudencia en materia tributaria (“Ostrimet S.A.”, sentencias del 5 de abril de 1991 y del 20 de diciembre de 1994, y los citados fallos del Tribunal Cimero dictados en “Hilanderías Luján S.A.” el 30 de septiembre de 1986, “Casa Marroquín SRL”, del 31 de marzo de 1987 y “Lumicot SAICAFI”, el 10 de marzo de 1987), cuya aplicación en la especie deviene ineludible.
Por lo demás, y respecto del ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho en numerosos precedentes que si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial respectiva (“Supercanal S.A.” de fecha 2/06/03, “Loba Pesquera S.A.” de fecha 11/06/03 y “Enrique Gauchat” de 4/07/03).
VIII. Que, por lo demás, el criterio que se sustenta en la especie ha sido confirmado por la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en la sentencia dictada con fecha 05/02/02, en autos “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (T.F. 10.900-A) c/ D.G.A.” en donde expresó - haciendo un análisis de las condiciones generales de la garantía otorgada- que: “en ningún momento se determina que para enderezar la acción de cobro el organismo aduanero deba dirigirse en primera instancia al tomador y sólo una vez agotada esa vía deba encaminarse la acción en contra de la aseguradora...”; “... surge que la producción del siniestro es determinada por la propia Aduana al formular cargo o al dictar una resolución que establezca la responsabilidad del tomador. Por lo cual resulta improcedente lo sostenido por la requirente en el sentido de que la producción del siniestro no ha acaecido por no haber verificado la Aduana su crédito en la quiebra de la importadora.”
IX. Que, por ende, el concurso o quiebra de la importadora no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en la quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez de la quiebra o concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
X. Que, por último, corresponde señalar que tanto en sede administrativa como en esta instancia se lleva a cabo un proceso de determinación de una eventual deuda tributaria, debiendo tenerse en cuenta al respecto que el garante puede oponer defensas y excepciones propias del garantizado.
Asimismo, en similar sentido se ha expedido el Alto Tribunal en la causa “Supercanal S.A. s/apelación” - sentencia del 02/06/03-, en la que resolvió que habiéndose recurrido en relación a la determinación tributaria, como en el caso de autos, al Tribunal Fiscal de la Nación, no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que se produce el desplazamiento de la competencia judicial original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas.
Y, con posterioridad, el Tribunal Cimero mantuvo dicha doctrina en la causas “Loba Pesquera S.A.” y “Gauchat, Enrique P. c/ Dirección Gral. Impositiva” sentencias de fechas 11/06/03 y 04/07/03, respectivamente, donde contempló los supuestos en que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación fuere apelada, manteniendo la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a ese respecto.
En tal orden de ideas, en relación y al ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, de acuerdo a la citada jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, y si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial y/o jurisdiccional respectiva. Por lo tanto, cabe concluir que no existe norma legal alguna que imponga al acreedor (en el caso la D.G.A.), la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador ni ninguna otra gestión, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o aseguradora, por lo que corresponde desechar el planteo de la firma recurrente referido a la necesidad de verificar el crédito en sede concursal. ASI TAMBIÉN LO VOTO.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 3354/14, recaída en el expediente SIGEA n° 12197-5746-2012, en cuanto intima a la aseguradora TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al pago de tributos, en su carácter de garante de la operación de importación temporaria registrada n° 06 001 IT16 001044 W, hasta el límite del importe establecido en la póliza nº 18775, el cual asciende a la suma de TREINTA Y DOS MIL PESOS ($32.000.-), con más los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, de acuerdo con lo señalado en el Considerando XI.
2. Declarar en relación al punto 1 que las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución indicada en el punto 1, en cuanto exige los rubros de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme lo señalado en el Considerando IX, con costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.09.15 12:55:06 ART Date: 2025.09.15 16:47:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.15 16:49:57 -03:00
Fin de la sentencia