Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 34.283-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulada por la actora, sin costas.
2Revocar la Resolución N.° 1640/2013 (AD PASO), dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en el expediente administrativo N.º 12307-568-2012/1, por ende, el cargo N.º 12042LMAN027622B, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-65172120-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Junio de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “TRANSPORTES GRAL. LTDA. Y OTRA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N.º 34.283-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 15/22/vta, la firma TRANSPORTES GRAL. LTDA. y la agente de transporte aduanero, la Sra. ANDREA CLAUDIA PONCE, se presentan por apoderado e interponen recurso de apelación contra la Resolución N.º 1640/2013 (AD PASO), dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en el expediente administrativo N.º 12307-568-2012/1, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A., se resuelve confirmar el cargo N.º 12042LMAN027622B y, por consiguiente, condenar a las co-actoras al pago de un monto igual a $149.098,86.- en concepto de tributos adeudados por el incumplimiento de la destinación suspensiva de tránsito de importación N.º 12042TRAS077797Y.
Luego de efectuar una breve descripción de los hechos, alegan la nulidad de la resolución apelada por incongruencia y falta de motivación. Asimismo, manifiestan que no deben responder por los tributos aplicables a la importación a consumo de la mercadería robada en razón de encuadrarse en la causal eximente de responsabilidad por fuerza mayor. Resaltan que actuaron con la debida diligencia, efectuando la denuncia correspondiente y comunicando oportunamente a la Aduana sobre el robo. Citan jurisprudencia que respalda su posición y requieren que se aplique la doctrina de la causa TEVELAM. Ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal y solicitan se revoque la resolución apelada con costas.
II. A fs. 36/41/vta la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los hechos que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. En relación con la nulidad planteada, sostiene que los actos administrativos de la Administración Pública gozan de presunción de veracidad y legitimidad. Asegura, además, que la resolución cumplió con el objetivo para la cual fue dictada, por lo que la nulidad resulta inadmisible. En cuanto al fondo del asunto, argumenta que el criterio adoptado en sede administrativa es correcto y está debidamente fundamentado mediante la aplicación de los artículos 638, inciso f; 310; 311; 312; 315 y 780 del Código Aduanero. En este contexto, señala que se configuró el hecho gravado previsto en el artículo 638, inciso f), con la correspondiente presunción legal iure et de iure y exclusivamente a efectos tributarios, de que la mercadería fue importada a consumo (cf. art. 311). Señala que no es aplicable el fallo de la CSJN TEVELAM, debido a que las circunstancias fácticas del caso difieren sustancialmente. Añade que, si la empresa transportista y su agente pretendían no ser afectadas por las consecuencias tributarias del régimen, debieron cumplir con su deber de previsión, inherente a la actividad comercial que desarrollan, gestionando la destinación mediante el régimen previsto en la Resolución 244/97 (ex ANA) o en la Resolución 2336/1991 (ex ANA) y contratar una póliza de seguros contra robo por el valor en plaza de la mercadería, con el fin de mitigar los riesgos y limitar su responsabilidad. Reseña jurisprudencia aplicable, ofrece prueba documental y hace reserva de plantear el caso ante la instancia federal. Finalmente, solicita que se rechace el recurso interpuesto y se confirme el cargo con imposición de costas.
III. Actuación N.º 12307-568-2012/1: A fs. 1/7 obra la documental acompañada por la A.T.A., ante la Aduana de Paso de los Libres, con la finalidad de dar a conocer, mediante la Multinota N.° 30370/2012, el robo del medio de transporte (BR) MHE7557 / MHP6967, acompañando la denuncia policial pertinente. A fs. 18 obra el cargo N.º 12042LMAN027622B. A fs. 19/22 se agregan las constancias de notificación del cargo. A fs. 23/27/vta obra el recurso de impugnación respecto al cargo de la firma TRANSPORTES GRAL. LTDA. y la A.T.A., la Sra. “ANDREA CLAUDIA PONCE”. A fs. 35 se otorga una prórroga para la constitución de la garantía solicitada. A fs. 44 se informa que la garantía constituida no cubre la totalidad de los intereses resarcitorios. A fs. 45 se provee la presentación efectuada, se tiene por deducido el Procedimiento de Impugnación, se declara la causa de Puro Derecho y se pasan los autos para Resolver. A fs. 47/54 se dicta la Resolución apelada en autos.
IV. A fs. 42 se abre la causa a prueba. A fs. 45 se intima a la actora a que acredite el oficio que fuera ordenado a fs. 42, bajo apercibimiento de dar por desistida a la prueba. A fs. 47, se hace efectivo el apercibimiento. A fs. 69 se declara la causa como de puro derecho, se elevan los autos a la Sala G que pasa los autos a sentencia.
V. Frente a los hechos descriptos, corresponde señalar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (según lo afirmado por la CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
VI. En ese entendimiento, corresponde tratar las nulidades articuladas por las co-actoras. Sin perjuicio del análisis particularizado de cada una de las nulidades esgrimidas, cabe señalar, genéricamente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
En relación con la nulidad invocada por incongruencia y falta de motivación del acto apelado, corresponde señalar que la resolución N.° 1640/2013 (AD PASO), con independencia de la cuestión sustancial o de fondo, cuenta con una motivación formalmente adecuada, quien ha expuesto de manera expresa las consideraciones fácticas y jurídicas que sustentaron el cargo exigido.
En este marco, considero que los agravios no tienen suficiente entidad para justificar la declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la nulidad no puede aplicarse de manera automática, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y sus implicancias. En ese sentido, cabe colegir que, si bien las recurrentes arguyen que el acto administrativo carece de congruencia, causa y motivación, frente a la naturaleza eminentemente reglada del acto discutido en la especie y toda vez que no se observa un desprecio por parte de la autoridad administrativa en la reconstrucción de los hechos y la invocación del derecho que sustentan su decisión, no cabe declarar la nulidad como manifiesta y así, reconocerla como de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 1149 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia. En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, es importante señalar que la recurrente no lo presentó como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. Entonces, dado que no se generó una actividad procesal autónoma sobre este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
VII. Una vez realizada la aclaración precedente, corresponde determinar si la firma TRANSPORTES GRAL. LTDA. y la agente de transporte aduanero, la Sra. ANDREA CLAUDIA PONCE, se encuentran obligados a pagar en forma solidaria el monto confirmado a través de la Resolución N.º 1640/2013 (AD PASO), en concepto de tributos adeudados, sobre la base de los estipulado por los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A.
VIII. En las condiciones indicadas cabe recordar que el art. 315 del C.A. dispone: “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
La disposición transcripta realiza una distinción entre la hipótesis de la mercadería “irremediablemente perdida por algún siniestro” que tuvo lugar durante su transporte, en alusión a aquella situación donde no existiría posibilidad alguna de que la mercadería pudiera ser utilizada en el mercado interno y, como consecuencia de ello, los responsables no estuvieran sujetos al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo (primera parte del art. 315 del C.A.), y aquella otra en donde la mercadería no pueda considerarse “irremediablemente perdida”, pues “…pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero” (segunda parte del art. 315 del C.A.), circunstancia que supuestamente haría referencia a la situación de hurto, o de robo.
IX. En ese entendimiento del asunto, es dable traer a colación lo resuelto por la CSJN, en el caso “TEVELAM S.R.L. c/ DGA (TFN 22427-A)” del 11/12/2012, en donde luego de describir el régimen, transcribiendo la normativa aplicable al caso (Capítulo VI, Título II, Sección III del C.A.) afirmó que: “…el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro”.
En este sentido, nuestro Máximo Tribunal agregaría la pertinencia de “…recordar que según lo ha mantenido en forma constante […], “...cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídico restante o arriba a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto armónico del referido ordenamiento...” (Fallos: 326:3679). “Asimismo, reiteradamente ha afirmado que los textos legales no deben ser considerandos a los efectos de establecer su alcance y sentido aisladamente, sino como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto, teniendo en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida por aquéllos, y adoptando un sentido que concilie y deje a todas sus disposiciones con valor y efecto (ver, Fallos: 323:2117; 324:1481; 325:1731; 327:769, entre muchos otros y disidencia del juez Petracchi en Fallos: 312:2192)” (ibid.).
Agregando (en el considerando 11) que, “…una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos -acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino, se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319 del C.A.), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas como el denunciado en estas actuaciones (…)”.
Y concluye: “...si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas [...], no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento”. (ibid.).
X. En este orden de ideas, puede inferirse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una serie de directrices interpretativas para determinar en qué condiciones no corresponde exigir el pago de tributos cuando ocurre un robo en tránsito.
En ese entendimiento, no procederá el pago de los tributos cuando se presente una sustracción de la mercadería amparada por una destinación en tránsito, bajo las siguientes condiciones:
• El beneficiario del régimen comunica el siniestro conforme al artículo 308 del Código Aduanero. • La Aduana no ha desvirtuado el hecho del robo denunciado.
• La Aduana no ha constatado ni acreditado el incumplimiento de los deberes de custodia por parte del transportista.
XI. En función de lo señalado, procede analizar si los hechos alegados y la prueba obtenida en el expediente se adecuan a los parámetros establecidos en la causa TEVELAM.
XII. Desde esa perspectiva, resulta fundamental subrayar que el acto administrativo recurrido omite toda profundización en las circunstancias que rodearon la ocurrencia del robo. Si bien, a título personal, discrepo de manera categórica con la doctrina establecida en el precedente citado, que, a mi entender, distorsiona el alcance de las obligaciones aduaneras, en el caso concreto no solo no se ha acreditado el incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desvirtuado el hecho del robo, sino que, además, la propia Aduana, en la Resolución apelada N.º 1640/2013 (AD PASO) reconoce explícitamente: “Que en autos no se controvierte el acaecimiento del robo de la mercadería (…), como así tampoco se pone en dudas la existencia de la denuncia formulada ni la tramitación de causa penal ante el Ministerio Público. Tampoco se pone en tela de juicio la comunicación del siniestro al servicio aduanero en los términos del art. 308 del C.A., ni se endilga negligencia en el cumplimiento de sus deberes”.
A mayor abundamiento, cabe señalar que no se ha encontrado ningún indicio de que el itinerario de tránsito, previamente establecido por la Aduana, haya sido modificado de alguna manera. Esto se puede comprobar al revisar el itinerario detallado, el cual abarca los puntos de Pasos de los Libres -AR, Federal - AR, Paraná -AR, Santa fe -AR, San Francisco -AR, San Luis -AR, Mendoza -AR, Uspallata -AR, Punta de Vaca -AR, Los Libertadores-CL y Los Andes-CL.
Asimismo, el robo ocurrido el 10/12/2012 fue debidamente denunciado ante la Comisaría N.º 12, ubicada en la localidad de San Jerónimo de Sauce, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, el 11/12/2012, e informado a la Aduana el 12/12/2012, en cumplimiento de los deberes a cargo de los responsables de la carga, conforme lo dispuesto en el artículo 308 del Código Aduanero. (Ver las copias de la Multinota agregada a fs. 1 y la denuncia policial incorporada a fs. 2 del expediente administrativo).
XIII. Si bien las razones expuestas son suficientes para la resolución del presente caso, a fin de proporcionar una mayor ilustración, considero pertinente resaltar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes “(…) que no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia” (doctrina de Fallos: 302:1284; 234:482 y sus citas).
XIV. En consecuencia, en virtud de lo expuesto por la propia Aduana en la resolución apelada, el criterio interpretativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del artículo 315, segunda parte del Código Aduanero, y la prueba obrante en autos, así como las actuaciones administrativas, se concluye que no corresponde atribuir a las co-actoras la responsabilidad del pago de los tributos exigidos.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulada por la actora, sin costas.
2. Revocar la Resolución N.° 1640/2013 (AD PASO), dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en el expediente administrativo N.º 12307-568-2012/1, por ende, el cargo N.º 12042LMAN027622B, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero únicamente al rechazo, sin costas, de la nulidad planteada por la actora.
Que doy aquí por reproducido el relato del voto del Dr. Licht, en cuanto a los hechos acaecidos en estos autos. En especial, en cuanto refiere que no se ha dado cumplimiento al régimen de Destinación Suspensiva de Tránsito de Importación, como consecuencia del robo del camión involucrado. En tal sentido, la posibilidad de responsabilizar tributariamente a la apelante, se encuentra sujeta a la demostración del cumplimiento de las exigencias previstas en el art. 308 del CA, como así también de los deberes de custodia por parte del responsable, como lo ha entendido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el citado caso Tevelam. (v. considerando 12 del fallo cit.).
En los términos descriptos, se observa que, bajo la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente citado, no caben dudas de que, aún en el caso de pérdida irremediable de la mercadería por siniestro, los responsables de los tributos correspondientes a la mercadería cuyo faltante no pueda ser justificado en los términos del art. 315 del Código Aduanero, son los específicamente previstos por su art. 312, lo cual excluye la posibilidad de que esta cuestión pueda entenderse regida por lo normado en el art. 782 de dicha norma.(Cfr. esta Sala en la causa nº 31.081/07 “Varcent S.A (TF 19634-A) c/ DGA”, sentencia del 7/6/13).
