Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-734/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.- En tal sentido, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento, fue la providencia de foja 147 vta., del 16 de octubre de 2019.-
Así, se verifica que entre la referida providencia y la presentación del 26 de abril de 2022, mediante la cual la parte demandada acusa la perención de instancia (cfr. PE458897-2022), ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600), aún teniendo en cuenta la suspensión de los plazos procesales en atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, pues los mismos se reanudaron el 4 de febrero de 2021 (cfr. Resol. de este Alto Cuerpo del 29 de enero de 2021, registrada al …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: T-734/13-TSJ Sentencia N°: 1103 Actor: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 11/07/22 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1103 FOLIO Nº 3539/3541 PROT. ELECT. TSS1 008 C.221
Río Gallegos, 11 de julio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTECIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº T-734/13-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por el representante del Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Juan Lucio R. de la Vega, mediante PE458897-2022.-
Allí afirma, en lo sustancial, que: “En autos ha transcurrido ampliamente el plazo previsto por el art. 288, inc. 1º [del] CPCyC (aplicable por remisión de los arts. 22 y 82 de la ley 1600), y ha operado así la perención de la instancia. En efecto, basta revisar la última actuación útil en el expediente en papel para comprobar que se ha producido la caducidad de la instancia debido a la inactividad procesal de la actora durante un plazo muy superior al legal.” (cfr. PE cit.).-
Corrido el traslado del pedido de caducidad de la instancia, es contestado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Mario R. Paradelo, mediante PE474396-2022, quien solicita su rechazo. En dicho escrito manifiesta que debido a la paralización de la actividad judicial producto de la emergencia sanitaria, y con ello la suspensión de plazos; y luego con la puesta en vigencia del sistema SIPED se le vedó a su representado la continuidad de la actividad procesal, por cuanto la misma no podía continuarse mediante el sistema papel.- Asimismo destaca que no podía acceder al expediente sino fuera mediante un sistema de turnos previos. Agrega que: “...al momento de contestar este traslado mi representado aún no está vinculado al sistema SIPED lo que impide el acceso al expediente. Pero además de ello, el presente expediente no estuvo migrado a SIPED hasta que se produjo la presentación del apoderado del demandado. A juicio de mi representado, el Instituto de Caducidad en autos no se configuró porque la actividad procesal quedó directamente relacionada a la actividad de esa Judicatura, es decir se depende de actos procesales en cabeza del Órgano Judicial. Concretamente primero la creación del expediente en el sistema digital y junto con ello la intimación a las partes en dicho sentido a los fines de constituir domicilio en el sistema y la vinculación para que puedan acceder al expediente.” (cfr. PE cit.).- Sostiene que: “Al tener las partes constituido domicilio legal en cumplimiento de lo normado en el Art. 45 de la Ley 2600 y haberse producido una reforma en el transcurso del proceso, la que implica por imperio legal modificar esa carga legal ya cumplida, entiende esta parte que debe ser intimada la mencionada nueva constitución, circunstancia que recién se concreta en los presentes actuados. Consecuencia de lo expuesto, mi representado no advierte configurada caducidad alguna en autos y manifiesta en forma expresa que la prueba se encuentra cumplida y solo corresponde que V. E. decrete la clausura del periodo probatorio.” (cfr. PE cit.).- Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE309567-2022.-
II. En primer lugar corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contempladas en los artículos 288 a 296. Este cuerpo legal establece, para el juicio ordinario, que la misma se producirá cuando no se instare el curso del proceso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 de dicho Código señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De lo expuesto se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario, donde se requiere -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093).- Asimismo ha dicho que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213).-
Además debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213, cit., y XVIII, Reg. 1099, Folio 3529/3532).-
IV. Por lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.- En tal sentido, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento, fue la providencia de foja 147 vta., del 16 de octubre de 2019.-
Así, se verifica que entre la referida providencia y la presentación del 26 de abril de 2022, mediante la cual la parte demandada acusa la perención de instancia (cfr. PE458897-2022), ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600), aún teniendo en cuenta la suspensión de los plazos procesales en atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, pues los mismos se reanudaron el 4 de febrero de 2021 (cfr. Resol. de este Alto Cuerpo del 29 de enero de 2021, registrada al Tomo CX, Reg. 148, Folio 181/183).- Efectivamente se constata una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante el lapso señalado (del 16 de octubre de 2019 al 26 de abril de 2022).
Toda vez que tanto la vinculación de estos actuados al Sistema de Presentación de Escritos Digitales -Siped- (efectuada el 28 de abril de 2022 -cfr. foja 150 y constancia PE299915-2022-); como la notificación de fs. 151 y vta., agregada al sistema, e identificada con PE465995-2022, en el cual se intima a la actora para que constituya domicilio electrónico (diligenciada el 29 de abril de 2022 -cfr. fs. y PE citados) fueron actos posteriores al acuse de caducidad. En consecuencia se constata que el pedido de caducidad de instancia fue formulado por la demandada antes de consentir cualquier actuación posterior al vencimiento del plazo de caducidad de acuerdo a lo estatuido en el artículo 293 del CPCyC, por remisión del art. 82 del CPCA, Ley Nº 2600.- Si bien -como se ha dicho más arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce pero no cuando aquélla resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243).
El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.- No es óbice para llegar a esta solución, la defensa esgrimida por la actora en cuanto afirma que la paralización de la actividad judicial producto de la emergencia sanitaria vedó a su parte de la continuidad de la actividad procesal. Toda vez que, como se indicara precedentemente, se reanudaron los plazos procesales y administrativos para el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz a partir del 4 de febrero de 2021 (cfr. Resol. de este Alto Cuerpo del 29 de enero de 2021, inscripta al Tomo CX, Reg. 148, Folio 181/183, citada), y desde ese momento hasta el acuse de caducidad, no existieron actos de impulso del proceso.- Tampoco acredita la actora ninguna razón valedera acerca de que no podía acceder al expediente ni impulsar el proceso mientras corría el plazo de caducidad de instancia; ni que la continuidad de la actividad procesal haya quedado supeditada a la labor del Tribunal.-
Asimismo se advierte que no se presentan en el sub lite ninguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 291 del CPCyC, por remisión del art. 82 del CPCA, Ley Nº 2600, que pudiera obstar a la declaración de caducidad de instancia.-
V. Que en orden a todo lo expuesto y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la parte demandada, Estado de la Provincia de Santa Cruz mediante PE458897-2022, y en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008C.221 Tomo: XVIII Sentencia: 1103 Folio N°: 3539/3541 Secretaría: 1
Fin de la sentencia