Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29206-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el pronunciamiento apelado y confirmar la resolución (AD PASO) 1415/2010. Con costas en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 18 de marzo de 2025.- SH
Y VISTO:
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional a fs. 92, contra la sentencia de fs. 81/82, fundado por el memorial de fs. 95/101, cuyo traslado -conferido a fs. 102- no fuera contestado por las co -actoras; y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso Los agentes de transporte aduanero, Gladis Galeano y Trans SACIF, resultan los sujetos aduaneros responsables por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada el 17/05/2001 como 01042TRAS035274T (MANI 4163U/01), correspondiente al MIC/DTA 216100794, de pinturas y diluyentes, que (según lo denunciado) habría sido robada dentro del territorio nacional.
A fs. 4/5 de las actuaciones administrativas se encuentra agregada la copia de la denuncia efectuada ante la Fiscalía General de Morón, el 22/05/2001, por una persona que manifestó ser el chofer del camión dominio GND9407 y del semirremolque dominio IDA 3512, por robo y privación de la libertad contra sujetos desconocidos. Asimismo, a fs. 6 se encuentra agregado el aviso cursado por Gladis Galeano a la Aduana de Ingreso, Paso de los Libres, del 28/05/2001 y a fs. 7 obra el aviso cursado el 23/05/2001 por Trans SACIF, en los que relatan que el camión fue robado unos kilómetros antes de llegar al peaje de Brazo Largo y que el conductor fue hallado sin la mercadería en una estación de servicio en la localidad de Gaona, Provincia de Buenos Aires.
Ante dichas circunstancias y toda vez que el medio de transporte no arribó a término a la aduana de destino, la entonces AFIP -DGA consideró que la mercadería había sido importada para consumo y formuló el cargo 277/005 por los tributos que gravan la importación por la suma de $36.262,70, de conformidad con lo dispuesto por el art. 311 del CA (y normas concordantes).
Tanto Trans SACIF como Gladis Galeano iniciaron un procedimiento de impugnación en los términos del art. 1053 del CA el cual culminó con la confirmación del cargo decidida en la resolución (AD PASO) 1415/2010, por la cual el Jefe de la División Aduana de Paso de los Libres, confirmó la exigencia tributaria del cargo n° 277/2005, por la suma de $36.262,70, descontados los importes efectivamente abonados mediante la destinación 01001IC03001716C, en concepto de tributos adeudados en relación a la destinación suspensiva de tránsito registrada como 01042TRAS035274T, en el año 2001.
Contra dicha resolución ambos Agentes de Transporte interpusieron sendos recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación (cfr. fs. 7/11 y fs. 145/149, dando origen a los expedientes 29206-A y 29207 -A, los cuales fueron acumulados a fs. 48.
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la resolución del 22 de junio de 2023 el Tribunal Fiscal de la Nación, revocó la resolución y dejó sin efecto el cargo 277/2005. Con costas al Fisco Nacional.
Para así decidir, luego de reseñar los arts. 315 y 261 del CA, y la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Tevelam”, del 11/12/2012, consideró que el acto administrativo no ahonda en lo más mínimo en las circunstancias que en que se habría producido el robo. Recalcó que en autos no se probó el incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido acreditado el robo, por lo que no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal del art. 315, segunda parte, del código.
III. Los agravios del Fisco Nacional Que, en la expresión de agravios la demandada cuestiona la sentencia apelada puesto que la plataforma fáctica del caso difiere de la que ha sido considerada por el Máximo Tribunal en el precedente “Tevelam”.
Destaca que según esa doctrina resulta trascendental detenerse en el deber de custodia de la mercadería y analizar sobre quien recae la carga de la prueba respecto de dicho extremo. Puntualiza que, en la especie, era la actora quien debía demostrar ese especial CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cuidado al que alude la Corte en “Tevelam” y que, sin embargo, no ha desplegado alguna medida para acreditarlo.
Señala que en el supuesto que la mercadería hubiere sido objeto de un robo, no puede reputarse a la misma como irremediablemente perdida como lo prevé el art. 315 del CA y que, por el contrario, la mercadería podría ser utilizada por un tercero. Recalca que esta es la situación que impide la dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con las obligaciones que impone el régimen, resultaron víctimas de un robo.
Cita jurisprudencia del fuero en la que se ha interpretado el precedente “Tevelam” y sostiene que “quien está en posición de probar su diligencia y cumplimiento de la custodia debida es la firma importadora o la transportista (o el ATA) y no la Aduana a quien materialmente le resulta imposible afectar su personal a la constatación de la falta de custodia en cada uno de los miles de tránsitos documentados por las distintas aduanas” (el destacado y el subrayado pertenecen al original, cfr. fs. 99).
Solicita que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal y que se confirme la resolución AD PASO 1415/2010. Con costas a las contrarias.
IV. Alcances del pronunciamiento.
Que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
V. Reseña de las normas del Código Aduanero que rigen el caso. El precedente de Fallos CSJN 335:2549, “Tevelam”.
Evolución Jurisprudencial.
Que la destinación suspensiva del tránsito de importación se halla regulada en el capítulo sexto, del Título II del Código Aduanero y, en cuanto aquí importa señalar, el art. 311 del CA contempla como el hecho generador de una obligación de pagar tributos al supuesto de importación a consumo irregular cuando hubiere “[T]ranscurrido el plazo de UN (1) mes, contado a partir del vencimiento del que hubiere sido acordado para el cumplimiento del tránsito, sin que el medio de transporte que traslada la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación arribare a la aduana de salida o interior, según correspondiere, se hallare o no su importación sometida a una prohibición”.
En efecto, del juego de los arts. 310, 311 y 312 del CA cuando faltan mercaderías en tránsito o cuando no arriba el medio que las transporta a la aduana de destino (después de un mes de vencido el plazo para realizar el tránsito), se presume al solo efecto tributario, sin admitir prueba en contrario, que aquéllas han sido importadas para consumo; y resulta responsable de la obligación tributaria emergente el transportista o, en su caso, el agente de transporte y, subsidiariamente y con solidaridad entre sí, el cargador, quien tenga derecho a disponer de la mercadería y el beneficiario del régimen de tránsito.
Tal solución tiene por finalidad proteger los intereses del Fisco, evitando así un sinnúmero de problemas y componendas o connivencias, incluso el denominado “auto-robo”. Precisamente en esa inteligencia, y frente a las escasas posibilidades de percibir esos tributos, el Código Aduanero argentino establece, para preservar los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO intereses fiscales, la responsabilidad por deuda ajena del transportista y de los beneficiarios del régimen suspensivo en los arts. 311, 312 y 315 (confr. BASALDUA, Ricardo Xavier, “Sujetos Gravados por los tributos aduaneros”, IMP2009-22, p. 1850).
El art. 315 del mismo código precisa que a tales sujetos se los puede eximir de responsabilidad cuando la mercancía se pierda irremediablemente durante el transporte como consecuencia de un siniestro, aclarando que la causal invocada debe ser acreditada a satisfacción del servicio aduanero, y con la siguiente salvedad: la pérdida de la mercadería no se considera irremediable cuando "pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero" (art. 315, in fine).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ocasión de definir si la circunstancia del robo exime sin más a los sujetos aduaneros del pago de los tributos que gravan la importación para consumo de las mercaderías sustraídas, ha ponderado una situación particular en la causa T.317.XLVI “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, sentencia del 11/12/2012 (Fallos: 335:2549), y sus consideraciones resultan habitualmente citadas, desde entonces, en casos de robo de mercadería en tránsito.
Allí se dijo “que el régimen de destinación suspensiva que se examina reposa, básicamente, en dos pilares.
Por una parte, el legislador -fundado en la sospecha de que, si la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación no arribó a la aduana de destino, ello obedecería a que fue descargada en el trayecto consideró conveniente acudir a la presunción consistente en que los bienes se hallan en el país y han sido incorporados al circuito económico sin el pago de los correspondientes derechos. Dicha presunción fue plasmada en estos términos: “... se presumirá, sin admitir prueba en contrario y al solo efecto tributario, que [la mercadería] ha sido importada para consumo" (arts. 310 y 311 del Código Aduanero). Por la otra, -con sustento en el mismo afán de evitar la realización de maniobras fraudulentas que pongan en riesgo la renta fiscal-, en el supuesto de no arribar la mercadería a la aduana de destino o de no hacerlo en el plazo estipulado para dicho arribo, se previó que aquellos que tienen una relación directa y estrecha con los bienes ingresados al país, fuesen los responsables por el pago de los tributos que gravan la nacionalización de la mercadería, en calidad de deudores principales o de responsables subsidiarios (art. 312 del Código Aduanero)” (consid. 7º).
“Que si bien el legislador expresó en términos contundentes que las presunciones de los artículos precedentemente mencionados no admitirían "prueba en contrario", lo cierto es que aquél morigeró esa regla en ciertos supuestos –vgr., con respecto a la mercadería deteriorada, destruida o irremediablemente perdida-, pues admitió la justificación de faltantes originados en esas circunstancias ajenas a la voluntad de los responsables, y consagró la no sujeción -parcial o totala los tributos que gravaren la importación para consumo (cf. arts. 306, 308, 314 Y 315, primer párrafo del código citado) o de responsables subsidiarios (art. 312 del Código Aduanero)” (consid. 8º).
“Que, en ese contexto normativo, el art. 315 del código citado distingue la hipótesis de la mercadería "irremediablemente perdida por algún siniestro" ocurrido durante su transporte, en alusión a la que no tiene posibilidad alguna de utilización en el mercado interno, y por ende, no se la sujeta al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo -primer párrafo, del art. 315-, de aquella otra en que la mercadería no puede considerarse "irremediablemente perdida", pues "...pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero" -segundo párrafo, del art. 315-, situación que parece aludir a los supuestos de hurto, o de robo, como el denunciado en el sub examine” (consid. 9º).
“Que el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro.
Es pertinente recordar que según lo ha mantenido en forma constante el Tribunal,"...cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídico restante o arriba a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto armónico del referido ordenamiento... "(Fallos: 326:3679). Asimismo, reiteradamente ha afirmado que los textos legales no deben ser considerandos a los efectos de establecer su alcance y sentido aisladamente, sino como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto, teniendo en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida por aquéllos, y adoptando un sentido que concilie y deje a todas sus disposiciones con valor y efecto (ver, Fallos: 323:2117; 324:1481; 325:1731; 327:769, entre muchos otros y disidencia del juez Petracchi en Fallos: 312:2192)” (consid. 10).
“Que, una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos -acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas (…) Más aún, si (…) venía acompañado en calidad de custodia por otro vehículo que también fue sustraído con la misma modalidad delictiva” (consid. 11, el resaltado no pertenece al original). “Que, en las condiciones descriptas, si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades en los términos del art. 308 del Código Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento” (consid. 11). Esta Sala, en una composición diferente a la actual, dictó sentencia el 06/06/13 en la causa nro. 156/07 “Blancanuez (TF 19691 -A) c/ DGA”, siguiendo las pautas que emanan del precedente reseñado; concretamente, atendiendo a los términos de los considerandos 11 y 12 de “Tevelam SRL”, en los que se distingue la situación de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario – incluyendo la contratación de otro vehículo en calidad de custodia- y aun así padece un robo agravado por el uso de armas.
Sobre esa base, interpretó que de acuerdo con la doctrina establecida por la Corte Suprema no cabían dudas que, aun en el caso de pérdida de mercadería por sustracción, era posible eximir a los responsables del pago de los tributos, pero que para ello era necesario –además de acreditar el hecho delictivo y su oportuna comunicación a la Aduana- la prueba de haber “cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario”, en los términos enunciados por la Corte Suprema (confr. consid. IX del fallo citado). A su vez, entre otras cuestiones, remarcó que las resoluciones emanadas regularmente de la Administración Federal de Ingresos Públicos gozan de presunción de legitimidad, en virtud de lo cual es la recurrente quien debe acreditar que en el caso se verifican circunstancias que permiten considerar la pérdida de la mercadería como un hecho fortuito apto para dejar de lado la presunción establecida en los artículos 310 y 311 del código; como así también que, al efectuar la verificación de la existencia de tales circunstancias, debe tomarse en consideración que el régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación otorga un beneficio y, como tal, debe ser interpretado en forma restrictiva (confr. consids. 7º y 8º del fallo citado).
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3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por ello, en lo que aquí interesa, la Sala III histórica desestimó la configuración de la causal eximente en el caso llevado a su conocimiento, porque la actora se limitó a afirmar que había adoptado todos los medios necesarios a los fines de impedir el robo de la carga (entre ellos, la custodia satelital de sus vehículos y un avanzado sistema de comunicación) pero sin probar puntualmente dichas circunstancias; lo que constituía un imperativo de su propio interés.
Además, señaló que la empresa había reconocido en el trámite de las actuaciones que la custodia podía ser personal, satelital o incluir un buen sistema de comunicación, pero que la acreditación de tal extremo pesaba siempre sobre quien invoca el hecho fortuito pues, de otra forma –es decir, sin los efectos disuasivos que ejerce un servicio de custodia- la apropiación de la mercadería por vía terrestre no podía considerarse imprevisible en nuestro tiempo.
Dicho pronunciamiento, quedó firme tras la desestimación del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora (confr. CSJN, B.820.XLIX “Blancanuez SA c/ DGA s/ recurso”, sent. del 10/06/14).
Es así que, compartiendo los argumentos de la Sala III en el precedente citado, la Sala IV del fuero, abandonado la interpretación plasmada en las causas nros. 5.568/13 “Thone Federico (TF 21598-A) c/ DGA”, sentencia del 30/07/2013, 30.225/11 “Transportadora DM SA (TF 22329-A) c/ DGA”, del 08/08/13; 4.369 “Thone Federico (TF 21914 -A y acum) c/ DGA”, del 22/08/13, realizó una nueva lectura de la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa “Tevelam SRL” y estableció que, en los casos en que la mercadería se encuentra irremediablemente perdida por haber mediado sustracción, más allá de la literalidad del artículo 315 in fine del CA, es posible dispensar del pago de los tributos a los responsables de la obligación tributaria si, y sólo si, el siniestro se produjo pese al cumplimiento de todos los deberes inherentes al tránsito de importación, entre los que se encuentra el deber de custodia de la mercadería durante su itinerario (arg. consid. 12 del fallo “Tevelam SRL”; cf. Sala IV, expte. 43.620/2013, “Mayuli, Marcelo Gabriel c/ DGA s/Recurso directo de organismo externo”, sent. del 23/09/2014, aclarada el 07/10/2014 y expte. nro. 36801/2016 “Barrera Gabriel Morlan y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/11/2016).
Ello sin perjuicio de señalar que la solución de cada caso –sobre todo en lo que hace a definir cuál es el nivel de precaución exigible- debe adoptarse con un criterio eminentemente prudencial, evaluando las circunstancias fácticas y probatorias de cada especie singular.
Finalmente, aclaró que la prueba del cumplimiento de ese deber se encuentra a cargo del beneficiario del régimen suspensivo y que, eventualmente –esto es, en caso de acreditarse que se contrató un servicio de custodia adecuado-, la Aduana tendría que probar por algún medio la connivencia con el sustractor; de lo contrario, estarían dadas las condiciones para eximir del pago de tributos a la víctima del casus (confr. Sala IV, causa 43.620/2013, “Mayuli, Marcelo Gabriel”, ya citado).
Desde entonces, de manera concorde, las Salas III y IV, bajo los parámetros de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Tevelam”, han resuelto cuestiones que involucraban pretensiones eximentes de las obligaciones tributarias ante supuestos en que se tornaba operativa la presunción, a los efectos tributarios, de la importación para consumo ante el robo de mercadería en tránsito, considerando definitoria la prueba de la diligencia del deber de custodia de la mercadería durante el itinerario del tránsito (cfr. Sala IV 36801/16 “Barrera, Gabriel Morlan y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 17/11/2016, expte. nro. 55368/2019 “Expreso Cargo SA y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/08/2020; y esta Sala, “Blancanuez” ya citado; expte. 31081/2007 “Varcent SA (TF 9634-A y acum c/DGA”, ambas del 6/06/2013; expte. nro. 94/2010 “Salassa de Fourcade Yolanda Estela (TF 23369-A) c/DGA”, del 18/06/2013; expte. nro. 5619/2016 “Kuarahy SRL TF 27582-A y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/09/2016; 22078/2018 “Galeano Gladis TF 30456-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 11/09/2018 y expte. nro. 5132/2023 “Cooperativa Dos Transportadores de Carga Uruguayana (TF 38005-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 5/03/2024, entre muchos otros)
VI. La solución del caso.
Que en el caso se encuentra fuera de debate que, como consecuencia del robo denunciado, la mercadería no llegó a destino y no fue acreditado (ni siquiera ha sido alegado) que hubiere sido destruida o inutilizada totalmente con el alcance que otorga del art. 315 del CA para eximir el pago de los tributos.
En lo que atañe a la pauta jurisprudencial reseñada en el considerando anterior, en función de los escasos elementos que obran en las actuaciones administrativas tampoco se advierte configurada esa especial diligencia en el deber de custodia de la mercadería que requiere la doctrina judicial, pues no se constatan las particulares circunstancias que llevaron al Alto Tribunal a morigerar los efectos de la presunción legal contenida en el art. 315 del CA.
Al respecto, resulta conveniente puntualizar que en aquellas actuaciones resueltas en el precedente de Fallos 333:2549 no se encontraba controvertido que junto al camión que fue robado, lo acompañaba en calidad de custodia otro vehículo –contratado por la allí actora- que también fue objeto de un robo con armas, que no se había apartado del itinerario establecido ante la autoridad aduanera y que de ningún modo su conducta autorizaba a sospechar grado alguno de connivencia con el delito, habiendo sido todo esto demostrado acabadamente por la interesada en obtener la dispensa tributaria. En cambio, según las constancias de esta causa (actuaciones SIGEA 12303-5773-2005) resulta capital ponderar que la custodia del camión reposaba exclusivamente en su chofer y que las co-actoras no se ha referido, en pos de su defensa, al itinerario del medio de transporte sino sólo al lugar en el que fue robado (cercanías del peaje próximo a Zarate Brazo Largo), impidiendo ambas circunstancias considerar cumplimentado el especial deber de custodia que se contempló en el precedente del Supremo Tribunal.
No está de más reiterar que correspondía a las co-actoras la prueba conducente para acreditar que se cumplieron con los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario (como podría ser el contratar un servicio de seguridad de custodia o de control satelital o personal, como recaudo demostrativo de un actuar previsor en resguardo de la integridad de la mercadería).
En consecuencia, con sujeción al criterio expuesto en el Considerando anterior y en razón de que no hay elemento alguno que permita tener por acreditada una conducta mínimamente diligente, desplegada con el objetivo de evitar que la carga sufriera cualquier eventualidad que pusiera en riesgo su arribo a destino, cabe concluir que no están dadas las condiciones para eximir del pago de los tributos a los responsables aduaneramente de la mercadería ingresada por el tránsito de importación.
Por todo lo cual, corresponde admitir los agravios del Fisco Nacional, revocar la sentencia apelada y confirmar la resolución (AD PASO) 1415/2010, por la cual el Jefe de la División Aduana de Paso de los Libres, confirmó la exigencia tributaria del cargo n° 277/2005, por la suma de $36.262,70, descontados los importes efectivamente abonados mediante la destinación 01001IC03001716C, en concepto de tributos adeudados en relación a la destinación suspensiva de tránsito registrada como 01042TRAS035274T, en el año 2001.
VII. Costas Que las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado atento la complejidad de la cuestión y las diversas interpretaciones que ha suscitado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. arts. 68, segundo párrafo y 279 del CPCCN; cfr. Sala IV “Barrera Gabriel Morlan”, y esta Sala “Cooperativa Dos Transportadores de Carga Uruguayana”, ambos ya citados).
Por ello, SE RESUELVE: revocar el pronunciamiento apelado y confirmar la resolución (AD PASO) 1415/2010. Con costas en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3383/2024 TRANS SACIF (TF 29206-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia