Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 37522-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y revocar la Resolución n° 191/16 dictada por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior; en consecuencia, se reconoce el derecho de la actora a obtener el reintegro de la porción de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 08 003 ES02 000152 P / 08 003 EC08 000151 E, con más los respectivos intereses; 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
30423/2023 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA (TF 37522-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la sentencia de fs. 72/73vta, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma Transportadora de Gas del Sur S.A. y confirmó la Resolución N° 191/16 mediante la cual el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior había rechazado el reclamo de repetición de la suma de 1.149.361,39 pesos en concepto de diferencia de derechos de exportación, con fundamento en lo establecido en la Resolución n° 127/08 del Ministerio de Economía y Producción.
Primeramente, expresó que tal como resultaba del “…punto 10 de III Antecedentes del escrito de apelación la parte apela parcialmente la resolución aduanera, consintiendo el 20%, por el cual sostiene que correspondería, a su entender, que se le devuelva el importe total de u$s192.910,61 ($638.354,11)”, resultante de haberle sido exigido el pago de los derechos de exportación de conformidad con la alícuota del 45% establecida en la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08, que no fue ratificada por el Congreso. Posteriormente, señaló que la cuestión era sustancialmente análoga a las examinada en el Acuerdo Plenario del 26 de abril de 2022, dictado por ese Tribunal Fiscal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX2020-24600163-APN-SGASAD#TFN). Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
En tales condiciones, concluyó que debía rechazarse el pedido de repetición de los derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, en relación con la destinación n° 08 003 ES02 000152 P / 08 003 EC08 000151 E, con fundamento en que “…lo dispuesto en la Resolución MEP N° 127/08 y sus sucesivas modificatorias –que fijó los derechos de exportación respecto de las posiciones arancelarias allí estipuladas- resulta similar –mutatis mutandis- a lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia”. Impuso las costas por su orden en atención a haber aplicado el criterio resultante del Plenario de ese Tribunal, dictado con posterioridad a la interposición del recurso ante esa instancia.
II. Que, contra dicho pronunciamiento a fs. 78 la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 80/100, los que fueron contestados por la contraria a fs. 125/135vta. Por su parte, la representación fiscal apeló y expresó agravios a fs. 109/111 vta., los que fueron replicados por la parte actora a fs. 116/120. De manera preliminar plantea que el caso debió ser resuelto de conformidad con la doctrina que resulta del precedente “Camaronera Patagónica” y afirma que lo decidido por el Tribunal Fiscal se aparta del principio de legalidad en materia tributaria, en los términos en que fue interpretado en el mencionado precedente. En el sentido indicado, expresa que la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08 únicamente se había sustentado en la Ley n° 25.561, que no contenía una clara política legislativa y que; por ende, sólo podía reputarse válida a partir de la entrada en vigencia de la Ley n° 26.732, que la ratificó. Pone de manifiesto que la operación involucrada en el caso había sido documentada el 7 de noviembre de 2008, es decir, antes de haber sido dictada la Ley n° 26.732 (B.O. 28/12/11), de manera tal que la alícuota que debió haberle sido exigida era la que se había establecido mediante la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 335/04, que sí contaba con ratificación legislativa a la fecha del registro del permiso de embarque (en virtud de la ley 26.217, que entró en vigor el 16/01/07).
Aclara que en autos no se pretende la restitución de la totalidad de los derechos de exportación oportunamente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V liquidados y abonados por su parte, sino la diferencia entre la alícuota del 45% que se vio obligada a pagar con fundamento en la ilegítima Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08, y la del 20%, que hubiese correspondido, con arreglo a la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 335/04 que considera aplicable. Afirma que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no contiene un fundamento jurídico claro, ni resulta de ella una doctrina consistente, lo cual vulnera su defensa.
III. Que el 22 de agosto de 2023 dictaminó el Fiscal General acerca de la competencia del tribunal, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora.
En lo relativo a los agravios de la actora, por remisión a lo dictaminado el 15 de noviembre de 2022 en la causa n° 19.223/21, caratulada “Transportadora de Gas del Sur S.A. - TF 38422- A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” indicó que –a su parecer- el planteo de inconstitucionalidad formulado por aquella debía ser rechazado en atención a que “…la resolución aquí impugnada denota el ejercicio de facultades delegadas en el marco de una clara política legislativa, delimitada no sólo por la Ley N° 25.561 sino también por los decretos y resoluciones dictados en su consecuencia y reconocidos por el Congreso de la Nación con anterioridad a la concertación de la operación denunciada por la accionante”
IV. Que, la cuestión a resolver debe ser examinada a la luz de lo establecido en el precedente de Fallos 337:388 y de lo resuelto por esta Sala en causas sustancialmente análogas (cfr. causa n° 51.468/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022 y n° 21.909/21, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (TF 15395348-A) C/ DGA S/recurso directo de organismo externo”, del 24 de junio de 2022, entre otras, a cuyos fundamentos cabe remitir, por razones de brevedad, y que pueden ser consultados en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
Primeramente, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes (cfr. Fallos 105:50; 100:318; 136:287; 284:319; 337:703), reconoció a los “derechos de exportación” como tributos respecto de los cuales rige el principio de reserva de ley, tal como resulta del texto literal del artículo 4° de la Constitución Nacional, que los caracteriza como una de las especies de “contribuciones” que puede imponer el Congreso de la Nación.
Además, históricamente, el uso de las denominaciones “tributos” o “derechos aduaneros” fueron utilizadas de manera indistinta puesto que los denominados “tributos reales” eran, al mismo tiempo, “derechos” del rey (cfr. John Lynch en “Administración Colonial Española”, Eudeba, 1962, páginas 114 a 142, José Damián González Arce en “La composición de los almojarifazgos del reino de Sevilla, siglos XIII-XV”, Universidad de Murcia, cuyo texto puede ser consultado en https://dialnet.unirioja.es , Emiliano Gil en “La fiscalidad como fuente de información del comercio y el tráfico colonial (1573 -1650): el almojarifazgo de la Caja Real de Veracruz, texto disponible en https://www.redalyc.org/journal/2791/279162404005/html/, en la Ordenanza de Intendentes de 1782, cuyo texto puede ser consultado en http://bibliotecavirtual.larioja.org/bvrioja/es/catalogo_imagenes/grupo.do ?path=15301 , en las Ordenanzas de Aduana –Ley n° 810 de 1876- y en la Ley de Aduanas n° 3672 de 1898).
En el sentido indicado, la Corte Suprema ha expresado “… que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 248:482; 303:245; 312:912; entre otros) y, en forma concordante, ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (Fallos: 316:2329; 321:366 y 2683; 323:240, entre muchos otros).
La Corte Suprema afirmó reiteradamente que el principio de legalidad o de reserva de ley no es sólo una expresión jurídica formal de la tributación, sino que constituye una garantía sustancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes, abarcando tanto la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554; 340:1884).
Asimismo, en el referido precedente de Fallos 337:388 se expresó que “el principio de reserva de ley en materia tributaria [n]o cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución”. A su vez, expuso que, si bien resulta admisible que el Congreso de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V atribuya ciertas facultades circunscriptas al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, “la resolución cuestionada [en referencia a la Resolución del Ministerio de Economía n° 11/02] no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo”.
V. Que, en las condiciones expuestas, cabe destacar que la pretendida diferencia de derechos de exportación le fue exigida al exportador sin la preexistencia de una disposición legal que los haya establecido y tampoco se advierte que hayan sido fijados con base en el mecanismo de delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Es decir, tampoco existió una ley formal que haya especificado la política legislativa y fijado las escalas y los límites concretos al Poder Ejecutivo Nacional para poder ser implementados. Además, la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08 tampoco tenía al momento de ser registrada la operación de exportación involucrada en autos la ratificación legislativa que le hubiera permitido, en los términos del precedente de Fallos 337:388, tener base legal, con efectos exclusivamente hacia el futuro a un tributo que, como se expuso hasta aquí, resultaba inexigible por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (artículo 14, inciso b), de la Ley n° 19.549).
En lo que respecta al caso, cabe poner de manifiesto que mediante la resolución cuestionada fue establecida una fórmula para la determinación de la alícuota del derecho de exportación relativa a ciertos hidrocarburos gaseosos comprendidos en su anexo –entre los cuales se encontraban los exportados en el caso, correspondientes a las PA 2711.12.90 y 2711.13.00–. Aquella fórmula tomaba en consideración el precio internacional de las mercaderías y un valor de referencia que fijaba la propia resolución (v. arts. 3º, 4º y anexo). Asimismo, preveía que “[s]i el precio internacional de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que figuran en el Anexo fuera inferior al valor de referencia, se aplicará un derecho de exportación del cuarenta y cinco por ciento (45%)” (art. 5º), circunstancia que verificó respecto del PE 08 003 ES02 000152 P / 08 003 EC08 000151 E. En la referida norma se indicó que era dictada con fundamento en lo establecido en la ley 25.561 y sus modificaciones, así como en la Ley de Ministerios (t.o. dto. 438/92). Al respecto, corresponde tener en consideración que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388 negó que la Ley n° 25.561 hubiese previsto las pautas de una clara política legislativa, y otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para que estableciese el derecho a la exportación de hidrocarburos. Esto impide interpretar, como lo hace el Fiscal General en el punto 6 del dictamen de la causa homónima CAF 19223/21 –al cual remitió en la presente– que ese Tribunal haya reconocido el carácter legal de la creación del derecho de exportación de hidrocarburos con fundamento en que la Ley n° 25.561 definió “el alcance de una clara política legislativa a la cual debía atenerse el Presidente en el marco de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional”.
Esa conclusión se aparta de lo expresado en Fallos 337:388 ya que, aunque el derecho de exportación a los hidrocarburos implementado mediante la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08 haya invocado como fundamento la Ley n° 25.561 y lo previsto en el artículo 755 del Código Aduanero, en el mencionado precedente se afirmó que ninguna de las dos leyes pueden tener el alcance de una clara política legislativa porque, en concreto, guardan silencio respecto de la alícuota máxima que puede establecerse. En cuanto interesa al caso, cabe recordar que el artículo 726 del Código Aduanero establece, en su primer párrafo, que es aplicable el derecho de exportación previsto por la norma vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso la actora consintió expresamente la suma de 510.827,28 pesos, equivalente a un 20% de derechos de exportación (cfr. Formulario F4 obrante a fs. 1). En tal sentido, expresó que esa alícuota establecida por la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 335/04, había sido convalidada por la Ley 26.217 (B.O. 16/1/07), de modo que era aplicable respecto de la destinación involucrada en autos que fue registrada el 7 de noviembre de 2008, en los términos señalados por la Corte en el precedente de Fallos 337:388.
En las condiciones expresadas hasta aquí y en virtud de que el incremento de la alícuota no ha sido objeto de ratificación legislativa a la fecha en que fue oficializada la operación de exportación involucrada en autos, de conformidad con la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque n° 08 003 ES02 000152 P / 08 003 EC08 000151 E, del 7 de noviembre de 2008 (conf. sobre contenedor obrante a fs. 27 de las actuaciones administrativas), cuyo pago por la suma total de 1.780.957,78 pesos (cfr. comprobante de pago n° 09 003 LMAN 006172 A, obrante a fs. 23 de las actuaciones administrativas) no fue desconocido en autos por la demandada.
Ello, toda vez que como regla, la doctrina de los fallos de la Corte Suprema tiene carácter obligatorio para los tribunales inferiores, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se da (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582, entre otros; Bianchi, Alberto: “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema [Una reflexión sobre la aplicación del stare decisis]”, Revista El Derecho Constitucional, El Derecho, Buenos Aires, 2000-2001, pág. 340).
Al respecto, corresponde destacar que el pago efectuado oportunamente en sede administrativa lo fue tomando en consideración la alícuota del 45% que el sistema liquidó al tiempo de documentar el permiso de embarque por aplicación de lo establecido en la cuestionada Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08. Ahora bien, en el caso, la procedencia de la restitución se limita a la suma representativa del 25% por incremento de alícuota en los derechos de exportación, es decir, a la suma de 638.534,11 pesos, tal como resulta de los términos del recurso presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación obrante a fs. 8/13 y de lo consignado en el Formulario F4 obrante a fs. 1 de los presentes autos.
En sentido concordante con lo precedentemente expuesto, se pronunció la Sala IV de esta Cámara en la causa n° 30.429/23, caratulada “Transportadora de Gas del Sur S.A. (TF 38.424-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de diciembre de 2023 y la Sala II en la causa n° 30.427/23, caratulada “Transportadora de Gas del Sur S.A. (TF 37.524-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 1° de marzo de 2024.
VI. Que, finalmente, cabe agregar que el referido reintegro al que da derecho esta decisión, deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -expresamente prevista para estos casos desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º), [conf. esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
VII. Que, en virtud de la manera en que se decide se torna inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco en lo relativo a la manera en que fueron impuestas las costas en la instancia precedente.
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, y; por ende, revocar la Resolución n° 191/16 dictada por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior, de conformidad con lo expresado en los considerandos IV y V; y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de la porción de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 08 003 ES02 000152 P / 08 003 EC08 000151 E, más los respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando VI; 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco, de conformidad con lo expresado en el considerando VII; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, dada la analogía que el caso presenta con la cuestión resuelta por este tribunal en la causa nº 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, el 5 de mayo de 2022.
II. Que, en efecto, aunque el reglamento aquí cuestionado pretendió modificar la alícuota del derecho de exportación sobre las mercaderías en trato usando como fundamento la Ley Nº 25.561 (v. último considerando de la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 127/08), no se advierte que las previsiones de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V esta última norma contuvieran las bases suficientes para constituir una delegación válida, en los términos descriptos por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 337:388.
Allí la Corte recordó que "el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes” y destacó que “[e]n tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”. Además, el Alto Tribunal subrayó que “[…] ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución”.
Aún más -como se expresó en el voto anteriorla Corte subrayó que “[…] ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. En esas condiciones, no se advierte que el caso de los productos hidrocarburíferos pueda correr una suerte distinta solamente por la previsión contenida en el artículo 6º de la Ley nº 25.561. Y es que, tanto vale para el caso antes citado como en este la afirmación del tribunal cimero de que “[…] el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”, y que , “[a]l guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
Por último, cabe poner de relieve que la ratificación de la Resolución nº 394/07 por el Congreso mediante la sanción de la Ley nº 26.732 sólo pudo dar base legal al tributo con efectos exclusivamente hacia el futuro (doctrina de Fallos 337:388; y causa “Gut Metal”, ya citada).
III. Que, por ello, en consonancia con el voto que antecede, se propone: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y revocar la Resolución n° 191/16 dictada por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior; en consecuencia, se reconoce el derecho de la actora a obtener el reintegro de la porción de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 08 003 ES02 000152 P / 08 003 EC08 000151 E, con más los respectivos intereses (arts. 811 y 794, CA); 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
ASÍ VOTO.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere a los votos precedentes.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1)
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y revocar la Resolución n° 191/16 dictada por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior; en consecuencia, se reconoce el derecho de la actora a obtener el reintegro de la porción de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 08 003 ES02 000152 P / 08 003 EC08 000151 E, con más los respectivos intereses; 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani
Fin de la sentencia