Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 39268-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada, sin costas en atención a la inexistencia de actividad procesal de la parte contraria (arts. 68, 2º parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
TRANSPAQ SRL (TF39268-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2026.-
VISTOS Y
I.-Que mediante la resolución del 7/11/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1) Revocar la resolución-fallo Nro. 49/2018 (AD BARR), por la que se condena a la firma actora TRANSPAQ SRL al pago de una multa, por la comisión de la infracción al art. 986 del C.A. Las costas fueron impuestas a cargo de la D.G.A.- II.-Que el 29/12/2023 apeló y expresó agravios la parte demandada, los que no fueron contestados por su contraria. El 23/2/2026 se llamaron autos a sentencia.‑ III.-Que para decidir como lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación expresó: “Que el art. 986 del C.A. establece: ‘El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ello hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza’…Que en el presente caso..,el Escuadrón 14 ‘Las Palmas’ de Gendarmería Nacional, procedió a la apertura de dos encomiendas que estaban siendo trasladadas por la firma TRASPAQ WRL, aquí actora.
Una de las encomiendas se encontraba avalada por remito de fecha 22/05/15…del que surge como supuesto destinatario el Sr. César Geier, en Resistencia Chaco, y como remitente la Sra. Mariel Verón, con domicilio en Pringles 185, Formosa. Al proceder a la apertura de la encomienda se constató la existencia de 14 celulares marca Samsung, 7 ,arca Nokia y 6 marca L.G. de origen extranjero y sin el estampillado que avale su legal ingreso al país, lo que no se encuentra controvertido. La otra encomienda se encontraba avalada por remito de fecha 22/05/15…surgiendo del mismo como supuesto destinatario, el Sr. Diego Geier, de Resistencia Chaco y como remitente el Sr. Bogado Epifanio, con domicilio en Belgrano 445, Formosa.
Allí se constató la existencia de 27 teléfonos celulares marca Samsung, de origen extranjero y sin el estampillado que avale su legal ingreso al país, lo que no se encuentra controvertido. Por dicho motivo, se secuestró la mercadería contenida en ambas encomiendas, por encontrarse en infracción a la Ley 22.415”. Asimismo, destacó: “…la firma actora inviste la calidad de ‘empresa de transportes’, lo cual no se encuentra discutido en autos y ha sido acreditado en las actuaciones administrativas con la prueba allí producida…En efecto, según resulta de la misma se encuentra habilitada e inscripta bajo el rubro ‘Transporte de paquetes, encomiendas-depósito’. En tal sentido, resulta claro que el transportista que transporta mercadería no tiene fines comerciales o industriales respecto de la mercadería transportada, sino que en cumplimiento de un contrato de transporte lleva las mercaderías de un lugar a otro.
El propósito comercial que pueda tener para desarrollar la actividad que desempeña, es decir el transporte a título oneroso de la mercadería, no constituye el fin comercial que la normativa exige que debe tenerse sobre la propia mercadería. Que el fin comercial de estas figuras infraccionales refiere a la ‘comercialización o industrialización de la mercadería’ supuestamente introducida de modo ilegal y no al mero transporte de las mismas. En este punto, debe recordarse que estas figuras consisten (así se lo dice en la Exposición de Motivos del C.A.) en la ‘comercialización de mercaderías que presuntamente provienen del contrabando’…Que por otro lado, cabe señalar que no le asiste razón al servicio aduanero en los fundamentos utilizados para efectuar la condena en autos.
En efecto, según resulta de la resolución apelada, la Aduana entendió que al no haber consignado en los remitos los números de documento o CUIT de los remitentes o destinatarios, ni el domicilio de estos últimos., en el caso no existe un contrato de transporte que avale el traslado de la mercadería, siendo por ende la aquí actora la única tenedora y responsable de la misma…Dicho argumento resulta inadmisible y carente de fundamento normativo, no resultando idóneo para justificar la condena impuesta en autos. Que, asimismo y contrariamente a dichos fundamentos, se advierte del análisis de las actuaciones correspondientes a la causa, que la Aduana no efectuó una investigación completa y exhaustiva a los efectos de determinar los presuntos responsables e imputar la infracción aquí en trato conforme a derecho…De todo lo expuesto, cabe concluir que la actora tenía la mercadería extranjera afectada al servicio de su transporte por cuenta de terceros de buena fe y sin el fin comercial que requiere la infracción CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V imputada, por lo que no se han configurado en autos los elementos constitutivos de la misma”.-
IV.-Que en su expresión de agravios, el Fisco Nacional advierte que no existe duda acerca de la calidad de transportista de la actora respecto de la mercadería en infracción y que no adoptó los recaudos exigidos por el CA en lo que respecta a la identificación de las mismas. Señala que basta con que el tenedor de la mercadería la tenga con finalidad comercial o industrial y no para uso o consumo personal. Reitera que la mercadería es de origen extranjero -lo que no se encuentra controvertido en estas actuaciones- y que tratándose de una figura infraccional de carácter objetivo se invierte la carga de la prueba, debiendo la recurrente demostrar la legítima introducción de la mercadería en cuestión, resultando válida únicamente la documentación aduanera habilitante de la legítima importación. Manifiesta que se encuentran reunidos los tres presupuestos necesarios del tipo infraccional del art. 986 del CA y que la figura requiere adicionalmente que la mercadería no tenga debidamente adheridos los medios de identificación que hubiera establecido el servicio aduanero. Cita profusa jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación.-
V.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).-
VI.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 1143 del Código Aduanero, otorga al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria. Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente mencionado, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).-
VII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
VIII.-Que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Cont. Adm.
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Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S:A:”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001) ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.-
IX.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).- X.-Que en efecto, se advierte del desarrollo que antecede y del análisis y valoración de los hechos y la prueba efectuado por el a quo, que el transportista ha logrado desvirtuar la imputación que sobre el recaía, mediante distintos medios de prueba acompañados y producidos en la instancia precedente. En efecto, conforme surge acreditado de la causa y de acuerdo a la reseña efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación, la firma actora inviste la calidad de “empresa de transportes”, en tanto se encuentra habilitada e inscripta bajo el rubro “Transporte de paquetes, encomiendas-depósito”. En consecuencia, “no tiene fines comerciales o industriales respecto de la mercadería transportada, sino que en cumplimiento de un contrato de transporte lleva las mercaderías de un lugar a otro” (ver considerando VI del decisorio recurrido).-
Por todo lo expuesto, SE
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada, sin costas en atención a la inexistencia de actividad procesal de la parte contraria (arts. 68, 2º parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Se deja constancia de que la Vocalía nº 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvanse.-
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY
Fin de la sentencia