Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 36727-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación del 4/05/2023, en cuanto fue materia de agravio, con costas (arts. 68, 1° parte y 1163 del C.A.).
41.830/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 36727-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 4/05/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución n° 189/15 (SDG OAI) dictada en la Actuación SIGEA n° 14930-9-2014. Impuso las costas por su orden.
Para así resolver, en primer lugar, precisó que, las cuestiones planteadas en autos era sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/4/2022 - IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-
24600163- -APNSGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. En tales condiciones, consideró que, resultaba plenamente aplicable al caso de autos la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto las disposiciones de la Resolución MEyP n° 127/08 (B.O. 11/7/2008) y sus sucesivas modificatorias -que fijan derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas- resultaban similares, mutatis mutandi, a aquellas establecidas en el Decreto n° 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia. En virtud de lo expuesto, precisó que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación en relación a la operación de exportación n° 08 003 ES02 114 N/08 003 EC08 121 B. Con respecto a las costas, indicó que, atento a que se resolvía en base a una decisión Plenaria de ese Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, correspondía imponer las costas por su orden.
II. Que contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la demandada, expresando agravios el 8/06/2023, los que fueron contestados por la contraria el 29/06/2023.
Se agravia la recurrente de la imposición de las costas en el orden causado.
Aduce que, ni la aplicación del Plenario en virtud del cual el TFN resolvió la confirmación de la resolución aduanera dictada por su parte, ni la “complejidad de la cuestión debatida”, de ninguna manera resultan ser justificativo suficiente para apartarse del principio general que dispone que las costas deben ser soportadas por el vencido.
Observa que, en materia de costas, para apartarse del principio general de la derrota se requieren fundamentos suficientes que den lugar a la eximición, y el hecho de que en autos se debata una cuestión compleja, como lo son la mayoría de las decisiones sometidas al Tribunal Fiscal como órgano especializado en materia aduanera, no resulta ser un justificativo adecuado.
Lo cierto es que su parte ha desplegado su defensa y ha resultado vencedor en la presente causa, correspondiendo entonces la imposición de costas a la vencida. Así, imponer las costas por su orden cuando la demandada ha sido vencedora en el pleito hace que la eximición de costas al perdidoso sea nula, causando gravamen a esa parte.
Destaca que, justamente, el fundamento utilizado por el TFN para imponer las costas por su orden es el que amerita que sean aplicadas, según la regla general, a la parte vencida. La contraparte jamás pudo haberse creído con derecho a litigar o, en todo caso, no pudo esperar que el Tribunal Fiscal haga lugar al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución MEP N° 127/2008 pretendida, máxime considerando lo dispuesto por el artículo 1164 del C.A. y la limitación allí impuesta al a quo en ese sentido. En efecto, cabe destacar que conforme lo normado por el artículo 1164 del C.A., la sentencia del Tribunal Fiscal no podrá contener pronunciamiento sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas.
Por ello, no cabe duda que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente en estos actuados estaba irremediablemente destinado a ser resuelto en el sentido en que lo hizo el a quo.
A mayor abundamiento, repara en que esa parte fundó ampliamente su defensa en el derecho aplicable al caso, analizando todos los antecedentes administrativos, estudiando y trabajando el caso para lograr así la confirmación de las resoluciones aduaneras dictadas en su oportunidad. Lo cual se logró. Lo expuesto evidencia que, al producir la defensa desplegada en el presente caso, ambas partes debieron fundar su postura y afrontar el procedimiento, con la diferencia de que una resultó perdidosa. Nada más ni nada menos que ésta situación es la que refleja el principio general en materia de condena en costas, del cual, sólo con excepción y fundamentos suficientes bajo pena de nulidad, cabe apartarse. Pone de relieve que, la aplicación del Plenario por parte del TFN no sólo no es óbice para imponer las costas al vencido, sino que incluso es justificativo para aplicar el principio general de la derrota de manera categórica. Agrega que la contraria no podía desconocer la postura adoptada por la mayoría de las Salas en el plenario, atento que pasó aproximadamente un año entre el dictado del mismo y la sentencia recaída en autos.
Por último, y no por ello menos importante, aún si la actora pretendiere alegar desconocimiento de la existencia del plenario, para que proceda la eximición de costas por cambios en la jurisprudencia debe existir un desistimiento en autos.
No existe entonces la posibilidad de eximir al vencido de cargar con las costas con motivo en variaciones jurisprudenciales sin mediar desistimiento. La norma regula específicamente este tipo de casos y exige el acto de desistir.
Advierte que, conforme todo lo expuesto, siempre se hace referencia a que, ante una variación jurisprudencial (sea un fallo plenario o una sentencia de la Corte), para que la eximición de las costas sea válida, debe mediar el desistimiento por parte quien se ve perjudicado con la nueva doctrina judicial. De lo contrario, las costas deben ser impuestas a la vencida. Precisa que, en este caso, la firma no solo no ha desistido, sino que en causas idénticas a la presente (y que dudo que ésta sea la excepción) decide seguir batallando, interponiendo recursos de apelación contra las sentencias dictada por el a quo. Entonces, si bien la legislación establece una vía recursiva que habilita la intervención de la jurisdicción federal, mediante la cual la actora podría intentar insistir en sus pretensiones, lo que esa parte sostiene -al igual que lo establece el CPCCN, la doctrina y la jurisprudencia- es que, si la firma no desistió al tomar conocimiento del plenario y decidió seguir en pie de guerra hasta el dictado de la sentencia recurrida, y más aún luego decide cuestionar lo resuelto ante la CNACAF, debe soportar la costas del proceso, y ello es lo ocurrido en estos actuados. Por lo tanto, no cabe la eximición de costas a quien insiste en su pretensión pese a existir un fallo plenario que resuelve la controversia, incumpliéndose lo dispuesto por el artículo 73 del CPCCN.
III. Que, en primer lugar, corresponde recordar que el artículo 1163 del C.A. establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad (…)”.
Es decir que, el principio general es que las costas se impondrán al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, su eximición debe ser excepcional y de carácter restrictivo.
IV. Que, en el sub examine, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de lo decidido con relación a las costas de la anterior instancia.
En efecto, no se controvierte que esta causa se inició el 9/03/2016 (fs. 1), mientras que el plenario del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” se emitió mucho después, el 26/4/22.
La parte actora inició su procedimiento de repetición y acudió al Excmo. Tribunal con la plena convicción de que los derechos de exportación fijados por la resolución cuestionada violaban el principio de legalidad tributaria, de conformidad con los principios constitucionales contenidos en los artículos 4, 17, 75, inc. 1, 99 y 100, inc. 12, de la Constitución Nacional y por la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2014, en el caso “Camaronera Patagónica”. Es decir, la actora tenía un claro derecho de debatir y plantear el caso.
La complejidad de la cuestión debatida, sumado a la aparición del plenario en forma posterior al recurso de apelación resultan ser, entonces, argumentos suficientes como para eximir a la actora de la imposición de las costas del proceso.
A mayor abundamiento, cabe señalar que, tanto el Dr. Garbarino como el Dr. González Palazzo debieron dejar de lado su posición en atención al dictado del plenario finalmente aplicado.
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación del 4/05/2023, en cuanto fue materia de agravio, con costas (arts. 68, 1° parte y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia