Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 26141-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación interpuesta por la actora y confirmar el decisorio de fojas 56/69 del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto confirmó la Resolución Nº 4/2009 (AD CONC) dictada por el Administrador de la Aduana de Concordia en las actuaciones Nº 12483-90-2005;
2Rechazar el recurso de apelación incoado por la demandada y confirmar la resolución de fojas 91 que reguló los honorarios profesionales de los letrados del Fisco Nacional;
3Sin costas en esta instancia, en atención a que no hubo actividad procesal de la parte demandada (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
TRANSPORTES CRAMER SA (TF 26141-A) c/ DGA.
Buenos Aires, de abril de 2014.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F.
Treacy y Jorge F. Alemany dijeron:
I. Que a fojas 56/69 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución Nº 4/2009 (AD CONC) dictada por el Administrador de la Aduana de Concordia en las actuaciones Nº 12483-90-2005. Dicho acto administrativo rechazó el recurso de impugnación interpuesto por la accionante contra el Cargo Nº 12/2003 que consistía en la liquidación de tributos aduaneros de la destinación de tránsito directo Nº 02 016 TRAS002842 Z (v. fs. 107/110 del expediente administrativo reservado en Secretaría bajo el interno Nº C-51). Impuso las costas a la recurrente.
Para así decidir, el tribunal a quo sostuvo que la operación de tránsito de importación se encontraba regulada en los artículos 296 y siguientes del Código Aduanero y constituía un régimen en virtud del cual se autorizaba que la mercadería importada sea transportada desde la Aduana por la que hubiese arribado hacia la de destino, previéndose la no sujeción impositiva, con excepción de las tasas retributivas de servicios.
Indicó que la principal obligación del régimen recaía en el transportista, que asumía su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que documentaba, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la Aduana de destino, dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la mercadería declarada, en su totalidad y sin haber sufrido ninguna modificación.
A continuación, entendió que el artículo 315 del código citado eximía de responsabilidad al transportista cuando las mercaderías se perdían irremediablemente y si la comunicación prevista en el artículo 308 del Código Aduanero se hubiese cumplido. Agregó que no se eximía del pago de tributos si el bien puede potencialmente ser utilizado por un tercero, excepción que comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada y que su empleo por un tercero no debía ser demostrado debido a que la norma no requería dicha prueba. Afirmó que el faltante de mercadería hacía presumir su importación para consumo. En base a lo expuesto, el Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que el siniestro que afectó a la mercadería objeto del tránsito de importación –robo–, no podía ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma, excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero, por lo cual se debían abonar los tributos correspondientes.
II. Que contra dicha decisión, la actora apeló a fojas 70 y expresó agravios mediante el escrito de fojas 79/88, cuyo traslado no fue replicado por la demandada.
En su memorial, afirmó que no resultaba obligatoria para el transportista la constitución de una garantía para la realización de una operación de tránsito aduanero internacional, en tanto que ello estaba dispensado por el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre.
Entendió que se trataba de un hecho ilícito que en modo alguno podía asimilarse a las previsiones de los artículos 310, 311 y 315 del Código Aduanero. Sostuvo que su parte fue víctima y damnificada por un delito, de modo que no correspondía hablar de faltante de mercadería o incumplimiento del tránsito ya que como transportista sufrió un hecho ilícito. Asimismo, indicó que cumplió con las obligaciones a su cargo, en tanto que realizó las denuncias y exposiciones ante las autoridades policiales y aduaneras.
En sentido concordante, afirmó que el Código Aduanero en su artículo 777 establecía que la persona que realizare el hecho gravado es la deudora de los tributos y en el caso de que se tratare de un hecho ilícito, la norma disponía que eran responsables solidarios los autores, cómplices, instigadores, encubridores y beneficiarios del delito de contrabando en los términos del artículo 782 del código citado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
III. Que a fojas 91 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios profesionales de los representantes del Fisco Nacional, que fueron apelados por bajos (v. fs. 95).
IV. Que en consecuencia, corresponde ingresar al análisis de los agravios expresados por la actora. Al respecto, cabe señalar que la cuestión a resolver consiste en determinar si la empresa transportista es responsable por el pago de los tributos de la mercadería que transportaba bajo el régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación.
