Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38619-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravio- el pronunciamiento dictado el 17/4/2024 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y
2Regular los honorarios correspondientes a los profesionales actuantes en defensa de Transportadora de Gas del Sur SA por las labores desarrolladas ante esta instancia judicial (Considerando XI).
Buenos Aires, 29 de octubre de 2024.-
VISTAS estas actuaciones 16.069/2024 caratuladas “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38.619-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y CONSIDERANDO:
solicitó el 12/12/2014 en sede aduanera la devolución de U$S62.289,03, que habría abonado en demasía en concepto de derechos de exportación respecto de la destinación de exportación “09 003 ES02 000078 A” y su cancelatoria “09 003 EC08 000079 Y”.
II. Que por resolución DI RAPA 66/2017, del 1/11/2017, la Dirección Regional Aduanera Pampeana del Interior rechazó la pretensión de TGS SA (conf. esp. fs. 10/18 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
III. Que, el 24/11/2017, TGS SA requirió la revisión del acto por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 19/34 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
IV. Que por resolución del 17/4/2024 la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 126/129 del hipervínculo incluido en el presente párrafo):
-por unanimidad, rechazó el recurso de apelación deducido por TGS SA y, en consecuencia, confirmó la resolución 66/2017, que denegara la acción de repetición seguida por la nombrada firma; y -por mayoría, distribuyó las costas por su orden.
Para así decidir, en cuanto al fondo del asunto, aplicó la doctrina resultante de la decisión plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, resol. del del 26/4/2022, según la cual: -dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales se encontraba imposibilitado de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente;
-el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba facultado para establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; y -no correspondía declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal de la Nación debiera expedirse respecto de resoluciones que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del mencionado precepto respecto de destinaciones registradas a partir del 4/9/2018, fecha de entrada en vigencia del decreto en cuestión, y hasta el 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Resta señalar que la distribución de las costas, decisión que según se anticipó, fue adoptada por mayoría, respondió a la complejidad de la cuestión debatida.
V. Que, disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 137/144 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente la distribución de costas dispuesta por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
Manifestó que, en la especie, correspondía estar al principio general rector en la materia, previsto en el artículo 68, primera parte, del CPCCN y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
Sostuvo que en tanto su contraria resultó vencida en todos sus términos, debía hacer frente a las costas; luciendo, en consecuencia, injusto lo resuelto al respecto por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
Tildó de infundada y escueta la justificación dada por el pronunciamiento apelado para apartarse del principio general rector en la materia, aludiendo que, como fundamento, se habría indicado “la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema" (sic). Citó jurisprudencia y doctrina que, en su entendimiento, avalaría su postura.
En función de lo expuesto, el Fisco Nacional peticionó que se revocara parcialmente el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, se dispusiera que las costas del proceso quedaran, en su totalidad, a cargo de la exportadora.
Corrido el pertinente traslado, fue contestado por TGS SA (conf. esp. fs. 150/158 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
VI. Así contextualizado el caso, cuadra señalar que tras la modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/2017), el artículo 1163 del Código Aduanero consagra como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiera solicitado.
Sin embargo, dicho precepto habilita a la Sala aduanera del Tribunal Fiscal de la Nación interviniente a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.
Asimismo, en caso de verificarse una recalificación de la conducta o bien una reducción de la sanción a aplicar en los términos del artículo 1143 del Código Aduanero, las costas han de imponerse en el orden causado; no obstante lo cual el mentado organismo ha de cargar las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demostrase temeraria o carente de justificación. Cabe destacar que la modificación introducida por ley 27.430 es de neto corte procesal, por lo que resulta de aplicación inmediata, aún a procesos en trámite (conf. CSJN, Fallos 323:1285, y Sala IV del Fuero, en autos 3424/2020 “Sancor Cul c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/3/2020 y su cita).
VII. Ahora bien, como primer cuestión, adviértase que lo expuesto por el Fisco Nacional en punto a resultar insuficiente, como fundamento para apartarse del principio general rector en materia de costas, la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la cuestión de fondo, carece de aptitud crítica de lo resuelto, ello en tanto, según se reseñara oportunamente, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación no hizo mención de tal circunstancia para justificar su decisión.
VIII. Descartado tal argumento, examinados los antecedentes del caso, el Tribunal no advierte razones suficientes para modificar la distribución de costas dispuesta por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
Es que la apelación de TGS SA del acto aduanero que rechazara en sede administrativa su pedido de repetición, fue presentada ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 24/11/2017, siendo resuelta el 17/4/2024 en sentido contraria a sus intereses con asiento en la doctrina plenaria dictada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, resol. del 26/4/2022.
Tales circunstancias, sumado a la complejidad de la cuestión debatida, siendo que el fallo plenario aplicado fue dictado con posterioridad a haber sido intentado el recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, resultan ser, en la especie, argumentos suficientes como para tener por adecuada la distribución de costas dispuesta por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
IX. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en autos 41.830/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 36727-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 7/5/2024; 34.630/2023 “Battaglio Argentina SA (TF 87281399-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/7/2024; y 41.253/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38.338-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 30/8/2024; entre otros.
X. Por lo expuesto, corresponde desestimar la apelación intentada por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue materia de agravios, la resolución dictada el 17/4/2024 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas a la recurrente.
XI. Finalmente, en atención a lo resuelto precedentemente, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado obtenido, el monto involucrado y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Establecimiento Las Marías SACIFA c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sent. del 4/9/2018 (Fallos, 341:1063); por lo que, dado el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada ante esta instancia judicial, en atención a que la única cuestión sometida a conocimiento del Tribunal fue la distribución de costas, corresponde regular en la suma de sesenta mil setecientos setenta y nueve pesos ($60.779; equivalentes a 1 UMA) y veinticuatro mil trescientos once pesos con sesenta centavos ($24.311,60; equivalentes a 0,40 UMA), los honorarios de los doctores Juan Patricio Cotter y Marcela Arias, patrocinante y apoderada, respectivamente, actuantes en la defensa de la exportadora (conf. artículos 14, 16, 20, 24, 29, 30, 44, literal b), 58, concordantes y citados de la ley 27.423 - decreto 1077/2017).
El importe del Impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala, en autos “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el caso de que los profesionales no hubieran denunciado la calidad que invisten frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre los honorarios regulados, correrá a partir de la fecha en que lo hagan.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar el recurso de apelación intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravio- el pronunciamiento dictado el 17/4/2024 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y 2°) regular los honorarios correspondientes a los profesionales actuantes en defensa de Transportadora de Gas del Sur SA por las labores desarrolladas ante esta instancia judicial (Considerando XI).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia