Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 74715620-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución del 14/2/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución MEP 127/08, y admitir la repetición de la diferencia reclamada con relación a la destinación 11003EC0800138D ($5.515.730,85), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 8º de la presente.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
3Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 3/3/23 y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
47765/2023 “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA (TF 74715620-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, febrero de 2024.
1. Que, el 14/2/23, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 183/18, dictada en la actuación SIGEA 12564-1861-2016, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación abonada con relación a la destinación 11003EC0800138D, en los términos de la resolución 127/08 del entonces Ministerio de Economía y Producción (MEP), e impuso las costas a la actora (v. pp. 136-163, de la versión digital del expediente TF 74715620-A, remitida con el oficio del 22/12/23).
Para resolver como lo hizo, en lo que interesa señalar, entendió que la citada resolución ministerial era constitucional y que, por lo tanto, resultaba improcedente la repetición.
Para alcanzar esa conclusión, sostuvo que el supuesto bajo análisis se diferenciaba del que había tenido oportunidad de examinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). En tal sentido, afirmó que:
-El marco normativo involucrado en este caso era distinto (en aquella oportunidad, no había norma delegante complementaria al artículo 755 del Código Aduanero, como aquí ocurre con la ley 25.561, que creó un tributo específico para los hidrocarburos, en el marco de una emergencia declarada por el Congreso Nacional). -La ley 25.561 determinó un plazo para el ejercicio de la facultad que otorgó al Poder Ejecutivo Nacional, relativa al establecimiento de la alícuota del derecho de exportación (luego prorrogado por la ley 26.217), y en sus artículos 1º, 2º y 6º fijó una clara política legislativa frente a la emergencia cambiaria y sus efectos. Esto último “literalmente lo reconoce el fallo `Camaronera´ en su considerando 9º quinto párrafo segunda frase” (v. esp. p. 155, expte. cit.).
-La resolución MEP 127/08 también invocó como fundamento de la delegación la Ley de Ministerios y el decreto 645/04.
-La reforma constitucional de 1994 y la posterior sanción de la ley 26.122 modificaron el sistema constitucional en lo que respecta a la intervención del Congreso Nacional, que dejó de centrarse exclusivamente en la predeterminación de la ley delegante –que debe inexcusablemente cumplir con lo previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional–, y evolucionó hacia una intervención integral del órgano legislativo, tanto previa como posterior al ejercicio de facultades delegadas por parte del Poder Ejecutivo.
De acuerdo al régimen de la ley 26.122, debe interpetarse que las alícuotas de la resolución MEP 127/08 se mantuvieron vigentes desde su dictado –con carácter de ley formal–, al no haber sido rechazada de modo expreso por ambas Cámaras del Congreso (arts. 17 y 24). Esta vigencia inmediata es particularmente relevante en materia tributaria aduanera, ya que concilia la esencial intervención del Congreso con la necesidad de que las alícuotas sean establecidas de manera eficaz por el Poder Ejecutivo.
-Las disposiciones precedentemente mencionadas conforman un bloque de legalidad. Ninguna de ellas ha sido objeto de impugnación constitucional por la parte actora, quien no cuestionó su validez ni su suficiencia como normas delegantes. -Tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, el Congreso de la Nación aprobó retroactivamente las normas por las que el Poder Ejecutivo había ejercido las facultades que él mismo le había delegado por plazo determinado para concretar su política legislativa, definida en la ley 25.561. Puntualmente, el artículo 2º de la ley 26.732 ratificó específica y retroactivamente los términos de la resolución MEP 127/08.
2. Que, disconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso y fundó apelación el 15/3/23, que se concedió el 17/3/23 y fue replicada el 11/4/23 (v. pp. 192, 200-242, 246 y 250-270, expte. cit.).
Principalmente, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como había sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse que la resolución MEP 127/08 recién resultó válida a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.732, que la ratificó. Esto así, porque la citada resolución únicamente se había sustentado en la ley 25.561, que –a diferencia de lo que postulaba el Tribunal Fiscal de la Nación– no contenía una clara política legislativa.
Añadió que, en caso de aceptarse la validez de la ley 25.561 como norma delegante, tampoco podía obviarse que: a) el artículo 76 de la Constitución Nacional no admitía una subdelegación como la que tuvo lugar en el caso, al amparo de la ley 26.217; y b) la resolución MEP 127/08 alteró el espíritu de la ley 25.561. Precisó que la operación involucrada en el caso se había registrado el 7/12/11, es decir, antes de dictarse la ley 26.732 (B.O. 28/12/11), por lo que la alícuota válida y vigente debía ser la que se había dispuesto mediante la resolución MEP 335/04, que sí contaba con ratificación legislativa a la fecha del registro (en virtud de la ley 26.217, que entró en vigor el 16/01/07). En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota que establecía la ilegítima resolución MEP 127/08, y la del 20%, que hubiese correspondido con arreglo a la resolución MEP 335/04.
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Por último, aclaró que la decisión apelada le daba a la ley 26.122 un alcance que no tenía.
3. Que, el 5/2/24 , dictaminó el Fiscal General acerca de la competencia, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora; con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
4. Que, ante todo, se deja a salvo que este Tribunal resolvió conflictos de competencia suscitados entre otras Salas de la Cámara con un criterio contrario al que propicia el dictamen de la fiscalía.
Se remite, en ese sentido, a las consideraciones efectuadas en los expedientes 44734/22 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39344-A) c/ DGA”, resolución del 8/8/23, y 27491/23 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39695-A) c/ DGA”, resolución del 31/10/23, entre otros; las cuales conducen a asumir el conocimiento de esta actuación.
5. Que, para examinar la validez constitucional de la resolución MEP 127/08 (BO 12/3/08), se deben tener en cuenta sus términos y el marco normativo con arreglo al cual se justificó su dictado (doctr. esta Sala, causa 51372/22 “Bunge Argentina SA -TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22, esp. consid. 11). En concreto, y en lo que al caso interesa, esta resolución dispuso una fórmula para el cálculo de la alícuota del derecho de exportación respecto de determinados hidrocarburos gaseosos comprendidos en su anexo –entre los cuales se encontraba el exportado en el caso, correspondientes a la PA 2711.13.00–. Esa fórmula tomaba en consideración el precio internacional de las mercaderías y un valor de referencia que fijaba la propia resolución (v. arts. 3º, 4º y anexo). Por otra parte, la norma previó: “Si el precio internacional de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que figuran en el Anexo fuera inferior al valor de referencia, se aplicará un derecho de exportación del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%)” (art. 5º) –con relación al permiso de embarque 11003EC0800138D la recurrente abonó una alícuota del 74,54%–.
De los considerandos de la norma se desprende que se dictó con fundamento en lo previsto por la ley 25.561 y sus modificaciones, así como en la Ley de Ministerios (t.o. dto. 438/92).
En este punto, es indispensable recordar que la ley 25.561 (BO 7/1/02), en su parte pertinente, había previsto la creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de 5 años, y facultado al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la alícuota correspondiente (art. 6º). Por su parte, en la Ley de Ministerios se encuentra prevista la facultad de este último para delegar en los ministros y secretarios de la presidencia facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto (art. 13).
Las atribuciones así otorgadas fueron inicialmente ejercidas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los decretos 310/02, 809/02 y 645/04.
El segundo de los decretos mencionados, al igual que su análogo decreto 645/04, entendió conveniente que el Ministerio de Economía y Producción se encontrase autorizado para modificar las alícuotas de los derechos de exportación sobre los hidrocarburos y sus derivados.
En ese marco, el citado ministerio dictó diversas normas, entre las cuales se encuentra la resolución MEP 335/04, que había establecido una alícuota del 20% para la exportación de mercaderías comprendidas, entre otras, en la posición arancelaria 2711.13.00.
La vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por la ley 25.561 fue prorrogada por otros cinco años mediante la ley 26.217 (BO 16/1/07). Esta última norma, a su vez, previó que las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para fijar la alícuota podrían ser subdelegadas en el Ministerio de Economía y Producción (art. 1º) y que, hasta tanto ello tuviese lugar, continuaría vigente, entre otras, la resolución MEP 335/04 (art. 2º).
Esos fueron los antecedentes normativos de la resolución MEP 127/05, aquí impugnada.
Más adelante, se dictó la ley 26.732 (BO 28/12/11), que prorrogó por otros 5 años la vigencia del derecho de exportación creado mediante la ley 25.561; mantuvo la posibilidad de subdelegar la facultad de fijar alícuotas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y aclaró que continuaría vigente, entre otras, la resolución MEP 127/08 (arts. 1º y 2º).
En definitiva, de esta reseña normativa se infiere que el Ministerio de Economía y Producción, invocando el ejercicio de facultades delegadas por el artículo 6º de la ley 25.561 y sus modificatorias, así como por el decreto 645/04, dictó la resolución 127/08 y estableció para la mercadería involucrada en este pleito un derecho de exportación de, al menos, el 45% –siempre que el precio internacional resultase inferior al valor de referencia previsto en la norma–; mientras que, con arreglo a la resolución 335/04 –invocada por la actora– a esa misma mercadería le hubiese correspondido tributar una alícuota de derechos del 20% 6º) Que cabe poner de relieve que, como principio, el artículo 726 del Código Aduanero establece, en su primer párrafo, que es aplicable el derecho de exportación previsto por la norma vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo.
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Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso la actora la actora consintió expresamente la suma de $3.530.356,66, equivalente a un 20% de derechos de exportación (v. formulario F.4, en la pág. 3 del expte cit.). Lo hizo en la inteligencia de que, a la fecha de registro de la operación involucrada en el caso (7/12/11), ese nivel de derechos, establecido sin limitación temporal por la resolución MEP 335/04, había sido convalidado por la ley 26.217 (BO 16/1/07), en los términos señalados por la Corte en el precedente de referencia (v. p. 7 expte cit., punto 9 del escrito de inicio).
El Fisco no cuestionó puntualmente esa interpretación, pues interpretó que todo el porcentaje de derechos había sido legítimamente abonado en los términos de la resolución MEP 127/08 y con sustento en las atribuciones conferidas por la ley 25.561 (v. p. 94, expte. cit.).
De acuerdo, entonces, a los términos en que se trabó la litis, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la resolución MEP 127/08 pudo dar sustento válido al pago de la suma de $5.515.730,85, correspondiente a la diferencia porcentual que reclamó la actora.
7. Que esta cuestión es análoga a la que se resolvió en la causa 30429/23 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38424-A) c/ DGA”, sentencia del 19/12/23, considerandos 9º a 12; a cuyos términos se remite por razones de brevedad.
En esas condiciones, no caben dudas de la invalidez constitucional de la resolución MEP 127/08, toda vez que por su intermedio se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Además, porque –de conformidad con la doctrina del Máximo Tribunal– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que se registró la exportación involucrada en el caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por la resolución ministerial, en la porción que aquí se discute.
Lo expuesto torna insustancial tratar los restantes agravios de la parte actora. Por consiguiente, corresponde admitir el recurso interpuesto por aquélla, revocar la resolución del 14/2/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución MEP 127/08, y admitir la repetición de la suma abonada por tal concepto con relación a la destinación 11003EC0800138D, con el alcance que fue objeto de reclamo ($5.515.730,85).
8. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, teniendo en cuenta el planteo que había efectuado la parte actora (v. p. 13, expte cit.), se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente.
En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución 314/2004 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19, y sus modificatorias o las que la reemplacen–.
9. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
10. Que, dado el modo en que se decide, queda sin efecto la regulación de honorarios practicada el 3/3/23 y deviene inoficioso examinar las apelaciones que la parte actora y la representación fiscal habían deducido contra aquélla (v. pp. 169- 170, 174-176, 182 y 188, expte. cit.).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución del 14/2/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución MEP 127/08, y admitir la repetición de la diferencia reclamada con relación a la destinación 11003EC0800138D ($5.515.730,85), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 8º de la presente.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 3/3/23 y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla. Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia