Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 37.281-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad invocada por la actora, con costas.
2Confirmar en todas sus partes las resoluciones determinativas del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 5.000.- (pesos cinco mil) por la representación procesal y de $ 8.000.- (pesos ocho mil) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primeras etapas cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Gustavo Alberto Yañez por su desempeño en autos en la suma total de $ 3.000.- (pesos tres mil), quedando los mismos a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor pericial realizada.
Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 2.997.- (pesos dos mil novecientos noventa y siete), equivalente a 0,40 (40/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 7.493.- (pesos siete mil cuatrocientos noventa y tres), equivalente a 1,01 (un con 1/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-38399699-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Abril de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 37.281-I caratulado “TRANSCICLON S.A. s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado – Impuesto a las Ganancias y Ganancias Salidas no Documentadas”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 94/111 Transciclón S.A. interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 115/12 (DV RR1P), N° 116/12 (DV RR1P) y N° 117/12 (DV RR1P), todas de fecha 19 de diciembre de 2012 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión Recursos 1 de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinó: 1) la obligación impositiva con carácter parcial en el Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas no Documentadas por las erogaciones efectuadas en los meses de 05/2006 y 07/2006, con más sus intereses, 2) en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2006, con más intereses resarcitorios y 3) en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 04/2006 a 05/2006 con más intereses resarcitorios. Que se aplicó una multa por cada impuesto y en los periodos citados en cada resolución, equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido en los períodos fiscales citados con sustento en los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Opone como de previo y especial pronunciamiento la excepción de nulidad de las resoluciones apeladas alegando la falta de tratamiento de las defensas interpuestas en la instancia administrativa. Que dicha nulidad se fundamenta en el arbitrario rechazo del Fisco Nacional al ofrecimiento probatorio realizado en oportunidad de descargo, lo cual provocó un grave daño al derecho de defensa.
Explica que se dedica a la prestación de servicios de operación logística integrada, desarrollando sus actividades desde el año 1993, sin contar con antecedentes sumariales por infracciones impositivas. Que como parte de sus actividades contrata habitualmente con proveedores cuando excede su capacidad operativa. Que en el caso del proveedor cuestionado “GAMMER S.A.”, prestó sus servicios para cubrir una necesidad puntual de la empresa, como surge de las facturas que prestó. Que dicha contratación fue años antes de la incorporación del proveedor a la base de contribuyentes apócrifos de la AFIP.
Resalta que brindó toda la colaboración posible para que los funcionarios fiscales pudieran llevar a cabo su tarea. Que, finalizada la verificación, los inspectores concluyeron que correspondía impugnar los gastos con el proveedor, ya que la documentación de respaldo de las operaciones no servía. Que dichos comprobantes emitidos por GAMMER S.A. no reunían las formalidades exigidas por las regulaciones fiscales vigentes para su cómputo como crédito fiscal y que dicho proveedor estaba incluido en la Base Apoc de la Afip con posterioridad a la fecha de emisión.
Se agravia respecto de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias con relación al cuestionamiento del soporte documental del gasto, siendo evidente para esta parte, que los gastos impugnados tienen su debido respaldo documental respecto del proveedor en cuestión. Que se emitieron los cheques correspondientes, y se “asentó en su contabilidad el referido gasto de modo tal que pudo ser perfectamente verificado por los funcionarios fiscales.” (sic)
Advierte que los recibos emitidos por el proveedor cumplen con los requisitos exigidos por la Resol. 1415/2003. Que todos los pagos fueron realizados por cheque, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1 de la ley 25.345 y las Resol. 151 y 1547 de AFIP, y que por otro lado los cheques fueron emitidos a favor del proveedor cuestionado quien efectivamente percibió los importes de los gastos que sustentan el ajuste fiscal.
Resalta que las eventuales irregularidades formales del proveedor, su presunta falta de ingreso del tributo y la imposibilidad de encontrar su domicilio fiscal, es consecuencia del actuar negligente de la propia AFIP. Entiende que la causalidad del gasto queda demostrada no solo con la contabilidad de la empresa sino además con la documentación respaldatoria, en especial las facturas emitidas, las órdenes de pago y los remitos entregados que contribuyen a demostrar la existencia real de las operaciones.
Asimismo, se agravia respecto de la aplicación de la figura del art. 37 de la LIG, alegando que existe documentación que permite individualizar al beneficiario de los pagos realizados por Transciclon S.A, siendo GAMMER S.A. quien cobró efectivamente los cheques emitidos.
Aclara que la obtención del CAI es determinante para la solución de esta controversia, ya que el Fisco Nacional de no haber acreditado algunos de los extremos hubiera denegado el pedido de autorización de impresión, en tanto la única obligación que tenía Transciclon S.A. era verificar la vigencia del Código de Autorización de Impresión y la constancia de inscripción del proveedor.
Hace saber que las multas aplicadas en los actos apelados resultan arbitrarias e infundadas, en tanto no se configuró la conducta típica prevista y penada por los arts. 46 y 47 de la ley de rito.
Por último, ofrece prueba documental, pericial contable e informativa y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada pide que se dejen sin efecto las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 120/139 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Hace saber respecto de la nulidad planteada por la actora, que los actos apelados por ésta, resultan de un proceso ajustado a las normas vigentes y que de ninguna forma se cercenaron, violentaron o afectaron derechos o garantías. Siendo además que la prueba ofrecida en instancia administrativa ha sido valorada, además de recolectada por la fiscalización actuante y la ofrecida producida en dicha instancia. De lo cual surge que el acto administrativo cumple con todos los requisitos esenciales gozando de la presunción de legitimidad. Con respecto a los agravios referidos a las cuestiones de fondo, cabe efectuar las siguientes consideraciones. Sostiene que la discusión de autos se reduce a una cuestión de hecho y prueba, para lo cual hay que estar a los elementos obrantes en autos, como son los recolectados por la auditoría fiscal y los antecedentes administrativos. Explica que ,en los citados antecedentes, se observa que se fiscalizaron las operaciones realizadas con el proveedor GAMMER S.A., y que más allá de que las facturas cuestionadas cumplieran con las formalidades exigidas por la norma, la actora no logró probar que los servicios fueran prestados por el supuesto proveedor y que el hecho de que existan facturas que cumplen con la normativa, esto no libera al contribuyente de demostrar que la operatoria comercial que se pretende documentar fue efectivamente realizada.
Entiende que, ante la inexistencia de operaciones, no existe tampoco hecho imponible sobre el cual calcular el crédito fiscal, ni gastos necesarios para la obtención y mantenimiento de la ganancia gravada.
Advierte que la actora no incorpora elementos nuevos de juicio que permitan desvirtuar las imputaciones efectuadas en las resoluciones.
Indica que teniendo en cuenta las sanciones aplicadas, se tienen por configuradas las conductas encuadradas en los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y mod.). Ratifica que la actora perjudicó al Fisco mediante la ocultación maliciosa consignando datos inexactos o que no reflejan su situación impositiva real, mediante la declaración de operaciones falsas. Que se encuentran configurados los elementos tipificantes de las sanciones aplicadas, como así también el dolo con el que actúo la apelante, dado que de no haber sido fiscalizada dicho ardid nunca hubiera sido puesto de manifiesto.
Con respecto a los intereses resarcitorios, los entiende consentidos ya que la actora no planteó oposición. Por último, se opone a la prueba ofrecida, ofrece antecedentes administrativos, y por lo argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona se dicte sentencia rechazando el recurso impetrado, con costas a la actora. Hace reserva del caso federal.
III. Que, primeramente mediante providencia de fecha 05/07/2013 de fs. 141 pto. 2°, se decidió tratar la excepción de nulidad planteada por la recurrente junto con el fondo de la causa.
Que a fs. 152 se abre a prueba el expediente haciéndose lugar a la prueba pericial contable e informativa ofrecida en autos. A fs. 164/169 obra el informe pericial contable presentado por los peritos, y a fs. 179 se agregó el oficio diligenciado al Banco Industrial de Azul S.A., el cual no fue contestado. A fs. 187 se declaró cerrado el periodo de instrucción.
Que mediante PV-2021-120188766-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la sala “D” y mediante IF-2021-122330557-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar. Que en el RE-2022-06653135- APN-SGAI#TFN obra el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho la recurrente. Finalmente, mediante IF-2022-32186400-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que corresponde en primer término referirse al planteo de nulidad formulado por la recurrente que reside en que no pudo ejercer su derecho de defensa, ya que el juez administrativo rechazó la producción de la prueba solicitada.
Que cabe efectuar una advertencia con relación a la procedencia de la figura de la nulidad. Debe existir un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que habríase visto privado de oponer el impugnante, debiendo además estar fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar. (Fallo TFN Sala B 15-08-2007- Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda).
Que si bien la recurrente sostiene que durante la instancia administrativa se lesionó su derecho de defensa al omitir las resoluciones dictadas los planteos introducidos en su descargo y hacer un análisis arbitrario de los hechos y prueba, de los actos recurridos se advierte que han sido dictados en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que fundan los mismos, y merituando las probanzas ofrecidas y producidas, sin que se encuentre afectada la validez del procedimiento ni lesionado su derecho de defensa.
Que, por lo tanto, los argumentos sobre los que sustenta este agravio constituyen una discrepancia con el criterio fiscal seguido para el dictado de las resoluciones apeladas en autos, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo debatida.
Por lo expuesto, cabe concluir que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo, con costas atento haberse diferido su tratamiento para esta oportunidad procesal a fs. 141 pto. 2°.
V. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que como punto de partida de las presentes actuaciones, vale aclarar que estamos frente a una empresa cuya actividad principal declarada consiste en la prestación de servicios de transporte automotor de cargas, cerrando sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre de cada año.
Según surge de la Orden de Intervención N° 573.061, se constató que la fiscalizada en las declaraciones juradas de los periodos fiscales 04/2006 y 05/2006 del Impuesto al Valor Agregado computó créditos fiscales improcedentes, con sustento en comprobantes que carecen de validez probatoria, al no haber demostrado la efectiva existencia de las operaciones económicas con la documentación que acompaña a la causa, no habiendo ingresado el impuesto debido en su justa medida. A su vez, por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2006, en la declaración jurada dedujo gastos, con sustento nuevamente en comprobantes carentes de validez, no ingresando aquí tampoco el gravamen en su justa medida. Por último, efectuó erogaciones en mayo y julio de 2006, sin sustento probatorio real, no demostrando efectivamente la existencia de las operaciones económicas que tales documentos exhiben, resultando así sujetos a la tasa definitiva del art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, no habiendo ingresado el gravamen correspondiente.
Que el cargo formulado por la AFIP se sustentó en los siguientes hechos que se describen a continuación. La inspección actuante requirió a la responsable que aportara un detalle con la documentación respaldatoria de las operaciones realizadas con la contribuyente GAMMER S.A., como también de los pagos efectuados en razón de dichas operaciones. En ese marco, la actora exhibió los libros, facturas que habría emitido GAMMER S.A. y los recibos que le correspondería, de los cuales surgen los cheques del Banco Industrial S.A. por los que habría cancelado servicios que le habría prestado la proveedora en cuestión.
La contribuyente informó que la prestación realizada por la proveedora, fue de provisión de mano de obra, la cual se refleja en las facturas emitidas por dicha empresa. Asimismo, indicó que de allí surge el cliente al cual le prestó el servicio - Samsonite Argentina S.A. -, de repartos dentro de la C.A.B.A., siendo el chofer encargado de la camioneta afectada (Mercedes Benz Sprinter, dominio DME944), Rodolfo Santiago Donatucci, quien se encuentra a la fecha bajo relación de dependencia con Transciclón.
Ahora bien, adentrándonos en el perfil del proveedor cuestionado “GAMMER S.A.”, y la información recabada por la Administración, se aportaron los siguientes datos: en lo que respecta al domicilio fiscal, sito en Rodríguez Peña N° 1260, 1° piso, depto. “A”, C.A.B.A., se constató que allí vivía la familia Schamann desde hace más de diez años, y antes que ellos sus padres, y que nada tienen que ver con la empresa en cuestión. Posteriormente, se constató que el domicilio legal declarado sito en Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 1015, 6° piso, depto. “B”, C.A.B.A, era inexistente. (A/A cpo OI 458.738 fs.41)
Al chequear el legajo de la proveedora en la IGJ, se verificó que en la escritura de constitución de dicha sociedad el 04/11/2005 se designó como titular y presidente a Gabriel A. Marinozzi, que se encuentra inscripto en el Impuesto a las Ganancias, no así en el I.V.A., por la actividad de venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial; y a Federico E. Pleimling, como director suplente, inscripto en el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e I.V.A., cuya actividad declarada es la venta al por menor de materiales y productos de limpieza. Que se circularizó a ambos directores requiriéndoles que informaran el domicilio donde se encontraría operando la empresa proveedora, los libros I.V.A. Ventas y Compras y balances de los ejercicios 2007 y 2008, como también los libros societarios: de Accionistas, de Inventarios y Balances, Diario, y de Actas de Asamblea y Directorio, no habiéndose recibido respuesta de ninguno de los dos directores.
Luego se procedió a librar requerimiento en el domicilio fiscal de la imprenta que confeccionó los talonarios de facturas: Mia Artes Gráficas S.R.L. con el fin de solicitarle que aportara las copias de las solicitudes de impresión de facturas como las de sus diseños matriz, sin haber logrado respuesta alguna.
En el mismo marco de inspección, se elaboró un informe respecto de la verificación realizada a la proveedora, (A/A cpo OI 458.738 fs. 41 a 49 del cpo. ), en el que se expusieron varias cuestiones, por un lado, que de la base de datos de la Administración se constató que no existen presentaciones de declaraciones juradas por el Impuesto a las Ganancias efectuadas por GAMMER S.A., ya que fue dada de baja por Decreto 1299/98, como así tampoco existen presentaciones por lo Recursos de la Seguridad Social, entendiendo que no posee empleados en relación de dependencia. Por último, respecto del Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 04/2006 a 03/2008 se informó que fueron presentadas con una relación débitos/créditos fiscales prácticamente igual a uno. Así también, de la consulta realizada a la IGJ, de la proveedora en cuestión, surgió que de su contrato social se indicaba como objeto social: “Mantenimiento de flotas de vehículos automotores, a través de su íntegra reparación, pintado de unidades, servicio de mantenimiento periódico, ya sea en talleres propios o de terceros”, no coincidiendo con ninguna de las nueve actividades que dio de alta ante a Administración, como tampoco se registró que posea automóviles, propiedades, ni cuentas bancarias.
Que por las citadas circunstancias se concluyó que GAMMER S.A. no posee la capacidad económica ni logística necesaria para prestar ni realizar los servicios detallados en las facturas de los diversos clientes circularizados, debido a que se trata de una contribuyente no localizada, teniendo un importante volumen de operaciones con diversidad de conceptos facturados disímiles entre sí, y que de acuerdo a su comportamiento financiero e impositivo, de acuerdo a la IG (Afip) N° 748, era procedente incorporarla a la base de contribuyentes emisores de facturas apócrifas, base “e-apoc”.
Además de lo expuesto precedentemente, la inspección realizó algunas diligencias más, atento a que la actora expresó mediante escrito de fs. 27/28 (cpo. Gcias. Salidas No Doc.) que la factura N° 4116 es la sumatoria de operaciones mensuales prestadas a la firma Samsonite, en la cual se factura por el servicio diario el importe de $310,00.- (rubro camioneta + dos peones) de marzo de 2006. Que todos los comprobantes que hacen a la factura n° 4116, remitos de entrega, se encuentran en poder de la firma Samsonite. Que la mercadería es asegurada por el Dador de la Carga, y agregó que la persona con la cual contrataba el servicio se llama Miguel Fernández y el lugar físico donde se encontraba la firma propietaria del transporte es Monte Chingolo. Así es como se constató en la base de datos, que la camioneta Mercedes Benz DME944, la que se habría utilizado para brindar los servicios es propiedad de la responsable, y el chofer se encuentra bajo relación de dependencia con la firma auditada (cpo Gcias. Salidas No Doc. Fs- 52 y 53/62).
Por lo citado anteriormente, se procedió a circularizar a la empresa Samsonite Argentina S.A., que respondió que no posee hojas de ruta que se correlacionen con esa factura (n° 4116), que el servicio prestado se refiere al reparto de mercadería y servicio de almacenaje, que el concepto facturado corresponde al servicio de una pick-up fija, que realizó el reparto de mercadería sus clientes y que no contaban con seguro de traslado de la mercadería (fs. 17 y 22 del Cpo. Circularizaciones N° 1). Acto seguido, se solicitó información al Banco Industrial S.A., el que aportó copia del frente y dorso del cheque N° 03058410 del 30/06/2006, por la suma de $12.214,20.- del que surge que fue endosado a la firma Heguy Hnos. y Cía. S.A.C. Y A., por medio de una firma sin aclaración y sellos de GAMMER S.A. (fs. 5 y 6 Cpo. Circularizaciones N° 1). Dicho banco informó que el cheque N° 02939178 por $4.405.- no se ha podido localizar porque fue truncado, quedando en poder del banco depositarlo. Con esta información, se efectuó una circularización a la empresa Heguy Hnos. y Cía. S.A.C. Y A., la cual manifestó (fs. 11 del Cpo. Circularizaciones N° 1) que no tiene ningún tipo de relación con las firmas Transciclón S.A. y Gammer S.A. Con respecto al origen de las operaciones por las que recibió el cheque N° B03058410 afirmó que le fue entregado por la firma Frigorífico La Colorada como parte de pago de una operación de hacienda realizada en el mercado de Liniers. Que, de la base de datos del Organismo, surge que la actividad económica principal, son las operaciones de intermediación de ganado de pie. Por último, se procedió a circularizar a dicho frigorífico, el cual informó que en el período 2006 no han tenido ningún tipo de contacto ni relación comercial con Transciclón S.A. ni con Gammer S.A., no aclarando si han tenido otro tipo de relación, y que sí la tuvieron con Heguy Hnos. y Cía. S.A.C. Y A., pero les resulta difícil poder informar de quien recibieron el cheque N° B03058410 porque no poseen registros que permitan identificarlo (fs. 1 Cpo. Circularizaciones N°2).
