Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 39007-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar las críticas ofrecidas por la firma actora y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Admitir las objeciones formuladas por la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado e imponer las costas de la instancia anterior a la firma actora según el punto VII, y 3. Imponer las costas de esta instancia a la firma actora.
25868/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto del año 2023, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones 36/2018 (SDG OAI), 57/2018 (SDG OAI), 60/2018 (SDG OAI) y 64/2018 (SDG OAI) que habían rechazado los pedidos de devolución de los derechos de exportación solicitados por la firma actora e impuso las costas por su orden “en virtud de la complejidad de la cuestión”.
Para así decidir, sostuvo: “las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario […] dictado por este Tribunal en la causa ‘Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación’”.
II. La firma actora y la parte demandada apelaron y expresaron agravios que fueron replicados.
1. La firma actora ofrece las siguientes objeciones:
i. “[L]os derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo […] mediante la resolución MEP 127/2008, violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, lo cual ha sido definido por la Corte Suprema en la doctrina del caso ‘Camaronera Patagónica’”.
ii. “[E]l Poder Ejecutivo no se encontraba facultado, ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el artículo 755 del Código Aduanero ni por la ley 25.561, para imponer un derecho de exportación para hidrocarburos como el impuesto por la resolución MEP 127/2008. Dichos tributos […] sólo resultan válidos a partir de su ratificación legislativa”.
iii. “[N]o puede afirmarse que la resolución 127/2008 resista el test de constitucionalidad, en tanto se impone un derecho de exportación móvil (con un piso mínimo del 45%), sin que la ley 25.561 (ni la ley 26.217 que la prorrogó) establezca ningún parámetro o vara que le permita tal decisión”.
iv. “[L]a ley 25.561 no establece los elementos esenciales del tributo y, por lo tanto, jamás podría haber sido considerada como una ‘clara política legislativa’, susceptible de otorgar validez constitucional al tributo”.
v. “[L]os derechos de exportación exigidos y cobrados en el caso son ilegítimos […] pues su imposición no ha respetado el principio de reserva legal en materia tributaria y sólo puede tener vigencia con posterioridad a su ratificación legislativa”.
vi. “[L]os derechos de exportación creados y/o modificados a partir del 2006 con sustento en la delegación legislativa que efectúa el Código Aduanero y la ley de emergencia 25.561 […] no han tenido ratificación y/o aprobación del Congreso, por lo que resultan a todas luces inconstitucionales”.
vii. “Las normas que establecen o modifican alícuotas de un tributo, sin que exista una ley previa que delimite todos los elementos esenciales del tributo y fije parámetros de alícuotas, delegando en el Poder Ejecutivo la fijación de la alícuota entre esos parámetros, no son más que normas prohibidas por la Constitución Nacional”.
viii. “[L]os derechos de exportación de GLP (en el caso, de butano) dispuestos por la resolución MEyP 335/2004 a la alícuota del 20% son los que debieron ser exigidos en el caso […] y no los derechos resultantes de la aplicación de la resolución MEP 127/2008 25868/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
[…] la diferencia entre la alícuota efectivamente exigida y el 20% que debió exigirse (por tratarse de derechos que, si bien fueron creados por una resolución inválida, fueron luego ratificados legislativamente), debe ser restituida”.
ix. “[E]l dictado de la resolución 127/2008 se apartó de las claras directivas que motivaron la creación del derecho de exportación a los hidrocarburos”.
x. La resolución 127/2008 es inconstitucional pues “el Poder Ejecutivo (a través de un Ministerio) se exced[i ó] en sus facultades de reglamentación”.
2. La parte demandada critica, únicamente, la distribución de las costas en el orden causado y solicita que le sean impuestas íntegramente a la firma actora que resultó vencida.
III. Los agravios ofrecidos por la firma actora encuentran una adecuada respuesta en las consideraciones y en las conclusiones que esta sala desarrolló —al examinar planteos sustancialmente análogos — en las causas “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 16 de marzo y del 4 y 16 de abril de 2023, respectivamente, a las que, por razones de brevedad, corresponde remitir.
IV. Debe, pues, desestimarse las objeciones formuladas por la firma actora y confirmarse el pronunciamiento apelado.
V. Corresponde tratar la crítica que la parte demandada dirige contra la distribución de las costas por su orden establecida en el pronunciamiento del Tribunal Fiscal.
VI. Esta sala ha dicho que si bien el ordenamiento procesal ha recibido, como un principio, el criterio objetivo del vencimiento en el artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ese principio no es absoluto ya que admite excepciones; y ha precisado, de conformidad con el criterio establecido por la Corte Suprema (Fallos 311:809; 317:1638; 325:2276; 343:1758), que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, a fin de no desnaturalizar la regla general, razón por la cual deben fundarse debidamente los pronunciamientos que impliquen apartarse de tal principio (causas “Cepeda Silvana Belén c/ EN Mº Defensa Dirección de Fabricaciones Militares s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, “Pascali Claudio Antonio y otros c/ EN Mº Defensa EGME s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg” y “Rosenzvit Darío Javier c/ AFIP s/ dirección general impositiva”, pronunciamientos del 8 de julio y 21 de octubre de 2021 y del 10 de mayo de 2022, respectivamente).
VII. Desde esa perspectiva, corresponde admitir los agravios ofrecidos por la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado e imponer las costas de la instancia anterior a la firma actora ya que resultó sustancialmente vencida y no se advierte ningún motivo que justifique apartarse del principio objetivo de la derrota (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial).
De igual manera, por idéntico fundamento, las costas de esta instancia deben correr a cargo de la firma actora.
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En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Desestimar las críticas ofrecidas por la firma actora y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Admitir las objeciones formuladas por la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado e imponer las costas de la instancia anterior a la firma actora según el punto VII, y 3. Imponer las costas de esta instancia a la firma actora. Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar las críticas ofrecidas por la firma actora y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Admitir las objeciones formuladas por la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado e imponer las costas de la instancia anterior a la firma actora según el punto VII, y 3. Imponer las costas de esta instancia a la firma actora.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia