Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-584/06-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 9/24 vta. por la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. en contra de la Provincia de Santa Cruz (Subsecretaría de Recursos Tributarios).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: T-584/06-TSJ Sentencia N°: 958 Actor: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ (SUBSECRETARIA DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ)
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 31/03/14 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 958 FOLIO Nº: 2902/2910 PROT. ELECT. TSS1 006 C.141
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 31 días del mes de marzo de dos mil catorce, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ (SUBSECRETARIA DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ) S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº T-584/06-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, 4º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti y 5°) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que, a fs. 9/24 vta., la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. (en adelante TGS), por intermedio de su apoderado, Dr. Mario Raimundo Paradelo, interpone “…demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Santa Cruz (Subsecretaría de Recursos Tributarios de la Provincia de Santa Cruz)… en virtud de haber dictado el pasado 12/7/05 el acto administrativo - Resolución n° 1199/05 del Ministerio de Economía de esa provincia, en el Expediente N° 4764 D.L./2002...” (confr. fs. 9). Seguidamente manifiesta que: “… en función de las circunstancias fácticas y jurídicas que serán desarrolladas infra, solicito a V.E. que la decisión del Poder Ejecutivo Provincial - Resolución 1199/05, así como las Disposiciones de Subsecretaría de Recursos Tributarios de la Provincia de Santa Cruz sean revocadas, reconociendo expresamente la improcedencia de considerar el denominado ‘gas retenido’ como un ingreso para TGS gravado con el impuesto a los ingresos brutos que recauda la provincia de Santa Cruz, tesis fiscal que es cuestionada por esta parte...” (confr. fs. 9 vta.).- La actora aduce que: “…los actos administrativos que por esta acción contencioso administrativa se impugnan lesionan los derechos contemplados en los artículos 3, 6, 8, 9, 17, 39 y concordantes de la Constitución de la provincia de Santa Cruz y 14, 18, 19, 28, 31, 75 incisos 13, 14, 30 y 32 y concordantes de la Constitución Nacional y, en consecuencia, deben ser revocadas por V.E....” (confr. fs. 10).-
Pormenorizando los motivos de su pretensión, la actora manifiesta que: “...En opinión del organismo fiscal, empero, el ‘gas retenido’ constituiría una suerte de contraprestación ‘en especie’ a favor de TGS por el servicio que presta y, por ende, comprendido dentro del ámbito de sujeción del tributo. TGS, por su parte, ha controvertido esa postura con expreso sustento en el marco regulatorio de la industria del gas que cristalinamente deriva en una conclusión exactamente inversa a la propugnada por el fisco: el ‘gas retenido’ no constituye un ‘ingreso’ para TGS ni es considerado una ‘contraprestación’ a la que TGS tiene derecho por el servicio público de transporte que presta; luego, la imposición pretendida resulta improcedente.
La posición de TGS, basada en una hermenéutica adecuada de las disposiciones que disciplinan la industria del gas, no resulta caprichosa sino que cuenta con el respaldo concreto y contundente de la autoridad de aplicación en la materia: el propio Enargas ha señalado que el ‘gas retenido’ no constituye un ingreso para TGS...” (confr. fs. 11vta.). Asimismo afirma que: “…si la cuestión planteada por TGS fuera resuelta eventualmente a favor de la tesis propugnada por la administración fiscal dicha imposición originaría el derecho de TGS de requerir el traslado a tarifa del impuesto que incide sobre el concepto denominado como gas retenido, cuestión de suma importancia para el Enargas debido a su carácter de autoridad de contralor del servicio y regulador de las tarifas.
Ello así, lo que se resuelva en la presente controversia necesariamente afectaría intereses tutelados por el Enargas...” (confr. fs. 12).- Sigue diciendo la actora que: “…la disposición -476/02 de la Subsecretaría de Recursos Tributarios se aparta del régimen legal aplicable en materia regulatoria del servicio público de transporte y distribución de gas natural, comprendido por la Ley Nacional n° 24.076, su decreto reglamentario 1738/92, la licencia de TGS otorgada por Decreto 2458/92 y el Reglamento del Servicio de Transporte, como asimismo de las resoluciones del ENARGAS. En oportunidad de recurrir dicha disposición TGS puso de manifiesto que el ‘gas retenido’… es el necesario para la operatividad de los sistemas de transporte de conformidad con los volúmenes que, al efecto, son determinados por el Enargas de forma complementaria a los cuadros tarifarios respectivos… no es un ingreso en especie que recibe TGS ni integra el precio que cobra TGS por el transporte de gas y, en consecuencia, no puede considerarse como un ingreso bruto devengado por TGS por el ejercicio de su actividad gravada...” (confr. fs. 12 y vta.).
Asimismo sostiene que: “…el ente recaudador emite la Disposición n° 357/03, por la que el fisco santacruceño rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por TGS y persiste en considerar que dicho ‘gas para el consumo o gas retenido’ debería ser incorporado por TGS en la base imponible del impuesto a los ingresos brutos en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz… Tal acto administrativo también se aparta del régimen legal aplicable… la Disposición 357/03 puesta en crisis omitió expedirse, contrariando el derecho de defensa de TGS y afectando la misma de nulidad, respecto al planteo de nulidad contra el acta -sin fecha- firmada por el inspector actuante Alfredo Juárez de la SRT. La disposición recurrida tampoco se expresó respecto a los fundamentos expresados para impugnar la liquidación practicada, violando de esa manera el derecho de defensa y de propiedad de TGS, amén de la falta de motivación suficiente de la misma.
Todas estas deficiencias, omisiones y errores que impregnan la Disposición 357/03 y la invalidan como acto administrativo válido…” (confr. fs. 13 y vta.).- Añade que: “...A fin de arribar a una solución del tema en debate, seguidamente se impone precisar cuál es el hecho imponible y la base imponible alcanzados por el impuesto a los ingresos brutos reclamado a TGS por el fisco santacruceño, para, luego, aplicar tales conceptos al caso concreto de TGS a fin de acreditar la improcedencia de la pretensión fiscal cuestionada… En el caso de TGS, toda vez que sólo puede percibir como contraprestación por su actividad las ‘tarifas’ autorizadas por el Enargas y a la luz del marco regulatorio de la actividad específica realizada TGS el concepto de gas retenido no puede ser considerado como precio, retribución o contraprestación de la actividad de transporte de gas, no hay justificativo legal alguno que permita someter a tributación al ‘gas retenido’...” (confr. fs. 14 y vta.).- Más adelante en la demanda, se expresa que el intento provincial de gravar el gas retenido con el impuesto a los ingresos brutos “…constituye una manifiesta vulneración de normas de carácter federal - como lo son las que integran el plexo normativo que rige la industria del gas - en manifiesta violación a preceptos de raigambre constitucional (vg. art. 75, incisos 13 y 30 de la Constitución Nacional)… no cabe más que insistir con los fundamentos oportunamente planteados por TGS en la instancia administrativa respecto de la inconstitucionalidad -en el caso particular- del gravamen cuestionado por TGS en la presente demanda, por las siguientes razones: (i) la violación de la facultad exclusiva del Congreso Nacional en materia de establecimientos de utilidad nacional (como el gasoducto propiedad de TGS), en tanto la imposición viene a entorpecer los fines del establecimiento y; (ii) la discriminación que la imposición proyecta contra el transporte interjurisdiccional...” (confr. fs. 18 y vta.).
Profundizando sobre lo antedicho manifiesta que: “…es evidente que la desmesurada pretensión fiscal que se controvierte, que ha recaído de manera directa e ilegítima sobre TGS -y, más concretamente sobre el servicio público de transporte interjurisdiccional de gas-, constituye una innegable interferencia con la finalidad y el interés nacionales (sic), la cual colisiona con la cláusula constitucional que le confiere a la Nación la potestad de emitir una legislación exclusiva respecto de los establecimientos de utilidad nacional...” (confr. fs. 19). Asimismo afirma que: “…el ejercicio de la potestad tributaria por cada uno de los fiscos provinciales a través de los cuales se realiza el transporte de gas -en cada una de las jurisdicciones en las que podría eventualmente sostenerse similar pretensión recaudatoria, en tanto el gasoducto operado por TGS atraviesa por diversas jurisdicciones- devendría en una múltiple imposición interna sobre conceptos excluidos de la base imponible del tributo en reclamo por la propia normativa que regula la industria del gas, en tanto no integra la Tarifa autorizada a percibir TGS por el servicio que presta, sometiendo a TGS a una insostenible carga tributaria, comprometiendo así la prestación del servicio público...” (confr. fs. 20 vta./21).- Luego la actora agrega que se ha incurrido en errores conceptuales al momento de practicar la liquidación por la deuda reclamada, razón por la cual impugna la misma (confr. fs. 21); afirma que TGS entregó al Fisco Provincial detalle mensual del gas retenido, motivo por el que: “…de ninguna manera puede aceptarse una determinación presuntiva utilizando el método de inferir la base imponible en función de los datos relevados de un mes, cuando se cuenta con los datos reales aportados por la propia empresa...” (confr. fs. 21 vta.).
Sobre este punto concluye afirmando que: “...En función de lo expuesto impugno la liquidación realizada por cuanto: -La capacidad de transporte firma contratada no necesariamente es transportada. -El gas retenido se ingresa al sistema en función de los volúmenes de gas efectivamente transportados y no en función de los caudales contractuales. -Los porcentajes de gas retenido son máximos, devolviéndose al cargador la diferencia entre el caudal teórico establecido en los cuadros tarifarios y el caudal realmente consumido por este concepto. -No es posible utilizar el gas retenido del mes de julio de 1999 como base para el cálculo de los demás períodos reclamados en atención a que es variable la cantidad de gas retenido entregada cada mes. -No son ciertos ni correctos: los porcentajes de gas retenidos por cada período, la pretendida identidad entre los volúmenes contractuales y los volúmenes de gas transportados por cada período, el precio del gas retenido utilizado por cada período, la valuación del gas retenido para cada período. -La ley de la Provincia de Santa Cruz -art. 36- solo (sic) admite la fijación presuntiva cuando la Dirección se encuentre en la imposibilidad de determinar en forma cierta y directa el hecho imponible, cosa que no ocurre en la determinación de autos.
