Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35400-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso de la parte actora y revocar la resolución apelada; con costas de ambas instancias a cargo del Fisco Nacional.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19890/24 TRADING SUR SA (TF 35400-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 8 de mayo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución AD CAMP 519/14, recaída en la actuación SIGEA 12542-3114-2008, y ratificó el cargo FE 7/08 formulado por diferencias de derechos de exportación con relación a la destinación 07 008 EC01 8282Y. Asimismo, impuso las costas a la parte actora (fs. 142/148).
Para fundamentar su decisión, recordó que el expediente se había originado a raíz de la interpretación que la Aduana confirió al decreto 509/07 (BO 23/5/07), que, según su criterio, derogó implícitamente la alícuota del 5% aplicable a productos orgánicos conforme a la resolución ME 160/02. En consecuencia, desactivó la aplicación de dicha resolución en el Sistema Informático María (SIM) a partir del 10/09/07 y formuló cargos respecto de las exportaciones de productos orgánicos realizadas entre el 24/5/07 y el 9/9/07 que, como la involucrada en el caso. contenían la validación “EXPOORGANICOTXT” (fs. 11, act. adm.).
Aclaró que no estaba en discusión que la actora, mediante el permiso de embarque oficializado el 15/8/07 y con DJVE del 14/8/07, había documentado la exportación de mercadería de la PA 1201.00.90.190N, con certificación de orgánica y bajo el régimen de la ley 21.453. Como así también, que abonó un derecho de exportación del 5%.
Destacó que el régimen arancelario aplicable a las ventas bajo la ley 21.453 se definía por la fecha de cierre de cada operación. Y que, tanto en dicha fecha como en la de oficialización del permiso de embarque, ya regía el decreto 509/07 (en vigencia desde el 24/5/07), que modificó las alícuotas de posiciones arancelarias específicas, incluyendo la PA 1201.00.90.190N, sin diferenciar entre productos orgánicos y convencionales. Señaló que, pese a ello, el SIM aplicó incorrectamente el arancel preferencial del 5%. El análisis del tribunal se centró en si el decreto 509/07 había efectivamente derogado la alícuota del 5% estipulada en la resolución ME 160/02 para productos orgánicos. Subrayó que el mencionado decreto tenía jerarquía superior a las resoluciones ministeriales que lo precedieron y fue convalidado por ambas Cámaras del Congreso. Consideró que su objetivo había sido reemplazar las alícuotas previas, lo que implicaba la derogación de la resolución ME 160/02; sobre todo, teniendo en cuenta que esta última norma no figuraba en el artículo 17 del decreto, donde se enumeraban las disposiciones que mantendrían vigencia. Además, tuvo en cuenta que, con posterioridad, 1 la resolución ministerial 184/07 restableció el derecho de exportación del 5% para los productos orgánicos, pero sin efectos retroactivos.
Por otro lado, argumentó que la Aduana tenía facultades para cobrar tributos suplementarios, conforme a los artículos 9°, apartado 2°, inciso d, del decreto 618/97 y 23, inciso d, del Código Aduanero. Explicó que el error en la liquidación del SIM no impedía dicho cobro, pues se trataba de una equivocación administrativa, no de un cambio interpretativo contrario al artículo 793 del Código Aduanero.
En conclusión, sostuvo que el tratamiento diferencial de la resolución ME 160/02 quedó sin efecto con la entrada en vigencia del decreto 509/07, por lo que era correcto el reclamo de la diferencia de derechos de exportación aplicables al momento de cierre de la operación.
2. Que, disconforme, a fs. 157 interpuso apelación la parte actora, que se fundó a fs. 158/168, se concedió a fs. 170 y fue replicada a fs. 174/175vta.
En sustancia, planteó que el decreto 509/07 había provocado incertidumbre con relación a la situación de los productos orgánicos, hasta en los propios integrantes de la Dirección General de Aduanas. Hizo alusión a una serie de notas que evidenciaban esa situación y que reconocían que en el período comprendido entre el 24/5/07 y el 9/9/07 se mantuvieron las herramientas de declaración para mercaderías de condición orgánica, por un error de la Administración y pese a que ya no existía un tratamiento tributario diferenciado.
Destacó que la utilización del sistema informático de la Aduana era imprescindible para registrar la exportación y que aquél liquidaba automáticamente los derechos a partir de la información proporcionada por el operador.
En esas condiciones, invocó la doctrina de los propios actos y argumentó que la pretensión tributaria debía desestimarse por resultar contraria a una conducta anterior del propio Estado, jurídicamente vinculante. Agregó que no hubo dolo de su parte y que el error no podía atribuírsele, ya que la Aduana era quien programaba el sistema informático. También refirió al efecto liberatorio del pago efectuado en conformidad con la liquidación originaria del Fisco. Citó jurisprudencia en apoyo de esta interpretación. Por último, hizo consideraciones en torno a la invalidez del aumento de la alícuota del derecho de exportación, desde el punto de vista del principio de reserva de ley en materia tributaria.
3. Que los agravios de la actora encuentran suficiente respuesta en las consideraciones vertidas por esta Sala en la causa 119/12 “Luis A Ducret y Cía SA (TF 28160-A) C/ DGA”, sentencia del 28/8/12.
Allí se interpretó que —sin perjuicio de la vigencia del decreto 509/07 a la fecha de registro de las operaciones involucradas en la actuación, y de la facultad que detenta la autoridad para revisar actuaciones una vez concluida su tramitación, formular rectificaciones y cargos en los términos del artículo 9°, apartado 2, del decreto 618/1997 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 19890/24 TRADING SUR SA (TF 35400-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO —, tratándose de un pago de tributos efectuado por el sujeto pasivo de la obligación, era aplicable la doctrina del efecto liberatorio del pago establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que ha dicho: “la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste” (Fallos: 284:232 y sus citas; entre otros).
Sobre esa base, teniendo en cuenta que el SIM había aplicado a las destinaciones allí en trato la alícuota del 5% (circunstancia que se reitera en el caso con respecto al PE 07 008 EC01 8282Y), se entendió que el contribuyente pudo razonablemente considerarse liberado de su obligación al haber efectuado un ingreso acorde al sistema informático.
Además, se sostuvo que, aun mediando error de la Administración en la percepción de un impuesto, aquél no podía invocarse para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia en la percepción de la renta (Fallos: 209:213; 258:208; 259:382; 264:124; 276:151; 321:2933).
Es decir que, sin entrar a considerar si el decreto 509/07 había derogado, o no, la resolución ME 160/02, se concluyó que la circunstancia de que el SIM hubiese liquidado esa alícuota en el lapso en que se perfeccionaron las exportaciones impedía a la Aduana formular el reclamo de la diferencia tributaria, conforme la doctrina ut supra citada. Se deja constancia que la doctrina de aquel precedente fue reiterada, entre otras, en las causas 24764/15 “Biocardales SA c/ DGA”, sentencia del 6/8/15, y 28564/18 “Biocardales SA c/ DGA”, del 5/6/18; decisiones, éstas, que quedaron firmes tras la desestimación de los recursos extraordinarios interpuestos por el Fisco Nacional (v. pronunciamientos de la Corte federal del 1/2/16 y 3/3/22, respectivamente). Además, igual decisión adoptó la Sala III de la Cámara en la causa 41258/23 “Biocardales SA (TF 37340-A) c/ DGA”, sentencia del 7/3/24.
4. Que, por las consideraciones expuestas en los precedentes citados —que resultan plenamente aplicables al sub examine en razón de la alícuota de derechos liquidada con relación al PE 07 008 EC01 8282Y y a que el efecto liberatorio del pago fue expresamente invocado por la actora; v.fs. 22vta. y 163vta.—, se admite la apelación y se revoca la resolución de fs. 142/148 en lo sustancial que decide.
3 En atención al modo en que se resuelve, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arts. 1163 y 1182, CA, y 68, primer párrafo, y 279, CPCCN).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Admitir el recurso de la parte actora y revocar la resolución apelada; con costas de ambas instancias a cargo del Fisco Nacional. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia