Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.570-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 845/2012 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 10042LMAN019523A, mediante la cual se intima a la Empresa TRANSPORTE EVELING (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME), al A.T.A Sr. BRAVO, Luis Alberto, y a la firma LANTERMO S.A al pago de la suma DOLARES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 CVOS.(U$S 37.594,13.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (conf. lo expuesto en el cons. XV- “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”), sumas que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 4 de la Resolución General AFIP n° 3271/02, con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 55% a cargo de la actora y en 45% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-58844949-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Mayo de 2023 MACHADO ME) y OTROS.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “TRANSPORTE EVELING (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME) y OTROS c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.570-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho Resolución Nº 845/2012, de fecha 07/09/2012, dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA12307-155-2010/1, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 10042LMAN019523A, mediante la cual se intima a la Empresa TRANSPORTE EVELING (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME), al A.T.A Sr. BRAVO, Luis Alberto, y a la firma LANTERMO S.A., por la suma de U$S 68.252,98 en concepto de tributos en los términos de los arts. 310, 312, 315, 780 y 794 del C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 16/22, se presenta, por medio de apoderado, la firma de TRANSPORTE EVELING (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME), el A.T.A Sr. BRAVO, Luis Alberto, y la firma importadora Lantermo S.A, e interponen recurso de apelación contra la mencionada resolución. Hace una breve reseña de los hechos. Se agravia en cuanto a que no se le hizo lugar a la prueba informativa, ofrecida en sede aduanera, dirigida al Juzgado de Instrucción y Correccional de Paso de los Libres, con el fin de demostrar la existencia del hecho imprevisible y la situación actual del proceso penal que investiga el robo y el contrabando, considerando afectado su derecho de defensa y debido proceso. Asimismo, manifiesta que se trata de un hecho que tuvo carácter de caso fortuito o fuerza mayor. Cita jurisprudencia y normativa. En tal sentido entiende que no fue el transportista quien dispuso de la mercadería dentro del mercado interno, sino que fue el autor del robo, y que la existencia de dicho delito no fue desconocido por el servicio aduanero, ni tampoco ha alegado que los hechos se hayan sucedido de una manera diferente a la denunciada. Por lo cual, considera que en esta causa no se encuentra configurado ninguno de los supuestos contemplados en los arts. 311, 312, 315 y 780 del C.A. Cita normativa y jurisprudencia.
Por último, impugna la liquidación aduanera, señala que las mercaderías eran de origen brasileño, mercadería en importación temporaria intra-mercosur certificado de origen FIESC N° 1306/10 de fecha 17/06/10, por lo que no corresponderían el pago de derechos de importación y tasa de estadística. Por su parte, la importadora LANTERMO S.A. solicita se le aplique el beneficio de exclusión previsto en el art. 312 in fine del C.A., y deje sin efecto el cargo en contra de la recurrente importadora y se ejecute la garantía oportunamente constituida.
Finalmente, ofrecen prueba, plantean caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada en autos.
III. Contestación del traslado: A fs. 41/43 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora en autos, y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la importadora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
Manifiesta que la normativa aplicable crea una ficción legal que no admite prueba en contrario y supone que ante la falta de arribo de la mercadería sometida a tránsito a destino, la misma se tiene por importada para consumo, por lo que corresponde el pago de los tributos.
Específica que los arts. 312 y 780 a su vez se refieren a la responsabilidad por dichos hechos, colocándola en cabeza del transportista o su agente, previendo, asimismo, que dicha responsabilidad resulta solidaria. Manifiesta que la recurrente no logró acreditar que efectivamente se produjo el arribo, en legal tiempo y forma, de la mercadería sometida a tránsito de importación.
Manifiesta que el hecho del robo de la mercadería, si bien procede tenerlo a priori como irresistible no puede calificarse de imprevisible. Cita jurisprudencia.
Por último, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución que se apela en autos.
IV. Que de la Actuación Nº 12307-155-2010/1 obra a fs. 1 copia de la Constancia policial de denuncia, de fecha 27/09/2010, por medio de la cual se denuncia el camión PATENTE IPS-3154 y SEMI ILB-7301, (amparados por el CRT.BR.2442000918 y 10042TRAS040022G, MIC/DTA Nº BR-244.000919), fueron robados cerca de las 21 hs en la Ruta Nacional 117 frente a la YPF, en la ciudad de Paso de los Libres, en el día 26/06/2010. A fs. 2/4 obran copias de la nota de por medio de la cual se informa el robo, copia MIC/DTA N° BR.244.000.919, de fecha 25/06/2010, mercadería documentada por 10042TRAS040022G. A fs. 5 obra la Nota N° 184/2010 (29/06/2010), por medio de la cual se elevan las actuaciones a la sección V con carpeta de documentación. A fs. 6 obra el aforo de la mercadería de oficio. A fs. 7 obra consulta de declaración sumaria. A fs. 12 obra el cargo LMAN: 1004LMAN019523A (19/08/2010). A fs. 13/15 obran cedulas de notificación N° 229/2010 intimación de deuda, notificada a la importadora con fecha 23/08/2010 (a fs. 16). A fs. 17/23 obra la impugnación del cargo por la firma EVELIN TRANSPORTE (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME), y LUIS ALBERTO BRAVO y acompaña documental. A fs. 28/31vta., obra la impugnación del cargo por la firma LANTERMO S.A y acompaña documental. A fs. 39/40 se tiene por deducido el procedimiento aduanero y se intima a la constitución de una garantía. A fs. 46 obra la interposición de recurso de revocatoria de la empresa LANTERMO S.A. A fs. 47/51 obra presentación de la empresa de transporte solicitando la liberación de los dominios IPS3154 y ILB7301, y acompaña resolución judicial de fecha 07/10/2010. A fs. 61 se rechaza el recurso de revocatoria y se ratifica la intimación a constituir una garantía por los tributos liquidados con más intereses. A fs. 63 se solicita la afectación de la póliza de caución. A fs. 69 obra comprobante de pago de la liquidación manual: 10042LMAN019523A. A fs. 70 obra la consulta de garantía global. A fs. 71 se informa que el importe garantizado resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los intereses resarcitorios dando como diferencia la suma de u$s 755,97 (21/06/2012). A fs. 72/81 obra la Resolución N° 845/2012 aquí apelada.
V. A fs. 44 se abre la causa a prueba, habiéndose producido la que obra a agregada a fs. 52/58, 118 y que a fs. 124 se tuvo por desitida. A fs. 119 se clausuró el período probatorio. A fs. 135/136 se elevaron los autos a la Sala G y se pusieron para alegar. A fs. 143/144 obra el alegato de la representación fiscal. A fs. 145 se deja constancia que la actora no hizo uso del derecho conferido. A fs. 146 quedaron los autos en estado de dictar sentencia.
VI. En primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad opuesto por las actoras con fundamento en la violación a su derecho de defensa atento la imposibilidad de producir la prueba informativa ofrecida en instancia aduanera.
Cabe señalar, que dada la posibilidad de las recurrentes, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Ello así, teniendo en cuenta que reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que entiende el juzgador que son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa, y el hecho de que en esta instancia resulta posible merituar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente, corresponde rechazar la alegada violación del derecho de defensa, ya que los alegados vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
En virtud de lo expuesto, no corresponde hacer lugar al agravio tratado en este punto, sin costas.
VII. El cargo Nº 10042LMAN019523 A se originó en virtud de los tributos que se devengaron de la mercadería amparada por la destinación 10042TRAS040022G, documento de transporte Nº BR24400918, MIC/DTA BR244000919, embarque que no arribo a la Aduana de destino, por el robo que sufriera tanto la mercadería, como el medio transportador -Dominio IPS-3154 y semirremolque ILB-7301-, hecho que fue informado oportunamente por la recurrente (ver fs. 2/5 de las act. adm.).
A los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo de la carga de los camiones mencionados, siniestros que fueran denunciados ante la autoridad competente. Encontrándose la discusión circunscripta a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero en el presente.
VIII. Corresponde, analizar en autos si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado en dicho concepto a la actora y no hacer lugar a la impugnación efectuada contra el mismo.
La operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.).
La principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, que asume su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que se documenta, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317), y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Por su parte, el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente” no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A.
A continuación, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Por ello, no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Según, la interpretación literal de la citada norma basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo. En conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería objeto de los tránsitos de importación (en el caso, el robo), a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma -excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo.
IX. A su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI).
Por tanto, autorizó en ese orden de ideas, en una interpretación extensiva del plexo normativo, la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona, esto es, que pueda ser potencialmente utilizada por un tercero.
X. Sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que tal como surge de la ley ritual y a la sazón de los criterios establecidos por nuestra Alzada en “Tevelam S.R.L.”, debe probarse en la especie otros extremos, en especial el haber cumplido con los deberes de custodia de modo significativamente ostensible, a fin de derribar el presupuesto que implica la presunción en trato, es decir, considerarla importada para consumo. Entonces, a fin de determinar en el caso de autos a quién corresponde la carga de la prueba, cabe señalar que, genéricamente, ésta es correlativa a la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Para ello, debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que teleológicamente la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que con el régimen de importación de tránsito se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal.
Por lo que, pretender que debe ser la Aduana quien debe demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo. Siendo, por lo demás, la recurrente aquélla que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi-, de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación.
Y si bien, la CSJN en “Tevelam S.R.L.” estableció que “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...”, cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del contundente cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
XI. Sentado ello, corresponde ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
Que los esfuerzos probatorios de las actoras se limitaron a denunciar el robo de la mercadería en tránsito e informarlo a la Aduana. (v. copia de presentación efectuada por el ATA en representación de la empresa de transportes y la constancia de la denuncia policial (de fecha 27/06/2010), a fs. 1/4 de los antecedentes administrativos).
Asimismo, de la prueba informativa ofrecida en esta instancia, oficios librados al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, y al Juzgado de primera Instancia, Secretaria Penal Nº 1, ambos de Paso de los Libres, a fin de que informen el estado de la causa relacionada a la denuncia formulada, con fecha 27/06/10, por el Sr. Mario Leandro Jung (v. a fs.49, 50 de las act. adm.); el Juzgado de Instrucción correccional y de Menores Nº 2, informo que: “…por Auto Nº 676 de fecha 03/08/2010, se resolvió DECLARAR la INCOMPETENCIA MATERIAL y FUNCIONAL de este Juzgado de Instrucción y Correcional, respecto a la probable comisión del delito previsto y penado por el art. 865 inc. d) del Código Aduanero; remitiéndose las actuaciones al Juzgado Federal, con asiento en esta ciudad de Paso de los Libres…”, remitiéndose las actuaciones a dicho Juzgado. (v. a fs. 55/58 de las act. adm.).
Por su parte, a fs. 118, la Secretaría en lo Penal N° 1, del Juzgado Federal de Paso de los Libres, contesta el oficio librado, informando que se había dado cumplimiento con la información solicitada el 17/11/16 mediante oficio Nº 923, adjuntándose a dicha contestación copia del oficio librado oportunamente, sin embargo, conforme surge de estos autos dicho oficio no fue efectivamente acompañado, por lo cual se ordenó librar nuevo oficio solicitando se acompañe dicha copia del oficio Nº 923. Empero, la recurrente desiste de dicha prueba, toda vez que ha concurrido a dicho Juzgado a fin de localizar la requisitoria en cuestión (oficio Nº 923), y se le informó que según los registros en dicho Organismo, el mismo ha sido remitido a este Tribunal, no pudiendo ser localizado en su archivo, por lo cual librar un nuevo oficio resultaría ineficaz (v. a fs. 123).
Tampoco, surge de autos, ni de las actuaciones administrativas, que el transporte de la mercadería contara con algún sistema de rastreo satelital o vehículos de custodia o cualquier otro medio para disuadir y desalentar dichos hechos delictivos, que si bien, no resultan exigibles conforme la normativa aplicable, no puede dejar de señalarse que la frecuencia de los robos de mercadería transportada por vía terrestre impide considerarlos como hechos imprevisibles y se aconseja a los transportistas arbitrar los medios necesarios para evitar e intimidar tales acontecimientos. Tal como sucedió en el antecedente (in re “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI CSJN).
Conforme a lo expuesto, la empresa transportista no acreditó ante esta instancia, ni en sede aduanera, probanza alguna relativa al cumplimiento de los deberes de custodia sobre la mercadería ingresada del extranjero u alguna otra que -en su magnitud e indubitabilidad- pudiese llevar a este juzgador a una razonable convicción de eximirla de la responsabilidad tributaria.
Resulta importante destacar que la norma tiene como fin primario evitar que simples maniobras desnaturalicen la excepcionalidad del régimen en trato del que goza el importador, colocándose dinámicamente la carga de la prueba sobre los responsables tributarios a fin de que puedan derribar el presupuesto legal que ofrece la norma como condicionante, esto es, la utilización de la mercadería por un tercero, sumando a ella, según la doctrina de “Tevelam S.R.L.”, la posibilidad de instar otras pruebas dirigidas a demostrar de modo fundado su ajenidad al incumplimiento.
En dicha línea, debe tenerse presente que las situaciones que contempla el C.A., y la jurisprudencia, que pueden operar como eximentes de responsabilidad por el pago de los tributos, deben ser analizadas con criterio estricto y razonable en la ponderación de los hechos.
XII. Respecto con la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312).
XIII. En relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de trasporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, y como responsables subsidiarios del pago, en forma solidaria, a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importación, quienes podrán invocar el beneficio de excusión respecto del deudor principal. Sin embargo, cabe señalar que el art. 315 establece una responsabilidad refleja, y cuando la mercadería no resulta irremediablemente perdida, medie o no caso fortuito o fuerza mayor, el beneficiario de la destinación suspensiva de importación temporaria responde, como deudor por deuda ajena, por los tributos originados en la importación para consumo irregular con el fin de preservar los intereses fiscales. En consecuencia, corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto íntima a la firma EVELIN TRANSPORTE (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME), al Agente de Transporte LUIS ALBERTO BRAVO, y al importador LANTERMO S.A., al pago de los tributos adeudados por el incumplimiento del tránsito en cuestión.
Con relación al beneficio de excusión invocado por la actora importadora LANTERMO S.A., corresponde precisar que el art. 312 del C.A., no establece el alcance ni la instancia donde debe oponerse dicho beneficio. En consecuencia no corresponde hacer lugar a la defensa opuesta por la recurrente en esta instancia, sin perjuicio de que pueda plantearse en el trámite de ejecución.
XIV. Que respecto del agravio de la importadora LANTERMO S.A,. referido a que al formularse el cargo, la aduana no consideró el origen intrazona de la mercadería cuestionada, y le exigió el pago de los tributos a la importación a consumo por el régimen general, siendo que a dicha operación le sería aplicable el régimen preferencial establecido por el Mercosur.
Corresponde aclarar que el certificado de origen es el documento necesario para acreditar el origen zonal de la mercadería del que deriva el beneficio del tratamiento arancelario preferencial invocado. Sin embargo, en el caso de autos no se documentó una destinación de importación para consumo, sino una destinación de tránsito, en consecuencia ni si quiera se tuvo la oportunidad de acogerse a un régimen preferencial.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente al respecto.
XV. En cuanto a los agravios esgrimidos respecto de la exigencia tributaria en cuestión, el servicio aduanero ha liquidado por la mercadería en tránsito (ver liquidación manual 10042LMAN019523A a fs. 12 de las act.adm.), como tributos que gravan la importación para consumo -IVA, derechos, tasa de estadística y percepciones de IVA y Ganancias, por la suma total de U$S 68.252, y por ese importe se intimó su pago a las recurrentes.
Cabe destacar que las obligaciones tributarias derivadas de la importación para consumo, para el caso en cuestión, comprenden los derechos de importación, la tasa de estadística, y las percepciones de IVA y ganancias, liquidados por la aduana.
No obstante lo expuesto, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
Liquidación manual: 1004LMAN019523A DESTINACION 10042TRAS040022G D.I 16.414,86 T.E 410,37 IVA 20.768,90 IVA ADIC 0,00 IIGG 0,00 TOTAL 37.594,13 Por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a DOLARES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 CVOS. (U$S 37.594,13.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA.
XVI. Los intereses relativos a la obligación tributaria que se confirma corren desde el 06/09/2010 ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 845/2012 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 10042LMAN019523A, mediante la cual se intima a la Empresa TRANSPORTE EVELING (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME), al A.T.A Sr. BRAVO, Luis Alberto, y a la firma LANTERMO S.A al pago de la suma DOLARES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 CVOS.(U$S 37.594,13.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (conf. lo expuesto en el cons. XV- “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”), sumas que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 4 de la Resolución General AFIP n° 3271/02, con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 55% a cargo de la actora y en 45% a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 845/2012 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 10042LMAN019523A, mediante la cual se intima a la Empresa TRANSPORTE EVELING (JOAO LUIS MACIEL MACHADO ME), al A.T.A Sr. BRAVO, Luis Alberto, y a la firma LANTERMO S.A al pago de la suma DOLARES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 CVOS.(U$S 37.594,13.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (conf. lo expuesto en el cons. XV- “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”), sumas que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 4 de la Resolución General AFIP n° 3271/02, con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 55% a cargo de la actora y en 45% a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.05.22 15:54:12 ART Date: 2023.05.22 16:06:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.23 06:41:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.23 06:41:20 -03:00
Fin de la sentencia