Por último, aún en la hipótesis poco probable que V.E.... resuelva a favor de la procedecia del gravamen cuestionado por TGS, ello por sí sólo no ameritaría aplicar una sanción pues, es ese caso, sería aplicable el error excusable previsto como eximente de responsabilidad penal fiscal...” (confr. fs. 22 y vta.).- Por último ofrece prueba y hace reserva del caso federal (confr. fs. 23/24 y vta.).-
II. Que, a fs. 37 se corre traslado de la demanda al Fiscal de Estado.-
A fs. 46/56 vta. se encuentra agregada la contestación de la demanda por parte del Estado Provincial, representado por el ex Fiscal de Estado, Dr. Pablo Gerardo González. En la misma se solicita el rechazo de la demanda (confr. fs. 46), en atención a las siguientes consideraciones: “…las constancias del Expediente, las Disposiciones 357/2003 y 476/2003 dictadas por la Subsecretaría de Recursos Tributarios y la Resolución 1199/2005 dictada por el Ministerio de Gobierno y el Secretario de Estado de Hacienda M.E. y O.P., resultan válidas y ajustadas a derecho...” (confr. fs. 48 vta.).-
Agrega que: “...El valor del ‘gas retenido’ es un costo del transporte que es abonado por el Cargador del gas a transportar y por lo tanto, constituye un pago (en especie) de parte de la contraprestación debida al transportista por el servicio prestado… nos encontramos ante un tema fiscal, regido por la del (sic) Decreto Ley N° 1627/58 de esta provincia, que grava como hecho imponible el ejercicio habitual y a título oneroso de actividades dentro de la jurisdicción provincial… En esta jurisdicción se produce un hecho imponible, cual es el pago en especie (el ‘gas retenido’) entregado por los Clientes a TGS por el servicio de transporte, por lo que el sujeto que se ve beneficiado con ese ingreso en especie se encuentra alcanzado por el impuesto a los Ingresos Brutos, cabiéndole al fisco provincial exigir el pago del impuesto correspondiente ante la negativa del contribuyente a cumplir con sus obligaciones fiscales...” (confr. fs. 49).- Asimismo, asevera el Fiscal de Estado que: “El gravamen cuestionado no vulnera las normas de carácter federal… Esta provincia, conforme su propia constitución y en uso de los poderes no delegados a la Nación, grava con impuestos locales las actividades económicas que se ejercen en su jurisdicción, aún cuando recaigan sobre manifestaciones del comercio interjurisdiccional, mientras no constituyan una traba efectiva para ese comercio, no resulten discriminatorios, y no provoquen una superposición impositiva que desalienten o imposibiliten la actividad interjurisdiccional… Como vemos, gravar de acuerdo con la legislación local, con el impuesto a los ingresos brutos la verdadera capacidad contributiva del contribuyente que ejerce su actividad económica dentro de la provincia, no constituye una vulneración de normas federales, ni afecta la cláusula comercial de la Constitución Nacional, ni interfiere con la satisfacción de interés público nacional...” (confr. fs. 51/52); y que: “…TGS tampoco ha aducido ni ha ofrecido probar que el tributo reclamado encarezca sus operaciones en grado tal que desaliente su actividad principal, ni que entorpezcan, frustren o impidan la actividad del transporte de gas natural que realiza...” (confr. fs. 53).- En cuanto a la impugnación de la liquidación del Fisco, en la contestación de la demanda se expone que: “...Así, teniendo en cuenta la asimetría de la información a favor de TGS y la dificultad en el acceso a ella por parte del fisco provincial, éste procedió a liquidar la deuda conforme lo establecen los Arts. 36, 37, 38, 39, 40 y 41 y conc. de la Ley de Procedimiento Fiscal de la Provincia de Santa Cruz, razón por la cual la impugnación de la liquidación efectuada carece de validez...” (confr. fs. 53 vta./54).-
Por último, en la contestación de la demanda se sostiene la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la Administración (confr. fs. 54 vta.), ofrece prueba y hace reserva del caso federal (confr. fs. 55/56 vta.).-
A fs. 58 se ordenó correr traslado a la actora de la documental acompañada por la demandada, consistente en el expediente administrativo N° 4764 D.L./2002 (409.095/03 -MEyOP-). Dicho traslado fue notificado por cédula, el 6 de julio de 2006 (a fs. 59 y vta.); el que no fue evacuado (confr. fs. 61).-
A fs. 61 se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que es formalmente admisible la demanda pudiendo avocarse este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (confr. fs. 62 vta.).-
A fs. 65 se abrió la causa a prueba, certificándose sobre la producción de la misma a fs. 85, y puestos los autos a disposición de las partes para alegar (confr. fs. 606), únicamente, la actora, ha hecho uso de esa facultad (confr. fs. 610), llamándose autos para Sentencia a fs. 619.-
III. Con carácter previo a ingresar en el fondo de la cuestión, es menester determinar cuál es la legislación aplicable para resolver el caso. El momento crítico a estos fines es el que transcurre entre enero de 1998 y octubre de 2002, período por el cual se le impone el pago del impuesto a los ingresos brutos a TGS correspondiente al gas retenido mediante Disposición 476/2002 de la Subsecretaría de Asuntos Tributarios (confr. fs. 34/38 del expediente administrativo: “Subsecretaría de Recursos Tributarios c/ Transportadora de Gas del Sur S.A.”, Expte. N° 409.095, del año 2003).-
Los efectos de la ley cesan por expiración del término de su vigencia o por derogación expresa o tácita. Las leyes rigen, salvo disposición en contrario, para el futuro. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario (art. 3 C.C.). Estos principios son también aplicables al derecho tributario (confr. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas, Depalma, Buenos Aires, 1999, T. I, págs. 193/194).-
En atención a las reglas aludidas, la legislación tributaria que disciplina este caso es la regulada por la Ley Provincial N° 1538 (que modificó parcialmente la anterior Ley de Impuestos, Tasas y Contribuciones, aprobada mediante Decreto-Ley Provincial N° 1627/58), la que entró en vigencia a partir del 1° de enero de 1983 (conf. art. 2 de la Ley Provincial N° 1538). La ley rigió hasta su derogación por el art. 267 del Código Fiscal (Ley Provincial N° 3251), ley publicada el 26 de marzo de 2012 y modificada por las leyes 3269 y 3318.-
Que, conforme ha quedado trabada la litis, corresponde analizar, en primer lugar, si el gas retenido es gravado por el impuesto a los ingresos brutos (respecto de la actividad que realiza la actora) y, en su caso, cuál es la base imponible a los fines de la percepción del mencionado tributo. Para lo cual seguiremos los lineamientos de un caso similar desarrollado en otra jurisdicción en los autos: “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS) S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, del 1° de agosto de 2012.-
El hecho imponible es “…un hecho jurídico, aunque en su sustancia se podría afirmar que constituye, en principio, un hecho económico, al cual el derecho le atribuye trascendencia jurídica. Puede consistir en un hecho, acto, actividad, o conjunto de hechos, actos o actividades, de los particulares; en una actividad administrativa o jurisdiccional particularizada en los sujetos; etc., previstos en forma abstracta por una norma jurídica como presupuesto del nacimiento de la obligación tributaria. De modo tal, acaecido o realizado en el mundo fenoménico, es decir, concretamente, produce la consecuencia de la obligación del pago del tributo…” (confr. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, ob. cit., T. I, pág. 310).
En la misma inteligencia, el artículo 2 del Decreto-Ley Provincial N° 1627/58 definía como hecho imponible a “…todo hecho, acto, operación o situación de la vida económica o civil, de los que esta Ley u otras Leyes fiscales hagan depender el nacimiento de las aludidas obligaciones [fiscales], de conformidad a las definiciones que se dan en los artículos siguientes”.- Develado qué se entiende genéricamente por hecho imponible, corresponde detenerse en el artículo 26 del Dec. Ley Provincial 1627/58, texto según Ley Provincial 1538, el cual determina las actividades por las que se debe tributar ingresos brutos. Este artículo establece: “El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste incluidas las sociedades cooperativas y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transportes, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro similar en naturaleza) estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos brutos en las condiciones que se determinen en los artículos siguientes.
La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica. Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo, en el ejercicio fiscal, de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades. La habitualidad no se pierde por el hecho de que después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua”. Asimismo la normativa tributaria dispone que los ingresos brutos se imputarán al período fiscal en que se perciben y se considerará por tal “...el valor o monto total -en valores monetarios, en especies o en servicios- devengado en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida… o, en general, el de las operaciones realizadas...” (art. 31 del Dec.
Ley Provincial N° 1627/58, texto según Ley Provincial 1538).- La actividad de TGS consiste en el servicio de transporte de gas, en forma habitual, a título oneroso, desde el punto de ingreso al sistema hasta el de recepción por los distribuidores o consumidores (conf. art. 11 de la Ley Nacional 24.076); y este servicio se realiza en la jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz. De la comparación entre el contenido del art. 26 del Dec. Ley Provincial N° 1627/58, texto según Ley Provincial N° 1538, y la actividad desplegada por la actora se advierte que ésta queda subsumida en las previsiones de aquella. De lo que se infiere que TGS es sujeto pasivo de la obligación tributaria con respecto a los ingresos brutos en el período que el Fisco santacruceño reclama su deuda (enero de 1998 y octubre de 2002).- Cabe aclarar y siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia citada precedentemente, como cuestión previa y a los efectos de determinar la base imponible sobre la que TGS debe abonar ingresos brutos por su actividad en la Provincia, es pertinente afirmar que en materia tributaria provincial rige el denominado principio de realidad económica (confr.
CSJN fallos: 328:130), según el cual para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, con prescindencia -en caso de discrepancia- de las calificaciones que se pudieran otorgar (conf. art. 28 de la Ley de Impuestos, Tasa y Contribuciones Provincial vigente al momento de la imposición del tributo -en adelante Ley de Impuestos, Tasa y Contribuciones-).- Ahora bien, en atención a lo expuesto, debemos desentrañar qué es el gas retenido en el contexto del transporte de dicho fluido. Una vez realizada esta faena podremos determinar si la actividad desarrollada por la actora -relativa al gas retenido- es susceptible de ser gravada.
El Procurador General de la Nación ha definido al gas retenido como aquél que: “... en determinados porcentajes, el transportista debe retener de las cantidades de gas para transportar que le entrega el cargador… para usarlo como combustible de las plantas compresoras y para compensar las pérdidas en la línea de transporte...” (confr. Punto IV del Dictamen del Procurador General de la Nación en autos “Gas Natural Ban S.A. c/ resolución 506/97 ENARGAS”, Fallos: 327:281, al que se remite la Corte Suprema de la Nación en su considerando 14).- Al ser necesario el gas retenido para el funcionamiento del sistema de distribución de gas natural implica un costo para el transportista (confr. CSJN, Fallos: 327:281), ya que si no contara con el mismo no podría brindar su servicio.-
La empresa TGS cumple la función de transportista en la prestación del servicio de gas natural (actividad regulada por la Ley Nacional 24076, conforme su art. 1). El transportista es aquella “…persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores…” (confr. art. 11 de la Ley Nacional 24076). Los transportistas no pueden, en principio, vender ni comprar gas, salvo las adquisiciones necesarias para su consumo particular y lo necesario para mantener la operatividad del sistema de transporte (art. 33 de la Ley Nacional 24.076). En este último supuesto se encuentra incluido el gas retenido. Es decir que el transportista debe comprarlo. En consonancia con lo antedicho, el art. 33 del Decreto Nacional 1732/92 (reglamentario de la Ley Nacional 24076) establece que: “…periódicamente los Transportistas podrán efectuar compras de Gas para satisfacer sus necesidades de operación normal del sistema”. Por su parte la Resolución 419/97 del ENARGAS dispone que: “La Transportadora deberá cobrar al Cargador Entrante, en concepto de gas retenido, el porcentaje correspondiente al punto de entrega del Cargador Entrante” (confr. Resolución cit., Anexo I -Reglamento de Reventa de Capacidad de Transporte-, apartado VI. -Tarifas por la Reventa de la Capacidad-, punto 4)).- De la definición de gas retenido consignada y de la normativa indicada se puede afirmar que el gas retenido es un costo para el cargador; y, como contrapartida, un precio a abonar en especie por quien contrata los servicios de TGS (en el caso que nos ocupa). Quien utiliza los servicios de la Transportadora de Gas del Sur debe abonar por sus servicios una porción en dinero (pago en efectivo); y un porcentaje en especie, por intermedio de gas que retiene el transportista y evita tener que adquirirlo de otra manera.-
A pesar que el ENARGAS (a fs. 116/117) estima que el gas retenido no constituye un ingreso para la transportista, cuando diseñó el Reglamento de Reventa de Capacidad de Transporte (Resolución 419/97 de ENARGAS), aquel organismo expresamente determinó que la Transportadora deberá cobrarle al Cargador Entrante (quien contrata el servicio de transporte) tal como ya se expresó “…en concepto de gas retenido, el porcentaje correspondiente al punto de entrega…” (confr. Resol. de ENARGAS 419/97, Anexo I - Reglamento de Reventa de Capacidad de Transporte, VI Tarifas por la Reventa de la Capacidad, punto 4)). Claramente se puede observar que en esta normativa se le brinda al gas retenido la regulación de precio en especie que se debe abonar por un servicio recibido.- Cabe destacar que del hecho que el gas retenido en exceso pueda ser devuelto a las Cargadoras (ver respuesta al punto 6° del dictamen pericial contable de la CPN María Elena Oviedo, de fs. 239/241), no es válido inferir que no es un “pago en especie”.-
Además, es oportuno recordar que el ENARGAS no tiene potestades para determinar cuáles son los ingresos que la Provincia de Santa Cruz puede considerar a los fines de percibir sus impuestos (conf. art. 121 C.N).-
En resumidas cuentas, el gas retenido integra los costos del transportista para el traslado del fluido y el porcentaje de gas que conserva por aquél concepto es una contraprestación en especie por el servicio brindado. -
Frente a los términos de la normativa impositiva aplicable y a las conclusiones brindadas en cuanto a la realidad económica que es dable extraer del concepto “gas retenido”, el mismo debe computarse a los efectos de determinar la base imponible en función de la cual TGS debe abonar el impuesto a los ingresos brutos.-
En atención a lo expuesto, no queda pues otra conclusión lógica que convalidar las decisiones adoptadas por el Fisco Provincial (Disposiciones N° 476/2002 y N° 357/2003 de la Subsecretaría de Recursos Tributarios; y la Resolución N° 1199/2005 del Ministerio de Economía y Obras Públicas), desestimando, en consecuencia, en este aspecto la demanda.-
En cuanto a la afirmación de la actora referente a que las Disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Tributarios N° 476/02 y 357/03 (insertas a fs. 34/38 y 173/178, respectivamente, del expediente administrativo: “Subsecretaría de Recursos Tributarios c/ Transportadora de Gas del Sur S.A.”, Expte. N° 409.095, del año 2003) se apartan del régimen legal aplicable (Ley Nacional 24.076, su Decreto Reglamentario 1738/92, la licencia de TGS otorgada por Decreto Nacional 2458/92 y el Reglamento del Servicio de Transporte, como asimismo las resoluciones de ENARGAS) es menester destacar que el ataque se fundamenta en definitiva en que -para TGS- el gas retenido no es susceptible de ser gravado con el impuesto a los ingresos brutos (confr. fs. 12/13), cuestión que ha sido zanjada, por lo que resulta improcedente su pretensión.
Asimismo es de destacar que las Disposiciones mencionadas están debidamente fundadas (confr. fs. 34/38 y 173/178 del expediente administrativo mencionado), donde se detalla el supuesto de hecho y normativa tenida en cuenta para determinar la existencia y monto de la deuda de TGS.- En cuanto a la alegada violación a la garantía de defensa en juicio por no haberse tratado (en el recurso de reconsideración) el “…planteo de nulidad contra el acta -sin fecha- firmada por el inspector actuante Alfredo Juárez de la SRT...” (confr. fs. 13 vta.), es menester tener presente que: “...El principio constitucional de la defensa en juicio, en el debido proceso, es por supuesto aplicable en el procedimiento administrativo, y con criterio amplio, no restrictivo...” (GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, T.
II, IX-13). Así lo ha reconocido expresamente la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos (N° 1260) en su art. 1 inc. f). Queda comprendido dentro del derecho la defensa y del debido proceso administrativo la consideración expresa de los argumentos y de las cuestiones propuestas por el administrado, siempre que fueran conducentes a la solución del caso (confr ley cit. art. 1 inc f.3.).- Pasando concretamente al sub lite es menester destacar que TGS no indica cuál de las actas suscriptas por el Sr. Alfredo Juarez no tendría fecha y -según el actor- sería nula. Luego, se constata que varias actas firmadas por el Inspector de la Subsecretaría de Recursos Tributarios, Sr. Alfredo Juarez, sí cuentan con fecha, tal como constan a fs. 1, 7, 10 y 16 del expediente administrativo “Subsecretaría de Recursos Tributarios c/ Transportadora de Gas del Sur S.A.”, Expte.
N° 409.095, del año 2003. Tampoco se advierte ninguna irregularidad en las aludidas actas. Contrariamente, el acta de fs. 25 (del cit. Expte. Adm.), firmada por el Sr. Alfredo Suarez, sí carece de fecha. Sin embargo, el actor manifiesta (en su recurso de reconsideración) que no obstante la invocada irregularidad igualmente formuló el “...pertinente descargo a la pretensión fiscal con fecha 13 de diciembre de 2002, mediante nota GAL N° 1853/02 cuya copia acompaño, la que fuera presentada ante la Dirección Provincial de Rentas ese mismo día, tal como consta del acuse de recibo respectivo suscripto por la Dra. Paula Lozano...” (confr. fs. 90 del cit. Expte. Adm.). Así las cosas, la alegada nulidad del acta y del posterior procedimiento carecen de sustento ya que TGS tomó conocimiento del acta y ejerció su derecho de defensa en la instancia administrativa -mediante la presentación de su descargo-.
Además no se violenta la garantía de defensa en juicio de TGS por no haberse tratado expresamente la alegada nulidad de un acta, ya que tal cuestión era inconducente para la resolución del caso en atención a que el actor había formulado el descargo pertinente (confr. art. 1 inc f. 3. de la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo) (confr. GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, T. II, IX-27). Tampoco demuestra TGS qué derecho se privó de ejercer en atención a la irregularidad señalada.- En razón de lo antedicho no es procedente la aludida impugnación.-
En relación a la supuesta omisión de tratamiento de la impugnación de TGS a la liquidación practicada por la Subsecretaría de Recursos Tributarios en la Disposición 357/03 (conf. fs. 13 vta.) se debe señalar que sí fue tratada en dicho instrumento legal, en tal sentido la Administración afirmó: “…el gas retenido conforma un ingreso adicional a la tarifa que integra el concepto de ingreso bruto gravado, integrando, por lo tanto, la base de medición del impuesto. Tal conclusión se desprende de todo el esquema normativo que regula la industria del gas y las normas provinciales que establecen el monto determinado, no existiendo violación alguna a sus derechos como reclama el recurrente, resultando la liquidación practicada de la aplicación de las normas vigentes.
Siendo de pleno conocimiento el procedimiento practicado por el fisco para calcular el monto de la misma no resultando la metodología contradictoria ni confusa, por lo que no debe sorprenderle a la recurrente como (sic) hace la provincia de Santa Cruz para determinar y llegar al monto de lo que corresponde percibir en concepto de impuesto de ingresos brutos por el gas retenido en su territorio...” (confr. fs. 177 del Expte. Adm.). Por su parte la Resolución 1199/05 que decidió el recurso jerárquico y que puso fin al procedimiento administrativo, también se expidió al respecto suficientemente, en los siguientes términos: “...Que en consecuencia y habida cuenta que el contribuyente únicamente denunció el monto imponible correspondiente a Julio de 1.999, se procedió a determinar el impuesto no ingresado en base a una determinación de oficio en forma presuntiva, criterio este autorizado expresamente por el Título Séptimo, ‘Procedimiento para Investigación y Liquidación Cierta o Presuntiva de los Créditos Exigibles por la Administración Fiscal’, de la Ley de Procedimientos para la Aplicación, Percepción y Fiscalización de Impuestos, Tasas y Contribuciones actualmente vigentes… Que con respecto a la queja de la Recurrente, en cuanto ataca la liquidación confeccionada por la Subsecretaría de Recursos Tributarios, el Organismo agotó todos y cada uno de los recaudos que la Ley le indica para conocer el monto imponible y ante la reticencia de la Recurrente, procede a determinar de oficio la base presuntiva con los informes de Julio/1.999…” (confr. fs. 212 y 214 del Expte.
Adm.).- Asimismo, se debe afirmar que no se vulneró el derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional ya que en el recurso de reconsideración y en el jerárquico se brindó adecuada respuesta a la pretensión del contribuyente (tratamiento a la impugnación de la liquidación), máxime cuando cualquiera sean las omisiones observables en sede administrativa, en el caso las mismas no obstaron para que la parte afectada alegara y probara lo pertinente en la instancia judicial (confr. Fallos: 305:805). También es aplicable al caso la siguiente máxima: “En este sentido, corresponde la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos y de los principios rectores en materia de nulidades, las que deben ser siempre de aplicación restrictiva y favorable a la validez del acto atacado, debiendo estar limitado el interés de su declaración al perjuicio causado” (C.
Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, “Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Nuestro Hogar v. res. 325/1999”, 7/10/1999. En igual sentido, la misma sala, “Metrogas SA v. Res. 374/19996 Enargas”, causa 33.154/96, 11/7/2000). Conforme lo antedicho no existe motivo para anular la Resolución de marras.- En atención a lo expuesto no son procedentes los planteos de TGS relativos a la alegada deficiencia del acta labrada por el Sr. Alfredo Suarez y respecto de la impugnación de la liquidación.-
En cuanto a la impugnación formulada por TGS acerca de la determinación presuntiva de la base imponible, se debe afirmar que la Provincia fijó la misma legalmente, de conformidad con el título séptimo del Decreto Ley Provincial 1.627/58 que regula el tópico estudiado (ver arts. 35 a 38 y cctes. del Decreto Ley mencionado), en razón a la falta de colaboración de TGS para establecer la base real del impuesto.-
TGS señala que no puede tomarse el gas retenido del mes de julio de 1999 como base para el cálculo de los demás períodos, en atención a la variación de las cantidades del mencionado fluido. Sin embargo es razonable lo hecho por la Provincia ya que TGS se mostró renuente a brindar los datos del gas retenido relativo a otros períodos. Ante esta omisión el Fisco debía proceder a fijar de oficio la obligación fiscal conforme lo autorizan los arts. 35 y 36 del Decreto Ley Provincial 1627/58. Como elemento de juicio para realizar la estimación aludida, la Administración sólo contaba con el monto imponible del gas retenido del mes de julio de 1999 (ver fs. 17/18), dato que utilizó para determinar la base presunta del impuesto (confr. fs. 37/38 del Expte. Adm.).- Conforme lo antedicho, en el sub lite la Subsecretaría de Recursos Tributarios ha realizado una correcta fijación de la base presunta del impuesto a los ingresos brutos, de acuerdo a la normativa mencionada; y no surge ninguna constancia que permita poner en crisis la fijación del impuesto de marras ni su base presunta por lo que deben rechazarse los planteos efectuados.-
Respecto al argumento de la actora de que el eventual cobro del tributo en estudio implicaría por parte de TGS requerir el traslado del impuesto a la tarifa y que el cobro del impuesto podría constituir una insostenible carga tributaria, se debe sostener que la cuestión es ajena a la facultad impositiva provincial. Eventualmente la actora podrá realizar ante el ENARGAS los pedidos y reclamaciones que estime necesarias, sin que esta circunstancia signifique la imposibilidad de aplicar la legislación tributaria de Santa Cruz (conf. arts. 1, 5, 121 y cctes. C.N.; y 37, 38 y cctes. Constitución de Santa Cruz). Más allá de lo antedicho, en la pericia contable del CPN Claudio Eduardo Zapata, el profesional concluyó que: “… el reclamo del fisco santacruceño no constituye una carga insostenible para TGS ni compromete la prestación del servicio público que ésta brinda...” (confr fs. 505 vta.).- Respecto a la alegada afectación de la potestad federal de legislar sobre el comercio interprovincial, se debe afirmar que el art. 75 inc. 13 C.N. establece la atribución del Congreso de la Nación de “Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. Esta competencia legislativa federal se asienta en la importancia nacional que posee esta actividad y en la necesidad de evitar eventuales conflictos interjurisdiccionales que pudiesen impedir o trabar la fluidez del comercio. Pero esta cláusula no puede ser interpretada como una prohibición a las provincias de establecer tributos respecto de mercancías que se incorporan a su riqueza siempre, claro está, que no exista discriminación respecto de bienes provenientes de otras jurisdicciones (confr. GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, La Ley, Buenos Aires, 2008, T. II, pp. 184/186. En el mismo sentido ver el considerando 10° de Fallos: 306:516).- El alcance de la potestad aludida debe ser fijado atendiendo a otro principio que es el del poder de las provincias de crear impuestos a la riqueza que se halle dentro de sus fronteras, poder esencial para su subsistencia (confr. Fallos: 178:308).-
La Corte Suprema entendió que los impuestos provinciales afectan de manera ilegal el comercio interprovincial (conf. art. 75 inc. 13 C.N.) cuando: “… una ley de impuestos se propone o sin proponerse, opera o puede operar desviaciones en las corrientes de consumo de tal o cual producto de una provincia. Es decir, se vuelve a la idea de leyes que crean diferencias de tratamiento del mismo producto, ya sea liberando de gravamen al producto local o estableciendo tasas diferentes según su origen. Es necesario por eso el examen puntual de cada caso para comprender la significación, el propósito y los efectos de la ley impugnada. Cuando no han significado los impuestos creados una traba o una carga al comercio interprovincial y solo sí, por lo tanto, el ejercicio del derecho indiscutible de gravar la riqueza local, la Corte ha declarado legal el gravamen, (caso Chiossone v. San Luis, 163, 285; caso Merello v. Corrientes, 173, 192; caso Avilés, Moroni v. Santa Fe, 176, 95; caso Camps v. Entre Ríos, 176, 315). Lo condenable, lo ilegal, es, pues, el gravamen con fines económicos de protección o de preferencia, a fin de manejar la circulación económica” (Fallos: 178:308). También se ha sostenido: “Al interpretar las disposiciones constitucionales, no debe menoscabarse el derecho de las provincias a formar su tesoro público con la contribución de su riqueza, cuya forma más evidente es su población y su capacidad de consumo” (Fallos: 306:516).- Conforme lo expuesto, queda claro que el art. 75 inc. 13 C.N no fue concebido para invalidar todos los tributos locales que pudiesen incidir sobre el comercio interprovincial, reconociendo a éste un privilegio que lo libere de la potestad de imposición general que corresponde a las provincias.-
En el sub lite la actora, con arreglo a lo establecido en el artículo 75 inciso 13 de la CN, pretende ser inmune al poder de imposición local respecto del impuesto a los ingresos brutos, sin embargo no ha invocado ni demostrado que el tributo que abonó haya importado un trato discriminatorio a su respecto, ni que la exigencia del gravamen sea causa de múltiple imposición interna (tal como alega el actor a fs. 20/21). Tampoco ha demostrado que el tributo encarezca su actividad al punto de tornar gravoso o inconveniente el tránsito por la provincia.-
Inclusive el hecho imponible, en cuanto al pago de los ingresos brutos por la actividad que desarrolla el actor, es el mismo respecto de su ingreso en efectivo por el servicio de transporte del gas, como por la percepción en especie a través del ítem del gas retenido. Tanto en uno como en otro supuesto es constitucional el gravamen.-
En relación a la alegada violación del artículo 75 inciso 30 de la CN, en primer término se debe poner de relieve que más allá que el actor en ningún momento señala por medio de qué instrumento jurídico se ha declarado establecimiento de utilidad nacional el gasoducto que explota, aún partiendo de que el gasoducto de marras fuese un establecimiento de utilidad nacional, la conclusión sobre la validez del tributo sería la misma.-
El Estado Federal para ejercer determinadas atribuciones, otorgadas por la Constitución Nacional, precisa ciertos espacios físicos. A partir de la redacción histórica del art. 67 inc. 27 C.N. las provincias delegaron al Congreso la facultad de legislación exclusiva sobre los lugares que mencionaba (fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional). Respecto de las potestades del gobierno federal en estos lugares se plantearon dos posturas, una denominada exclusivista y otra finalista o de interferencia. La tesis exclusivista postulaba que el Estado Nacional tenía poderes exclusivos de legislación y jurisdicción sobre los establecimientos de utilidad nacional, sin que las provincias pudieran tener potestades concurrentes en dichos lugares.
Por su parte la postura finalista propugnaba que los poderes de gobierno federal en los establecimientos de utilidad nacional se limitaban al cumplimiento de los fines federales para los cuales habían sido instituidos, teniendo las provincias y las municipalidades facultades legislativas y jurisdiccionales concurrentes en tanto que no se interpusieran con los fines de utilidad nacional del establecimiento. La Corte Suprema, por su parte, fue adoptando intermitentemente una u otra postura.- La polémica fue superada con la reforma constitucional de 1994, con la redacción del art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional, que estableció que corresponde al Congreso de la Nación “...Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República.
Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines...”. Claramente se adoptó la teoría finalista o de la interferencia, pudiendo el Congreso sólo dictar la legislación “necesaria” a los fines específicos del establecimiento de utilidad nacional, reservando la provincia y los municipios el resto de los poderes. De este modo, las provincias se encuentran facultadas para imponer tributos sobre las actividades desarrolladas en dichos lugares. Las potestades federales en estos sitios quedarán limitadas al objeto y actividad específica del establecimiento, sin alterar más que en este aspecto los poderes locales.
En atención a lo expuesto, en el caso particular que nos ocupa, la Provincia de Santa Cruz se encuentra habilitada para gravar con el impuesto a los ingresos brutos a la actividad de TGS respecto del gas retenido.- La actora está obligada al pago del impuesto provincial a los ingresos brutos, en tanto no ha demostrado de qué manera tal pretensión impositiva frustraría, por su incompatibilidad, las potestades del Estado Federal. En autos, TGS sólo se ha limitado a una interpretación dogmática de la norma en que basa su pretensión, lo que resulta insuficiente para aceptar su planteo (confr. CSJN Fallos: 322:2598).-
Habida cuenta de las consideraciones vertidas, cabe concluir que el impuesto a los ingresos brutos respecto del concepto gas retenido no es susceptible de descalificación constitucional a la luz de los fundamentos que sustenta la actora basados en el art. 75 incs. 13 y 30 C.N..-
Asimismo, TGS argumenta como defensa que ciertos porcentajes del gas retenido son devueltos al cargador, pero no indica ni prueba en qué volumen, por lo que aquella afirmación es irrelevante a los efectos de la fijación del monto del impuesto a los ingresos brutos.-
En lo atinente a la alegación de que los actos administrativos impugnados lesionan los arts. 3, 6, 8, 9 17, 39 y concordantes de la Constitución Provincial y los arts. 14, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 14 y 32 y concordantes de la Constitución Nacional (confr. fs. 10), el actor no argumenta ni demuestra cómo se habría configurado tal violación, razón por la cual resulta improcedente su planteo.-
Por último, tampoco es atendible el pedido de no aplicación de una “sanción” a TGS, de acuerdo a lo solicitado a fs. 22 vta., ya que el Fisco Provincial no aplicó ninguna sanción, sólo determinó la deuda tributaria del actor.-
Que, en definitiva, y no advirtiéndose ilegalidad o arbitrariedad en el dictado de los actos administrativos recurridos; surge que los mismos son derivación razonada del derecho vigente, resultante de autoridad competente, sin que se adviertan defectos de forma o aún una desviación de la directiva que debe tener el acto respecto de las normas aplicables, desvirtuando toda posible vulneración de derechos subjetivos de parte de la actora.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández por compartir sus fundamentos adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por Transportadora de Gas del Sur S.A. en contra de la Provincia de Santa Cruz, Subsecretaría de Recursos Tributarios; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2.600-; teniendo presente la reserva del caso federal manifestada a fs. 56 vta.; y difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 31 de marzo de 2014.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Vocal a cargo de la presidencia, Dr. Daniel Mauricio Mariani, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 9/24 vta. por la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. en contra de la Provincia de Santa Cruz (Subsecretaría de Recursos Tributarios).-
3. Difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes -por la actora-, hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006C.141 Tomo: XV Sentencia: 958 Folio N°: 2902/2910 Secretaría: 1
Fin de la sentencia