Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37539-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Transportadora de Gas del Sur SA, revocar el pronunciamiento del 9/12/2021 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución SDG OAI 173/2016, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEyP 127/2008 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XVII, XIX y XX;
2Adecuar la distribución de las costas relativas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, las que, al igual que las concernientes a esta instancia judicial, quedan a cargo del Fisco Nacional (Considerando XXI); y
3No emitir pronunciamiento respecto de las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación mediante la resolución del 30/3/2022 (Considerando XXII).
Buenos Aires, 1° de marzo de 2024.-
VISTOS estos autos 44.069/2022 caratulados “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 37.539-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Transportadora de Gas del Sur SA (TGS SA) solicitó el 18/12/2013 a la Dirección Regional Aduana de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) la devolución de U$S484.490,91, que habría abonado en demasía en concepto de derechos de exportación respecto de la destinación de exportación con precios revisables “08 003 ES02 000085 U” y la correspondiente destinación de exportación a consumo “08 003 EC08 000095 L”, que le fueran liquidados conforme lo normado por la resolución del ex Ministerio de Economía y Producción (ex MEyP) 127/2008, con más los intereses correspondientes (ver fs. 1/7 del expediente AFIP 14930-4-2014 que se tiene a la vista en soporte papel). Explicó que, por exigencia del servicio aduanero, pagó derechos por la exportación en cuestión conforme lo dispuesto por la resolución ex MEyP 127/2008, por medio de la cual se acordó una fórmula de cálculo de tributos aduaneros que seguía valores de referencia, precios internacionales y valores de corte, previendo que si el precio internacional resultaba ser inferior al de referencia establecido, se aplicaría un derecho de exportación del 45%.
En sustento de su pretensión, en sustancial síntesis, planteó:
i) que la imposición de derechos de exportación a los hidrocarburos por parte del ex MEyP, haciendo alusión a lo previsto en la ley 25.561 y sus prórrogas, habría excedido el marco normativo de dicho precepto en su carácter de norma delegante, importando lo acontecido un desvío de poder, tornando nulo de nulidad absoluta a la resolución ministerial.
Al punto, destacó que, con la determinación y mantenimiento de los derechos de exportación a los hidrocarburos por vía de la resolución ministerial, se habría perpetrado un abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo Nacional, puesto que por la delegación legislativa en cuestión se habrían formulado y determinado los fines con que debían imponerse tales derechos, que, en la especie, no habrían sido llevados a cabo; resultando -por tanto- los preceptos que impusieron y mantuvieron los derechos de exportación bajo examen, como la resolución MEyP 127/2008, actos nulos de nulidad absoluta.
Hizo hincapié en que el acto impugnado se encontraba viciado en su finalidad, verificándose un supuesto de “desvío de poder” con intenciones meramente recaudatorias; propósito ajeno al contemplado en la normativa delegante.
ii) la confiscatoriedad de los derechos de exportación reclamados por la operatoria involucrada en autos, que absorberían una parte sustancial de su renta, cercenando así su derecho de propiedad;
iii) la prohibición constitucional de efectuar delegaciones en materia tributaria por vigencia del principio de reserva de ley; y iv) que, en tanto la mercadería en cuestión fue exportada hacia un país miembro del Mercosur, el tributo reclamado y abonado resultaba ilegítimo por oponerse al Tratado de Asunción en punto a la prohibición de gravar la circulación intrazona; norma con jerarquía supralegal conforme lo normado por el artículo 75, apartado 22, de la Constitución de la Nación Argentina.
II. Por resolución SDG OAI 173/2016, del 9/11/2016, el titular de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior rechazó la pretensión de TGS SA (ver esp. fs. 10/13 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
III. TGS SA requirió la revisión del acto por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 20/30 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
En esta oportunidad, la recurrente acotó su pretensión a la devolución de los derechos de exportación abonados -en su entendimiento- en demasía; considerando al efecto ajustado el pago de tributos por la operatoria celebrada conforme lo normado por la resolución ex MEyP 335/2004, mas no bajo las pautas establecidas en la resolución ex MEyP 127/2008, precepto que, al tiempo en que fue registrada la destinación, no contaría con la necesaria ratificación del Congreso Nacional (conf. esp. fs. 22, punto 10°, del hipervínculo incluido en el presente Considerando).
En tal sentido, consideró que el monto a repetir ascendía a $461.164,64; total al que debían adicionarse los intereses correspondientes.
Al efecto, la exportadora insistió en que, conforme la doctrina resultante del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, correspondía la restitución de lo abonado con asiento en lo normado por la resolución ex MEyP 127/2008, que habría sido ratificada recién con el dictado de la ley 26.732, surtiendo efectos a partir del 7/1/2012; es decir, con posterioridad a que fuera registrada la operatoria involucrada en autos.
Explicó que la ley 26.519 no aprobó la legislación delegada; por manera que la resolución ministerial involucrada en autos recién fue refrendada por el Congreso Nacional con el dictado de la ley 26.732, resultando válido lo allí normado a partir del 28/12/2011. Resaltó que la ratificación legislativa únicamente podría surtir efectos a futuro.
Advirtió que las modificaciones de los derechos de exportación, como la dispuesta por resolución ex MEyP 127/2008 (publicada en el BORA del 12/3/2008), resultan inválidas durante el período comprendido entre el 16/1/2007 y el 28/12/2011; esto es, entre el dictado de la ley 26.135 y la ley 26.732), por falta de ratificación legislativa.
Luego, en cuanto a los intereses, requirió que se determinara su cálculo con asiento en una tasa mayor a la prevista en la resolución ex MEyP 314/2004 -que tildó de irrazonable e injusta-;
considerando ajustado a derecho la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA.
IV. Por resolución del 9/12/2021, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó -con fundamento en los Considerandos IX a XVI del voto del doctor Soria- el recurso de apelación deducido por TGS SA, y, en consecuencia, confirmó la resolución SDG OAI 173/2016, con costas a cargo de la exportadora, vencida (conf. artículo 1163 del Código Aduanero).
Para así decidir, en su pronunciamiento el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales, en sustancial síntesis, consideró preliminarmente:
*) que el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, declaró la invalidez constitucional de la resolución ex MEyI 11/2002 durante el lapso comprendido entre el 5/3/2002, fecha en que entró en vigor, y el 24/8/2002, momento a partir del cual entró en vigencia el artículo 3° de la ley 25.645 que habría ratificado el precepto impugnado; otorgándole a las alícuotas que fijara rango legal. Al punto, refirió que, según el fallo dictado en autos "Camaronera Patagónica SA", la invocación genérica de una ley tributaria delegante realizada en dicho caso (el artículo 755 del Código Aduanero y la ley 25.561), no evidenciaba rastro alguno de la voluntad legislativa que aducía la norma tributaria delegada dictada por el Poder Ejecutivo Nacional para validarse, lo que importaba que tal norma delegada no era más que legislación tributaria dictada autónomamente por la Administración y, por ende, nula de nulidad absoluta e insanable conforme lo normado por el artículo 99, inciso 3°, párrafo segundo, de la Constitución Nacional; pudiendo adquirir vigencia solamente si resultara adoptada por una ley del Congreso Nacional, obviamente con vigencia y validez exclusivamente prospectivas.
En función de lo expuesto consideró delimitado el marco temporal del ordenamiento jurídico general -la legislación en vigencia hasta el 24/8/2002- tenido en vista por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tomar su decisión en autos "Camaronera Patagónica SA"; ordenamiento jurídico que diferiría netamente del que rigió en lo que respecta a la resolución ex MEyP 127/2008, conformado por la ley de emergencia 25.561 y sus prórrogas, como del ordenamiento jurídico general sobre delegación legislativa que regía al momento de dictarse la resolución impugnada en autos, esto es, la ley 26.122, que reguló, con rango de ley constitucional, la materia de la legislación delegada, además de los decretos de necesidad y urgencia y el veto parcial de leyes.
Concluyó, en este aspecto preliminar, que de la diferencia expuesta derivaba también una solución distinta para el presente caso a la adoptada por el Alto Tribunal en el caso " Camaronera Patagónica SA", cuya aplicación analógica pretendía, sin más, la actora. *) en consonancia con lo expuesto en el punto anterior, que el marco normativo rector del caso difería del examinado en el precedente "Camaronera Patagónica SA", integrado, respecto de la resolución ex MEyP 127/2008, por los artículos 99, inciso 3°, cuarto párrafo, artículo 100 incisos 12 y 13, y la disposición transitoria octava, de la Constitución Nacional y la ley 26.122, que han de regir de modo general sobre las normas delegantes como las delegadas aplicables; en particular en tanto el artículo 6° de la ley 25.561 y sus prórrogas y confirmantes de normas delegadas, leyes 26.217 y 26.732 -que la Corte Suprema de Justicia de la Nación excluyó de los alcances de su decisión en el mismo precedente-; todo lo cual determinaba que la ley general de legislación delegada (26.122), posterior al marco normativo tenido en cuenta para resolver dicho caso, constituía un régimen de repristinación constitucional del artículo 755 del Código Aduanero, como del resto de las normas delegantes y delegadas vigentes desde su dictado en el año 2006; *) que el artículo 76 de la Constitución Nacional regulaba la modalidad de la delegación legislativa que podía realizar el Congreso Nacional, estableciendo, en su estricta literalidad, que la delegación de sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra admitida, alternativa o conjuntamente, en supuestos de materias determinadas de Administración y emergencia pública; en cuyos casos la mentada delegación, para su conformidad con la Constitución Nacional, ha de tener un plazo fijado para su ejercicio y conformarse con las bases de la delegación que el Congreso Nacional establezca al efecto, es decir, responder a una clara política legislativa.
Por tanto, concluyó en lo que al punto refiere, que la delegación del Congreso Nacional de sus facultades para fijar las alícuotas de derechos de exportación o importación en el Poder Ejecutivo Nacional se consideraba una de las materias constitucionales delegables, siempre que ley delegante se ajustase a los parámetros antes delimitados; previendo la Carta Magna que la caducidad de la norma delegante resultante del transcurso del plazo previsto para su ejercicio por la Administración, no importaba la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.
*) que el sistema constitucional vigente respecto de legislación delegada (conf. artículos 17 y 24 de la ley 26.122) prevé la vigencia de la legislación dictada por el Poder Ejecutivo Nacional ad referendum de la intervención constitucional del Congreso Nacional; implicando el rechazo de la legislación delegada por el Poder Legislativo su derogación con efecto únicamente prospectivo, quedando salvada su vigencia en el interín desde su dictado por la Administración; no siendo óbice para que el Congreso Nacional, sin perjuicio de la salvedad establecida por el artículo 76, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, pudiera abrogar tales normas delegadas, dándole expreso efecto retroactivo a la derogación expresa de ambas Cámaras, por tratarse del ejercicio de facultades constitucionales legislativas propias del Congreso;
*) que la ley 26.122 dispuso un proceso especial de intervención del Congreso Nacional para aprobar la legislación delegada dictada por el Poder Ejecutivo, que en modo alguno podía obstaculizar o impedir una intervención del Congreso con el mismo objeto de ratificar o rechazar legislación delegada, pero haciéndolo bajo las previsiones de la Constitución Nacional para la sanción de las leyes; intervención del Congreso que no interfería el gobierno que sobre la legislación delegada se encontraba contemplada en los artículos 17 y 24 de la ley 26.122 en cuanto a su vigencia inmediata y obligatoria desde su dictado, más cuando tales leyes ratificatorias; tal como aconteció con la ley 26.732, que en su artículo 2° refrendó la resolución ex MEyP 127/2008, impugnada en autos; trasluciendo una voluntad inequívoca del Congreso de ratificación con efecto retroactivo, plenamente en línea con la misma voluntad general del Congreso expresada en los artículos 17 y 24 de la ley 26.122 para toda la legislación delegada dictada por el Poder Ejecutivo;
*) que la ley 26.122 buscó conciliar los valores en juego (legalidad tributaria y eficacia de la Administración aduanera); permitiendo también la neutralización de comportamientos especulativos de los operadores del comercio internacional frente al "efecto noticia", que siempre acaecería de darse un debate parlamentario sobre el nivel de las alícuotas de derechos aduaneros con antelación a su aprobación parlamentaria y vigencia; y *) que la demora en intervenir por parte del Congreso Nacional a posteriori del dictado de la norma delegada, para ratificarla o derogarla, no resulta óbice durante ese período de tiempo a la vigencia de las normas delegadas dictadas, conforme los artículos 17 y 24 de la ley 26.122; debiendo considerarse una eventual derogación por el Congreso de la norma delegada solamente con efecto prospectivo, salvo previsión expresa en sentido contrario, siempre que no importe la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.
Sentado ello, el tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales entendió:
-que las conclusiones alcanzadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Camaronera Patagónica SA" no resultaban automáticamente aplicables a la presente causa, pues el Alto Tribunal hizo el examen de la resolución ex MEyI 11/2002 bajo el marco del ordenamiento constitucional y legal vigente en 2002, que no había sido completado aún por la ley 26.122; sumado a que, en dicho precedente, se distinguió al precepto cuestionado del derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el artículo 6° de la ley 25.561, al que corresponde la resolución ex MEyP 127/2008, postulando incluso que tal derecho se creó en el marco de una política legislativa; -que por ley 25.561, junto al ejercicio de sus propias potestades constitucionales legislativas e invocando además el artículo 76 de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación creó un derecho de exportación sobre hidrocarburos por un plazo de cinco años, delegó en el Poder Ejecutivo Nacional, por idéntico término, las facultades para establecer las alícuotas correspondiente al derecho de exportación que había creado, estableció que tanto la creación del tributo que dispuso, como la delegación de sus facultades para fijar alícuotas en la Administración se enmarcaban en su política frente a la emergencia cambiaria y sus efectos, conforme surgía de la letra del mismo artículo 6° de la ley 25.561;
-que la resolución ex MEyP 127/2008 fue dictada invocando la existencia de una concreta norma delegante (conf. artículo 6° de la ley 25.561), que definió una clara política legislativa, con plazo para su ejercicio (cinco años), en el marco de una emergencia y versando sobre materia determinada de Administración, todo ello en línea con los términos literales del artículo 76 de la Constitución Nacional que regula las condiciones para la delegación legislativa por parte del Congreso, y que la ley 25.561 invoca en su art. 1°;
-que la emergencia cambiaria se extendió por leyes 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200, entre el 7/1/2002 y el 31/12/2017, prorrogando lo relativo al derecho de exportación de hidrocarburos mediante las leyes 26.217 y 26.732; -que el Congreso Nacional delegó en el Poder Ejecutivo, en el marco de la emergencia cambiaria y por cinco años, idéntico al plazo de vida del derecho de exportación que creó, la facultad de establecer las alícuotas de la posición arancelaria NCM “2711.12.90.000D” (ver Anexo de la resolución ex MEyP 127/2008), correspondiente al propano de la posición gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, conforme el artículo 76 de la Constitución Nacional, invocado en el artículo 1° de la ley 25.561; y subdelegando el Poder Ejecutivo Nacional tales facultades en el Ministerio de Economía, cuestión autorizada por el artículo 1° de la ley 26.217 respecto de la resolución impugnada en autos;
-que, al tratarse de un derecho de exportación, cuya regulación sustancial -salvo las alícuotas- se encontraba en el Código Aduanero, resultaban de consuno aplicables el resto de las normas de dicho cuerpo normativo; entre estos, el artículo 749 del Código Aduanero, relativo a las normas interpretativas del artículo 748, que autorizaba a dictarlas al Poder Ejecutivo Nacional, y el artículo 755, en lo relativo también a las alícuotas, norma que otorgaba de modo general esa facultad a la Administración, vinculándolo en su encabezado al ordenamiento jurídico vigente;
-que mediante la resolución ex MEyP 127/2008, impugnada por la actora, el Poder Ejecutivo Nacional fijó, dentro del plazo de cinco años por el que se le concedieron tales facultades, el sistema de alícuotas -móviles- del derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el Congreso Nacional, también por un plazo de cinco años, prorrogado en el año 2006, en el marco de la regulación general de derechos de exportación del Código Aduanero, que no fija alícuotas específicas;
-que la actuación del Poder Ejecutivo Nacional examinada en autos fue realizada aplicando una clara política legislativa y dentro de los plazos establecidos por el Congreso Nacional, en el marco de una emergencia declarada por el propio Poder Legislativo, siendo extendida entre 2002 y 2017; y -que el régimen normativo involucrado, además de encontrarse contenido en las previsiones de los artículos 76 y 99, inciso 3°, cuarto párrafo, de la Constitución Nacional y de las leyes 25.561 y 26.122, configuraba un verdadero "bloque de legalidad", expresivo de una unívoca y clara voluntad del Congreso respecto del régimen de alícuotas de derechos de exportación impugnado en autos, voluntad del Congreso que el Poder Ejecutivo Nacional secundó siendo su comportamiento, en todos los casos, convalidado a posteriori por el mismo Congreso. En función de lo expuesto, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación destacó que el régimen constitucional y legal vigente al momento del dictado de la resolución ex MEyP 127/2008, con su posterior ratificación nominal y expresa por la ley 26.732, contrastaba notoriamente con los fundamentos de la pretensión de la actora; que prescindía de las normas constitucionales y legales que gobernaron la cuestión, habiendo confundido la “familia” (sic) de leyes generales de confirmación de legislación delegada (25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519), a las que refería el fallo "Camaronera Patagónica SA", con el grupo de leyes y normas que regulaban el derecho de exportación sobre hidrocarburos, cuyas leyes troncales eran las 25.551, 26.217 y 26.732, expresamente excluidas por el nombrado pronunciamiento en punto a su alcance; así como también habiendo omitido mencionar la ley 26.122, que rige sobre todas las leyes delegantes y normas delegadas dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, que fue dictada por el único poder del estado (el Congreso de la Nación), titular de la potestad tributaria y que asumió, como praxis constitucional, un sistema de control a posteriori del ejercicio de determinados aspectos tributarios de las normas delegadas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo normado por el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Así, concluyó que la resolución ex MEyP 127/2008 fue dictada según las previsiones del artículo 76 de la Constitución Nacional, bajo el amparo de la ley 25.561 y conforme la ley de delegación legislativa 26.122, gozando de válida y plena vigencia constitucional entre el 21/3/2008 y el 28/12/2011; todo lo cual determinaba el rechazo de la pretendida repetición seguida por la exportadora.
Al efecto, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación resaltó que:
i) el artículo 76 de la Constitución Nacional prevé las condiciones que ha de cumplir una ley del Congreso que delegue en el Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas; que, se encuentran cumplidas respecto de la resolución ex MEyP 127/2008 impugnada en autos; por medio de la cual el Poder Ejecutivo Nacional fijó un sistema de alícuotas móviles para la exportación de gas propano, invocando -al efecto- la delegación de facultades contenida en la ley 25.561, que por su artículo 6° creó el derecho de exportación sobre hidrocarburos por un plazo de cinco años, delegó, por igual término, en el Poder Ejecutivo las facultades para establecer las alícuotas correspondiente a tal derecho de exportación sobre hidrocarburos, y estableció que tanto la creación del tributo que dispuso, como la delegación de sus facultades para fijar alícuotas se enmarcaban en su política frente a la emergencia cambiaria y sus efectos;
ii) la resolución ex MEyP 127/2008, se dictó invocando al artículo 6° de la ley 25.561 como norma delegante, dictada en el marco de una clara política legislativa definida en su propio articulado, con un plazo para su ejercicio de cinco años, siendo ello realizado en un contexto de emergencia y versando sobre "materias determinadas de Administración", concepto que admite, cumplidas las condiciones anteriores, la delegación de alícuotas de derechos aduaneros; cumpliendo así con los recaudos previstos por el artículo 76 de la Constitución Nacional en lo que al punto refiere; mal pudiendo postularse, en consecuencia, respecto del precepto impugnado un vicio constitucional de origen como el que padecía la resolución ex MEyI 11/2002, invalidada en el fallo dictado en autos "Camaronera Patagónica SA";
iii) la ley 25.561, en cuanto declaró la emergencia cambiaria que motivó la creación por el Congreso Nacional del derecho de exportación sobre hidrocarburos y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el mismo Congreso mediante las leyes 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200, que extendieron hasta el 1/12/2017 su vigencia; de modo que al momento del dictado de la resolución ex MEyP 127/2008, las condiciones de emergencia cambiaria no habían variado para el Poder Legislativo;
iv) mediante las leyes 26.217 y 26.732, el Congreso de la Nación prorrogó también por dos períodos -de cinco años cada uno- la ley 25.561 y el derecho de exportación sobre hidrocarburos creado; disponiendo, de manera separada, en cada una de tales normas tanto la ampliación de la vigencia temporal del derecho de exportación, como la delegación de sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional para fijar su alícuota, todo dentro de la política legislativa antes mencionada;
v) el Congreso de la Nación aprobó retroactivamente las normas por las que el Poder Ejecutivo Nacional había ejercido las facultades que dicho Poder del Estado le había delegado por cinco años para concretar su política legislativa definida en la ley 25.561; reconociendo tales normas que el ejercicio de la Administración de las facultades legislativas delegadas consumó la voluntad del mismo Congreso Nacional.
Al punto, especificó que por ley 26.732, el Congreso Nacional aprobó de modo nominal y específico a la resolución ex MEyP 127/2008 impugnada en autos, lo que demostraba que lo actuado por el Poder Ejecutivo en ejecución de las facultades que se le confirieron, en el marco de la política legislativa fijada por el mismo Congreso y dentro del plazo otorgado para su ejercicio, gozaba de validez constitucional.
vi) con el dictado de la ley 26.122 y lo dispuesto por sus artículos 17 y 24, la vigencia obligatoria e inmediata -con carácter de ley formal- de las alícuotas dispuestas por la resolución impugnada devenía legalmente establecida por tales normas; operando tales preceptos en sentido unívoco con la ratificación retroactiva de la resolución ex MEyP 127/2008, dispuesta por el artículo 2° de la ley 26.732.
En este aspecto, especificó que, contrariamente a lo peticionado por la actora, la norma impugnada gozó de plena vigencia en el período de tiempo transcurrido entre el 21/3/2008 y el 28/12/2011, tanto por el "bloque de legalidad" en el que se encontraba inserta la resolución impugnada, que revelaba una actividad legislativa confluyente y unívoca entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, manifestada en las leyes 25.561, 26.217 y 26.732, así como por las disposiciones mencionadas de la ley 26.122, de delegación legislativa dictada por el propio Congreso Nacional, en cumplimiento de un mandato impartido por la Convención Constituyente de 1994, contenida en el artículo 99, inciso 3°, cuarto párrafo, de la Constitución Nacional.
vii) los artículos 17 y 24 de la ley 26.122, de delegación legislativa, no solamente respondían a una voluntad clara del Congreso de la Nación, sino que expresaban una solución que tuvo un amplio consenso al momento de tratarse dicha ley federal en las cámaras del Parlamento;
viii) el articulado del Código Aduanero que regulaba los derechos de exportación, actualmente se encontraban integradas -en cuanto a las delegaciones que establecían- con el régimen general de delegación legislativa de la ley federal 26.122;
ix) las disposiciones específicas de la ley 26.122 para la aprobación de legislación delegada dictada por el PEN, nunca podía ser óbice o impedir una intervención del Congreso Nacional con el mismo objeto, pero haciéndolo bajo las previsiones de la Constitución para la solemne sanción de las leyes; tal como aconteció respecto de la resolución (MEP) 127/08 con la ley 26.732, cuyo artículo 2° la ratificó.
x) el sistema de la ley 26.122 de abocamiento de oficio de la Comisión Bicameral Permanente y de las Cámaras del Congreso, con la vigencia inmediata de la misma legislación delegada dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme sus artículos 17 y 24, resultaba relevante para la materia tributaria aduanera en lo relativo a la fijación de alícuotas de derechos; conciliando así la esencial intervención del Congreso en la fijación de alícuotas de derechos de exportación, salvaguardando el principio de legalidad constitucional, con la necesidad de que tal actividad sea ejecutada por la Administración de modo tempestivo y eficaz.
Al respecto, añadió que la eventual demora en la intervención del Congreso a posteriori del dictado de la norma delegada para ratificarla o derogarla, por falta de abocamiento de la Comisión Bicameral Permanente y luego de las Cámaras, no resultaba óbice durante ese período de tiempo a la vigencia de las normas delegadas dictadas, conforme lo establecen los artículos 17 y 24 de la ley 26.122; siendo que, una eventual derogación por el Congreso de la norma delegada solamente tendría efecto prospectivo, salvo que el propio Congreso dispusiera la derogación retroactiva de la norma delegada aniquilando su vigencia previa, disposición válida siempre que no importase la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.
V. Disconforme con lo resuelto, TGS SA apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (ver esp. fs. 40 y 45/87 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Tras referir los antecedentes del caso, la exportadora aclaró que no buscaba repetir el monto total de los derechos de exportación abonados, sino la parte que excedía la alícuota del 20% ad valorem, conforme la resolución ex MEyP 335/2004, que consideró como la aplicable a la operatoria; destacando al efecto que la resolución ex MEyP 127/2008 fue ratificada con posterioridad a la fecha de registro de la exportación bajo trato mediante la ley 26.732, únicamente con efectos prospectivos.
Luego, postuló que:
-el Poder Ejecutivo, a través del ex Ministerio de Economía y Producción, se habría irrogado facultades legislativas, fijando un derecho de exportación para el gas butano y el propano, entre otros, sin que existiera una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional, dado que, de conformidad con lo resuelto por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, ni el Código Aduanero, ni mucho menos la 25.561 establecieron, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo bajo trato;
-no habiendo una clara política legislativa, el Poder Ejecutivo no tenía derecho alguno a fijar un derecho de exportación para el gas butano, ni para ningún otro hidrocarburo, puesto que la delegación legislativa en materia tributaria se encuentra vedada, sumado a que la creación de un derecho de exportación no resulta una materia de administración, y además, admitiéndola de modo absolutamente excepcional, no existía, a esa fecha, ninguna ley que delimitara una clara política legislativa en concordancia con el artículo 76 de la Constitución Nacional; y -por lo demás, de aceptar la valía de la ley 25.561 como norma delegante constitucionalmente válida, mal podía el ex Ministerio de Economía y Producción fijar la alícuota, en tanto la orden constitucional determina que la delegación es hacia el Poder Ejecutivo, Presidencia de la Nación, mas no a un Ministerio; habiendo, además, correspondiendo, en tal caso, que el decreto que dictara la norma delegada ser refrendado por el Jefe de Gabinete de Ministros y aprobado o rechazado por la Comisión Bicameral Permanente; lo que no habría acontecido en la especie.
Al punto, refirió que la subdelegación aceptada por el Tribunal Fiscal de la Nación, efectuada mediante la ley 26.217, resultaría inconstitucional, en tanto se opondría a la clara manda constitucional de delegar ciertas materias únicamente en cabeza del Presidente de la Nación, con la refrenda del Jefe de Gabinete de Ministros.
-el mecanismo de delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional ha de ser interpretado restrictivamente, pues -como regla- la delegación se encuentra prohibida. El principio de legalidad en materia tributaria, continuó en su razonamiento en lo que al punto refiere, no cede, en circunstancias de emergencia pública.
-la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Camaronera Patagónica SA”, sin excluir a los hidrocarburos de sus conclusiones, declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación impuestos por resolución ministerial, por resultar dicho precepto y la norma “delegante” (según la propia resolución, las leyes 22.415 y 25.561), violatorias del principio de reserva legal contenido en el artículo 4° de la Constitución Nacional para la materia tributaria; -el Poder Ejecutivo no se encuentra facultado, ni siquiera por la amplia delegación prevista en el artículo 755 del Código Aduanero, ni por la ley 25.561, para imponer un derecho de exportación para hidrocarburos como el impuesto por la resolución ex MEyP 127/2008; que, en todo caso, resultarían válidos a partir de su ratificación legislativa, producida más de tres años después mediante la ley 26.732; -el razonamiento seguido por el pronunciamiento recurrido no resiste el estándar de "Camaronera Patagónica SA", resultando ilógico avalar que un Ministro tenga mayores facultades que el Presidente de la Nación en el dictado de decreto de necesidad y urgencia en materia de legislación tributaria;
-la ley delegante ha de definir todos los elementos del tributo, incluida la alícuota por medio de “parámetros o escalas máximas”; pudiendo solamente ser delegada la alícuota, siempre que exista una ‘clara política legislativa’; lo que, en su entendimiento, no surgiría de las normas delegadas que fueron mencionadas en los preceptos aludidos como delegantes;
-mal podía afirmarse que la resolución ex MEyP 127/2008 superara el test de constitucionalidad, en tanto estableció un derecho de exportación, con un piso mínimo del 45%, sin que la ley 25.561 hubiera establecido ningún parámetro que le permitiera tal decisión;
-la ley 25.561 creó el derecho de exportación de hidrocarburos, sin definir los demás “elementos esenciales del tributo”; -la ratificación legislativa de la resolución ex MEyP 127/2008, por la ley 26.732, sólo podía producir efectos para el futuro porque era una norma “inicialmente inválida”; añadiendo al efecto que la ley 26.122 no convalidó resoluciones ministeriales ni ninguna norma delegada en materias “prohibidas”;
-la conclusión alcanzada por el pronunciamiento recurrido resultaría errónea en tanto se opondría a la doctrina y jurisprudencia generalizada en materia de constitucionalidad de tributos y delegación y a lo expresamente decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA”; oportunidad en la que habría sostenido que el principio de legalidad no cede ni en emergencia, ni cuando se actuara por el mecanismo de delegación legislativa;
-resultaría erróneo sostener que para los decretos la prohibición en materia tributaria resulte absoluta, mientras que en materia de legislación delegada la Constitución Nacional resulte más “flexible", autorizando la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo que versen sobre "materias determinadas de administración o de emergencia pública";
-el Tribunal Fiscal de la Nación habría confundido el mecanismo de delegación legislativa, su regulación constitucional, con las materias que expresamente la Constitución nacional prohíbe delegar en el Poder Ejecutivo; omitiendo considerar los estándares constitucionales y los definidos por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA"; -ley 25.561 y las prórrogas de la emergencia dictadas en forma sucesiva no resistirían el test de constitucionalidad para ser normas delegantes válidas en materia de imposición de derechos de exportación; por no delinear todos los elementos esenciales del tributo y fijar parámetros máximos de alícuotas, delegando en el Poder Ejecutivo la fijación de la alícuota entre esos parámetros.
Al punto, añadió que lo mismo correspondía predicar respecto de la ley 26.732, que ratificó la resolución ex MEyP 127/2008; decisión adoptada sobre una norma inicialmente inválida, que únicamente podría operar para el futuro y no puede ser retroactiva, concepto explicado suficientemente por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”.
-la validación o control posterior del Congreso en los términos de la ley 26.122, se verifica en materia de "delegación permitida", más no en materia de delegación prohibida; como habría acontecido en la especie, siendo que la resolución ministerial impugnada en autos fue dictada en uso de las facultades de delegación establecidas constitucionalmente para materias determinadas de administración o de emergencia pública cuando, dichas facultades no comprendieran materia tributaria;
-reiteradamente, el principio de legalidad en materia tributaria no cede ni en emergencia ni cuando se actúa por mecanismo de delegación legislativa;
-la ratificación de la resolución ex MEyP 127/2008, producida por la ley 26.732, no se habría verificado en el marco de la ley 26.122, a lo que se añadiría que se produjo a tres años de su dictado, cuando la propia ley 26.122 establece un procedimiento expedito y breve al respecto;
-mal podría convalidarse lo sostenido por el pronunciamiento apelado con relación a que la ratificación legislativa de la resolución ex MEyP 127/2008, verificada tres años después de su dictado, hubiera sido dictada en el marco reglamentado por la ley 26.122, determinando la voluntad inequívoca del Congreso de ratificar con efecto retroactivo lo actuado por el Poder Ejecutivo;
-la ley 26.122 no tendría incidencia alguna en la cuestión debatida en autos, puesto que no referiría a la convalidación de resoluciones ministeriales, ni tampoco, por supuesto, a ninguna norma delegada en materias prohibidas por la Constitución Nacional;
-la cuestión a decidir se circunscribía a la constitucionalidad de los derechos pagados, pues la valoración de la prueba realizada, por el Tribunal Fiscal de la Nación habría vulnerado el principio de congruencia, destacando al efecto que la AFIP - DGA no habría considerado la falta de acreditación del perjuicio invocado; y -a todo evento, que la resolución ex MEyP 127/2008 excedió los parámetros de la ley 25.561, en tanto sus fundamentos, no se vinculaban con los motivos que dieron origen a los derechos de exportación de hidrocarburos.
Por lo expuesto, TGS SA solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se hiciera lugar al pedido de repetición que intentara, por la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana con apoyo en la resolución ex MEyP 127/2008 y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por la resolución ex MEyP 335/2004.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional (ver esp. fs. 10/31 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
VI. A pedido de parte, por resolución del 30/3/2022 (conf. esp. fs. 89/90 del hipervínculo antes referido), la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en autos en defensa del Fisco Nacional, siendo apelados por entenderlos bajos y altos.
VII. Remitidas las actuaciones en vista, el señor fiscal general de Cámara, en cuanto aquí interesa resaltar, consideró que el planteo de inconstitucionalidad deducido en autos debía ser desestimado conforme el criterio que expusiera al dictaminar en autos 19.223/2021 “Transportadora de Gas del Sur SA - TF 38422- A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”.
En dicha oportunidad, el representante del Ministerio Público Fiscal, a título preliminar, entendió que:
-los derechos de exportación constituyen tributos en los términos del artículo 724 del Código Aduanero, por lo que se encuentran alcanzados por el principio de legalidad o reserva de ley, que determina la necesidad de sustentarse en una ley previa que así los establezca, así como también la imposibilidad de crear impuestos y/o exenciones por analogía, o derogar obligaciones tributarias nacidas por medio de una ley formal por acuerdo entre particulares, ni entre éstos y el Estado, abarcando la prohibición de crear nuevos sujetos alcanzados por el impuesto, modificar exenciones o establecer ilícitos, sin la existencia de una ley previa;
-si bien el principio de legalidad o de reserva de la ley no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional, las continuas fluctuaciones que presenta el comercio internacional, conlleva a que, en materia aduanera, resulte indispensable contar con herramientas que permitan adecuar, en forma ágil, los instrumentos estatales de política económica a efectos de que, entre otros objetivos, puedan protegerse la producción local, los precios en el mercado interno o las condiciones de competitividad de bienes locales en el exterior;
-el artículo 76 de la Constitución Nacional habilita la delegación por parte del Congreso de la Nación de facultades legislativas en materia tributaria, en el marco de las situaciones allí previstas y en tanto exista una clara política legislativa;
-en autos “Camaronera Patagónica SA”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación descartó que los derechos de exportación para consumo de diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) establecidos mediante la resolución ex MEyI 11/2002, allí cuestionada, hubieran constituido el ejercicio de facultades delegadas por el Congreso Nacional tanto por la ley 25.561 como por el Código Aduanero, en tanto tales leyes no establecieron ni siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo objeto de análisis en ese proceso, por lo que concluyó que dicho precepto, dictado en virtud de la delegación establecida por el Código Aduanero, había implicado -ante la ausencia de una clara política legislativa al momento de su dictado- el liso y llano establecimiento por parte de una cartera del Poder Ejecutivo de un derecho de exportación, en franca violación al principio de reserva de ley. Sin embargo, continuó en lo que al punto refiere, en ese mismo precedente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al descartar que la ley 25.561 o el artículo 755 del Código Aduanero importaran una delegación suficiente, capaz de justificar el dictado de la resolución ex MEI 11/2002, explicó que la ley 25.561 solo contenía en su artículo 6°, tercer párrafo, una previsión de creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos, y que, con la salvedad mencionada, no había otra disposición en su articulado que permitiera establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debía atenerse el Presidente.
Por tanto, concluyó en este aspecto, en tanto el Alto Tribunal reconoció el carácter legal de la creación del derecho de exportación de hidrocarburos y le asignó a los términos de la mencionada ley 25.561 el alcance de una clara política legislativa a las cuales debía atenerse el Presidente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, no correspondía predicar, sin más, que las potestades ejercidas por el Poder Ejecutivo Nacional con sustento en dicha norma -en orden a la fijación de un derecho a la exportación de hidrocarburos- pudieran ser juzgadas con arreglo a las reglas sentadas por el Alto Tribunal para un supuesto que, en ausencia de una política legislativa expresa fijada por el legislador, se sustentara exclusivamente en lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero.
-la política fijada por el legislador a los efectos de que el Poder ejerciera la atribución conferida por la citada ley de emergencia, fue objeto de un seguimiento estricto por parte del Congreso de la Nación y, ulteriormente, de una ampliación, incorporándose nuevas justificaciones y propósitos al efecto;
-la discusión de autos importaba ingresar en el análisis del ejercicio de atribuciones constitucionales propias y privativas del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial: la potestad central del primero, la facultad para delegar su ejercicio en el Presidente de la Nación, la concreción de dicha atribución a través de un decreto y, finalmente, los alcances del control legislativo y judicial en la materia; -la delegación supone una transferencia del ejercicio de la competencia constitucional del Congreso de la Nación, más no de su titularidad, y para ser válida debe cumplir con determinados requisitos vinculados a las materias, las bases y el plazo.
Al punto, destacó que el Alto Tribunal, hizo hincapié en que la delegación sin bases se encontraba prohibida; que cuando las bases estuvieran formuladas en un lenguaje demasiado genérico e indeterminado, la actividad delegada será convalidada por los tribunales si el interesado supera la carga de demostrar que la disposición dictada por el Presidente es una concreción de la específica política legislativa que tuvo en miras el Congreso al aprobar la cláusula delegatoria de que se trate.
-con relación al cumplimiento de las pautas de validez, el Congreso de la Nación se constituye como el primer intérprete de la adecuación entre la ley delegante y el decreto delegado.
Sentado ello, tras reseñar la normativa involucrada en autos, advirtió que de los términos empleados por el legislador, se desprendía -por un lado- que el propio Congreso de la Nación consideró válidas las facultades ejercidas mediante el decreto 310/2002 y sus modificaciones, así como por las resoluciones 526/2002, 335/2004, 336/2004, 337/2004 532/2004, 537/2004, 534/2006 y 776/2006 y demás normas dictadas en su consecuencia, en tanto no entendió necesario “ratificarlas” y se limitó a declarar que estas continuarían vigentes; y -por otro- que las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para establecer las alícuotas correspondientes, en lo sucesivo no surgirían, con exclusividad, de la ley 25.561 toda vez que para tener por prorrogada la delegación inicial bastaba, precisamente, con prorrogar aquella ley (conf. leyes 26.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200); recordando que la inconsecuencia del legislador no se presume. En este contexto, opinó que la creación del derecho de exportación a los hidrocarburos por parte de la ley 25.561 y su mantenimiento por normas complementarias, con el reconocimiento en cabeza del Poder Ejecutivo de la atribución para fijar la alícuota respectiva, se efectuó sobre la base de una “clara política legislativa” que ciñó el ejercicio de dicha tarea, sea a atender las obligaciones de la deuda pública, sea a la captura de la renta hidrocarburífera frente al incremento de los precios internacionales, sea a la compensación del mayor costo fiscal originado en los crecientes precios de importación y los exiguos precios de exportación.
Al respecto, agregó que:
*la propia ley 25.561 creó el tributo bajo análisis y delegó en el Poder Ejecutivo, por un tiempo limitado, la facultad de fijar la alícuota, con la aclaración de que en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podría disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras;
*el ejercicio de tales atribuciones fue reconocido sin objeción alguna por parte del Congreso de la Nación en reiteradas oportunidades, tanto como los renovados propósitos perseguidos mediante aquellas; y *por la resolución 534/2006 se prestó particular atención a los precios internacionales convenidos por la Argentina para la importación de gas a la hora de delimitar la base imponible del impuesto a la exportación de hidrocarburos, procurando por un lado garantizar con su regulación tanto el suministro interno como el abastecimiento e intercambio con los países integrantes del Mercosur y, por el otro, evitar o disminuir el impacto del incremento de los precios de importación sobre los precios del consumo interno; pautas reconocidas por el Poder Legislativo con la sanción de la ley 26.217, en cuyo debate parlamentario asimismo se plasmaron tanto los fines que la política hidrocarburífera argentina debía seguir -en adición a las exigencias de la emergencia anteriormente declarada- como los medios para lograrlo: asegurar el abastecimiento interno de hidrocarburos estableciendo derechos a la exportación que guarden relación con su precio internacional.
A su vez, consideró que la resolución ex MEyP 127/2008, que introdujo modificaciones en su predecesora, la 534/2006, de acuerdo a las pautas previstas en esta última norma que fueron convalidadas -con la sanción de la ley 26.217-, denotaba el ejercicio de facultades delegadas en el marco de una clara política legislativa, delimitada no sólo por la ley 25.561 sino también por los decretos y resoluciones dictados en su consecuencia y reconocidos por el Congreso de la Nación con anterioridad a la concertación de la operación denunciada por la accionante, contemplando tanto la situación de emergencia económica como los cambiantes requerimientos de la materia energética en nuestro país; política legislativa, con apoyo en sucesivas intervenciones del Honorable Congreso de la Nación, que reguló diversos aspectos de la base imponible y ponderó las circunstancias específicas del mercado de hidrocarburos y la necesidad de instrumentar acciones tendientes a evitar variaciones microeconómicas que repercutan en los costos de la provisión de bienes y servicios en el mercado interno, configurando todo ello un parámetro que el Poder Ejecutivo debía necesariamente valorar al momento de ejercer la facultad delegada.
En este sentido, advirtió que mediante notas externas y resoluciones generales, la Dirección General de Aduanas y la Administración Federal de Ingresos Públicos establecieron sucesivamente los precios del gas natural a considerar como base de valoración de las destinaciones de exportación para consumo, según el precio más alto convenido para la importación de gas natural a la República Argentina, esto es, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la resolución 534/2006, modificada por la resolución 127/2008, entre otras normas. Aclaró que los precios indicados no contenían los importes correspondientes a los tributos que gravaban la exportación para consumo (ver articulado de las notas externas y resoluciones generales), en un todo de acuerdo a lo previsto en el artículo primero de la resolución 534/2006 en su redacción original que fue reconocida por el Honorable Congreso de la Nación con anterioridad a la operación que dio origen a estas actuaciones; de modo que mal podía considerarse que los aspectos cuantitativos de la obligación hubieran quedado completamente librados al arbitrio del Poder Ejecutivo, existiendo una clara política legislativa que circunscribía su ejercicio por un plazo acotado y bajo ciertos parámetros.
A título de cierre, postuló que el planteo de invalidez de la resolución ministerial debía ser desestimado, atento a la suficiencia de las bases de la delegación efectuada por el Congreso de la Nación mediante la ley 25.561 en materia de hidrocarburos, convalidada por el Máximo Tribunal en Fallos 337:388, así como las prórrogas de las normas delegante y el reconocimiento de la vigencia de las delegadas efectuada por el propio órgano legislativo, sumado a que no habría sido objeto de discusión el contexto de emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria que lo llevaron a conferir al Poder Ejecutivo dichas facultades, ni que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo se apartaran de las bases para la exportación de hidrocarburos reconocidas por el Poder legislativo.
A mayor abundamiento:
-advirtió que ejecutar una política legislativa determinada implicaba también el poder de dictar normas adaptadas a las cambiantes circunstancias, sobre todo en una materia que por hallarse tan sujeta a variaciones, se estimó conveniente dejar librados sus pormenores al prudente arbitrio del Poder Ejecutivo, en vez de someterla a las dilaciones propias del trámite parlamentario; ello, en tanto no puede soslayarse que los derechos aduaneros están íntimamente ligados a las continuas fluctuaciones que presenta el comercio internacional y, por dicha razón, en esta materia es indispensable contar con herramientas que permitan adecuar, en forma ágil, los instrumentos estatales de política económica a efectos de que, entre otros objetivos, puedan protegerse la producción local, los precios en el mercado interno o las condiciones de competitividad de nuestros bienes en el exterior; y -consideró improcedente el planteo concerniente a la prohibición de la subdelegación legislativa, con alusión a Fallos 335:227 y resaltando que en el caso de autos el legislado mediante ley 26.217, al prorrogar tanto el impuesto a los hidrocarburos, establecido por el artículo 6° de la ley 25.561, como la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para establecer las alícuotas correspondientes, previó expresamente que dichas atribuciones podrían ser delegadas en el Ministerio de Economía y Producción.
VIII. En este contexto, cuadra advertir que no se encuentra controvertida la operación de exportación en trato, ni los elementos resultantes de su declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria, etcétera; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación al 45% de su valor FOB según lo normado por la resolución ex MEyP 127/2008, o bien si, con arreglo a la resolución ex MEyP 335/2004, hubiera correspondido tributar una alícuota por tal concepto del 20%. Al punto, resulta atinado destacar que, en el caso, TGS SA, exportó mercadería declarada como “Butanos - Licuados: gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos”, posición arancelaria “2711.13.00.000C”, mediante la destinación de exportación con precios revisables “08 003 ES02 000085 U”, oficializada el 25/6/2008 -y la correspondiente destinación de exportación a consumo “08 003 EC08 000095 L”, registrada el 14/7/2008-, abonando derechos de exportación por aplicación de las pautas establecidas por resolución ex MEyP 127/2008 (conf. esp. fs. 8/10 del expediente administrativo que se tiene a la vista en soporte papel).
Según resulta de los antecedentes del caso, debidamente referenciados a lo largo de la presente, TGS SA consintió en parte los tributos abonados (conf. formulario F4; conf. esp. fs. 18 del hipervínculo incluido en el presente párrafo); ello en el entendimiento que, a la fecha de registro de la operatoria bajo examen, el nivel de derechos fijados sin limitación temporal por la resolución ex MEyP 335/2004, había sido convalidado por la ley 26.217 (publicada en el BORA del 16/1/2007), respetando las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA”.
Al respecto, el Fisco Nacional sostuvo -en definitivaque todo el porcentaje de derechos de exportación, había sido válidamente percibido, con asiento en la resolución ex MEyP 127/2008, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 25.561.
Así las cosas, en los términos en que fuera planteada la controversia suscitada, producto de las posturas asumidas por la exportadora y por el Fisco Nacional, la cuestión a decidir se centra en determinar si por la operatoria de comercio exterior celebrada debieron ser liquidados y abonados los derechos de exportación conforme lo normado por la resolución ex MEyP 127/2008, precepto este último cuya inconstitucionalidad fue planteada por TGS SA, o bien según lo previsto en la resolución ex MEyP 335/2004; dilucidación que, de convalidarse la posición asumida por la actora, determinaría el reconocimiento del derecho a obtener la devolución de la suma abonada por tal concepto, equivalente a la diferencia de 25 puntos porcentuales.
IX. Dicho ello, a efectos de una mejor compresión de la cuestión antes delimitada, cuadra referir que por, por ley 25.561 (publicada en el BORA del 7/1/2002):
-se declaró, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha norma, hasta el 10/12/2003 (conf. esp. su artículo 1°).
-se estableció que el Poder Ejecutivo Nacional reestructuraría las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio un peso = un dólar estadounidense, sólo respecto de las deudas con el sistema financiero originadas por determinados créditos y en tanto no superaran determinados montos; a cuyos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podría establecer medidas compensatorias que evitaran desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas, las que podrían incluir la emisión de títulos del Gobierno Nacional en moneda extranjera garantizados, para lo cual creó un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco años, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la alícuota correspondiente. En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podría disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las Provincias productoras (conf. esp. su artículo 6°).
Luego, por ley 22.520 (Ley de Ministerios) se facultó al Poder Ejecutivo Nacional para delegar en los Ministros y Secretarios de la Presidencia facultades relacionadas con las materias que les competían, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto (conf. esp. su artículo 13).
Por decretos 310/2002, 809/2002 y 645/2004, el Poder Ejecutivo Nacional puso en práctica las atribuciones otorgadas en lo concerniente a la fijación de derechos de exportación sobre ciertos hidrocarburos y derivados.
En particular, cuadra referir que por los decretos 809/2002 y 645/2004, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó al ex Ministerio de Economía y Producción para modificar las alícuotas de los derechos de exportación sobre los hidrocarburos y sus derivados (conf. esp. artículos 3° y 2°, respectivamente, de las mencionadas normas). En uso de tal potestad, por resolución ex MEyP 335/2004, el ex Ministerio de Economía y Producción fijó en un 20% la alícuota a abonar por la exportación de mercaderías comprendidas, entre otras, en las posiciones arancelarias “2711.12.90” y “2711.13.00”. En este contexto, cuadra apuntar que, por ley 26.217 (publicada en el BORA del 16/1/2007), fue prorrogada, a partir de su vencimiento, por otros cinco años la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por la ley 25.561, como así también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para fijar la alícuota, autorizando su subdelegación en el ex Ministerio de Economía y Producción (conf. esp. su artículo 1°); acordando a su vez que, hasta tanto ello aconteciera, continuarían vigentes, los decretos 310/2002 y sus modificaciones, 809/2002 y 645/2004, las resoluciones ministeriales 526/2002, 335/2004, 336/2004 y 337/2004, 532/2004 y su modificatoria 537/2004, 534/2006 y 776/2006 y demás normas dictadas en su consecuencia (conf. esp. su artículo 2°).
En este contexto, fue dictada la resolución ex MEyP 127/2008 (publicada en el BORA del 12/3/2008), por medio de la cual, en cuanto aquí interesa, la autoridad ministerial dispuso la aplicación de una fórmula para el cálculo de la alícuota del derecho de exportación respecto de determinados hidrocarburos gaseosos comprendidos en su anexo, entre los cuales se encontraban los exportados en el caso, correspondientes a las posiciones arancelarias “2711.12.90” y “2711.13.00”.
Según dicha fórmula, ha de considerarse el precio internacional de las mercaderías y un valor de referencia que fijaba la propia resolución (conf. esp. sus artículos 3° y 4°).
A su vez, previó que en el caso en que el precio internacional de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias en cuestión, fuera inferior al valor de referencia, se aplicaría un derecho de exportación del 45% (conf. esp. su artículo 5°); siendo esta la situación suscitada en el caso bajo examen en lo concerniente a la destinación antes identificada.
X. Precisada la plataforma fáctica y normativa involucrada en la especie, así como los fundamentos de la resolución apelada y el contenido de la postulación recursiva, se advierte desde ya que, a los fines de la dilucidación del caso, cuadra seguir la doctrina que emana del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sent. del 15/4/2014 (registrado en Fallos, 337:388). En dicha oportunidad, el Alto Tribunal, al analizar la validez de la resolución del Ministerio de Economía 11/2002, por la que se fijaron ciertos derechos a la exportación para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), destacó, en cuanto aquí interesa resaltar, que:
-el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en caso que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional; -los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (artículo 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo;
-ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecieron, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo examinado;
-resultaba admisible que el Congreso Nacional atribuya al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijasen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa;
-la resolución cuestionada no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó -en el caso- completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional;
-el Poder Legislativo Nacional dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, con incidencia en la solución de dicha controversia; advirtiéndose al respecto que -con excepción de la ley 26.519- las restantes contenían una estructura similar ya que, por una parte, ratificaban la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen y, en lo que al caso interesaba, aprobaban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994; -si bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcaban diversas materias podía ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resultaba suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron; y -la ley 25.645 carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable -como la resolución ex ME 11/2002-, pero no existía razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia.
Con asiento en estas consideraciones, el Alto Tribunal determinó que la invalidez de la resolución ex ME 11/2002 se circunscribía al período comprendido entre el 5/3/2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24/8/2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal.
XI. Si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. CSJN, Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/EN - Mº Justicia DDHH s/proceso de conocimiento”, sent. del 28/11/2019 y su cita; entre otros). Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. XII.- Por aplicación al caso de los estándares que emanan del referido pronunciamiento del Alto Tribunal, no cabe sino admitir la apelación deducida por TGS SA y, en consecuencia, hacer lugar a la acción de repetición que intentara por la diferencia de tributos entre la aplicación de las previsiones de la resolución ex MEyP 127/2008 y el régimen que hubiera regido la operatoria, esto es, la resolución ex MEyP 335/2004; importando en los hechos un porcentual diferencial de 25%. En la especie, según fuera puesto de manifiesto en el Considerando I y conforme la información resultante del Considerando VIII, la actora reclamó el reintegro de la diferencia de derechos de exportación respecto de la destinación de exportación con precios revisables “08 003 ES02 000085 U”, oficializada el 25/6/2008 -y la correspondiente destinación de exportación a consumo “08 003 EC08 000095 L”, registrada el 14/7/2008-, habiendo sido liquidados y abonados conforme lo normado por la resolución ex MEyP 127/2008, en lugar de seguir lo dispuesto por la resolución ex MEyP 335/2004.
Al punto, cuadra advertir que la resolución ex MEyP 127/2008, impugnada en autos, fue recién “convalidada” legislativamente por ley 26.732, publicada en el BORA el 28/12/2011.
En efecto, por dicho precepto, por un lado, fue prorrogado por el término de cinco años, a partir de su vencimiento, el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el artículo 6º de la ley 25.561 y sus modificatorias y complementarias, como así también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (conf. esp. su artículo 1°); y, además, dispuso que, hasta tanto fueran ejercidas tales facultades, continuarían vigentes los decretos 310/2002 -y sus modificaciones- y 809/2002, las resoluciones ex MEyP 394/2007 y 127/2008 y demás normas dictadas en su consecuencia.
Así las cosas, con arreglo a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.), tal convalidación dio base legal a las previsiones de la resolución impugnada en autos, con efectos exclusivamente hacia el futuro.
En tales condiciones, resulta de toda claridad que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente antes reseñado, dan respuesta al caso y determinan la admisión de la apelación deducida por la accionante, la revocación del pronunciamiento recurrido, la inconstitucionalidad -en el caso- de la resolución ex MEyP 127/2008 y, consecuentemente, el reconocimiento del derecho de TGS SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa válida, al oficializar la destinación antes apuntada, cuyo pago en tales términos -por lo demás- no fue desconocido en autos por el Fisco Nacional.
XIII. A todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.) para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional).
En efecto, tal como resulta de lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. En el caso, se advierte que la atacada resolución ex MEyP 127/2008 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación.
Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues este refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional. Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez a la impugnada resolución ministerial.
En este sentido, cuadra advertir que la resolución ex MEyP 127/2008 no se ajustó a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó (a tenor del texto contenido en la norma delegante) librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo -por tanto- de sustento legal el ejercicio de tal facultad delegada; ello así, en tanto el precepto cuestionado fijó unilateralmente y sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto (mediante el mecanismo de cálculo contenido en su artículo 3°), materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación, el cual por cierto omitió toda indicación sobre el particular al disponer la delegación.
XIV. Asimismo, ha de señalarse que la mencionada ley 26.732, según sus términos -antes referenciados- refleja que si bien el Poder Legislativo Nacional tuvo la voluntad de conferirle rango de ley a la resolución ex MEyP 127/2008, sus previsiones no tuvieron efectos retroactivos, careciendo de eficacia para ello, pues rige para el futuro. De este modo, el aludido 2° de la ley 26.732, que entró en vigencia a partir del día de su publicación (conf. su artículo 3°), por expresa previsión normativa surtió efectos para las operaciones cuyas solicitudes de destinación de exportación para consumo se registraran ante las respectivas aduanas a partir del 7/1/2012, inclusive (conf. esp. su artículo 4°), por lo que mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el con anterioridad a dicha fecha al amparo de la resolución ex MEyP 127/2008.
Añadiéndose -por último- que toda referencia al contenido y eventuales efectos de la ley 26.122 resulta ocioso, habida cuenta que aún su aplicación al caso en modo alguno impide, frente a una expresa impugnación constitucional, el examen judicial de la validez de la norma emitida en ejercicio de facultades delegadas, y eventualmente, la declaración de incompatibilidad de la norma delegante con las reglas y principios que, a partir de nuestra Carta Magna, estructuran el régimen tributario.
XV. A esta altura es preciso enfatizar que -conforme fuera adelantado en pasajes que preceden- la ley 25.561, que por su artículo 6° creó el impuesto a la exportación de hidrocarburos y que constituye la norma "delegante", resulta insuficiente en su contenido, para exponer una "clara política legislativa" en orden a la determinación de los elementos esenciales del tributo.
En efecto, si bien lo crea y establece un plazo de duración, no fijó baremos máximos ni mínimos, ni da indicio o especificación alguna en torno a las alícuotas aplicables. En este sentido, cuadra advertir que la referencia a la "disminución en boca de pozo" comporta una mera directiva enderezada a mantener la intangibilidad y asegurar el pago de regalías a las Provincias productoras, pero en modo alguno puede tan siquiera ser considerada como un mero indicio o pauta sobre los aspectos cuantitativos del tributo.
Tal indefinición, con ajuste al análisis e interpretación de la delegación legislativa y validez de las normas delegadas, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Camaronera Patagónica SA” (conf. esp. Considerandos 9° y 10 del voto de la mayoría), torna inválida la resolución ministerial puesto que ha constituido en concreto un ejercicio de facultades delegadas, sin contar con el respaldo de la norma delegante, en cuanto a la determinación de una clara política legislativa en torno de las alícuotas y modo de cálculo del tributo en cuestión.
XVI. Lo expuesto basta para la solución del caso, con asiento en fundamentación suficiente, y torna insustancial tratar los restantes agravios traídos por TGS SA.
XVII. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, revocar el pronunciamiento de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución SDG OAI 173/2016 y, consecuentemente, admitir la pretendida repetición de lo abonado en demasía concepto de derechos de exportación, en lo que respecta a la destinación de exportación con precios revisables “08 003 ES02 000085 U” y la correspondiente destinación de exportación a consumo “08 003 EC08 000095 L”, por aplicación de la resolución ex MEyP 127/2008, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara.
Por ello, se reconoce el derecho de la exportadora a obtener la devolución de la suma equivalente a la diferencia de 25 puntos porcentuales resultantes de la aplicación de la resolución ex MEyP 127/2008 respecto de la operatoria bajo trato.
XVIII. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 44.734/2022 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39.344-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 27/2/2024; en consonancia con el criterio adoptado por la Sala IV del Fuero en autos 30.429/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38.424-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 19/12/2023 y 47.765/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 74715620-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 8/2/2024.
XIX. Sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, conforme las pautas resultantes del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos C.1242.XLIX.REX "Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA", sent. del 15/5/2014, y toda vez que según surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos argentinos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (conf. esta Sala, en autos 47.726/2012 "Sancor CUL (TF 26.219-A) y otro c/DGA”, resol. del 2/12/2014, entre muchos otros). A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 809 del Código Aduanero, que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente, establece expresamente que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiera percibido indebidamente en concepto de tributos. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco Nacional una deuda en dólares (conf. -en este sentido- CSJN, en autos "Cencosud”, op. cit., esp. Considerando 8º).
XX. Definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular:
-desde el reclamo a la autoridad aduanera (del 18/12/2013) y hasta que comenzó a surtir efectos la resolución ex Ministerio de Hacienda 598/2019 (el 1/8/2019; conf. su artículo 10), según la tasa pasiva promedio mensual que publica la autoridad monetaria, según lo dispuesto en la Comunicación BCRA 14.290 (conf. esta Sala, en autos 80.607/2018 “Industrial and Comercial Bank of China SA c/EN - AFIP - DGI s/Dirección General Impositiva”, resol. del 16/6/2022 y sus citas, entre otros; pronunciamiento respecto del cual, ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el 12/9/2023 inadmisible la correspondiente presentación directa intentada por el Fisco Nacional, habiendo -por tanto- quedado en consecuencia firme el referido decisorio);
-a partir del 1/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019; y -a partir del 1/9/2022 y hasta el 1/2/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022;
-a partir del 1/2/2024, conforme la tasa prevista en la resolución del Ministerio de Economía 3/2024; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
XXI. En atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
XXII. En atención a lo previamente decidido, no corresponde pronunciarse respecto del recurso intentado contra la regulación de honorarios practicada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación mediante la resolución del 30/3/2022.
Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal
1. admitir la apelación deducida por Transportadora de Gas del Sur SA, revocar el pronunciamiento del 9/12/2021 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución SDG OAI 173/2016, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEyP 127/2008 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XVII, XIX y XX;
2. adecuar la distribución de las costas relativas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, las que, al igual que las concernientes a esta instancia judicial, quedan a cargo del Fisco Nacional (Considerando XXI); y 3°) no emitir pronunciamiento respecto de las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación mediante la resolución del 30/3/2022 (Considerando XXII).
Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor Fiscal general de Cámara- y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia