Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-109585603-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente la Resolución Nro. RESOL-2021-4955-E-AFIP-DE PRLA#SDGTLA, recaída en la actuación SIGEA n° 13289-25245-2015, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende a la suma de $ 113.645,15.
II. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 34% a cargo de la actora y en 66% a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18731902-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Febrero de 2026 GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura, para dictar sentencia en los autos caratulados “TRADING SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº EX-2021-109585603- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante RE-2021-109584151-APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° RESOL-2021-4955-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, dictada en la Actuación n° 13289-25245-2015, por la que se la condena el pago de una multa, en los términos del art. 969 del C.A. y art. 9° de la ley 21453. Se refiere a los antecedentes del caso, en contrato acordado el 3 de agosto de 2015 conforme el cual TRADING SUR le vendió 600 toneladas de trigo orgánico a granel a Gisis S.A. (de Ecuador), la aprobación de la DJVE el 5 de agosto de 2015 y su vencimiento el 19 de septiembre de 2015, la imposibilidad del cumplimiento pedido de "cumplido sin sanción" o de prórroga de la autorización para exportar ante la UCESCI el 17 de septiembre de 2015, la cuestión clasificatoria de la mercadería, que el 18 de septiembre de 2015 la UCESCI decidió rechazar la solicitud, en tanto se debió a un error propio de la administrada al momento de declarar la operación comercial. Señala que contra ello se presentó el recurso de reconsideración, con el jerárquico en subsidio, ante el Ministerio de Agroindustria. Relata lo tramitado por la instancia anterior. Plantea nulidades del sumario administrativo debido a que no se pusieron las actuaciones a disposición de la parte para alegar y no se corrió vista de una contestación. Afirma que el incumplimiento no fue causado por un error exclusivo de la empresa, sino que contó con un elemento exógeno a ella que provocó tal falta, la omisión de la UCESCI en verificar que existía una diferente posición arancelaria en el contrato de venta y en el pedido del Roe. Se refiere al pronunciamiento de la Corte Suprema dictado en la causa "NATE" y realiza consideraciones al respecto. Plantea la falta de autoridad de la Aduana para imponer penas de este tipo. Analiza la Ley 21.453. En subsidio solicita se aplique el instituto de autodenuncia previsto en el art. 917 del C.A. Cita jurisprudencia y doctrina. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2022-25089680-APN-DTD#JGM la representación letrada de la Dirección General de Aduanas contesta el traslado que le fuera conferido. Relata los hechos que antecedieron el dictado de la resolución apelada en autos. Se refiere a los agravios vertidos por la apelante, contesta, analiza la normativa involucrada y cita jurisprudencia al respecto. Manifiesta que la resolución aduanera se ajusta a derecho. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante PV-2022-102675055-APN-VOCXVII#TFN se apertura la causa a prueba, clausurada mediante PV-2024-48252292-APN-VOCXVII#TFN. Conforme el auto PV-2024-136978292-APN- VOCXVII#TFN se elevaron los actuados a la Sala “F” y, mediante IF-2025-131190736-APN- VOCXVII#TFN se pusieron para alegar. Conforme la constancia de la S.G.A.A., habiendo vencido el plazo para alegar dispuesto en el IF-2025-131190736-APN-VOCXVII#TFN, se procedió a incorporar el alegato presentado por el Fisco Nacional en el IF-2025-137498477-APNDTD#JGM.
Asimismo, se dejó constancia que la actora no hizo uso del derecho conferido como así también que se incorporó un escrito presentado por dicha parte (v. IF-2025-136979626-APN-DTD#JGM).
Mediante IF-2026-14915303-APN-VOCXVII#TFN los autos quedaron en estado de dictar la sentencia. Cabe señalar que, puestos los autos para alegar, la actora, mediante la presentación IF-2025-136979626- APN-DTD#JGM, manifestó “el acogimiento al pago voluntario del mínimo de la multa impuesta ($ 170.317,73)”, solicitando que se declare extinguida la acción penal, se archive el expediente y que no quede registrado este antecedente, todo ello de acuerdo a las previsiones de los arts. 930 y 932 del Código Aduanero, con costas por su orden.
Que, atento lo normado en los art. 930/932 y el art. 1101 C.A., y la oportunidad prevista a los efectos pretendidos por la actora, corresponde rechazar lo peticionado por la parte y tener presente el pago denunciado.
IV. Que de la compulsa de la Actuación SIGEA n° 13289-25245-2015, resulta que la misma se inicia con la remisión, por parte de la Dirección de Legales de Comercio; del pedido formulado por la firma GRUPO SUR ALIMENTOS ARGENTINOS en fecha 17 de septiembre de 2015 por ante el Departamento de Comercio Exterior, solicitando el cumplido sin sanción, ello en atención al error en designar la posición arancelaria en relación a la calidad de la mercadería convenida en el contrato de venta al exterior, la designada en el ROE era 1001.99.00.110W y la correspondiente era 1001.99.00.210B.
A continuación se agrega el ROE -0519898201203888652170- por 600 toneladas de mercadería ubicada en la P.A. SIM 1001.90.00.100W y la DVJE 15 091 DVJE 004145 E, oficializada el 4/8/2015, fecha cierre de venta 3/8/2015, con un plazo de 45 días, por 600 toneladas de mercadería ubicada en la P.A. SIM 1001.90.00.100W.
Seguidamente se agrega el rechazo de la solicitud señalando que “…se debió a un error propio de la administrada al momento de declarar la operación comercial.”, indicando que se proceda con la denuncia ante el Organismo competente.
Así las cosas, a fs. 15 se formula el acta de denuncia, de fecha 26/11/2015. Se liquida la multa mínima y, a fs. Se dispone la apertura del sumario y la corrida de vista.
A fs. 26/30 vta. la firma contesta la vista conferida. En la misma presentación, acompaña a fs. 25 el recurso de reconsideración interpuesto por ante el Ministerio de Agroindustria. Solicita suspensión de las actuaciones y, eventualmente, la nulidad.
A fs. 33 se tiene por contestada la vista y se hace lugar al oficio ofrecido por la firma encartada. Se agrega en copia la disposición conforme la cual se rechaza el recurso de reconsideración. A fs. 55 se agrega la constancia mediante la cual se informa que el recurso jerárquico se encontraba en trámite.
A fs. 61/63 se agrega el proyecto de resolución sobre el rechazo del recurso jerárquico presentado. Finalmente, a fs. 86/91 se dicta la resolución apelada en autos, conforme la cual se condena a la firma TRADING SUR S.A. por la infracción prevista en el art. 969 del C.A. por aplicación del art. 9 de la Ley 21453, por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada dentro del plazo establecido en la declaración 15091 DJVE 004145 E, al pago de multa.
V. Que, sentado ello, corresponde resolver en primer lugar analizar el planteo de nulidad formulado por la actora.
Examinada la tramitación en instancia administrativa, considero que no se constata en el sumario error o vicio de tal magnitud que amerite la tacha de nulidad por causar a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la recurrente de ofrecer y producir –en esta instancia jurisdiccional- prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Por ello, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado, máxime cuando, en caso de existir la restricción de la defensa en juicio en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar dicha restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205-549, 247-52 consid. 1º., 267-393 consid. 12 y otros), porque de este modo se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas). Ello sin costas.
VI. Que a continuación corresponde resolver la cuestión de fondo involucrada en autos.
Que, mediante la resolución apelada en autos se le exige al actor el pago de una multa en los términos del art. 969 del C.A. y art. 9° de la ley 21453, por no haber cumplido con la exportación mínima prevista por la norma citada al vencimiento de la D.J.V.E.
No resulta controvertido que conforme la DVJE 15 091 DVJE 004145 E, oficializada el 4/8/2015, fecha cierre de venta 3/8/2015, la aquí recurrente se obligó a exportar en un plazo de 45 días, 600 toneladas de mercadería ubicada en la P.A. SIM 1001.90.00.100W.
Tal como lo señala la propia parte y más allá de sus consideraciones y las razones que expone a efectos de justificar el incumplimiento, resulta que a dos días del vencimiento del plazo para exportar -17 de Septiembre de 2015- la firma se presentó por ante la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno –UCESI- solicitando una prórroga de 45 días o el cumplido sin sanción, ello debido al error de la firma en consignar una posición arancelaria distinta.
Recordemos que la normativa que regula la operación aquí analizada.
Particularmente el art. 9 de la ley 21.453, bajo cuyo régimen se realizó la operación, preceptúa que: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”. Por su parte, el art. 969 del C.A. dispone que: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
En resumen, el incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos que surgen de las normas citadas - exportar dentro del plazo establecido al menos el 90% de la mercadería - conlleva el incumplimiento al régimen de las DVJE.
Respecto de ello, la Exposición de Motivos del Código Aduanero expresa que el esquema del código sobre responsabilidad en materia de infracciones gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. Quien los cumple no podrá ser sancionado. Quien no los cumple, deberá responder por tal incumplimiento.
Ahora bien, aplicando los preceptos normativos al caso analizado resulta que, en principio, nos encontramos frente al incumplimiento por la firma a las obligaciones asumidas en virtud de este régimen especial.
Resulta necesario ponderar entonces la conclusión arribada precedentemente a la luz de la prórroga o cumplido sin sanción, solicitados por la firma ante el organismo emisor de la autorización. Como fue puntualizado en el considerando relativo a la compulsa de la actuación administrativa, la firma había solicitado la prórroga o cumplido sin sanción respecto de la DVJE.
Lo cierto es que, frente a dicho pedido se verifica:
• Que fue realizado dos días antes del vencimiento del plazo para exportar;
• La falta de la respuesta positiva al pedido, en cuanto al recurso jerárquico interpuesto, no obrando constancias del uso por parte del administrado de las herramientas y remedios legales a efectos de obtener el pronunciamiento requerido;
• Falta de puesta en conocimiento del servicio aduanero de la prórroga o cumplido sin sanción solicitados por ante la UCESI, como así también la ausencia de un pedido al propio servicio aduanero frente al incumplimiento del régimen.
En esta línea de razonamiento, resulta evidente el incumplimiento de la firma a las obligaciones asumidas en virtud del régimen al cual se sometió voluntariamente, sin advertirse motivo alguno para eximir de responsabilidad a la parte, máxime tratándose de una empresa agroexportadora con el conocimiento y la expertiz en razón de su giro comercial.
Por ello, propongo confirmar la resolución apelada.
VII. Que respecto de lo peticionado en relación a morigerar la pena impuesta en razón de lo establecido en el art. 917 del C.A., el articulo dispone que: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: ”a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o ”b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. ”2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. ”3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”.
Que, conforme surge del expediente administrativo, la actora se acogió al régimen opcional establecido por el art. 729 del C.A., el cual le permite al exportador calcular los tributos aduaneros a la fecha en que se perfecciona la compra-venta de la mercadería agraria y, de este modo, obtener una certeza del costo de la operación celebrada, con la obligación de exportar dicha mercadería en los plazos, formas y condiciones establecidos en el art. 730 del C.A.
A la luz de lo expuesto y las conclusiones arribadas en el considerando precedente, sumado lo dispuesto en el citado apartado 3 del art. 917 del C.A., entiendo que en caso de marras no procede la reducción de pena.
VIII. Que respecto de las costas del proceso, no advierto motivos para apartarme del principio general de la derrota, debiendo las mismas ser soportadas por la actora vencida.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el pedido de nulidad efectuado por la actora, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N° RESOL-2021-4955-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en la Actuación n° 13289-25245-2015 y tener por cancelada la sanción impuesta.
3. Costas a la actora.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que me remito a lo señalado en los Considerandos I a V del voto que antecede.
II. Que, mediante la resolución apelada en autos, se condena a la firma exportadora el pago de una multa, en los términos del art. 969 del CA y del art. 9 de la ley 21.453. En desacuerdo con ello, la parte afirma que la sanción resulta improcedente, atento haber presentado la correspondiente autodenuncia en relación al incumplimiento de la exportación, de conformidad a lo establecido en el art. 917 del CA, la que, a su vez, fue desestimada por el Fisco por extemporánea.
Que corresponde a este Tribunal entonces resolver si la multa exigida al aquí recurrente, en virtud de la comisión de la infracción prevista en el art. 969 del CA, puede acogerse al beneficio de la autodenuncia preceptuado por el art. 917 del mencionado cuerpo legal.
El art. 917 del C.A. dispone que: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: ”a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o ”b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. ”2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. ”3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”.
Que, conforme surge del expediente administrativo, la actora se acogió al régimen opcional establecido por el art. 729 del C.A., el cual le permite al exportador calcular los tributos aduaneros a la fecha en que se perfecciona la compra-venta de la mercadería agraria y, de este modo, obtener una certeza del costo de la operación celebrada, con la obligación de exportar dicha mercadería en los plazos, formas y condiciones establecidos en el art. 730 del C.A.
Que el art. 730 del C.A. establece que: “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.”. Que, en el mismo sentido, el art. 9 de la ley 21.453, bajo cuyo régimen se realizó la operación, establece que “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada...”.
Que en este orden de ideas el art. 969 del C.A. impone la sanción al que “no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas...”.
Que podemos observar que el incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos que surgen de las normas citadas – exportar dentro del plazo establecido al menos el 90% de la mercadería – conlleva el incumplimiento al régimen de las DVJE.
Que por lo expuesto, y en concordancia con el citado apartado 3 del art. 917 del CA, en caso de marras no procede la reducción de pena establecida en el artículo mencionado, en cuanto la infracción al régimen quedó configurada por la falta de exportación de la mercadería declarada con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado por el régimen, quedando encuadrada en el supuesto de exclusión contemplada en el citado artículo.
III. Que, cabe resaltar que, conforme surge del expediente administrativo objeto de autos, la firma exportadora comunicó la imposibilidad de cumplimiento de la DJVE n° 15 091 DJVE 004145 E el 17/09/2015, con la finalidad de solicitar una prórroga del plazo acordado, la cual fue denegada por la UCESCI; y el plazo para cumplir con la exportación de al menos el 90% de la mercadería amparada por la DJVE involucrada vencía dos días antes.
Que, por lo tanto, la presentación efectuada por la actora no puede considerarse como circunstancia atenuante en los términos de los arts. 915 y 916 del C.A.
IV. Que, por último, corresponde analizar el monto de la multa impuesta.
Que la actora entiende que correspondía aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10% conforme lo establecido en el art. 969 del CA, y no del 15% establecido en el art. 9 de la ley 21453. Que tanto el art. 969 del C.A. como el art. 9 de la ley 21.453 tratan dos tipos infraccionales que reprimen la misma conducta, por lo que corresponde la aplicación de una sola de ellas.
V. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna– conforme el art. 861 del CA – , se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VI. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA.
En tales condiciones, corresponde fijar la multa en el 10% del valor en aduana de la mercadería no exportada (600 tn = $ 1.136.451,52), la que asciende a la suma de $ 113.645,15.
VII. Que, en consecuencia, se confirma parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VIII. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
I. Confirmar parcialmente la Resolución Nro. RESOL-2021-4955-E-AFIP-DE PRLA#SDGTLA, recaída en la actuación SIGEA n° 13289-25245-2015, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende a la suma de $ 113.645,15.
II. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 34% a cargo de la actora y en 66% a cargo de la demandada.
ASÍ LO VOTO.-
Dr. Segura dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Garbarino. Así lo voto.-
Por ello, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
I. Confirmar parcialmente la Resolución Nro. RESOL-2021-4955-E-AFIP-DE PRLA#SDGTLA, recaída en la actuación SIGEA n° 13289-25245-2015, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende a la suma de $ 113.645,15.
II. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 34% a cargo de la actora y en 66% a cargo de la demandada.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Títular de la Vocalía de la 17a Nominación), Pablo A. Garbarino (Vocal Títular de la Vocalía de la 16a Nominación) y Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación) ello en los términos del art. 1162 del C.A.
Date: 2026.02.20 17:50:28 ART Date: 2026.02.21 10:48:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.23 18:13:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.23 18:14:21 -03:00
Fin de la sentencia