IV. 1.- Así las cosas, es conveniente reseñar las normas aplicables al caso. En este sentido, los artículos 310 y 311 del Código Aduanero disponen que cuando resulte faltar mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, o bien, cuando transcurra el plazo de un mes, contado a partir del vencimiento del que hubiera sido otorgado para cumplir el tránsito sin que el medio de transporte arribe a la aduana de salida o interior, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que ha sido importada para consumo.
Por otro lado, el artículo 315 del Código Aduanero establece que “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero” (lo destacado no es del original).
Asimismo, el artículo 312 del mismo cuerpo normativo establece que, ante el faltante de mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, se considerará al transportista o a su agente como deudor principal de las correspondientes obligaciones tributarias.
IV.2. Sentado ello, cabe recordar que este Tribunal ha tenido oportunidad de resolver varios planteos análogos al presente en los cuales concluyó, entre otros argumentos, que las normas que regulan el régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación, tienen por objeto asegurar el control aduanero sobre el adecuado cumplimiento de aquel, a fin de desechar la posibilidad de maniobras de sustitución de mercaderías, u otras que desnaturalicen el régimen, priorizando la renta fiscal. En suma, la mera probabilidad de que la mercadería pueda ser aprovechada por un tercero, implica la responsabilidad del transportista y su agente por el pago de los tributos, quienes asumieron los riesgos inherentes a la actividad y, a tal fin, pudieron haber contratado una póliza de seguro contra robo para mitigar las consecuencias económicas de ese siniestro (v. los fundamentos expuestos en las causas “Transportes Ttamgo SA (TF 19988-A) C/ Dga” del 15/07/2010; “Transportes Interflet LTDA” (TF 20284-A) c/ DGA” del 22/12/2010; “Alcaraz Hector Dimas (TF 22721-A) C/ DGA” 3/10/2012; “Transportes Carlos Marambio Figueroa y otro (TF 22721-A) c/ DGA” 20/11/2012).
IV.3. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el precedente de Fallos: 335:2549 (“Tevelam S.R.L c/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 11 de diciembre de 2012), adoptando un criterio diferente al que veía sosteniendo esta Sala. En dicho precedente, sostuvo que “[e]l art. 315 del código citado distingue la hipótesis de la mercadería ‘irremediablemente perdida por algún siniestro’ ocurrido durante su transporte, en alusión a la que no tiene posibilidad alguna de utilización en el mercado interno, y por ende, no se la sujeta al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo –primer párrafo, del art. 315–, de aquella otra en la que la mercadería no puede considerarse ‘irremediablemente perdida’, pues ‘…pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero’ –segundo párrafo, del art. 315–, situación que parece aludir a los supuestos de hurto, o de robo…”
Sobre ello, expresó “Que el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción –y por el solo hecho de que aquella pudiera ser utilizada por un tercero– no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro”. Asimismo, el Máximo Tribunal consideró que correspondía “[d]istinguir la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurren en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón eximente de responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería y padece un robo…”
Por último, indicó que “[s]i no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades en los términos del art. 308 del Código Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento”.
IV.4. En relación con el caso en particular, no se encuentra controvertido que mediante la destinación suspensiva de tránsito de importación Nº 02 016 TRAS002842 Z, Carta de Porte Internacional por Carretera Nº UY.2388.00003, se transportaban 768 bultos que contenían 40.434 unidades de prendas de vestir (camisas). Dicha mercadería ingresó por la Aduana de Concordia con destino a San Luis (v. fs. 39 de las actuaciones administrativas).
Sin embargo, la mercadería en cuestión fue robada (v. denuncia policial obrante a fs. 10/11 de las actuaciones administrativas efectuada por el Sr. Guillermo Daniel Criado –chofer de la firma Transportes Cramer S.A–). El hecho –relata la actora a fs. 22 vta.– habría dado inicio a la causa Nº 54.763/04, acumulada al expediente caratulado “Textil Chantillon S.A; Amato Claudio Enesto s/ Infr. Ley 22.415 y 24.769” (Nº 2526/2002/2416).
Ahora bien, en el presente caso no se encuentra debidamente acreditado que la actora haya cumplido con los deberes de guarda y de custodia de la mercadería robada de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente mencionado, en el que estableció las condiciones a fin de que el transportista o agente de transporte pudiera eximirse del pago de los tributos.
En efecto, la actora no indicó qué medidas concretamente adoptó para resguardar la carga en tránsito, como así tampoco existen pruebas acerca de si el medio de transporte poseía un sistema de control satelital o si la mercadería contaba con el seguro correspondiente. Asimismo, resulta insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento de los deberes de custodia, lo manifestado por la actora acerca de que el robo se produjo dentro del itinerario comprometido ante el servicio aduanero, circunstancia que únicamente resulta del contenido de la denuncia policial agregada a fojas 10/11 de las actuaciones administrativas. De este modo, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la accionante sobre este punto.
IV.5. Acerca del agravio de la actora relacionado con que no debe responder tributariamente por la aplicación del artículo 315 del Código Aduanero, ya que el artículo 782 de dicho código prevé que que “[l]os autores, cómplices, instigadores, encubridores y beneficiarios del contrabando de importación o de exportación responden solidariamente por los tributos pertinentes”, corresponde indicar que no se demostró en el sub lite que la denuncia efectuada con motivo del robo de la mercadería haya derivado en la configuración del delito de contrabando, lo que -en virtud del transcripto artículo 782 del Código Aduanero- eximiría de responsabilidad al transportista. Cabe aclarar que si bien se acompañó en autos copia de la denuncia efectuada oportunamente por la actora, no se acreditó que exista sentencia firme en un proceso penal, ni alguna otra circunstancia que permita al Tribunal aplicar lo dispuesto en el mencionado artículo 782.
En tal sentido, quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del CPCCN), ya que si no logra cumplir con esa carga mediante la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su pretensión sea rechazada (Fallos 331:881).
Por ello, la mera invocación del artículo 782 del Código Aduanero por parte de la actora no modifica el criterio sustentado por el Tribunal Fiscal de la Nación, ya que para eximirse de la responsabilidad tributaria con base en lo establecido en dicha norma, debió haber acreditado la configuración del delito de contrabando determinado mediante sentencia judicial.
V. Que en relación con la apelación acerca de los honorarios profesionales regulados por el Tribunal Fiscal de la Nación, teniendo en consideración la etapa cumplida, la naturaleza y monto del proceso, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, corresponde confirmar la regulación de honorarios de fojas 91, habida cuenta de que únicamente fue apelada por baja (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839 modificada por la Ley N° 24.432).
VI. Que por lo expuesto, y considerando que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros), corresponde rechazar la apelación interpuesta por la actora y confirmar el decisorio de fojas 56/69 del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto confirmó la Resolución Nº 4/2009 (AD CONC) dictada por el Administrador de la Aduana de Concordia en las actuaciones Nº 12483-90-2005. Asimismo, se rechaza el recurso de apelación incoado por la demandada y se confirma la resolución de fojas 91 que reguló los honorarios profesionales de los letrados del Fisco Nacional. Sin costas, en atención a que no hubo actividad procesal de la parte demandada (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
ASÍ VOTAMOS.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani dijo:
Que me remito a los considerandos I, II y III del voto que antecede y, contrariamente a lo allí sostenido, entiendo que en el caso sub examine se encuentran acreditados los supuestos considerados por la Corte Suprema.
Por tal razón, es que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación de fs. 56/69, revocando en consecuencia la Resolución Nº 4/2009 (AD CONC); con costas al Fisco Nacional en ambas instancias. No corresponde que trate la apelación de honorarios deducida en la causa desde que las costas son en sentido contrario a lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación.
ASÍ VOTO.
En virtud de las consideraciones precedentes, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar la apelación interpuesta por la actora y confirmar el decisorio de fojas 56/69 del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto confirmó la Resolución Nº 4/2009 (AD CONC) dictada por el Administrador de la Aduana de Concordia en las actuaciones Nº 12483-90-2005; 2) Rechazar el recurso de apelación incoado por la demandada y confirmar la resolución de fojas 91 que reguló los honorarios profesionales de los letrados del Fisco Nacional; 3) Sin costas en esta instancia, en atención a que no hubo actividad procesal de la parte demandada (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Guillermo F. Treacy Jorge F. Alemany CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Pablo Gallegos Fedriani (en disidencia)
Fin de la sentencia