Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 38337-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) desestimar el recurso de apelación presentado por Transportadora de Gas del Sur S.A., con costas; (ii) establecer los honorarios conforme al considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 7013/2022, “Transportadora de Gas del Sur SA –TF 38337-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril de 2023, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Transportadora de Gas del Sur SA –TF 38337-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), confirmó la res. aduanera APN-DIRAPA#AFIP 2017-17, que rechazó el previo reclamo de Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), por inconstitucionalidad de las alícuotas aplicadas con sustento en la res. MEP 127/08 y consecuente repetición de los derechos de exportación de hidrocarburos, que estimó pagados en demasía. Imponiendo costas a la vencida.
Las quejas de TGS centraron en que la referida res MEP 127/08, carece de “una ley formal del Congreso”, que ampare la validez de las alícuotas allí fijadas. La que “…recién habría alcanzado validez constitucional y vigencia con la ley 26.732…cuyo art. 2 la ratificó,…con efectos a partir del 28/12/2011”. Inconstitucionalidad que fundó en el precedente de la CSJ “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388).
Para lo que ahora importa, el TFN, concluyó en la constitucionalidad de la res. MEP 127/08, por su inserción en el régimen de delegación legislativa que describió.
Para ello, en esencia, sostuvo que:
(a) El ordenamiento jurídico existente al momento de emitir la Corte el fallo “Camaronera” (24/8/2002), difiere netamente del “especial” que rige la res. MEP 127/08; por lo que deriva una solución distinta.
Está formado por la ley de emergencia 25.561 (y sus prórrogas), así como por un ordenamiento jurídico general sobre delegación legislativa (vigente cuando se oficializaron las destinaciones aquí involucradas): la ley 26.122 (BO 28/7/06), que regula “…con rango de ley constitucional, la materia de la legislación delegada…”. (b) La CSJ distinguió en “Camaronera” a la res. MEI 11/02 (que fijó derechos de exportación para mercaderías de la Nomenclatura Común del Mercosur, constitucionalmente cuestionada) del derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el art. 6 de la ley 25.561 (al que corresponde la res. MEP N° 127/08, aquí impugnada).
(c) La ley 25.561 fue prorrogada mediante sucesivas leyes hasta el 31/12/17, por lo que “…al momento del dictado de la res. MEP 127/08 las condiciones de emergencia determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación”.
(d) TGS no impugnó ninguna de dichas normas delegantes. Se limitó a cuestionar exclusiva y aisladamente a la res. MEP 127/08. (e) Lejos “… de una actuación autónoma y aislada del Poder Ejecutivo en la fijación de alícuotas de los derechos de exportación sobre hidrocarburos mediante la resolución MEP 127/08, una verdadera actuación conjunta y coordinada entre el Congreso de la Nación y el PEN a lo largo de más de 15 años –desde enero del año 2002 hasta el año 2017- finalizando por decisión del propio Congreso al no prorrogar por otros cinco años el derecho de exportación cuyas alícuotas se discuten en autos…”.
II. Disconforme, TGS apela y expresa agravios contra la sentencia (fs. 124 y 125/146), los que fueron, a su turno, replicados CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 7013/2022, “Transportadora de Gas del Sur SA –TF 38337-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
(fs. 155/166). También apela la regulación de honorarios practicada (a fs. 118) a la representación fiscal, por altos (fs. 151). En cuanto al fondo, esgrimió las siguientes críticas:
(a) La demanda no pretende repetir el monto total de los derechos de exportación que pagó, sino la parte que excede la alícuota del 20% de la res. MEP 335/04 (que es la que considera aplicable). (b) El mecanismo de delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la CN debe interpretarse restrictivamente, pues como regla la delegación se encuentra prohibida. El principio de legalidad en materia tributaria, no cede, en circunstancias de emergencia pública.
(c) La CSJ en “Camaronera” no excluyó a “los hidrocarburos de sus conclusiones. Ese aspecto no fue “allí objeto de cuestionamiento”. (d) La ley delegante debe definir todos los elementos del tributo, incluida la alícuota por medio de “parámetros o escalas máximas”. Sólo puede delegar la alícuota, siempre que exista una ‘clara política legislativa’; lo que no surge de las normas delegadas que menciona.
(e) La ley 25.561 crea el derecho de exportación de hidrocarburos, pero no define los demás “elementos esenciales del tributo”.
La ratificación legislativa de la res. MEP 127/08 por la ley 26.732, sólo puede producir efectos para el futuro porque es una norma “inicialmente inválida”. Lo que no modifica la ley 26.122, pues no convalida resoluciones ministeriales ni ninguna norma delegada en materias “prohibidas”.
(f) La cuestión a decidir se circunscribe a la constitucionalidad de los derechos pagados, pues la valoración de la prueba realizada, por el TFN vulneró el principio de congruencia (la DGA, no consideró la falta de acreditación del perjuicio invocado). (g) En subsidio, la res. MEP 127/08 excedió los parámetros de la ley 25.561, en tanto sus fundamentos, no tienen vinculación con los motivos que dieron origen a los derechos de exportación de hidrocarburos.
III. A fs. 149 apela la letrada apoderada del Fisco, los honorarios regulados en la resolución de fs. 118, por bajos.
IV. En tales condiciones, los agravios base de TGS, referidos en esencia, a la inconstitucionalidad de la res. MEP 127/08 por aplicación de la interpretación que efectúa del precedente “Camaronera”, no pueden prosperar.
Así ya lo decidió recientemente esta Sala, ante análogos fundamentos y en causas homónimas: “Transportadora de Gas del Sur S.A. (TF 39070-A) c/ DGA s/ Recurso directo de Organismo Externo”, del 16/3/23 (nº 44.063/22); y “Transportadora de Gas del Sur SA –TF 38422-a c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 4/4/23 (n°19223/21). También, y más atrás en el tiempo, Sala II en “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 24/5/17; en sentencia firme por rechazar la CSJ, la queja interpuesta (art. 280 CPCCN), con fecha 12/3/19 (exp.13.146/17).
Por ser así y porque tanto en los 2 casos que decidió esta Sala, como en el presente, mediaron sendos y coincidentes dictámenes del Sr. Fiscal General (tal como él mismo en autos lo recuerda), que adecuadamente respondieron aquellos agravios dirigidos a objetar el plano sustancial de la contienda, razones de economía y celeridad procesal llevan a remitir a tales fundamentos.
Máxime, que:
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TGS no cuestionó aquí la constitucionalidad de ninguna de las leyes que –siempre en materia de hidrocarburos–, expresamente, y en términos confluyentes y unívocos, fueron prorrogando la totalidad de la delegación legislativa, y aun la subdelegación en cada ocasión decidida (materia y legislación diferentes a las tratadas por la CSJ, en el citado precedente “Camaronera”; ver mención especial de la CSJ, con relación a la materia aquí en trato –hidrocarburos– en el cons. 9, 5to. párrafo). No cuestionó aquí la alícuota que, en definitiva, el legislador fue convalidando por ley. Consentimiento que impide analizar y/o visualizar la violación a la reserva de ley, que se invoca. Como se vio, el legislador no sólo fue prorrogando el derecho a la exportación de los referidos hidrocarburos (creado por art. 6, el 2do. párrafo de la ley 25.561); sino también y al mismo tiempo, la totalidad de la delegación legislativa otorgada, tanto al PEN, como a la respectiva autoridad ministerial.
Específicamente, la ley 26.217 (BO 16/1/07), sancionada en fecha anterior a la res. MEP 127/08, ya había prorrogado “…por el término de cinco años, …, tanto el derecho a la exportación de hidrocarburos…, como así también las facultades otorgadas al PEN para establecer las alícuotas correspondientes…”, con “… atribuciones … que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Producción …” (art.1).
Individualizando, además, los decretos y resoluciones que “… continuarían vigentes…”; entre los que mencionó a la res. MEP 534/2006, anterior en el tiempo a su similar aquí en discusión (12/03/08), que fijó una alícuota del 45% para la venta de Gas Natural y la realización de Proyectos de Integración Energética (25/7/06). Aun cuando, a la fecha de la sanción de la ley 26.217, no se había emitido la res. MEP 127/08; no lo es menos que sí prorrogó, insisto, las facultades del PEN para establecer las alícuotas y subdelegar en el MEP.
Inclusión, que sí concretó la posterior ley de Hidrocarburos 26.732 (BO 28/12/2011). La que, además de reiterar la línea de ratificaciones hasta el momento descripta, expresamente individualizó y convalidó la vigencia de la referida res. MEP 127/08, objeto si de impugnación, tal como la propia TGS aquí lo admite (art. 2).
V. Las costas de esta instancia también deben correr a cargo de TGS vencida, ya que no se advierten motivos suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
VI. Finalmente, resta decidir la suerte de los recursos de apelación de ambas partes, respecto de los honorarios regulados a fs. 118.
En función de la naturaleza del proceso, de su monto –para el que debe tomarse la suma discutida en autos ($615.000,24; fs. 19/20) –, de la única etapa procesal cumplida –a fs. 44 se declaró la causa de puro derecho–, del mérito, calidad y extensión de la labor profesional desarrollada, ponderando el momento en que fue efectivamente realizada (Fallos: 341:1063), y a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR los honorarios a favor de la representación fiscal – por su actuación en la instancia anterior; arts. 16, 20, 21, 29 y demás concordantes de la ley 27.423–, en 4,13 UMA –equivalentes a la suma de $61.673,29 conf. Acordada nº 9/2023 de la CSJ–.
Sobre pautas análogas, y en lo pertinente, cabe ESTABLECER los honorarios de la representación fiscal por su actuación (“contesta agravios”; fs. 155/165) ante esta instancia (art. 30 y demás CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 7013/2022, “Transportadora de Gas del Sur SA –TF 38337-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
concordantes de la ley 27.423): en 1,23 UMA –equivalente a la suma de $18.367,59, conf. Acordada nº 9/2023 de la CSJ–.
VII. Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, propongo al Acuerdo: (i) desestimar los agravios de TGS, con costas; (ii) establecer los honorarios profesionales conforme lo indicado en el considerando VI de este voto.
El juez Rodolfo Eduardo Facio y la jueza Clara María do Pico adhieren al voto precedente.
En función del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: (i) desestimar el recurso de apelación presentado por Transportadora de Gas del Sur S.A., con costas; (ii) establecer los honorarios conforme al considerando VI.
Regístrese, notifíquese –a las partes y al Fiscal General– y, oportunamente, devuélvase.
Liliana María Heiland Rodolfo Eduardo Facio Clara María do Pico
Fin de la sentencia