Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 39242-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios ofrecidos por la firma actora y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
3422/2022 “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año 2023, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) declaró que el artículo 1164 del Código Aduanero lo “inhibe […] de analizar el alcance de cuestiones constitucionales”, y (ii) confirmó la resolución nº 55/2018 (SDG OAI) que había rechazado el pedido de devolución de los derechos de exportación solicitados por la firma actora con fundamento en los considerandos XV a XXIII del voto del vocal Soria Las costas fueron impuestas a la firma actora.
Para así decidir expuso los siguientes argumentos:
i. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo” (Fallos: 337:388), examinó la validez constitucional de las alícuotas de derechos de exportación establecidas en la resolución nº 11/2002 del Ministerio de Economía e Infraestructura.
ii. “[E]l marco normativo que gobierna la presente controversia difiere […] del que gobernó el precedente ‘Camaronera Patagónica’ […] y se encuentra integrado […] por las normas constitucionales […] y la ley 26.122 […] que rigen de modo general sobre las normas delegantes como las delegadas aplicables; y principalmente […] por el artículo 6 de la ley 25.561 y sus leyes de prórroga y confirmación de normas delegadas […] que la Corte Suprema claramente excluyó de los alcances de su decisión”.
iii. “[N]o puede considerarse violatorio per se del artículo 76 de la Constitución Nacional que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar el aspecto cuantitativo de los derechos de exportación […] cuya regulación legal sustancial se encuentra en el Código Aduanero, siempre que ello se ajuste a las previsiones literales del artículo 76 de la Constitución”.
iv. “El sistema constitucional vigente respecto de la legislación delegada —artículos 17 y 24 de la ley 26.122— establece de modo claro la vigencia de la legislación dictada por el Poder Ejecutivo Nacional […] ad referéndum de la intervención constitucional del Congreso; el rechazo de la legislación delegada por el Congreso implica su derogación con efecto únicamente prospectivo, quedando salvada su vigencia en el interín desde su dictado por el PEN”.
v. La resolución nº 127/2008 se dictó “invocando la existencia de una concreta norma delegante (artículo 6º de la ley 25.561) que definió una clara política legislativa (esto literalmente lo reconoce el fallo ‘Camaronera’ en su considerando 9º quinto párrafo segunda frase) con plazo para su ejercicio (5 años), en el marco de una emergencia y versando sobre materia determinada de administración, todo ello en línea con los términos literales del artículo 76 de la Constitución Nacional que regula las condiciones para la delegación legislativa por parte del Congreso, y que la ley 25.561 invoca en su artículo 1”.
vi. No se constata en este caso “una actuación autónoma y aislada del Poder Ejecutivo en la fijación de las alícuotas de los derechos de exportación sobre hidrocarburos” sino “una verdadera actuación conjunta y coordinada entre el Congreso de la Nación y el PEN a lo largo de más de 15 años […] finalizando por decisión del propio Congreso al no prorrogar por otros cinco años el derecho de exportación cuyas alícuotas se discuten en autos”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
3422/2022 “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
vii. La resolución nº 127/2008 es la expresión de una “clara política legislativa” establecida por el Congreso de la Nación que se ejerce con arreglo a los plazos establecidos en las leyes delegantes.
II. La firma actora apeló y expresó agravios los siguientes agravios que fueron replicados.
i. “[L]os derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo […] mediante la resolución MEP 127/2008, violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, lo cual ha sido definido por la Corte Suprema en la doctrina del caso ‘Camaronera Patagónica’”.
ii. “[E]l Poder Ejecutivo no se encontraba facultado, ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el artículo 755 del Código Aduanero ni por la ley 25.561, para imponer un derecho de exportación para hidrocarburos como el impuesto por la resolución MEP 127/2008. Dichos tributos […] sólo resultan válidos a partir de su ratificación legislativa”.
iii. “[N]o puede afirmarse que la resolución 127/2008 resista el test de constitucionalidad, en tanto se impone un derecho de exportación móvil (con un piso mínimo del 45%), sin que la ley 25.561 […] establezca ningún parámetro o vara que le permita tal decisión”.
iv. “[L]a ley 25.561 no establece los elementos esenciales del tributo”.
v. “[L]as normas que establecen o modifican alícuotas de un tributo, sin que exista una ley previa que delimite todos los elementos esenciales del tributo y fije parámetros máximos de alícuotas, delegando en el Poder Ejecutivo la fijación de la alícuota entre esos parámetros, no son más que normas prohibidas por la Constitución Nacional”.
vi. “La ley 26.122 no tiene incidencia alguna en la cuestión […] pues no se refiere a la convalidación de resoluciones ministeriales, ni tampoco, por supuesto, a ninguna norma delegada en materias PROHIBIDAS por la Constitución Nacional”.
vii. La resolución nº 127/2008 “invoca en sus considerandos justificativos que no están debidamente individualizados en la ley delegante”.
viii. “El Poder Ejecutivo (y menos aún el Ministerio) […] no se encontraba facultado, ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el artículo 755 del Código Aduanero ni por la ley 25.561, para imponer un derecho de exportación para hidrocarburos”.
ix. “[N]i el artículo 755 del Código Aduanero ni la ley 25.561 contienen una clara política legislativa y, por lo tanto, no pueden ser aceptadas como normas delegantes válidas. Las normas que se dicten a su amparo son inconstitucionales”.
x. “[L]os derechos de exportación exigidos y cobrados […] son ilegítimos e inconstitucionales […] su imposición no ha respetado el principio de reserva legal y solo pudo tener vigencia con posterioridad a su ratificación legislativa; esto es, desde […] que entró en vigor la ley 26.732”.
xi. “[E]l derecho de exportación del 20% […] establecido por la resolución 335/2004 es el que debió ser exigido (por encontrarse ratificados por la ley 26.217) y no el derecho de exportación establecido en la resolución 127/2008. De allí que sólo deberá restituírsele a la compañía la diferencia entre aquellas”.
III. Los agravios ofrecidos por la firma actora encuentran una adecuada respuesta en las consideraciones y en las conclusiones que esta sala desarrolló —al examinar planteos sustancialmente análogos — en las causas “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Transportadora de Gas del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3422/2022 “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 16 de marzo, del 4 y 16 de abril, del 15 y 24 de agosto y del 21 de septiembre de 2023, respectivamente, a las que, por razones de brevedad, corresponde remitir.
IV. Debe, pues, desestimarse las objeciones formuladas por la firma actora y confirmarse el pronunciamiento apelado.
V. Las costas de esta instancia deben ser soportadas por la firma actora ya que resulta vencida (artículos 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial, y 1163 del Código Aduanero). En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo:
desestimar los agravios ofrecidos por la firma actora y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas.
Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios ofrecidos por la firma actora y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia