Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 25.172-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 89/2008 (AD VICO), en cuanto fue materia de agravios.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-138682388-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Diciembre de 2022 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “TRANSPORTE ARAVERÁ S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 25.172-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La Empresa “Transporte Araverá S.A”, en cuanto aquí interesa, en sede administrativa, fue condenada en los términos del art. 954 inc. c) del C.A, al pago de una multa, que se tiene por oblada, sin que ello importase la extinción de la acción penal.
II. Contra dicha resolución condenatoria, la empresa transportadora interpuso recurso de apelación (obrante a fs. 5ref./8ref.). El recurrente expresó, en prieta síntesis, como fundamento de sus agravios, que la importadora ha efectuado un allanamiento tácito y unilateral de responsabilidad, no oponiendo ni impugnando las acusaciones vertidas en autos, por lo que al pagar no hizo otra cosa que asumir personalmente su responsabilidad liberando con su conducta a los codemandados.
III. En su responde (agregado a fs. 20/24vta.), el representante fiscal sostiene que no procede la extinción de la acción penal, habida cuenta de que el pago tiene ese efecto si se realizara antes de correrse la vista del sumario. Aduce, en consecuencia, que el cumplimiento voluntario de la pena no surge el efecto extintivo reclamado y debe mantenerse el registro del antecedente.
IV. A fs. 51 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G la que los pasa a sentencia a fs. 59.
V. En las condiciones indicadas debe advertirse que en el derecho aduanero, como ocurre con todas las ramas jurídicas que tienen entidad para alcanzar autonomía normativa y científica, han de aplicarse prioritariamente sus principios especiales y con carácter secundario los que le pertenecen a otras ramas jurídicas. En el caso de marras, el recurrente pretende excusarse de su responsabilidad, en la medida que la principal responsable asumió toda la culpa del hecho endilgado. Sin embargo, esa situación no la exime de responsabilidad, por cuanto el art. 909 del C.A. establece su responsabilidad solidaria, incorporando un supuesto de responsabilidad por el hecho de otro, que tiene su fundamento en su carácter de sujeto habilitado para realizar la actividad regulada por la normativa aduanera.
VI. En ese orden de ideas, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, la introducción de una regla de responsabilidad objetiva crea incentivos para fidelizar el cumplimiento de la norma e inducir niveles eficaces de la actividad. Cuando se aplica la regla de la responsabilidad por culpa, el habilitado no es responsable si ejercita un nivel de cuidado que equivale o excede el deber de diligencia, se desentiende del riesgo restante y, por tanto, sobrepasa el nivel de la actividad que maximiza bienestar. Por lo contrario, la responsabilidad objetiva lleva al cuidado óptimo y a un eficiente control de actividad, dado que el habilitado en cada caso internalizaría riesgo de responsabilidad en su totalidad[1].
De ello se sigue que el modelo sancionador administrativo y el modelo penal persiguen objetivos distintos; mientras el primero hace foco en la prevención de riesgos al motivar que la actividad permitida se encarrile dentro de los márgenes habilitados por la autoridad administrativa. Se basa en la idea de la peligrosidad de la actividad desarrollada por el sujeto que ha obtenido una habilitación para realizar la actividad riesgosa. Esta reglamentación mira al futuro pretendiendo que no se vuelva a incumplir la norma regulatoria[2]. En sentido contrario, el derecho penal mira el pasado interesándose en castigar a la persona que ha exhibido desinterés en el cumplimiento de la norma. En ese panorama va de suyo que el principio de culpabilidad ha de cumplir un rol trascendental en la configuración del sistema sancionador al legitimar la reacción punitiva.
Todavía podría agregarse que la culpa fundamenta la pena a través de tres principios básicos: el principio de personalidad de las penas, el principio de responsabilidad por el hecho propio y el principio de responsabilidad subjetiva. Ello significa que sólo pueden castigarse aquellas conductas que han puesto en peligro o lesionan determinados bienes jurídicos protegidos y cuya punibilidad depende de un principio de ejecución, el cual ha de deducirse según la estructura de cada tipo penal. El principio de lesividad es particularmente cuestionable en el ámbito administrativo, porque a diferencia del ámbito punitivo, podría sancionarse el incumplimiento en sí mismo sin que se traduzcan en lesiones que pusieran en peligro bienes jurídicos[3].
Tampoco es necesario ahondar en las intenciones del habilitado para legitimar la aplicación de la sanción, ya que verificado el incumplimiento de la norma se presupone que se ha configurado el riesgo que habilita la aplicación de la sanción. En consecuencia, en rigor de verdad, poco ha de interesarle al derecho administrativo sancionador si el obligado estuvo en condiciones de elegir entre realizar lo injusto o hacer una conducta conforme a derecho. El castigo administrativo puede imponerse más allá de la debida diligencia con la que actuó el obligado por la norma regulatoria administrativa. La búsqueda de los factores que podrían justificar la imposición de responsabilidad objetiva lleva a recordar el viejo aforismo romano ubi emolumentum ibi onus.
Según éste si una actividad desarrollada por el agente está dirigida a aumentar su patrimonio y si para conseguir este propósito produce daños a terceros, aunque éstos fueran ocasionados sin culpa del que lleva a cabo tal actividad, dichos daños han de ser resarcidos por el agente ya que constituyen el pasivo de las ventajas obtenidas exclusivamente por él. En particular, corresponde advertir que si el agente pudiese transferir los costes de la actividad llevada a cabo a terceros, manteniendo simultáneamente los beneficios generados, se produciría un desequilibrio entre las esferas de ambas personas, que podría considerarse una violación de los principios de justicia distributiva. En términos más sencillos, si aquel que desarrolla una actividad peligrosa cumpliese siempre con la normativa aplicable, la autoridad administrativa no debería desplegar ninguna actividad para fiscalizar su cumplimiento.
Como va de suyo que tal circunstancia solamente existe en un mundo idílico, la sanción aplicable se sustenta en el dispendio extraordinario que para los demás conlleva la fiscalización del cumplimiento de la regulación. La sanción concebida constituye el medio para establecer la distribución justa de las cargas entre las personas que no desarrollan actividades de riesgo y otros que sí. La regla viene exigida por la justicia distributiva. Se suma a lo expuesto que la responsabilidad se limita al campo del derecho de daños, va de suyo que el obligado podría trasladar el costo de los daños a los usuarios y consumidores si es que las condiciones de mercado se lo permiten. Es por eso también necesario que la responsabilidad económica en concepto de multa y otras medidas que obstaculicen la realización de la actividad no puedan ser medidas a priori en términos de coste y beneficios.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución N° 89/2008 (AD VICO), en cuanto fue materia de agravios.
2. Costas a la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución N° 89/2008 (AD VICO), en cuanto fue materia de agravios.
2. Costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
[1] Cfr. NELL, Martin /RICHTER, Andreas, The Design of Liability Rules for Highly Risky Activities- Is Strict Liability the Better Solution, Working Papers on Risk and Insurance, Hamburg University, núm. 1, June, 2001, pág. 1.
[2] Como paradigma de dicho razonamiento se podría señalar que una empresa oblgada a brindar seguridad podría elegir la opción económica más ventajosa para prestar el servicio y sin que le pudiera endilgarse apartarse del estándar de diligencia exigible. Precisamente estamos ante un caso en el que se pone de manifiesto la necesidad de diferenciar el ilícito administrativo y el ilícito penal, pues esta última por su gravitación en la esfera del indviduo no no puede simplemente justificarse por necesidades de defensa social o por criterios preventivo generales. Ese límite infranqueable a la actividad punitiva del estado no siempre es de rigor en el ámbito sancionatorio administrativo, porque así como el sujeto que tiene mayor capacidad contributiva debe afrontar una mayor carga impositiva, de la misma manera, todo aquel que obtiene la ventaja de realizar una actividad de riesgo ha de tomar también sobre sí los perjuicios que a ella van unidos para otros. Se puede decir que la persona que emprende una actividad permitida que puede crear o mantener una fuente de peligros para otros carga sobre sí por ello una responsabilidad especial y, como consecuencia, ha de responder del peligro. [3] Así, por ejemplo, una empresa podría ser sancionada por no cumplir con las normas de higiene laboral aun cuando ningún trabajador sufriera un percanse.
Date: 2022.12.26 10:46:19 ART Date: 2022.12.26 15:41:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.26 19:32:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.26 19:33:13 -03:00
Fin de la sentencia