Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que en RE-2025-39534744-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° RESOL-2025-46-E-AFIP-DVRRMP#SDGOPII -de fecha 25 de marzo de 2025- dictada por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la Dirección General Impositiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mediante la cual se determinó de oficio sus obligaciones frente al Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2018 a 2021 por la suma total de $552.383.360,27, con más intereses resarcitorios por $1.633.571.940,76, y se le aplica una multa por $552.383.360,27 equivalente a 100 % del monto a ingresar por el impuesto determinado por los períodos fiscales citados.
Informa la actora, en primer término, que se encuentran planteadas sendas acciones declarativas, entre las mismas partes, en los autos “TRANSBA S.A. c/ AFIP s/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (EXPTE N° FMP 030335/2019) - correspondiente al periodo fiscal 2018-;
“TRANSBA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – DGI s/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (EXPTE N° FMP 8186/2021) -correspondiente al periodo fiscal 2019-; “TRANSBA S.A. C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – DGI S/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (EXPTE N° FMP 005565/2022) - correspondiente al periodo fiscal 2020-; y “TRANSBA S.A c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGI s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (EXPTE N° FMP 002101/2023) - correspondiente al periodo fiscal 2021-, los cuales se encuentran tramitando ante el Juzgado Federal de Necochea – Secretaría Civil, Comercial, Laboral y Contenciosa Administrativa.
Señala la existencia de identidad de las cuestiones de derecho y de hecho controvertidas en sede judicial y las presentes actuaciones, razón por la cual solicita se suspenda el trámite de estas últimas a fin de evitar el escándalo jurídico que se produciría ante la eventual existencia de sentencias disímiles.
En cuanto a los ajustes proyectados por el Fisco Nacional en la resolución atacada, explica que respecto del período fiscal 2018 ARCA impugnó el resultado total del ajuste del Título VI de la Ley de Ganancias (LIG), por no haberse alcanzado la pauta de inflación requerida por su artículo 95; en el 2019, 2020 y 2021 ARCA admitió sólo 1/6 del ajuste con sustento en el artículo 194 según texto vigente a partir del 24/12/2019, impugnando además la actualización de los costos por enajenación de los bienes y cuotas partes de fondos comunes de inversión adquiridas con anterioridad al 1/1/2018. En los citados períodos ARCA también impugnó la actualización de las amortizaciones de bienes de uso existentes al 31/12/2017, por entender el Organismo fiscal que en función del primer párrafo del artículo 89 de la LIG resulta de aplicación el artículo 39 de la Ley 24.073. Al respecto, señala la existencia de errores en la liquidación del ARCA en la resolución de vista y apertura del sumario, en el caso del período fiscal 2019, observando un error en el impuesto determinado por el Fisco nacional, que no es consistente con el sustento de su reclamo basado en la impugnación de los ajustes por inflación impositivos incorporados por la contribuyente en la declaración jurada de ese período. Explica que el ajuste se sustenta en la imposibilidad de aplicar actualizaciones respecto de los bienes existentes al 31/12/2017 y que en consecuencia hay dos ajustes que el Organismo recaudador no había incluído en su liquidación: 1) la impugnación de la actualización de los costos por enajenación de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) adquiridos antes del 1/1/2018 y enajenados en el 2019; 2) el recálculo del Título VI por efecto de la impugnación de la actualización de los FCI y por la impugnación de la actualización de los costos por enajenación de los bienes de uso existentes al 31/12/2017 y enajenados en el período 2019.
Indica que luego el Fisco procedió a notificarle el inicio de una nueva fiscalización por dicho período con la finalidad de otorgarle una vista complementaria, informando la impugnación de la actualización de los costos de los FCI enajenados durante el año 2019 y la adecuación del cálculo del Ajuste por Inflación computado en el ejercicio. Explica que al contestar la vista en dicho procedimiento formuló el debido descargo y en función de ello el Fisco reliquidó el impuesto manteniendo la impugnación de los ajustes proyectados en la vista original e impugnando la deducción de la actualización de la amortización de los bienes existentes al 31/12/2017 y recalculó el resultado del Título VI en virtud de la impugnación de la actualización de FCI y la impugnación de los costos por enajenación de los bienes de uso existentes al 31/12/2017 y enajenados en el 2019.
También señala errores en la liquidación del período fiscal 2020 que no es consistente con el principio de estabilidad de la declaración jurada, debido al reconocimiento de 1/6 del ajuste por inflación impositivo del período 2019, el que en última instancia -dice- se encuentra amparado por el derecho constitucional al debido proceso. Se agravia de que el Fisco nacional reconoce 1/6 de la pérdida del Título VI de un período distinto e impugne el cómputo del ajuste por inflación practicado en forma integral correspondiente al período 2020 a la luz de las garantías constitucionales, en especial la garantía de inviolabilidad del derecho de propiedad. Efectúa un análisis de las normas en las que el Fisco nacional sustenta su postura y de los efectos de su aplicación, señalando que el impuesto que determina el Ente fiscal para cada período, según la normativa utilizada, absorbe una porción sustancial de la renta de la contribuyente, incurriendo en un caso de confiscatoriedad evidente, por lo que procede que se declaren inaplicables tales normas al caso aquí traído en discusión.
En efecto, sostiene que ARCA termina alterando la jerarquía normativa en tanto prioriza la aplicación de normas infra-constitucionales en detrimento a una norma de rango superior (la Constitución Nacional). Sostiene que la armónica aplicación del sistema normativo indica que, tal como lo hizo la CSJN in re “Candy”, que las normas en cuestión están vigentes y aplicables sólo si no vulneran la Constitución Nacional. Agrega que las normas en cuestión carecen de validez constitucional cuando producen efectos confiscatorios e incompatibles con la capacidad contributiva y la razonabilidad, por lo que en esos casos, son inaplicables. Al respecto, analiza precedentes que cita de la CSJN respecto del concepto de propiedad y confiscatoriedad.
Además, afirma la procedencia de incluir las actualizaciones de las amortizaciones y de los costos para evaluar la configuración de un supuesto de confiscatoriedad en los términos de la doctina “Candy”, lo cual -dice- ha sido confirmada por la Excma. Corte en su remisión al dictamen de la Procuración en la causa “Telefónica S.A.” (Fallos 345:1184).
Sostiene que sin dudas el límite a partir del cual un impuesto es confiscatorio es a partir del punto en el que excede la alícuota vigente, en el caso del 30% para los períodos fiscales 2018, 2019 y 2020 y del 35% para el 2021. Sostiene que en su caso las alícuotas efectivas del impuesto determinado para cada uno de esos períodos alcanzan a: 37% para el 2018, 38,74% para el 2019, 37,22% en el 2020 y 48,86% para el 2021, superando holgadamente la tasa indicada por la ley para cada año fiscal, lo cual -afirma- resulta claramente confiscatorio. Afirma que para evaluar la confiscatoriedad del tributo liquidado es válido computar el total del efecto del Título VI del período, esto es, sin diferir parte alguna a los períodos inmediatos siguientes, tal como lo hizo la CSJN en la causa ·Candy”. Entiende además que el diferimiento de los sextos remanentes vulnera el derecho constitucional de propiedad, cercena el reconocimiento de una pérdida real devengada. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso.
Plantea la existencia de una violación del principio de capacidad contributiva receptado implícitamente en los artículos 4, 17 y 33 de la Constitución Nacional. En el caso, sostiene que ese principio se ve alterado por los efectos de la inflación, en canto a que, objetivamente, la capacidad económica exige que no se someta a tributación rendimientos ficticios. Advierte que la Corte ha precisado que las ganancias determinadas según las normas vigentes (art. 39 de la ley 24073), no son adecuadamente representativas de la capacidad contributiva que subyace en el impuesto a las ganancias, es decir, las rentas.
Indica que las adquisiciones o inversiones existentes al 31/12/2017 representan el 96,5%, 93%, 81,6% y 80,28% del total de los bienes susceptibles de amortización para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021, respectivamente. De allí, dice, se deriva que la prohibición de origen legal de actualizar la amortización de tales bienes tiene un efecto predominante en el caso de la recurrente. Afirma que sólo se observa el principio de capacidad contributiva, según las claras directivas de la Corte en la materia, si la cuota de amortización de tales períodos se encuentra debidamente actualizada, pues sólo así se logra cubrir la efectiva disminución gradual del valor de uso de los bienes afectados a la actividad económica de la actora.
De la misma forma, señala que cuando se enajenan cuotas partes de fondos comunes de inversión, el resultado generado por la transacción se determina por diferencia entre el precio de venta y el costo computable. Si tal valor de costo se encontrara expresado en moneda de poder adquisitivo del momento de adquisición, tal como indican las normas que impugna, ese costo no reflejará el verdadero sacrificio económico del contribuyente a la fecha de enajenación.
Plantea la violación de la garantía constitucional de la razonabilidad (art. 28 CN), señalando que la Corte enseña que las leyes resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta iniquidad.
Sostiene la improcedencia de los intereses resarcitorios reclamados en la resolución apelada. Por un lado sostiene su improcedencia en cuanto entiende que no adeuda suma alguna en concepto de impuesto y, por otro lado, subsidiariamente, plantea que no puede haber mora culpable en el contesto de la proyección de ajustes que se encuentran en franca oposición con pacífica jurisprudencia de la CSJN.
Manifiesta que es improcedente el sumario instruido, en tanto no se encuentran reunidos ni el elemento objetivo ni el elemento subjetivo que tornan procedente la imposición de la multa que nos ocupa. Expresa que las declaraciones juradas presentadas se ajustan a la jurisprudencia de la Corte sobre los supuestos de inaplicabilidad de normas, de comprobarse un supuesto de confiscatoriedad. Asimismo, plantea la inexistencia de negligencia, impericia o imprudencia en su accionar en función de los argumentos sobre los que se ha explayado a lo largo del recurso para sustentar la postura asumida por su parte.
Ofrece prueba y formula reserva del caso federal, solicta se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2025-66195763-APN-DTD#JGM, contesta el traslado la representación fiscal y niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora.
Con relación a la suspensión del proceso solicitada por la recurrente, señala que la misma deviene improcedente, dado que se trata de procesos que tienen un objeto distinto, señalando que es evidente la diferente naturaleza de las acciones planteadas en la justicia con relación al recurso incoado ante este Tribunal, no dándose a su entender el supuesto de que una misma pretensión sea juzgada dos veces y con más razón en función de la restricción jurisdiccional que prevé el art. 185 de la Ley 11683. Cita jurisprudencia que entiende aplicable. Manifiesta que el ajuste efectuado proviene de conductas contrarias de la recurrente a normas específicas que regulan la liquidación del Impuesto a las Ganancias, en cuanto pretende la aplicación a su respecto del ajuste por inflación en forma integral en cada período y efectuando la actualización de las amortizaciones para bienes de uso adquiridos con anterioridad al 1/1/2018 como así también el cómputo como resultado negativo de la actualización del costo de venta de fondos comunes de inversión existentes al 31/12/2017, haciendo caso omiso de la normativa vigente. Situaciones como ésta, dice, nos colocan en una peligrosa situación institucional, donde los contribuyentes unilateralmente deciden contradecir los mandatos legales, intentando ampararse en el abrigo judicial, forzando la interpretación de la ley a partir de precedentes jurisprudenciales que considera inaplicables. Así señala con relación al fallo “Candy”, que el mismo versa sobre un período fiscal en el cual la legislación entonces vigente es distinta de las normas aplicables para la liquidación del tributo en los períodos ajustados. El planteo de confiscatoriedad que efectúa la actora, sostiene que debe ser rechazado por tratarse de argumentaciones meramente dogmáticas y genéricas. Agrega, además, que tanto el derecho de propiedad como los demás derechos reconocidos por la Constitución Nacional revisten el carácter de relativos, puesto que están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio.
Agrega que la capacidad contributiva es un instituto que refiere a una cuestión esencialmente basada en hechos y pruebas, que la actora no ha acreditado. Alega que la medición de la capacidad contributiva es una materia reservada al Congreso Nacional que, en base a diversos criterios que son de su competencia, adopta una determinada medida en función de los fines buscados.
Sostiene que el accionar de la responsable se aparta de la regla general de liquidación de los resultados impositivos previstos en la normativa aplicable para todo universo de contribuyentes y utilizó un mecanismo de ajuste por inflación que, de público conocimiento, y reconocido ello por la actora, no es el contemplado en la norma aplicable al caso. Destaca que, a su criterio, el planteo de la recurrente se basa exclusivamente en ignorar determinados dispositivos legales del tributo en discusión, ajenas por completo a cualquier referencia doctrinaria o jurisprudencial aplicable al caso específico, pretendiendo un tratamiento a partir del desconocimiento de la ley. Respecto de la multa planteada manifiesta que, la circunstancia fáctica que justifica en el caso la aplicación de la multa es la presentación inexacta de las declaraciones juradas originales y por ende el ingreso en menos del Impuesto a las Ganancias. Agrega que probada la comisión del hecho, la culpabilidad ha quedado acreditada en el caso, al menos en el grado de negligencia, sin que la sola invocación de su inexistencia pueda ser admisible para excluirla de responsabilidad, toda vez que fue negligente al declarar el impuesto atento que tuvo conocimiento de la improcedencia de su accionar, dado que no podía desconocer la normativa aplicable.
En cuanto a los intereses señala que en el presente caso se aplicó los intereses resarcitorios que establece el art. 37 de la ley Nº 11.683, cuya aplicación corresponde en forma objetiva y de pleno derecho según lo prescribe la norma citada, no resultando aplicable instituciones del derecho privado al derecho tributario, en el que no se resuelve sobre contratos o transacciones de particulares, sino que se aplican normas de derecho público. Ello así, solicita la confirmación de los intereses resarcitorios determinados.
Formula oposición a la prueba y hace reserva del caso federal. Concluye solicitando que se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que por IF-2025-71356831-APN-VOCV#TFN el Tribunal resolvió rechazar la suspensión del trámite de la causa solicitada por la actora.
En consecuencia, mediante PV-2025-96534190-APN-VOCV#TFN se abrió la causa a prueba por el término de ley, haciendo lugar a la producción de la prueba pericial contable, la que luce agregada en IF-2026-24501236-
APN-DTD#JGM.
Por PV-2026-30371503-APN-VOCV#TFN ase clausuró el período de instrucción y se elevaron los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2026-34937699-APN-VOCV#TFN los puso para alegar, obrando los alegatos de las partes en IF-2026-38744404-APN-DTD#JGM e IF-2026-40114234-APN-DTD#JGM. Finalmente, mediante IF-2026-45539454-APN-VOCV#TFN se llamaron los autos para sentencia.
IV. Conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas por el Fisco Nacional y de la propia resolución apelada, la actuación fiscal se origina con la puesta en su conocimiento de la presentaciones efectuadas por la contribuyente de demandas de inconstitucionalidad con respecto al Impuesto a las Ganancias, por la limitación de la aplicación del ajuste por inflación, por los períodos fiscales 2018 a 2021.
El personal fiscalizador constató que para el período fiscal 2018 la apelante incluyó en su declaración jurada el ajuste por inflación impositivo, considerando el organismo fiscal que no corresponde la aplicación del artículo 95 de la ley del gravamen, en atención a las modificaciones introducidas por la Ley 27.468, en cuanto dispuso que el ajuste por inflación será aplicable para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2018 y para el primer segundo y tercer ejercicio, en caso de la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Nivel General) calculada del inicio al cierre de cada uno de los ejercicio supere un 55%, 30% y 15% para cada uno de los años respectivamente. Señala el Fisco que para este periodo fiscal, el IPC fue del 47,65%, razón por la cual procedió a su impugnación.
Asimismo, observó la inspección que en los ajustes impositivos practicados en las declaraciones juradas de los períodos 2018 a 2021 detrajo el gasto contable histórico de las amortizaciones y se adicionó el importe correspondiente al gasto impositivo de las mismas, donde una parte corresponde a la actualización de dicha partida. Ello así, el Fisco procedió a impugnar el importe total del valor impositivo de las amortizaciones de bienes adquiridos con anterioridad al 1/1/2018 y únicamente computó el monto de la amortización histórica, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 88 de la LIG, en cuanto establece que las actualizaciones de las amortizaciones sólo se encuentran permitidas para las adquisiciones de bienes de uso realizadas a partir del 1/1/2018. También observó el personal fiscalizador que la contribuyente computó como resultado negativo la actualización del costo de venta de los FCI, procediendo a impugnar la actualización del costo de aquellos existentes al 31/12/2017. Asimismo para los ejercicios fiscal 2019 y siguientes, el Organismo fiscal recalculó el ajuste por inflación, reconociendo únicamente 1/6 de conformidad con la normativa vigente.
V. Que a los efectos de resolver la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar una breve reseña histórica sobre la evolución legal del mecanismo denominado “ajuste por inflación” en nuestra legislación nacional.
Que el mecanismo antes mencionado está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Que, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”. Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
Al respecto, debe señalar que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. Ley 24.587 – B.O. 22/11/95)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”.
Que, en ese orden, en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Candy S.A.” del 3/7/2009, que convalida la constitucionalidad de las normas que la apelante intenta cuestionar, se reiteró la doctrina de que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”. “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los “principios de la ciencia económica” (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
Que, finalmente, remite a la doctrina que emana del precedente “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), que en su parte pertinente se expusiera: “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
Que por su parte, con relación al período fiscal 2018 discutido en autos, cabe señalar que la Ley 27.430 incorporó como últimos párrafos del artículo 95 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997), los siguientes: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%). Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior.”
A su vez la Ley 27.468 sustituyó el último párrafo del mentado artículo 95 de la ley del gravamen, por el siguiente: “Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”.
Con sustento en estas normas, el Fisco Nacional sostiene que no es posible la aplicación del ajuste por inflación por la actora para el período fiscal 2018.
Por su parte para los restantes períodos ajustados en la resolución aquí recurrida corresponde a los efectos de su análisis tener en cuenta el texto ordenado por el Decreto Nº 824/2019 que aprobó un nuevo texto de la Ley de Ganancias, con las modificaciones introducidas por las leyes 27.430 y 27.468 (ya referidas) como así también las de la Ley 27.541.
En lo que al ajuste por inflación se refiere, el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancia neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte, el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los TREINTA Y SEIS (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al CIEN POR CIENTO (100 %)”. “Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %), un TREINTA POR CIENTO (30 %) y en un QUINCE POR CIENTO (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.”
Por otra el artículo 194 establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
V. Sentado ello, siguiendo la tónica marcada por nuestro Máximo Tribunal, cabe pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado y al reconocimiento de la actualización de las amortizaciones.
Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema que, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo", sentencia del 3/7/2009, viene resolviendo en toda cuestión análoga en el sentido de si se adecuan o no los hechos de la causa con los parámetros establecidos en dicha oportunidad (véase “Pettiti Automotores S.A.”, del 04/05/2010; “Carlisa S.A.”, del 07/09/2010 y “Pontoni, Roberto Luis y otros S.H.”, del 17/05/2011).
Que, así, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial - Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
“Que en orden a ello, cabe destacar que en el caso, el Tribunal tiene especialmente en consideración que se trata de un ejercicio -el correspondiente al año 2002- signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país, que fue reconocido por el Tribunal en oportunidad de pronunciarse en Fallos: 328:690, 329:5913 y 330:855...”. “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a los réditos, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en dicho caso el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste discutido, al representar para Candy S.A. más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio.
Que, siendo ello así, ha de señalarse que habiendo advertido el citado Tribunal la desmesurada incidencia real del gravamen por la no aplicación del ajuste por inflación, el mismo concluyó que la ganancia neta determinada sin ajuste por inflación, no es adecuadamente representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar (utilidades reales en lugar de ganancias ficticias). No obstante, ello deberá evaluarse en cada caso, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
Que sentado ello, y en cuanto a que las condiciones de los períodos fiscales objeto de autos difieren de las acontecidas y valoradas por la C.S.J.N. al tiempo de expedirse en el Fallo “Candy” (circunstancias críticas del país durante el año 2002), cabe reconocer que en efecto a diferencia de lo que ocurría entonces, la legislación actual aplicable al caso de autos reconoce la necesidad de que se practique el citado ajuste, sujeto a determinadas condiciones y con ciertas limitaciones. Ello así, además, cabe destacar que la confiscatoriedad no se encuentra condicionada a un año fiscal determinado sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto en el año fiscal de que se trate.
En otro orden, al respecto, cabe agregar que, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI” de fecha 25/10/2022, con remisión al dictamen de la Procuración Fiscal donde señala que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa “Candy” que permita inferir que V.E. haya consagrado al título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”.
En el caso concreto de autos, es dable hacer extensiva la solución propuesta a la cuestión aquí analizada en atención a las conclusiones que este Tribunal extrae del informe pericial contable producido ante esta instancia. En efecto, de la pericial contable agregada en autos (IF-2026-24501236-APN-DTD#JGM), surge:
- Que el impuesto correspondiente al período fiscal 2018 determinado sin ajuste por inflación insume el 37% del resultado impositivo ajustado por inflación integral.
- Que el impuesto para el ejercicio 2019 determinado con el efecto de las normas vigentes de la ley del tributo insume un 38,74% del resultado impositivo con el ajuste por inflación integral.
- Respecto del período fiscal 2020, el mismo cálculo da como resultado un 37,22%, en tanto que teniendo en cuenta el impuesto determinado para dicho período por ARCA (teniendo en cuenta el diferimiento del sexto del período anterior) en la determinación impugnada, insume el 36,22% - Para el ejercicio 2021, igual cálculo del impuesto determinado por el Fisco insume un 43,93% del resultado impositivo ajustado En efecto, las conclusiones del informe pericial presentado por los peritos contadores mediante IF-2025- 73541488-APN-DTD#JGM llevan a este Tribunal a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del precedente “Candy” de la Corte, toda vez que la tasa efectiva del tributo determinado supera la alicuota máxima prevista en la ley del gravamen para los períodos en cuestión -30% para los años 2018 a 2020 y del 35% para el año 2021-.
Es dable agregar lo señalado por la Alzada en la causa “ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC (TF 123459521-I) de fecha 11/07/2024 en la que confirma la sentencia de esta Sala, señalando: “En respuesta al primer agravio reseñado y teniendo en cuenta que las conclusiones del informe pericial contable producido en la instancia anterior no han sido objeto de cuestionamiento, cabe estar a lo resuelto por esta Sala in re “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Direccion General Impositiva”, sent. del 10/06/21. En esa oportunidad el Tribunal sostuvo que, aun cuando las diferencias no resultaban idénticas a las examinadas por la Corte en “Candy” (46,72% vs. 62%), la adopción de la tesitura fiscal no podía admitirse, pues implicaría —lisa y llanamente— la asunción por la contribuyente de una obligación tributaria que resulta confiscatoria respecto de la renta obtenida en el periodo 2015 al exceder de modo considerable la alícuota prevista en la ley de Impuesto a las Ganancias (doctrina replicada en el pronunciamiento dictado por este Tribunal in re “RPB Sociedad Anónima c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/03/22 en el que la alícuota efectiva ascendía a 47,70%).
En esa misma línea, esta Cámara ha precisado que la ausencia de coincidencia con los porcentajes verificados en “Candy” no obsta a la aplicación de su doctrina en supuestos con cifras menores, con fundamento —invocada por el propio precedente de la Corte— en la magnitud de la desproporción entre las sumas exigibles. Así, se ha sostenido que, “en la medida en que la alícuota prevista en la ley del gravamen es del 35%, un porcentaje superior —en principio— redunda en un supuesto de confiscatoriedad en los términos que ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo aplicación de los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional” (Sala III, “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 24/04/18; Sala II, “Central Piedra Buena S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent.
Del 16/07/15). Asimismo, este ha sido el temperamento adoptado recientemente por el Alto Tribunal al resolver la causa caratulada “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa “Paolini Hnos. S.A. c/ EN – AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 21/05/24, en la que aplicó el precedente “Candy” cuando la alícuota efectiva del impuesto representaba el 43,57% de la base imponible”.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la limitación de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en las causas "Candy" y “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, dado que el impuesto determinado por la AFIP excede el límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad. En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia. Costas por su orden en atención a las particularidades y complejidad del caso en examen.
Por ello, SE
Revocar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notífiquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.05.13 14:49:09 ART Date: 2026.05.13 17:35:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.13 19:22:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.13 19:23:02 -03:00
Fin de la sentencia