Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38424-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 60/61, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 5º de la resolución MEP 127/08, y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($440.430,74), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
30429/2023 “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA (TF 38424-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, diciembre de 2023.
VISTO Y
1. Que, a fs. 60/61, el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la resolución SDG OAI 71/17, dictada en la actuación SIGEA 14930-7-2014, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación abonada con relación a la destinación 08 003 ES02 00181R/09 003 EC08 0000001W, en los términos de la resolución 127/08 del entonces Ministerio de Economía y Producción (MEP).
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18).
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la citada resolución MEP 127/08, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas por su orden dado que la cuestión se decidía por un precedente posterior al inicio de las actuaciones, lo que pudo hacer creer a las partes que tenían derecho a litigar.
2. Que, disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 68/70vta., que se concedió a fs. 72 y fue replicada a fs. 74/78. En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas. Agregó que la actora no pudo creerse con derecho a litigar en atención a los claros términos del artículo 1164 del Código Aduanero, y con independencia de la existencia del plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavía SA”.
3. Que, por su parte, la actora interpuso apelación a fs. 80, que se fundó a fs. 84/104, se concedió a fs. 105 y fue contestada a fs. 107/117vta.
Principalmente, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
1 Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse que la resolución MEP 127/08 recién resultó válida a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.732, que la ratificó. Esto así, porque la citada resolución únicamente se había sustentado en la ley 25.561, que no contenía una clara política legislativa. Añadió que, en caso de aceptarse la validez de la ley 25.561 como norma delegante, tampoco podía obviarse que: a) el artículo 76 de la Constitución Nacional no admitía una subdelegación como la que tuvo lugar en el caso, al amparo de la ley 26.217; y b) la resolución MEP 127/08 alteró el espíritu de la ley 25.561. Precisó que la operación involucrada en el caso se había registrado el 12/12/08, es decir, antes de dictarse la ley 26.732 (B.O. 28/12/11), por lo que la alícuota válida y vigente debía ser la que se había dispuesto mediante la resolución MEP 335/04, que sí contaba con ratificación legislativa a la fecha del registro (en virtud de la ley 26.217, que entró en vigor el 16/01/07). En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota del 45%, que establecía la ilegítima resolución MEP 127/08, y la del 20%, que hubiese correspondido con arreglo a la resolución MEP 335/04.
En otro orden de ideas, señaló que el plenario al cual remitía la decisión apelada no se refería de manera concreta a la alícuota de derechos de exportación fijada por la resolución MEP 127/08, sino a la del decreto 793/18, y que no tomaba en consideración que se configuraba el supuesto de excepción previsto en el propio artículo 1164 del Código Aduanero, en atención a la inconstitucionalidad que había declarado la Corte en el citado fallo “Camaronera Patagónica SA”.
A su turno, el Fisco Nacional replicó que la resolución MEP 127/08 contaba con plena vigencia y validez desde su dictado y publicación, por imperio de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 26.122. En otro orden de ideas, discrepó con la apreciación de la recurrente en punto a que la ley 25.561 y sus sucesivas prórrogas no configurarían una clara política legislativa.
4. Que, el 22/8/23, dictaminó el Fiscal General acerca de la competencia del tribunal, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora; con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
5. Que, ante todo, se deja a salvo que este Tribunal resolvió conflictos de competencia suscitados entre otras Salas de la Cámara con un criterio contrario al que propicia el dictamen de la fiscalía.
Se remite, en ese sentido, a las consideraciones efectuadas en los expedientes 44734/22 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39344-A) c/ DGA”, resolución del 8/8/23, y 27491/23 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39695-A) c/ DGA”, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 30429/2023 “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA (TF 38424-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
resolución del 31/10/23, entre otros; las cuales conducen a asumir el conocimiento de esta actuación.
6. Que, en lo que respecta a la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse sobre la validez constitucional de la resolución MEP 127/08, son aplicables –cambiando lo que se deba cambiar– los argumentos expuestos por esta Sala en las causas 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851- A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22, y 51372/22 “Bunge Argentina SA (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22, entre otras.
Allí se remarcó el carácter relativo de la prohibición contenida en el artículo 1164 del Código Aduanero. También se señaló que en “Camaronera Patagónica SA” la Corte había proporcionado un estándar de validez para las normas del Poder Ejecutivo Nacional que, con sustento en lo dispuesto por el artículo 755 del Código Aduanero, hubiesen establecido, quitado o modificado derechos de exportación. Pauta, ésa, que no debía ser soslayada por los tribunales inferiores dada su autoridad institucional (Fallos: 342:1903; entre otros), y con arreglo a la cual el tribunal administrativo pudo haber examinado la validez de los derechos de exportación que se cuestionaban en cada caso. Sobre todo, cuando la propia actora había invocado ese fallo al iniciar las actuaciones.
La circunstancia apuntada se replica en este caso, toda vez que Transportadora de Gas del Sur SA viene planteando la afectación del principio de legalidad en materia tributaria con sustento en la doctrina de aquel precedente desde el escrito de apelación ante el Tribunal Fiscal (v. fs. 13/17vta.).
Incluso el Fiscal General coincidió en señalar que la cuestión debía resolverse “a la luz de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en “Camaronera Patagónica” y del principio de reserva de ley en materia tributaria” (v. punto 4 del dictamen del 22/8/23). Esto con independencia de lo que concluyó, en particular, sobre la validez constitucional de la resolución ministerial 127/08; criterio que este Tribunal no comparte, por lo que se verá.
7. Que, para examinar la validez de la resolución MEP 127/08 (BO 12/3/08) en función de tales pautas, se deben tener en cuenta sus términos y el marco normativo con arreglo al cual se justificó su dictado (doctr. esta Sala, causa 51372/22 “Bunge Argentina SA -TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22, esp. consid. 11). En concreto, y en lo que al caso interesa, esta resolución dispuso una fórmula para el cálculo de la alícuota del derecho de exportación respecto de determinados hidrocarburos gaseosos comprendidos en su anexo –entre los cuales se encontraban los exportados en el caso, correspondientes a las PA 2711.12.90 y 2711.13.00–. Esa 3 fórmula tomaba en consideración el precio internacional de las mercaderías y un valor de referencia que fijaba la propia resolución (v. arts. 3º, 4º y anexo). Por otra parte, la norma previó: “Si el precio internacional de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que figuran en el Anexo fuera inferior al valor de referencia, se aplicará un derecho de exportación del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%)” (art. 5º); siendo ésta la situación que se planteó con relación al PE 08 003 ES02 00181R/09 003 EC08 0000001W.
De los considerandos de la norma se desprende que se dictó con fundamento en lo previsto por la ley 25.561 y sus modificaciones, así como en la Ley de Ministerios (t.o. dto. 438/92).
En este punto, es indispensable recordar que la ley 25.561 (BO 7/1/02), en su parte pertinente, había previsto la creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de 5 años, y facultado al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la alícuota correspondiente (art. 6º). Por su parte, en la Ley de Ministerios de encuentra prevista la facultad de este último para delegar en los ministros y secretarios de la presidencia facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto (art. 13).
Las atribuciones así otorgadas fueron inicialmente ejercidas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los decretos 310/02, 809/02 y 645/04.
El segundo de los decretos mencionados, al igual que su análogo decreto 645/04, entendió conveniente que el Ministerio de Economía y Producción se encontrase autorizado para modificar las alícuotas de los derechos de exportación sobre los hidrocarburos y sus derivados.
En ese marco, el citado ministerio dictó diversas normas, entre las cuales se encuentra la resolución MEP 335/04, que había establecido una alícuota del 20% para la exportación de mercaderías comprendidas, entre otras, en las posiciones arancelarias 2711.12.90 y 2711.13.00.
La vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por la ley 25.561 fue prorrogada por otros cinco años mediante la ley 26.217 (BO 16/1/07). Esta última norma, a su vez, previó que las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para fijar la alícuota podrían ser subdelegadas en el Ministerio de Economía y Producción (art. 1º) y que, hasta tanto ello tuviese lugar, continuaría vigente, entre otras, la resolución MEP 335/04 (art. 2º).
Esos fueron los antecedentes normativos de la resolución MEP 127/05, aquí impugnada.
Más adelante, se dictó la ley 26.732 (BO 28/12/11), que prorrogó por otros 5 años la vigencia del derecho de exportación creado mediante la ley 25.561; mantuvo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 30429/2023 “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA (TF 38424-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
la posibilidad de subdelegar la facultad de fijar alícuotas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y aclaró que continuaría vigente, entre otras, la resolución MEP 127/08 (arts. 1º y 2º).
En definitiva, de esta reseña normativa se infiere que el Ministerio de Economía y Producción, invocando el ejercicio de facultades delegadas por el artículo 6º de la ley 25.561 y sus modificatorias, así como por el decreto 645/04, dictó la resolución 127/08 y estableció para la mercadería involucrada en este pleito (butano y propano de las PA 2711.13.00.000C y 2711.12.90.000D, respectivamente) un derecho de exportación del 45% –siempre que, como tuvo lugar en el caso, a la fecha de registro de la destinación el precio internacional resultase inferior al valor de referencia previsto en la norma–; mientras que, con arreglo a la resolución 335/04 – invocada por la actora– a esa misma mercadería le hubiese correspondido tributar una alícuota de derechos del 20%.
8. Que cabe poner de relieve que, como principio, el artículo 726 del Código Aduanero establece, en su primer párrafo, que es aplicable el derecho de exportación previsto por la norma vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo.
Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso la actora consintió expresamente la suma de $515.577,24, equivalente a un 20% de derechos de exportación (v. formulario F.4 a fs. 1). Lo hizo en la inteligencia de que, a la fecha de registro de la operación involucrada en el caso (12/12/08), ese nivel de derechos, establecido sin limitación temporal por la resolución MEP 335/04, había sido convalidado por la ley 26.217 (BO 16/1/07), en los términos señalados por la Corte en el precedente de referencia (v. esp. punto 10 del escrito de inicio, a fs. 14).
El Fisco no cuestionó puntualmente esa interpretación, porque entendió que todo el porcentaje de derechos había sido legítimamente abonado en los términos de la resolución MEP 127/08 y con sustento en las atribuciones conferidas por la ley 25.561 (v. esp. fs. 30).
De acuerdo, entonces, a los términos en que se trabó la litis, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la resolución MEP 127/08 pudo dar sustento válido al pago de la suma de $440.430,74, correspondiente a la diferencia de 25 puntos porcentuales que reclamó la actora.
9. Que, en lo que al caso interesa, la doctrina del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) puede sintetizarse en los siguientes postulados: (i) El principio de legalidad o reserva de ley, aplicable a los derechos de exportación dada su naturaleza tributaria, “abarca tanto la creación de impuestos, tasas y contribuciones como las modificaciones de los elementos esenciales que 5 componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (consid. 8º del voto de la mayoría; énfasis añadido). (ii) Ese principio no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución Nacional. En este sentido la Corte ratifica, con remisión a anteriores precedentes, que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (Fallos: 326:4251)” (consid. 9° del voto de la mayoría).
(iii) Aun cuando se soslayase lo sostenido en el punto ii, no sería admisible sostener que la ley 22.415 o la ley de emergencia 25.561 ―y sus sucesivas prórrogas― hayan otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para establecer el tributo cuestionado.
El voto de la mayoría afirma, textualmente: “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata” (consid. 9°, cuarto párrafo, énfasis añadido). En particular, con respecto al Código Aduanero sostiene que: “prevé la existencia de derechos de exportación y regula aspectos atinentes a tal tipo de gravámenes, los arts. 733 y ss. establecen que el derecho de exportación puede ser ad valorem (es decir, de base imponible variable en función del valor de la mercadería) o bien específico (una cantidad determinada, fija o variable en función de la cantidad de mercadería que se exporte), pero para el caso en concreto aquí discutido, como puede observarse, no es el legislador quien ha determinado, de manera cierta e indudable, cuál es la forma de cuantificar la prestación…En efecto, el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (consid. 9°; sexto párrafo, énfasis añadido).
Con relación a la ley 25.561, insiste en que tampoco resultaría admisible sostener que haya otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para que, en el marco de la situación de emergencia nacional, estableciese el tributo que estaba siendo cuestionado. Afirma, por una parte, que la ley en cuestión solo contiene en su artículo 6º, tercer párrafo, in fine, una previsión de creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos (supuesto ajeno al que era objeto de discusión en esa causa). Pero, además, agrega: “con la salvedad mencionada, no hay otra disposición en su articulado que permita establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 30429/2023 “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA (TF 38424-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de la clara política legislativa a las cuales debe atenerse el Presidente. Es más, de su lectura no puede siquiera intuirse que el Poder Legislativo haya delegado en el Ejecutivo la posibilidad de crear este tipo de gravámenes, más allá de la admisibilidad constitucional de tal mecanismo, que como se señaló anteriormente debe ser enérgicamente rechazada” (consid. 9º, quinto párrafo, énfasis añadido). En definitiva, concluye que “el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (consid. 9º, séptimo párrafo, énfasis añadido).
(iv) En el ámbito de los derechos aduaneros cobra relevancia la doctrina según la cual "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos: 246:345 y 328:940). En el contexto detallado, resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa….Sin embargo, tal como se expuso en el considerando anterior, la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo” (consid.10 del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(v) El Congreso Nacional puede sanear, hacia el futuro, cualquier nulidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de tales atribuciones. En este sentido, la Corte afirma que, aunque no sea posible “convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable”, no existe razón alguna para privarla de efectos desde la entrada en vigencia de aquella ley que “otorga a su contenido rango legal”; siendo para ello necesario que se identifique la norma aprobada, o bien, que el universo de normas aprobadas resulte, por lo menos, determinable (consid. 11 del voto de la mayoría).
10. Que resultan contundentes los términos con que la Corte federal rechazó, en el citado caso, que la ley 25.561 hubiese previsto las pautas de una clara política 7 legislativa, y otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para que estableciese el derecho a la exportación de hidrocarburos.
Esto impide interpretar, como lo hace el Fiscal General en el punto 6 del dictamen de la causa homónima CAF 19223/21 –al cual remitió en la presente– que el Máximo Tribunal haya reconocido el carácter legal de la creación del derecho de exportación de hidrocarburos y, fundamentalmente, que le haya asignado a los términos de la mencionada ley 25.561 “el alcance de una clara política legislativa a la cual debía atenerse el Presidencia en el marco de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional”.
A criterio de quienes suscriben, esa conclusión no se deriva razonablemente de los párrafos transcriptos del precedente “Camaraonera Patagónica SA”; que indican, precisamente, lo contrario (v. esp. punto iii del considerando 9º de la presente).
Dicho de otro modo, aunque el derecho de exportación a los hidrocarburos implementado mediante la resolución MEP 127/08 tenga sustento en la ley 25.561 además de en lo previsto por el artículo 755 del Código Aduanero, para la Corte, ninguna de las dos leyes pueden tener el alcance de una clara política legislativa porque, en concreto, guardan silencio respecto de la alícuota máxima que puede establecerse.
Resta aclarar que tampoco se comparte la opinión del Fiscal consistente en que la clara política legislativa podría inferirse de las leyes que prorrogaron y complementaron la ley 25.561, con el reconocimiento en cabeza del Poder Ejecutivo de la atribución para fijar la alícuota respectiva (v. esp. puntos 10 a 13 del dictamen de la causa CAF 19223/21).
En este sentido, debe insistirse en que el Máximo Tribunal ha sido terminante con respecto a la necesidad de que sea el Congreso Nacional quien haya previsto, al menos, la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación (v. esp. punto iii, último párrafo, del considerando 9º de la presente). El referido dictamen fundamenta su conclusión en los términos de la ley 26.217 y los debates parlamentarios que precedieron a su dictado. Sin embargo, de aquéllos únicamente se desprende que el Congreso Nacional limitó los propósitos con los que podrían mantenerse las facultades del Poder Ejecutivo Nacional; fijó un plazo para el ejercicio de la atribución; efectuó precisiones en lo concerniente a la determinación de la base imponible; y defendió un esquema de alícuotas móviles para que los derechos subiesen en la medida en que también lo hiciesen los precios internacionales de la mercadería. Pero en ningún punto estableció baremos máximos y mínimos para la fijación de la alícuota ni, en concreto, se expidió sobre la alícuota máxima que podía establecerse.
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11. Que, en razón de lo expuesto, se concluye que mediante la resolución MEP 127/08 se pretendieron ejercer facultades legislativas delegadas para establecer un derecho de exportación que, sin embargo, no cumplió los presupuestos que fijó la Corte toda vez que la alícuota máxima del tributo había quedado librada al arbitrio del Poder Ejecutivo.
Pese a que la resolución ministerial invocó los términos de la ley 25.561 – cuya insuficiencia como base de delegación ha dejado clara la propia Corte–, tampoco se identifica ninguna otra ley formal que, a la fecha de registro de la operación del caso, hubiese establecido un nivel máximo de imposición para las ventas al exterior de la mercadería de que se trata.
Esto coloca a la resolución bajo examen a extramuros de la Constitución Nacional del modo en que fue entendido en “Camaronera Patagónica SA”, y exime a este Tribunal de evaluar el cumplimiento de las demás exigencias previstas en el artículo 76 de la Constitución Nacional, así como de los requisitos para que la subdelegación de facultades tuviese lugar válidamente.
12. Que, en el caso, existe controversia sobre la incidencia que pudo haber tenido la ley 26.122 con relación a la validez del derecho de exportación cuestionado, toda vez que el Fisco argumenta que, en virtud de lo que establecen sus artículos 17 y 24, el Congreso habría convalidado todos los elementos del tributo desde el momento mismo en que se publicó la resolución MEP 127/08.
Sobre este punto, es dable aclarar que la ley 26.122 tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos “de necesidad y urgencia”, “por delegación legislativa”, y “de promulgación parcial de leyes” que dicta el Poder Ejecutivo (art. 1°). Establece, asimismo, que la Comisión Bicameral Permanente prevista en los arts. 99, inciso 3° y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, debe expedirse acerca de la “validez o invalidez” de los decretos mencionados y, ulteriormente, elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (arts. 10 a 14). A su vez, con respecto a los decretos por delegación legislativa, prescribe que el dictamen debe pronunciarse expresamente “sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio” (art. 13).
También prevé que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3° y 80 de la CN, tienen plena “vigencia” de conformidad a lo establecido en el artículo 2° del Código Civil — actual artículo 5° del CCyC— (art. 17). Por último, expresa que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso de los decretos de que se trate implica su “derogación”; es 9 decir, que el referido rechazo sólo es operativo si lo efectúan por ambas Cámaras (art. 24).
En ese contexto, el planteo de la accionada debe ser rechazado porque, con prescindencia de si el régimen invocado se aplica a disposiciones que no son propiamente decretos del Poder Ejecutivo, y aun en la hipótesis de considerar comprendida en sus términos a la resolución MEP 127/08 como producto del ejercicio de una delegación legislativa, lo cierto es que la eventual validación del Congreso solo podría tener lugar mediante resoluciones de ambas cámaras; sin que ello resulte equiparable a la aprobación expresa y específica por parte del Congreso mediante la sanción de una ley formal, como la que contempló la Corte en “Camaronera Patagónica SA” en orden a salvaguardar el principio de legalidad en materia tributaria.
Con mayor razón, entonces, cabe descartar que haya adquirido rango legal una resolución que, como la que es materia de examen, no fue sometida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, ni cuenta con aprobación alguna del órgano legislativo. En efecto, conforme a la literalidad de los artículos 17 y 24 de la ley, la falta de rechazo expreso por ambas cámaras del Congreso solo pudo haber implicado que la resolución MEP 127/08 se mantuvo “vigente” desde su publicación (12/03/08) y hasta el momento de registro de la operación (12/12/08). Pero la situación de una norma delegada que no ha sido expresamente validada no es asimilable, siguiendo el texto expreso de la ley, a la de aquella que cuenta con tal pronunciamiento sobre su validez o invalidez; es decir, sobre su procedencia formal y adecuación a la materia y a las bases de la delegación, así como al plazo fijado para su ejercicio. Por lo demás, la eventual intervención aprobatoria de ambas cámaras –que, cabe reiterar, no ha mediado con relación a la resolución MEP 127/08–, tampoco podría neutralizar el control judicial de la compatibilidad de la norma con el programa constitucional; control al que está sujeta cualquier ley y, más aun, una norma comprendida en el régimen de la ley 26.122.
Concretamente, en el marco de esta controversia judicial ya se examinó la validez de la resolución MEP 127/08 y se puso de manifiesto que no se cumplieron las condiciones previstas por el artículo 76 de la Constitución Nacional, en la medida en que la alícuota del derecho de exportación había quedado plenamente al arbitrio de la Administración.
13. Que, por las consideraciones precedentes, no caben dudas de la invalidez constitucional de la resolución MEP 127/08, toda vez que por su intermedio se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
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Además, porque –de conformidad con la señalada doctrina del Máximo Tribunal– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que se registró la exportación involucrada en el caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por la resolución ministerial, en la porción que aquí se discute.
Lo expuesto torna insustancial tratar los restantes agravios de la parte actora. Por consiguiente, corresponde admitir el recurso interpuesto por aquélla, revocar la resolución de fs. 60/61, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 5º de la resolución MEP 127/08, y admitir la repetición de la suma abonada por tal concepto con relación a la destinación 08 003 ES02 00181R/09 003 EC08 0000001W, con el alcance que fue objeto de reclamo ($440.430,74). Ello, más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
14. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
Esto, a su vez, torna inoficioso tratar la apelación del Fisco Nacional. Por todo lo expuesto, SE
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 60/61, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 5º de la resolución MEP 127/08, y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($440.430,74), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia