Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-584/06-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de notificación de honorarios efectuado a fs. 685 vta., conforme lo dispuesto en el considerando III.-
2Regular los honorarios del Perito Contador Claudio Eduardo Zapata por la labor realizada a fs. 498/505 vta. y a fs. 577/598, en la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: T-584/06-TSJ Sentencia N°: 1011 Actor: TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ (SUBSECRETARIA DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ)
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 14/04/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1011 FOLIO Nº 3107/3110 PROT. ELECT. TSS1 011 C.161
Río Gallegos, 14 de abril de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ) S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº T-584/06-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior en virtud de la presentación efectuada a fs. 685/686 por el Dr. Javier A. Stoessel -como letrado apoderado del Contador Público Nacional Claudio Eduardo Zapata-.-
En tal carácter solicita la regulación definitiva e integral de los honorarios de su poderdante, por la actuación que, como perito contador, tuvo en las presentes actuaciones (conf. fs. 685). Aclara, asimismo, que su mandante intervino en calidad de perito designado en el expediente caratulado: “Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz s/ Otros Procesos Incidentales” Expte. Nº 24835/0 (conf. fs. cit.), el cual tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaría Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fuera iniciado a consecuencia de un Oficio Ley Nº 22.172 librado por este Tribunal Superior (conf. fs. 454). Pretende, además, que se notifique a la actora la regulación de honorarios que en su oportunidad le regulara el juez oficiado -y que a su turno confirmara la cámara-; que se le otorgue carácter definitivo a los citados honorarios; y, por último, que se le regulen los emolumentos correspondientes a su actuación de fs. 577/598 (conf. fs. 685 vta.).- Señala que por la labor realizada en el marco del citado exhorto, se le regularon de modo provisorio honorarios por la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000), lo cual hizo saber en estas actuaciones a fs. 599/601 (conf. fs. 685 vta.). Afirma que la citada regulación sólo le fue notificada a la parte demandada y no a la actora, toda vez que esta última no formó parte en el trámite de la rogatoria, manifestando, a renglón seguido, que su mandante: “...intentó ejecutar tales honorarios ante el Juez Exhortado quien se declaró incompetente para ello...” (cfr. fs. cit.). Por todo lo expuesto, solicita que este Tribunal Superior notifique a la parte actora de la regulación de honorarios y que se le otorgue, en consecuencia, carácter definitivo a los citados emolumentos (conf. fs. cit.).- Por otro lado afirma que, además de la actuación arriba referida, su poderdante “...hubo de contestar un nuevo requerimiento a fs. 577/598 de modo directo ante este Tribunal, en virtud de impugnaciones formuladas por las partes, por las cuales corresponde realizar una regulación de honorarios independientes (sic), y en este expediente, por consistir en actuaciones cumplidas directamente en el Tribunal Superior y que no puede[n] ser reguladas por el Juez Exhortado...” (cfr. fs. cit.).-
II. Que, de la lectura de las actuaciones se observa que a fs. 473 fue designado como perito contable -en el marco del exhorto a que se hizo referencia más arriba- el Contador Público Nacional Claudio Eduardo Zapata, quien luego de una serie de prorrogas presentó el informe pericial a fs. 498/505 vta.-
Se advierte, asimismo, que a fs. 511 le fueron regulados al Sr. Perito la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000) en concepto de honorarios y que, en virtud de las apelaciones de fs. 514 y 516, la Sala II de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió confirmar ese monto, dejando en claro su carácter provisorio “...atento el estado de los autos principales...” (cfr. fs. 600).-
En ese marco, el perito contador inició la ejecución de los honorarios arriba referidos, pero el magistrado oficiado se declaró incompetente, por entender que “...el juez de la causa original resulta el competente para entender en la ejecución de los honorarios regulados...” (cfr. fs. 682).-
Por último, se advierte que a fs. 577/598 el experto contable contestó un traslado referido a una impugnación parcial a la pericia que realizara la actora a fs. 535/570; traslado que este Alto Cuerpo tuvo por evacuado a fs. 605, segundo párrafo.-
III. Que, en relación con la petición tendiente a que se notifique a la actora de la regulación de honorarios realizada por el juez exhortado, debemos señalar, primeramente, que la Ley Nº 22.172 en su artículo 12 establece que la regulación de honorarios corresponderá al tribunal oficiado, quien la practicará de acuerdo a la ley arancelaria vigente en su jurisdicción; y que, según lo manifestó el propio magistrado exhortado el régimen arancelario que aplicó para regular los honorarios del Sr. Perito fue el previsto en el Decreto Ley Nº 16.638/57 y subsidiariamente en la Ley Nº 21.839 (conf. fs. 511 y 515).- Así, el magistrado, luego de regular los honorarios del presentante (conf. fs. 511), lo notificó a este y al Estado Provincial de dicha regulación (conf. cédulas obrantes a fs. 512 y vta. y 513 y vta., respectivamente), pero, como bien expresa el Sr. Perito, no hizo lo propio con el actor, toda vez que este no había formado parte de la rogatoria (conf. fs. 685 vta.).-
Que, sentado lo expuesto, y según surge de las constancias de autos, con fecha 16/08/2011 este Excmo. Tribunal hizo saber la recepción de un Oficio Ley Nº 22.172 mediante el cual el magistrado oficiado remitió copias certificadas de las actuaciones relativas a la regulación de honorarios del Sr. Perito Contador (conf. fs. 605 -tercer párrafo-).-
Dicha providencia no se notificó mediante cédula ya que en ese entonces no existía una ley especial que regulara la actuación de los peritos judiciales, y se aplicaba subsidiariamente la Ley Nº 1519, que no tenía ninguna previsión al respecto, rigiendo, en consecuencia, el principio general de la notificación automática o “ministerio legis” por el cual las resoluciones judiciales deben tenerse por notificadas los días de nota pertinentes (conf. artículo 134 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600-).- En tales condiciones, se observa que la citada providencia del 16/08/2011, quedó notificada por “ministerio de la ley” el día viernes 19/08/2011 (conf. fs. 134 del Código de rito, por remisión del artículo 22 del CPCA -Ley Nº 2600-), pues, conforme lo establece el artículo 136 -última parte- del Código Procesal Civil y Comercial, no se notificarán por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidos o sean consecuencia de resoluciones que no deban ser notificadas mediante cédula; esto quiere decir, en otras palabras, que “...las regulaciones de honorarios sólo deben notificarse personalmente o por cédula en el caso de que se encuentren incluidas o sean consecuencia de resoluciones que corresponde notificar en esa forma. Por lo tanto, si la regulación forma parte de una resolución sujeta al régimen establecido con carácter general... también se notifica automáticamente o por ministerio de la ley” (cfr. Palacio, Lino E. y Velloso Alvarado, Adolfo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Rubinzal - Culzoni, Sta. Fe, 1992. Tº 4, pág. 243).- Esto último es lo que acontece en el caso “sub examine”, dado que, como se explicará en el considerando siguiente, el interlocutorio mediante el cual se le fijaron los honorarios al experto contable no es definitivo (conf. art. 136º inc. 12 del Código adjetivo, por remisión del art. 22 del CPCA -Ley Nº 2600-), y por lo tanto no correspondía notificarlo por cédula.-
Por lo demás, no se observa ningún agravio que pudiere haberle ocasionado al experto contable la falta de notificación por cédula de sus honorarios a la parte actora, cuando ni siquiera ha señalado el perjuicio concreto que le habría causado dicha circunstancia.-
Encontrándose entonces la actora notificada de la regulación de los honorarios del experto contable, la petición en tratamiento no habrá de prosperar.-
IV. Que, por otro lado, en lo referido a la solicitud del presentante tendiente a que se le otorgue carácter definitivo a sus honorarios debe tenerse en cuenta que, como principio general, la regulación de los honorarios debe ser realizada por el juez de la causa al momento de dictar sentencia definitiva (conf. art. 164º, inc. 8º CPC y C, por remisión del art. 86 del CPCA -Ley Nº 2600-; v. asimismo: Sum. CNCiv, Sala K ‘in re’ “Ghiglino, Josefina del Carmen s/ Medidas preliminares”, C.K184675, Sentencia del 29/12/1995).- También motivos de economía procesal y de orden práctico fundamentan esta postura, ya que sin dudas es el magistrado de la causa quien podrá apreciar de manera integral la calidad, eficacia, complejidad y, sobre todo, la incidencia que tuvo la actuación de los profesionales intervinientes en el resultado de las actuaciones.-
No obstante ello los jueces pueden realizar “regulaciones provisiorias” que, en términos generales, comportan una excepción a la regla que predica que los honorarios deben ser determinados -salvo los referidos a cuestiones incidentales- en ocasión del dictado de la sentencia definitiva (conf. Sum. CNac. Fed. Civ. y Com., Sala II ‘in re’ “Banco de la Nación Argentina c/ Acosta Esteban s/ Exhorto” Causa Nº 5566/04, Sentencia del 31/10/2006); pero debe precisarse que, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una regulación provisoria de honorarios no es una sentencia definitiva para su titular (Fallos: 240:331).- Se advierte entonces, que en las presentes actuaciones, el experto contable obtuvo -en los términos del artículo 12 de la Ley Nº 22.172- una regulación anticipada de honorarios que, por ser provisoria (conf. fs. 600), es fijada sin perjuicio de su posterior adecuación a lo que resulte de la sentencia definitiva, y que podrá importar tanto su elevación como su reducción. Siendo ello lógico, pues ni el juez oficiado ni su superior pudieron valorar el alcance, importancia y eficacia probatoria de la pericia, y desconocían, asimismo, el estado procesal del expediente principal.- A la luz de lo expuesto, vemos que la decisión adoptada por el magistrado oficiado fue acertada, pues le corresponde a este Excmo. Tribunal Superior dictar la sentencia definitiva en autos, y hasta tanto esto ocurra los honorarios regulados por aquél no podrán ser considerados definitivos, pues será este Tribunal -como se advirtió más arriba- quien deberá ponderar, en última instancia, la actuación del experto y su incidencia en el resultado del proceso.-
En consecuencia, habiendo este Alto Cuerpo dictado sentencia definitiva a fs. 625/633 vta., y estando regulados los honorarios de los letrados de la actora a fs. 641 y vta.; nada obsta a que se regulen definitivamente y en forma global los honorarios del perito contador, por las distintas actuaciones que tuvo en las presentes.-
V. Que, en este punto es necesario recordar que, tal y como se dijo en el Considerando III-, el artículo 12 de la Ley Nº 22.172 dispone que la regulación de honorarios corresponde al tribunal oficiado, quien la practicará de acuerdo a la ley arancelaria vigente en su jurisdicción; y que el régimen arancelario aplicado por el juez exhortado al regular los honorarios del Sr. Perito fue el previsto en el Decreto Ley Nº 16.638/57 y subsidiariamente en la Ley Nº 21.839 (conf. fs. 511 y 515).- El citado decreto ley brinda una escala -expresada en pesos moneda nacional- aplicable sobre el monto del juicio (conf. Cap. II, art. 3º del Decreto Ley Nº 16.638/57), pero aclara que cuando por la naturaleza del proceso no exista monto para aplicar la escala del artículo 3º se tendrán en cuenta el mérito e importancia de los trabajos presentados; la complejidad y el carácter de la cuestión planteada; y la trascendencia moral o económica que para las partes reviste la cuestión en debate (conf. Cap. II, art. 6º del Decreto Ley Nº 16.638/57).- Dado que -como informó este Excmo. Tribunal a fs. 509- el objeto de la demanda no incluye reclamo pecuniario, fue en base a esas pautas subjetivas que el magistrado oficiado estimó, de modo provisorio, la actuación del experto contable en la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000).-
Pero, como se dijo anteriormente, es este Alto Tribunal quien debe valorar en última instancia la tarea desplegada por el experto y regular de modo definitivo sus honorarios; aplicando para ello la Ley Nº 3276 que determina el marco regulatorio de la actuación de los peritos judiciales.-
La normativa referida -cuyas disposiciones resultan ser de orden público (conf. art. 1º de la Ley Nº 3276)-, establece que “El monto de los honorarios a regular, conforme la valoración de la tarea del auxiliar de la Justicia realizada en virtud del Artículo 4, sea en juicios ordinarios, ejecutivos, especiales, sumarios o universales, en cualquier fuero o jurisdicción, se determinará conforme a un porcentaje, del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) del monto correspondiente a la mayor regulación del abogado practicada en la instancia en que se hubiere hecho la pericia” (cfr. art. 14º de la Ley Nº 3276).- Vemos entonces que a la luz de las pautas establecidas en el artículo transcripto, los emolumentos regulados por el magistrado oficiado superan holgadamente los porcentajes establecidos por la normativa provincial.-
No obstante lo expuesto, entendemos que en el ‘sub examine’ el apego estricto a la Ley Provincial de Aranceles Nº 3276 llevaría a que la retribución del experto contable descendiera a límites desproporcionados con la labor realizada. Nótese que si se aplicara lisa y llanamente el porcentaje máximo permitido por el artículo 14 de la citada ley, el honorario del Sr. Zapata no podría ser mayor a la suma de $ 8.500, toda vez que a los abogados de la actora le fueron regulados los suyos -en forma conjunta- en la suma de $ 85.000 (conf. fs. 641 y vta.).- Ello lleva a concluir que de aplicar la escala prevista en el artículo 14 de la Ley Nº 3276, se arribaría a un monto que a todas luces no se evidencia como suficientemente retributivo de la labor realizada, en relación con la extensión, importancia y complejidad del trabajo llevado a cabo; por lo cual corresponderá excepcionalmente, y en función de las particulares circunstancias de autos, apartarse de los porcentajes previstos en la normativa local.-
Es que el debido respeto a los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad, propiedad, y a una retribución justa (conf. arts. 14 bis, 16, 17 y 28 de la CN) imponen que más allá de lo que establezcan las escalas de las leyes arancelarias, y la debida proporción entre las regulaciones de todos los profesionales intervinientes en el proceso; las regulaciones de honorarios deben realizarse también teniendo en cuenta la extensión, importancia y complejidad de la labor llevada a cabo, el mérito que en la sentencia se le haya otorgado a su actuación y su relación con la retribución obtenida.- Que, la solución propuesta, lejos de ser caprichosa se compadece con lo dispuesto en el artículo 1255 del Código Civil y Comercial -Ley Nº 26.994- el cual establece en su segundo párrafo ‘in fine’ que “Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución”, presupuestos estos que se encuentran en el caso.
Por lo demás, esta disposición del nuevo Código Civil y Comercial no es novedosa ya que conserva, en lo sustancial, el espíritu del artículo 1627 del Código Civil derogado.- Se ha dicho al respecto, que la segunda parte del segundo párrafo del artículo 1255 citado ratifica el rol que cumplen las leyes arancelarias como instrumento de afirmación de la justicia y de la paz social, al reconocer que los jueces deben fijar el precio en atención a ellas (conf. Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial”, Ed. Rubinzal - Culzoni, Sta. Fe, 2015. Tº VI, pág. 779), pero que, sin embargo, en dicha tarea deben atender a dos criterios sobre los cuales el nuevo Código hace hincapié: (i) la determinación del precio debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador; y (ii) si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.
Se observa entonces que la equidad emerge como la norma de clausura del sistema previsto para la determinación del precio (conf. ob. cit. págs. 779/780).- Sentado ello, encontrándose cumplidos los recaudos previstos en las leyes impositivas (conf. fs. 684) corresponde regular en forma definitiva y global los honorarios del Contador Público Nacional Claudio Eduardo Zapata por su actuación en autos como Perito Contador (conf. fs. 498/505 vta. y fs. 580/598), apartándose de la escala prevista en el artículo 14 de la Ley Nº 3276, y teniendo en cuenta para ello la naturaleza del proceso, la trascendencia económica que tiene para las partes, el mérito de la labor desarrollada, apreciada por la calidad, eficacia, complejidad y extensión del trabajo efectuado y su incidencia en el resultado de las actuaciones en la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000) (conf. arts. 4º -incs. 2), 3), 4), 5) y 6)-, 14º, 15º y cctes. de la Ley Nº 3276 y Resolución Nº 4/2015 del CNEPSMVM).- Por todo lo expuesto, el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el pedido de notificación de honorarios efectuado a fs. 685 vta., conforme lo dispuesto en el considerando III.-
2. Regular los honorarios del Perito Contador Claudio Eduardo Zapata por la labor realizada a fs. 498/505 vta. y a fs. 577/598, en la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1 011 C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1011 Folio N°: 3107/3110 Secretaría: 1
Fin de la sentencia