Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-584/06-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 643/655 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: T-584/06-TSJ Sentencia N°:350 Actor: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ)
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 29/09/14 Texto:
TOMO VII –OTROS RECURSOS– T.S.J..-
REGISTRO Nº 350 FOLIO Nº 1326/1330 PROT. ELECT. TSS1 014 O.141
Río Gallegos, 29 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ) S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº T-584/06-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal que articula la parte actora, Transportadora de Gas del Sur S.A a fs. 643/655 vta. ante la CSJN, contra la Sentencia dictada por este Alto Cuerpo a fs. 625/633 vta. que rechaza la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 9/24 vta.-
La parte actora funda el recurso deducido manifestando que la Sentencia se pronuncia en forma contraria a la exención impositiva invocada por su parte y decide, en cambio, que se encuentra obligada al pago del Impuesto a los Ingresos Brutos (en adelante “IIB”) en Santa Cruz, en tanto la percepción del Gas Retenido constituye el hecho imponible que prevé el artículo 26 y concordante de la Ley 1538 (confr. fs. 644 y vta).-
Que, lo que ha decidido la Sentencia es que TGS no posee la exención al pago del IIB de Santa Cruz invocada en la demanda que, al resolver la cuestión, ha decidido precisamente la cuestión federal que se planteó en la demanda contencioso administrativa que dio origen a estos autos y que no sólo existe una relación directa e inmediata entre la cuestión federal y lo decidido por la Sentencia recurrida sino que, más aún, lo decidido por ésta es, precisamente, la cuestión federal misma (confr. fs. 645).- Por otra parte y bajo el título de “Fundamento de la Sentencia recurrida” afirma que existe una contradicción en la Sentencia impugnada porque ésta por un lado afirma que el “Gas Retenido” es un costo del transportista y luego más abajo dice que se trata de un costo del cargador y que obviamente el gas retenido no puede ser, al mismo tiempo, un costo del transportista y un costo del cargador.
El costo del Gas Retenido inevitablemente es de uno o de otro (confr. fs. 647 vta./48).- Además de ello, alega que “…es errónea la interpretación de la Resolución ENARGAS 419/1997 que efectúa la Sentencia Recurrida… que trae a colación una cláusula aislada de la Resolución ENARGAS 419/1997 y sostiene que surge de la misma que el Gas Retenido es un “precio en especie” que reciben las licenciatarias de transporte de gas…que la Resolución ENARGAS 419/1997 no regula el régimen del Gas Retenido, sino un aspecto muy específico de la relación entre Cargadores y Transportadoras que es la “Reventa de Capacidad de Transporte”…” (confr. fs. 649 vta /650).- Continúa diciendo que la Sentencia recurrida, lejos de analizar al Gas Retenido como concepto jurídico-regulatorio, en el ámbito natural del mismo, que es el marco regulatorio del transporte del gas natural, para luego cotejarlo con las normas tributarias que rigen el IIB, y verificar si se produce el hecho imponible que origina la obligación tributaria cuyo cumplimiento se exige, sólo analiza el hecho económico de la transferencia del Gas Retenido del Cargador a TGS.
Que la exención impositiva que invoca TGS no es caprichosa ni antijurídica, que está fundada estrictamente en la interpretación que sobre la cuestión ha hecho el Enargas de la LGN y sus normas reglamentarias (confr. fs. 650vta/651vta.).- Que la autoridad tributaria provincial, sin perjuicio de su autonomía, no puede desconocer el plexo normativo y aplicar normas impositivas de forma tal que entren en abierta colisión con las normas federales (confr. fs. 654) y que TGS no se opone a pagar lo que le corresponde por el IIB en virtud de las actividades comerciales que resultan legítimamente gravadas por dicho tributo en Santa Cruz, pero sí objeta que el mismo se aplique al Gas Retenido el cual, regulatoriamente no es un ingreso y cuya percepción colisiona con el artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional (655 y vta).- Finalmente solicita que se tenga por interpuesto en legal forma el presente Recurso Extraordinario Federal, se disponga su traslado a la demandada, se conceda el recurso interpuesto y se ordene la remisión de los autos a la CSJN.-
A fs. 658 se corre traslado a la parte contraria de la presentación de la parte actora por el término y bajo apercibimiento de ley, quien debidamente notificada conforme surge de la cédula de notificaciones glosada a fs. 661 y vta, no lo contesta (confr. fs. 662).-
Que, a fs. 662 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictaminó, respecto del recurso impetrado, que: “…Si bien las prescripciones precedentemente señaladas se encuentran cumplimentadas en forma parcial en la pieza recursiva extraordinaria en análisis; pues entre otras cosas no se ha dado cumplimiento con lo expuesto en la acordada 38/2011… el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente… ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras… En el sub lite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas, no logran demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos. En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494) por ello soy de opinión que V.E debe declarar inadmisible el recurso impetrado” (confr. fs. 663/664).- Que, a fs. 668 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del CPC y C de la Nación, artículos 14 y 15 de la ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente no dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. A través de dicho reglamento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuso que todas las presentaciones que se realicen deben utilizar el formato de hoja A 4 (confr. artículo 2º), por lo que, habiéndose efectuado la presentación puesta a estudio en formato de hoja oficio, este recaudo tampoco se encuentra cumplido.- Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de la acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inc. d) del artículo Nº 2 por la Acordada Nº 3/12.-
Ello así, se evidencia que se ha cumplimentado parcialmente los requisitos del artículo 1º, por cuanto la presentación no supera las 40 páginas y ha sido escrita con letra claramente legible, sin embargo, cada página excede notablemente los veintiseis (26) renglones exigidos por este reglamento.-
Otra situación a destacar es que no se dio cumplimiento con lo dispuesto en artículo 2º, en virtud de que, no se acompañó una carátula en hoja aparte que contenga los datos exigidos por los incisos a), b), c), e) f), g), h), i) y j).-
Con relación a estos requisitos, es preciso aclarar que si bien el recurrente no acompañó la carátula en hoja aparte conforme se indica en el párrafo anterior, constituyó domicilio electrónico en el encabezado del escrito recursivo, por lo que, solamente lo dispuesto en el inciso d) del citado artículo, se encuentra cumplido (confr. fs. 643).-
No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado -a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011, Fallos: 334:196.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (CSJN, Fallos: 303:633; 306:1670).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente la observancia de los requerimientos del inciso b) pero no logra satisfacer las exigencias del inciso c) del artículo citado.-
Ello es así toda vez que el recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto, ya que si bien se hace un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que, el relato de los hechos, debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió (demanda, contestación de demanda, sentencias, agravios) y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional y convencional planteada (confr. Andrés Gil Dominguez, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Edial, Pág. 107).- Otra situación que se advierte es que el recurrente indica el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal: en el expediente administrativo, sin embargo, no cumple con los recaudos exigidos por el reglamento de la CSJN ya que no explica cómo introdujo dicho planteo y como lo mantuvo con posterioridad, limitándose simplemente a mencionar los escritos en los cuales enuncia que hizo reserva del caso federal.
En este sentido expresó “… mi parte hizo oportuna reserva del caso federal… (i) en sede administrativa: en el Expediente Nº 4764 D.L./ 200 (sic), agregado en autos como prueba documental por oficio: (a) al presentar el descargo contra la determinación provisoria (Cargo Nº 3855) por diferencias en las liquidaciones del IIB...; (b) al interponer Recurso de Reconsideración contra la disposición Nº 476/2002 de la Subsecretaría de Recursos Tributarios... y (c) al interponer Recurso Jerárquico contra la disposición Nº 357/2003 de dicha Subsecretaría... (ii) en sede judicial al promover demanda ante V.E. La reserva del caso federal figura en los Capítulos VII.5 y XI de la demanda, donde quedó claramente expresada la cuestión federal y la voluntad e intención de mi parte de recurrir por vía extraordinaria federal, en caso de que la decisión definitiva fuera contraria a la exención impositiva que le corresponde...” (confr. fs. 645 y vta).- Carlos R.
Tribiño ha sostenido que “… la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circustanciada… que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión “reserva del caso federal”. Es que quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluido, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios...” (confr. autor cit., “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, págs. 122/123).- Ahora bien, continuando con el análisis de los recaudos exigidos por la Acordada 4/2007, también observamos que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (confr.
Artículo 3º inciso c), es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (confr. Andrés Gil Dominguez, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Edial, pág. 107 y vta) sino que se limita a transcribir la sentencia dictada y la normativa que, a su entender, debería aplicarse.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y artículo 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 101:70; 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (confr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia (confr. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14, de la ley 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o cerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (confr. Carlos R. Tribiño, “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La parte actora funda el presente recurso extraordinario en el inciso 3) del artículo 14º de la ley 48 sosteniendo que la inteligencia de una cláusula de la Constitución o de una ley del Congreso se encuentra cuestionada y que la decisión fue contraria a la validez de la exención que se funda en dicha cláusula en los siguientes términos “…la cuestión federal que se discute en este Recurso Extraordinario Federal está estrictamente ubicada en el ámbito del artículo 14, inc. c) de la Ley 48 que dice: ‘…3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de… [una] ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez… [de la] exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio’…” (confr. fs. 644 vta./645), además de entender que “...está presente en este caso la relación ‘directa e inmediata’ que exige el artículo 15 de la Ley 48 entre la cuestión federal y lo decido en la Sentencia Recurrida...” (confr. fs. 645).- Con relación a estos fundamentos, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso, al contrario, en la Sentencia recurrida, se analizó la normativa aplicable de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 75 inciso 30 de la CN, en materia de impuestos provinciales a cuyos fundamentos nos remitimos.
(confr. fs. 631 vta /632 vta).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (confr. Carlos R. Tribiño, ob. cit, pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el litigio se resolvió en base a normas provinciales por tratarse de actividades comerciales desarrolladas dentro del territorio provincial y cuya regulación impositiva -en este caso impuestos a los Ingresos Brutos- depende exclusivamente de cada provincia.-
Así las cosas, la impugnación resulta improcedente ya que los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Máxime considerando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, aún cuando el fallo contemple aspectos de orden federal que son concurrentes para la decisión del caso, la solución asignada a la controversia no es revisable en la instancia del artículo 14 de la ley 48 si conduce a la discusión de aspectos fácticos y probatorios, los que, por su naturaleza, están reservados a los jueces de la causa (confr. Fallos 308:1564; 325:1905).- Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909). En esa inteligencia, se aprecia que los reparos invocados trasuntan una mera disconformidad con aspectos que, como se explicó ut supra, constituyen por regla materia ajena a esta instancia de excepción, pues se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que han sido oportunamente desechados sobre la base de argumentos que, al margen de su acierto o error, no compete a la Corte revisar (Fallos 312:1859 y 326:1877).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del art. 3 inc. d) de la acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Federal, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal en el caso.-
En efecto, bajo el título “cuestión federal”, el actor únicamente realiza una mención de los preceptos normativos pretendidamente desconocidos, lo que no autoriza a concluir que la misma se haya demostrado. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional. Así, el actor únicamente enuncia la normativa federal que, a su entender, debería aplicarse, sin indicar de qué manera o de qué forma se han violado las garantías aludidas. Únicamente lo intenta mediante afirmaciones y comparaciones sin sustento, que no consiguen demostrar la configuración de la cuestión federal (confr. fs. 643vta./644), sin lograr relacionarlas con lo acontecido en estas actuaciones.- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado se limita a citar texto de la sentencia recurrida y de la normativa citada sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Tribunal, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.-
Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Finalmente, también se observa que la recurrente incumplió con el requisito previsto en el artículo 8 de la Acordada de marras pues no trascribió todas las normas jurídicas en que motiva sus agravios y que no están publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, omitiendo indicar el período de vigencia de las mismas.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 643/655 vta..-
2. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014O.141 Tomo: VII Sentencia: 350 Folio N°: 1326/1330 Secretaría: 1
Fin de la sentencia