Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-142215777-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Noviembre de 2023 APN-SGAI#TFN En la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el EX-2022- 31319493 -APN-SGAI#TFN, caratulado: “TRANSPORTES FIGUEROA S.R.L. s/ recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. TRANSPORTE FIGUEROA S.R.L. interpone el recurso de apelación previsto en el inc. b) del art. 76 de la ley 11.683 contra la Resolución N° 119/2022, dictada el 7.3.2022 por la División Jurídica de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se le aplicó una multa del 200% del tributo omitido por un monto de $22.404.840,64, respecto del impuesto al valor agregado del período fiscal 09/2021, con sustento en el art. 45 de la misma ley. En primer lugar alega la falta de causa de la Resolución, explica que carece de fundamentos fácticos y legales, ya que afectó el derecho de defensa y el principio de inocencia.
Luego, plantea que es improcedente la multa por no configurarse la acción típica en su faz objetiva. También explica que no se configuró el elemento subjetivo del ilícito imputado. Cita para ello la Instrucción General 6/2007 y dice que es aplicable en el caso la doctrina del error excusable atento a que TRANSPORTE FIGUEROA S.R.L. tuvo el convencimiento de haber cumplido sus deberes y obligaciones fiscales en tiempo y forma. Resalta que es una empresa de transporte, que tuvo inconvenientes financieros como consecuencia de las restricciones por el COVID-19 y que esa fue la razón de la demora en el cumplimiento de su obligación fiscal.
En subsidio, también pide se reduzca la multa según el art. 49 de la ley por haber rectificado la declaración jurada en forma previa a la notificación de la vista del art. 17 y por no existir reincidencia. Por último, explica que el exceso de punición en el accionar del Fisco Nacional lesiona los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional que receptan la razonabilidad como principio rector en todo el accionar del Estado.
Cita jurisprudencia en abono de su postura y, por lo expuesto, solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. Mediante el IF-2022-84133114-APN-DTD#JGM contesta el recurso el representante fiscal, solicitando por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo que se confirme la Resolución, con costas. Mediante la PV-2023-49810966-APN-VOCI#TFN se rechaza la producción de la prueba informativa y pericial contable ofrecida por TRANSPORTE FIGUEROA S.R.L. y se hace saber a las partes que la causa se resolverá con las constancias de autos y las actuaciones administrativas acompañadas.
III. El 21.9.2023 se elevan los autos a consideración de la Sala, y el 14.11.2023 pasan los mismos a sentencia.
IV. Corresponde entonces expedirse sobre si la multa aplicada se ajusta o no a derecho.
La misma tiene origen en el cruce sistémico efectuado por el Fisco Nacional de aquellos contribuyentes que omitieron presentar las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado correspondientes al período fiscal 09/2021.
Al respecto de la supuesta nulidad por falta de causa en la Resolución, debe recordarse aquí que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, “Sosa, Mirta Elena” sentencia del 4 de junio de 1997).
En el caso, tanto de los Considerandos de la Resolución como de las actuaciones administrativas que preceden su dictado surgen en forma clara las razones que llevaron a la fiscalización a aplicar la multa debatida en autos. Es así, que no se advierten los vicios en el elemento “causa” que invoca el recurrente para que este Tribunal fulmine con la nulidad al acto recurrido, decisión excepcional que sólo corresponde adoptar ante el incumplimiento de dichos recaudos y la violación del derecho de defensa. Tampoco se advierte en el caso que se hayan omitido los procedimientos legalmente exigibles para darle validez, por lo que corresponde el rechazo del planteo de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, Bolland).
Ello así, el 3.11.2021 la fiscalización actuante notificó el inicio de la fiscalización y en idéntica fecha requirió a TRANSPORTES FIGUEROA S.R.L. que acompañara, en lo que aquí interesa, la constancia de presentación de la declaración jurada en cuestión.
De fs. 28 de las actuaciones administrativas surge que la contribuyente la presentó el 5.11.2021, previo a la notificación de la vista de los ajustes del art. 17 de la ley 11.683.
Dicha conducta fue calificada como omisión por el juez administrativo, en los términos del art. 45 de la ley 11.683, que requiere para su configuración la concurrencia de dos elementos: por una parte, la omisión de pago del impuesto y, por la otra, el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas y en la medida que no exista error excusable.
En el caso, como ya se dijo, la conducta que se le reprocha a TRANSPORTES FIGUEROA S.R.L es precisamente haber omitido el pago del impuesto mediante la falta de la presentación de la declaración jurada del impuesto al valor agregado del período fiscal 09/2021, configurándose de ese modo el elemento objetivo del ilícito.
En lo que respecta al elemento subjetivo, de indispensable configuración tratándose de ilícitos tributarios, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 271:297, era a la recurrente a la que le correspondía demostrar, prueba mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF “Velocidad Tiempo Cero S.A., del 28.06.2007; “La Rueca Porteña” del 27.10.1998 “Italcred SA”, del 28.04.2016, entre muchos otros), pero ni en esta instancia, ni en la sumarial previamente sustanciada, aportó y/o rindió prueba alguna para evidenciar la falta de elemento subjetivo, por lo que cabe tener por configurado también este elemento.
Es que en el caso fue la propia conducta de la recurrente, quien recién cumplió con sus obligaciones fiscales y presentó la declaración jurada original del impuesto a instancias de la fiscalización, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional por aplicación de la causal del error excusable prevista en el art. 45, in fine, llevan a este Tribunal a confirmarla.
Por último, atribuye la demora al retraso en la recopilación de la información por parte del personal a cargo de la confección de la declaración jurada por cuestiones de salud, particularmente del COVID-2019; sin embargo, sin desconocer los inconvenientes que produjo la epidemia lo cierto es que la fecha en que debía cumplir con su obligación –noviembre 2021- ya había pasado un mes desde la fecha de vencimiento.
No escapa a esta juzgadora que el 11.03.2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como una pandemia. A razón de la cual, y por la inexistencia de un tratamiento antiviral efectivo y la ausencia de vacunas que prevengan el virus, se dictó en Argentina el 19.03.2020 el Decreto 297/2020 que estableció el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO). Dicha medida ordenó que las personas debieran permanecer en sus residencias habituales y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, todo ello para prevenir la circulación y el contagio de virus.
Dicha norma, si bien regía hasta el 31 de marzo, sufrió sucesivas prórrogas y modificaciones hasta dictarse el 7.11.2020 el Decreto 875/2020. Ese día entonces, nació el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO) el cual estuvo vigente, con diferencias según las distintas regiones del país, hasta abril del año 2021. Entonces, ya que el periodo fiscal reclamado por el Fisco es 09/2021 y el contribuyente tuvo tiempo hasta noviembre de presentar sus declaraciones juradas, no basta con atribuir al COVID la demora, más aún sin acreditar la concreta imposibilidad de cumplir sus obligaciones fiscales por contagios del virus en su personal administrativo.
V. Resta referirse al agravio del actor referido a la reducción de la multa en los términos el art. 49 y el exceso de punición.
Según surge de los antecedentes administrativos, TRANSPORTE FIGUEROA S.R.L. registra una sanción de multa por omisión (art. 45 ley 11.683) aplicada el 30.6.2021 por falta de presentación de declaración jurada del impuesto al valor agregado (período fiscal 01/2021). Fue por dicha razón que el juez administrativo aplicó el supuesto de reincidencia, en la forma tipificada en el art. agregado a continuación del art. 50 de la ley 11.683, y graduó la sanción en el 200% del gravamen omitido, es decir, agravada por dicho motivo.
En tal sentido, debe recordarse aquí que dicha norma dispone que “Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso.”
Ello así, surge del propio texto de la ley que uno de los requisitos de la “reincidencia” es que la resolución anterior debe estar firme.
Si bien en la Resolución el Fisco Nacional arguye la firmeza del antecedente sumarial, dicha afirmación no encuentra debido respaldo en las actuaciones administrativas. En efecto, a fs. 20 del Cuerpo Sumario IVA en IF- 2022-84118400-APN-DTD#JGM (antecedentes administrativos), hay una captura de pantalla del sistema de la Administración Federal en la que obra informado el sumario que dio lugar a la multa anteriormente aplicada. A partir de dicha imagen se solicitó a la parte como medida de mejor proveer los antecedentes administrativos del Sumario N° S/431/703503/2021. Luego de un pedido de prórroga, la representante fiscal los acompañó y, si bien allí se puede ver el impuesto, la naturaleza de la multa y la fecha, nada dice sobre la firmeza de la sanción. Por otro lado, el Fisco Nacional se limitó en su escrito de contestación de traslado a transcribir una cita de la Resolución al decir que “(…) se observa que la responsable registra antecedentes sumariales firmes en el artículo 45 de la ley (…)”.