Que por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, y de los elementos que se exponen debido a las diligencias realizadas, es que no se vislumbró relación alguna con GAMMER S.A., además de comprobarse que dicha empresa fue utilizada como figura societaria para respaldar operaciones comerciales inexistentes con personas que no fueron identificadas por la responsable, como así tampoco aportó documentación relacionada a los servicios que afirma le habría brindado dicho proveedor.
VI. Que corresponde exponer los agravios planteados por la recurrente y los argumentos esgrimidos por el Fisco Nacional con relación a las determinaciones de oficio practicadas, junto con la prueba documental, la prueba informativa y pericial contable producida en autos.
Que frente al acto en crisis, afirma que al momento de cancelar los comprobantes cuestionados constató en la página web del organismo la validez de los mismos cuyos datos (CAI) coincidían con una autorización vigente en aquellos períodos fiscales, por lo que entiende que para la Administración eran válidos, afirmando así que se trata de un engaño de la propia Administración.
Por otro lado, sostiene que al contratar a la proveedora (GAMMER S.A.) cumplió con las obligaciones formales que exigen las normas tributarias vigentes, verificó que estuviera habilitada para emitir comprobantes fiscales, canceló las obligaciones utilizando los medios de pago autorizados por el fisco y registró la contabilidad de las operaciones. Que se cumplen los presupuestos básicos para que resulte procedente el cómputo del crédito fiscal, es decir, que sea imputable al período fiscal que se liquida, que surja de una factura o documento equivalente, que se cumpla el límite que resulte de aplicar al importe de la compra, que se compute en la medida que se vincule con operaciones gravadas y que se hubiere verificado respecto del vendedor, locador o prestador el respectivo hecho imponible, que se configure el aspecto material del crédito, que dicho impuesto se discrimine en la factura, que ésta respete los requisitos formales y que el comprador, locador o prestador revista calidad de responsable inscripto al momento de la factura.
Sin embargo, el Fisco entiende que no implica que tales instrumentos hayan sido prueba de la real existencia de las operaciones, ya que esta Administración realizó tareas de auditoría que revelaron que ella misma cumplió el servicio por el que se imputa ese crédito. Que la sola emisión de factura no prueba por si sola que el servicio se haya prestado, por lo que, al requerir mayores pruebas para demostrar la prestación, la contribuyente no las aportó, no quedando comprobada la autenticidad de los documentos traídos como prueba.
La actora afirma que de cada gasto recabó constancia de inscripción ante el Organismo, las constancias de retenciones, las facturas y los recibos y el detalle de registración de los gastos en el subsidiario de IV.A. Compras y en el libro Diario General. Que con ello emitió los cheques y asentó los gastos en su contabilidad. Esta afirmación es refutada por el Fisco que entiende que la actora no toma en cuenta lo esencial para poder computar crédito fiscal que es demostrar que el mismo esté vinculado con operaciones gravadas.
Asegura, la actora, que verificó los comprobantes y que es la Administración la que debió constatar la existencia de la proveedora. Que las eventuales irregularidades formales de la proveedora son consecuencia del accionar negligente de este Organismo. El Fisco en este sentido entiende que fue un obstáculo insalvable el hecho de no poder encontrar a la proveedora en su domicilio fiscal, pero más grave es aún que la recurrente no hay podido demostrar que estuviese imposibilitada de cumplir ella misma el servicio requerido por su cliente, quedando en evidencia que los servicios no fueron cumplidos por GAMMER S.A., sino por ella misma, con vehículo y personal propio.
Agrega en su defensa que la proveedora es una empresa de logística que proveía servicios y mano de obra ante necesidades extraordinarias y puntuales, entendiendo como obvia la vinculación con el giro de su negocio. El Fisco sobre esto agregó que, no quedó demostrado que la responsable y su supuesta proveedora tengan el mismo objeto social, siendo que esta última no está inscripta en este Organismo por dichos rubros.
Menciona que suministró la totalidad de los elementos necesarios para la fiscalización, por lo que entiende que se encuentra acreditado que la proveedora figura como contribuyente inscripta, que las facturas emitidas son válidas, que coinciden con la autorización otorgada por la Administración, y la ausencia de dolo. Al respecto, el Fisco aclara, que en ningún momento se cuestionó la existencia formal de la proveedora, siendo que la materia en discusión versa sobre la existencia material de las presuntas operaciones que la responsable informó haber concretado con ella.
De acuerdo a la prueba documental agregada en autos, se deja constancia que se libró oficio dirigido al Banco Industrial de Azul S.A., a fs. 179/180, el cual nunca fue contestado.
Que por lo tanto cabe referirse a la prueba pericial contable incorporada a fs. 164/169 de autos, de la que se pudo observar lo siguiente:
Ambos peritos coinciden en que la contabilidad de Transciclón S.A. es llevada en legal forma (punto 1 de la pericia), al menos en sus aspectos extrínsecos, agrega el perito del Fisco Nacional.
Ahora bien, respecto del punto 2 de la pericia , el perito de la actora infiere que la contribuyente tiene como actividad la de transporte de carga a corta, mediana y larga distancia, que de los balances surge el rubro “Fletes prestados por terceros”, entendiendo que resulta habitual para el empresa recurrir a terceros para prestar parte de sus servicios y por un monto relevante y en lo que respecta a GAMMER S.A., se remite a las facturas agregadas al expediente (las que obran a fs. 68/83) en donde se detallan viajes realizados. Concluye así que existe relación entre los gastos del proveedor y la actividad comercial de la empresa que genera rentas gravadas en el Impuesto a las Ganancias. Que en este mismo punto, el perito del Fisco Nacional observó que los recibos involucrados en autos se encuentran firmados por personas que no identifican su nombre ni relación con GAMMER S.A., además de otras irregularidades detectadas y enunciadas en las resoluciones. Por último, se remitió al art. 33 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) y se abstiene de emitir opinión sobre este punto.
Los peritos informan (respecto de los puntos 3 y 4) que de la documentación de respaldo de la contabilidad de la empresa, surge como medio de pago utilizado para cancelar las facturas de GAMMER S.A., dos cheques del Banco Industrial de Azul, y han verificado con los extractos bancarios (obrantes a fs. 92 y 93) la correspondiente salida de las cuentas bancarias. Adjuntan detalle de facturas que se imputaron a cada pago. Así mismo, afirman que dichas erogaciones por $4.405.- y $12.214,20.- se encuentran debidamente contabilizadas en los libros legales de la firma.
Vale recordar que no sólo es necesario el cumplimiento de los recaudos formales sino que además es necesaria la consumación del aspecto material referido a la existencia de la operación, debido a que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
VII. Que los argumentos de la recurrente se refieren a aspectos formales, al hacer referencia únicamente a las facturas, a los recibos aportados y a los comprobantes que verifican la validez de las facturas extendidas, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones comerciales contenidas en dicha facturación, al no acreditar que los servicios brindados hayan sido reales y efectuados por el proveedor cuestionado.
Que con los elementos colectados por la inspección ha quedado demostrado que el proveedor mencionado no tenía la capacidad operativa para desarrollar las operaciones supuestamente facturadas, al constatarse que los domicilios son inexistentes o bien no corresponden con la actividad desarrollada, que los directores circularizados no informaron el domicilio donde opera dicho proveedor, que la imprenta que confeccionó los talonarios de facturas no contestó el requerimiento por el cual se le solicitó aportar copia de solicitud de impresión de las facturas y el diseño matriz de las mismas, que carece de personal en relación de dependencia y que no se registró que posea automóviles, propiedades, ni cuentas bancarias.
Que sentado lo que antecede entiendo que para poder reconstruir el circuito comercial de las operaciones cuestionadas, resulta correcto el criterio aplicado por el Fisco Nacional al afirmar que los comprobantes aportados no demuestran acabadamente que las operaciones fueron celebradas con el proveedor indicado sino que son ficticios; llegando a la conclusión de que tales operatorias irregulares se instrumentaron con el propósito de disminuir el monto imponible en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias.
Que le corresponde al sujeto pasivo de la obligación tributaria, probar fehacientemente la “autenticidad” de las facturas de compras y/o gastos a fin de acreditar las operaciones comerciales con su proveedor. Que el nexo de vinculación entre los pagos realizados, las facturas exhibidas y la prestación del servicio no quedó demostrada, arribando a la conclusión de que el servicio que GAMMER S.A. prestó a SAMSONITE ARGENTINA S.A. fue realizado en realidad por la propia firma, con recursos propios sin contratar a ningún tercero, resultando de esta manera un circuito comercial imperfecto.
Que en el caso del Impuesto al Valor Agregado, cabe traer a colación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del Impuesto al Valor Agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI del 10 de marzo de 2015, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó".
En atención a lo manifestado, resultan insuficientes las pruebas aportadas en la instancia administrativa para demostrar la existencia y procedencia de las operaciones, sin que tampoco ante esta instancia se haya aportado nuevo material probatorio, lo que evidencia la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que al no obrar en autos constancias que permitan tener por acreditada la veracidad del vínculo con la proveedora GAMMER S.A. en orden a permitir la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias y el cómputo del crédito fiscal en el IVA, se deben confirmar los ajustes practicados en ambos tributos, con más los intereses correspondientes.
VIII. Que resta referirse al ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”.
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
IX. Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización del beneficiario.
Que se constató que la rubrada efectúo erogaciones en mayo y julio de 2006, sustentándose en comprobantes carentes de validez probatoria, al no haber demostrado la efectiva existencia de las operaciones económicas que tales documentos respaldan, quedando sujeto a la tasa definitiva del art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, no habiendo ingresado el gravamen correspondiente.
Que ,como ya se dijo anteriormente, ningún elemento arrimado por Transciclón, ni las diligencias que el Organismo recaudador realizó permitieron inferir que exista relación alguna con GAMMER S.A., siendo ésta utilizada como figura societaria. Así es como el contribuyente no demostró que las erogaciones efectuadas para cancelar gastos que supuestamente correspondían con operaciones con esa firma y que fueron deducidos de los resultados impositivos del periodo fiscal 2006, hayan tenido por finalidad obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, resultando procedente aplicar a dichas erogaciones la tasa enunciada en el párrafo anterior. Que al recibir los pagos terceras personas no identificadas por su nombre o cargo en la empresa beneficiaria, y sin responsable alguno que reconozca las firmas de los instrumentos, es que no se pudo establecer el nexo de vinculación entre los pagos realizados, las facturas exhibidas y la prestación del servicio al cliente de la rubrada. Que para aplicar el instituto de las salidas no documentadas, el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron percibidas por el proveedor, ya que éste no fue quien llevó a cabo las operaciones facturadas, y no resultó ser el sujeto que facturó las operaciones aquí cuestionadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste, como así también los intereses resarcitorios devengados en consecuencia.
Que respeto de la multa aplicada en el instituto de las salidas no documentadas, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), cabe tener en cuenta lo manifestado por el Fisco Nacional respecto de que la actora no logró probar que los servicios fueran prestados por el supuesto proveedor y que el hecho de cumplir con requisitos formales como la facturación, esto no libera al contribuyente de la responsabilidad de demostrar que se realizó efectivamente la operatoria comercial que se pretende documentar.
Que cabe tener en cuenta que en el marco de la figura de la salida no documentada, las erogaciones han sido la consecuencia de un comprobante sin motivación, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como del emisor/perceptor del pago. No hay un comportamiento independiente que haga nacer el gravamen del artículo 37, ya que es un desprendimiento de la operación plasmada en el comprobante viciado, que se concreta en un momento posterior -con el pago- pero el origen es uno solo: el comprobante que pretende sustentar una operación inexistente y mediante el cual se reconozca un beneficiario también inexistente, lo que resulta motivo de impugnación.
Por ello entiendo que cuando se intenta relacionar este hecho con el encuadre realizado por el juez administrativo en el inciso d) del artículo 47 a los efectos de aplicar la multa sobre salidas no documentadas, no cabe ninguna duda que las declaraciones juradas engañosas u ocultaciones maliciosas, necesarias para tipificar la conducta están concretadas con la incorporación de comprobantes en la determinación del gravamen ajenos a la realidad, en cuanto a su motivación y a su beneficiario. En base a lo expuesto considero que las declaraciones juradas para el pago del impuesto especial del artículo 37, son sólo un requisito formal ajeno a la conducta que se está evaluando a los efectos de la aplicación de sanción.
Que en atención a lo expuesto, considero que en el caso se cumplen los elementos del supuesto del art. 47 aplicado debido a que la recurrente no pudo establecer la conexión entre los pagos, las facturas que acompaña y la prestación del servicio, por lo que concurren los elementos objetivo y subjetivo necesarios para que se configure el dolo. Ello así, voto por confirmar la multa sobre la determinación de salidas no documentadas.
X. - Sobre las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado con sustento en lo establecido por los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), de lo expuesto en los Considerandos precedentes se advierte que concurren suficientes elementos para tener por configurado el tipo infraccional aplicado, y se ratifica que la actora perjudicó al Fisco Nacional mediante ocultación maliciosa consignando datos inexactos o que no reflejan la situación real impositiva, declarando operaciones falsas, sin que haya aportado prueba que demuestre la existencia de un error excusable, por lo que cabe disponer la confirmación de las sanciones aplicadas, con costas.
XI. Que con relación a los intereses resarcitorios reclamados en las resoluciones apeladas, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), los que además fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), sin que se presenten como confiscatorios, por lo que cabe disponer la confirmación de los mismos.
XII. Que por lo expuesto, voto por confirmar en todas sus partes las resoluciones determinativas del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I –Que adhiere al voto del Dr. Martín, en cuanto rechaza la excepción de nulidad articulada por la actora. Con costas.
II. Que comparto el análisis probatorio y las conclusiones a las que arriba el Vocal Instructor, en tanto confirma los ajustes en el IVA, Impuesto a las Ganancias y Salidas no Documentadas, con más sus intereses resarcitorios, derivado ello de la impugnación de la operatoria con la supuesta proveedora Gammer S.A.
En tal sentido, la actora no ha logrado rebatir los argumentos sostenidos por el Fisco ni ha aportado elementos suficientes para tener por acreditada la veracidad de las operaciones y su realidad económica, extremos que constituyen el fundamento de los ajustes practicados (cfr. Sala IV de la Alzada in re “TRV6 S.A., sentencia del 12 de noviembre de 2019, confirmando el criterio de esta Sala del 13 de febrero de ese mismo año).
III. Que corresponde dar tratamiento a las sanciones aplicadas en los actos apelados, ello con sustento en los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley de rito (fs. 20,41,64)
En cuanto a la facultad para imponer multas en concepto de Salidas No Documentadas, en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vg. entre otros Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26/8/2003 e Interbaires S.A., del 27/09/2011, decisorio donde se compartieron los fundamentos expuestos por el dictamen de la procuradora fiscal) la falencia de la documentación que respalda la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683.
Que para el pago del tributo en concepto de Salidas no Documentadas para los períodos determinados debe tomarse en consideración lo establecido por la Resolución General N° 893/00 (B.O. 13/10/2000), que prevé la forma y plazo para el pago de este gravamen. Que ello así, en el caso de autos no se ingresó el impuesto correspondiente, como tampoco se presentó el volante de pago, el que según la Nota Externa (AFIP) 8/2007 constituye la comunicación de pago a que hace referencia el art. 15 de la ley 11.683. Dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, pudiendo aplicar el Fisco sanciones en concepto de Salidas no Documentadas, tal como surge de los correspondientes actos apelados.
Sentado ello, cabe recordar que sobre el art. 46 de la ley de rito, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que: “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.83 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y cla existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
“De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco” “Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño”.
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
En este caso se utilizó la presunción prevista en el inciso d) del artículo 47 esto es: “En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación”. Ello así, cabe traer a colación lo sentenciado por el Dr. Carlos Porta in re “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. SCA” (TFN, Sala B, sentencia del 11 de febrero de 2008):
“Que el inciso d) exige que el Fisco acredite que el contribuyente tiene una entidad jurídica (por ej.: SA) o económica (importancia de su movimiento e inversión) que sea imposible pensar que pueda actuar sin necesidad de la documentación necesaria para ello, sin causa que lo justifique”.
Que considero que la presunción utilizada por el organismo en sustento de la infracción imputada no resulta aplicable; en efecto, teniendo en consideración los hechos relatados y las constancias de autos, no se encuentra debidamente descripto el razonamiento del Fisco que lo llevó a tener acreditado el soporte fáctico de la presunción de defraudación, máxime cuando no surge de los actos apelados la ausencia de documentación o, en su caso, de exhibición de la misma (vg. vide fs. 6)
Sentado no fue acreditado el dolo en el accionar de la recurrente, no puede soslayarse el hecho de al confirmarse los ajustes, queda reflejado que existió la omisión de declarar e ingresar en término los tributos bajo examen, configurándose así la omisión de impuestos que prevé el artículo 45 de la ley de procedimiento tributario. Que en consecuencia, corresponde reencuadrar la conducta de la recurrente en la figura prevista en el art. 45 de la ley N°11.683 vigente al momento de los hechos, fijando la sanción en el cincuenta por ciento (50%) de los tributos omitidos.
Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos, en virtud de resultar carente de justificación la tipificación que realizara el Fisco Nacional (cfr. art. 184 último párrafo de la ley de rito).
IV. Por lo expuesto, voto por: 1- Rechazar la excepción de nulidad articulada, con costas; 2- Confirmar parcialmente las resoluciones determinativas del Impuesto a Ganancias, IVA y Salidas no Documentadas en lo que hace a gravamen e intereses, reencuadrando las sanciones aplicadas en el mínimo legal del art. 45 de la ley de rito fiscal –t.o. 1998-, imponiendo las costas de acuerdo a sus vencimientos.
La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Martín.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad invocada por la actora, con costas.
2. Confirmar en todas sus partes las resoluciones determinativas del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 5.000.- (pesos cinco mil) por la representación procesal y de $ 8.000.- (pesos ocho mil) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primeras etapas cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Gustavo Alberto Yañez por su desempeño en autos en la suma total de $ 3.000.- (pesos tres mil), quedando los mismos a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor pericial realizada.
Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 2.997.- (pesos dos mil novecientos noventa y siete), equivalente a 0,40 (40/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 7.493.- (pesos siete mil cuatrocientos noventa y tres), equivalente a 1,01 (un con 1/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal restante y cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 4/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.04.19 12:46:58 -03:00 Date: 2022.04.20 13:54:12 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.20 16:50:02 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.20 16:50:03 -03:00
Fin de la sentencia