En este sentido, debo señalar que el ejercicio de las potestades sancionatorias implica el deber de fundar con la mayor precisión la concurrencia de la conducta punible y la imposición de la adecuada sanción merituada según las circunstancias propias del caso. Es por ello que el supuesto de agravamiento de pena, cuando se aplica sobre bases regladas como la prevista en el art. siguiente al 50 antes citado, debe desprenderse en forma clara de los antecedentes, sin margen a duda, máxime tratándose de materia penal, regida por principios estrictos. En efecto, según criterio jurisprudencial imperante las infracciones en el derecho tributario tienen naturaleza penal, y eso conlleva aplicar los principios del derecho penal. Así lo tiene receptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo “Fiszman y Cía SCA” del 23.06.09, entre muchos otros.
En el caso, recaía sobre el juez administrativo el deber de acreditar en forma fehaciente la configuración del supuesto invocado para el excepcional supuesto de agravamiento de la pena por reincidencia autorizado en el segundo párrafo del art. 45 de la ley 11.683, con arreglo al principio de legalidad que con especial énfasis rige en esta materia, como ya se dijo, máxime tratándose de una sanción penal.
En consecuencia, la conducta de TRANSPORTES FIGUEROA S.R.L. debe subsumirse en el 2do. párrafo del art. 49 de la ley 11.683 (texto según Ley 27.430) que dispone: “Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa en el lapso habido entre la notificación de una orden de Intervención y la notificación de una vista previa conferida a instancias de la inspección actuante en los términos del artículo agregado a continuación del artículo 36 y no fuere reincidente en las Infracciones, previstas en los artículos 45, 46. agregados a continuación del 46 o 48, las multas establecidas en tales artículos se reducirán a un cuarto (1/4) de su mínimo legal”.
En función de todo lo expuesto y de las circunstancias de autos, corresponde confirmar parcialmente la multa aplicada en la Resolución recurrida, conforme el art. 49 segundo párrafo, de la ley 11.683.
Las costas se imponen a la vencida salvo en la parte en que se reducen, las que se imponen en el orden causado. La Dra. Guzmán dijo:
I. Que vienen las presentes actuaciones a fin de resolver sobre la procedencia de la sanción aplicada. La recurrente articula en primer término, excepción de nulidad con sustento en ausencia de causa. Con respecto al fondo, cuestiona el acto sancionatorio con distintos argumentos. Así, luego de explicar los extremos que la norma exige para la procedencia de la multa, sostiene que no se encuentran configurado el elemento subjetivo. Asimismo, considera que el juez administrativo no tuvo en cuenta la presencia de error excusable que excluye la presencia de culpa.
Finalmente, solicita la aplicación del artículo 49 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y se agravia del monto de la sanción por cuanto entiende que existe exceso de punición.
II. Que, en cuanto a la defensa de nulidad articulada por la recurrente, toda vez que reposa en la ausencia de causa, disiento con el tratamiento que se efectúa en el voto precedente, en tanto a mi criterio, no resulta de aplicación para su resolución el artículo 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues no se está frente a un planteo de nulidad por vicio procesal.
En efecto, como precisara “la Ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitamos, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Así definido, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece. Dicho texto normativo distingue los requisitos formales (artículo 8) y sustanciales (artículo 7), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos, que son, a saber: 1) la competencia de quien suscribe el acto; 2) la causa, 3) el objeto, 4) procedimiento, 5) la motivación y 6) la finalidad”. (Vid. “Shuberoff, Oscar Julio”, 5/10/18) A fin de definir la causa encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión —por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (conf. Hutchinson, Tomás; “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, T° I, pag. 154).
En ese contexto, los argumentos esgrimidos por la recurrente en virtud del cual entiende que el acto apelado carece de causa, por considerar que no surge del sumario instruido y de las demás constancias del expediente que haya existido una conducta punible en los términos del artículo 45 de la Ley de rito, debe ser rechazado en tanto se desprende de su lectura, cuales fueron los hechos y el derecho en que se sustenta. En definitiva, la recurrente discrepa con las conclusiones a las que arribó el juez administrativo, cuestiones que hacen a la defensa de fondo. Con respecto a las costas, entiendo que deben ser soportadas por la excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan —como quedó dicho- en la violación de su derecho de defensa por defectos procesales, agravios que acarrean inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo —de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
III. Que corresponde analizar ahora la procedencia de la sanción aplicada, que el ente fiscal subsume en el artículo 45 de la Ley 11.683 (t.o.v.).
Conforme se desprende de las actuaciones administrativas, ante la falta de presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 9/2021 del impuesto al valor agregado, se inició el procedimiento fiscalizador. Encontrándose en curso dicha etapa investigativa, se constató la presentación de la DDJJ el día 3/11/2021, procediéndose a efectuar controles formales y materiales que concluyeron con la conformación y la consiguiente notificación de la finalización de la inspección.
En ese contexto se inició el procedimiento sumarial con fecha 1 de febrero de 2022 que culminó con el acto que ahora se impugna.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre la procedencia de la sanción apelada, que el ente fiscal subsume en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998).
Dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere —en situaciones como la sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. Siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas", además de los presupuestos de culpa o negligencia. Ello así, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie, pues como quedó explicado en el Considerando precedente, como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, se detectó que el recurrente omitió presentar su declaración jurada correspondiente al impuesto al valor agregado, período fiscal 9/2021, omitiendo en consecuencia el ingreso del impuesto correspondiente. De esta forma se admitió la materialidad de la infracción.
V. Que sentado lo que antecede, debe este Tribunal examinar la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión y cuya inexistencia alega la recurrente. Debe precisarse que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “ ...surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen.
8. Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho depresivo tributario rige e/ criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/Ley 23771", fallada el 31/10/1997).
9. Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme - de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas” (“Elen Valmi de Claret“, del 31/3/99”
VI. Que, en puntual contestación a los agravios expuestos por la recurrente con el objeto de eximirse de responsabilidad, cabe señalar que no se comparten sus afirmaciones dirigidas a cuestionar la presencia del elemento subjetivo por cuanto la presentación de la declaración jurada no puede ser considerada ni espontánea ni tempestiva toda vez que fue consecuencia del accionar fiscal. Circunstancia ésta que debe ser tomada en consideración como corroborante de la concurrencia del elemento subjetivo requerido para tener por cometido el ilícito que se le imputa. No escapa a quien suscribe que el cumplimiento ocurrió una vez iniciada la fiscalización, accionar que hizo que el propio contribuyente cumpliera con su obligación.
Tampoco advierto que se encuentre configurado el alegado error de derecho excusable. En efecto, es conteste la jurisprudencia en considerar que aquel será excluyente de culpabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de la norma, ya sea por normas intrincadas o contrapuestas, o simplemente por criterios interpretativos distintos que colocan al contribuyente en la posibilidad, razonable, de equivocarse al aplicarla, circunstancias estas que no se advierten en la especie, en tanto la recurrente reposa su presencia en el convencimiento de haber cumplido con su obligación, sin dar razones de cuales fueron los motivos por los cuales cumplió tardíamente. Ello así, sus argumentaciones deben ser desechadas.
VII. Que finalmente, resta tratar los argumentos vinculados con la cuantía de la sanción, que la recurrente considera excesiva por falta de aplicación del artículo 49 de la ley procesal, en tanto la apelada, argumenta que al ser reincidente, resulta de aplicación el último párrafo del artículo 45 del mismo texto legal. Dicho precepto -en lo que aquí interesa- establece que “...Cuando mediare reincidencia en la comisión de conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200 %) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir...”.
Por otra parte, el artículo 49, primer párrafo, exige para su aplicación, que el contribuyente o responsable no fuere reincidente en infracciones materiales.
A su turno, el artículo 50.1., incorporado por la ley 27.430, define que se entenderá por reincidencia “cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso”
En ese contexto normativo, se advierte que el accionar del juez administrativo se encuentra ajustado a derecho. En efecto, en cumplimiento de la medida para mejor proveer dictada por la Vocal lnstructora, el Fisco Nacional acompañó el Sumario S/431/703503/2021, que es el antecedente tenido en cuenta para considerar reincidente a la recurrente. De allí no surge que el acto emitido haya sido recurrido, por lo que cabe concluir, que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Asimismo, tampoco la recurrente ha acompañado documental u ofrecido producción que avale sus dichos sobre la ausencia de antecedente.
Ello así, a juicio de la suscripta, se encuentran configurados los extremos que la ley exige para confirmar el acto apelado. Con costas.
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Guzmán salvo en la imposición de costas en el tratamiento de la nulidad del Considerando II, que entiendo no corresponde en este caso según la jurisprudencia citada por la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvánse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.11.29 11:41:37 -03:00 Date: 2023.11.29 12:46:40 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.29 13:22:09 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.29 13:22:10 -03:00
Fin de la sentencia