Por otro lado, debe recordarse la jurisprudencia sentada por el máximo Tribunal, en cuanto a que las resoluciones emanadas regularmente de Administración Federal de Ingresos Públicos gozan de presunción de legitimidad, por lo que su peculiar naturaleza obliga a tener en cuenta primordialmente las normas que específicamente lo reglan y los principios de la rama del derechos a la que pertenece, lo que impide una remisión simplista y mecánica a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (cfr. esta Sala en la causa nº 156/07 “Blancanuez S.A (TF 19691-A) c/ DGA”, sentencia del 6/6/13).
En razón de ello, se ha explicado que no es el Estado quien debe demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asientan dichos actos, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, sino, por el contrario, es el interesado el que debe alegar su nulidad en juicio (CSJN, Fallos: 328:59 y sus citas.) De este modo, en virtud de la interpretación armónica de los arts. 12 de la Ley 19.549 y 377 del CPCC explicitada precedentemente, no puede sino concluirse que recae sobre el recurrente la carga de acreditar la veracidad de sus dichos, en particular, respecto de que en el caso se verifican circunstancias que permiten considerar la pérdida de la mercadería en cuestión, como un hecho fortuito apto de excepcionar la presunción establecida por los arts. 310 y 311 del Código Aduanero.
Por lo demás, debe tomarse en consideración que el régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación resulta, tal como expresamente lo reconoce el Legislador en art. 302 del CA, un beneficio tributario, en tanto se erige , en definitiva, como un criterio de excepción al régimen general (arg. esta Sala, Causa 3699/02 in re “Capsi SRL (TF 13.250-A y AC 13291-A) c/ DGA”, sentencia del 3/2/03). En tales términos, tal instituto encuentra fundamento en el art. 67, inc. 16, de la Constitución Nacional (actual art. 75, inc. 18), cuyo texto lo califica como “privilegio”, desde que tales beneficios importar alterar la generalidad con que deben ser aplicado los gravámenes. Por consiguiente, a fin de conjugarlos con el art. 16 de nuestra ley fundamental, en el sentido de que la igualdad en la base del impuesto y de las cargas pública, ellos deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador en cuanto tal o de la necesaria implicancia de la norma que la establezca (arg. CS, 18/06/08, Provincia San Juan C/ AFIP- La Ley 05/08/2008, 7-La LEY 21/08/08, 8 IMP2008-17 (setiembre), 1521, Consid. 9 y sus citas). Por lo que, en caso de duda, su interpretación ha ser restrictiva y, por lo tanto, resulta en forma adversa a quien la invoca (CSJN, Fallos: 204:110). (cfr. esta Sala causa “Varcent”, ya cit.).
Es de advertir que, en el caso, no se presentan las especiales circunstancias que llevaron al Más Alto Tribunal en el citado precedente a morigerar los efectos de la presunción legal contenida en el art. 315 del código de la materia y eximir el pago de tributos a los sujetos allí involucrados.
En efecto: no se exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Que no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 del C.A. funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Que, según la interpretación literal de la citada norma, basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
Que, en tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo. Que en conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería involucrada en autos (en el caso, el robo) alegado por las actoras, a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma -excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo.
Que, a su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317.
XLVI).
Que, por lo tanto, autorizó, en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo-, la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
Que, sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que debe probarse, en la especie, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa ritual, como así también el debido cuidado de la mercadería. En este punto, cabe recordar que la parte demandada, en su contestación de traslado que luce a fojas 36/41 y vuelta, realizó la puntual negativa de los hechos aducidos por la accionante, por lo cual resulta aplicable el principio procesal que también invoca en dicho escrito, según el cual la aquí accionante no demostró haber tomado las precauciones pertinentes, a fin de evitar sucesos como el ocurrido en autos. Como correlato de dicho razonamiento, desaparece jurídicamente la invocada causal de caso fortuito o fuerza mayor, alegados por la recurrente.
Como consecuencia de los fundamentos que anteceden, considero que la aquí actora no comprobó haber realizado las diligencias necesarias tendientes a demostrar que aseguró oportunamente el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen en cuestión le impone, en los términos del artículo 303, como podría ser el contratar un servicio de seguridad de custodia o de control satelital o personal, como recaudo demostrativo de un actuar previsor en resguardo de la integridad de la mercadería, según se desprende del deber de custodia que pesa sobre aquélla, y del artículo 315 del C.A.
En consecuencia, procesalmente, le correspondía a la recurrente la carga ineludible de aportar pruebas concretas, conducentes para acreditar haber cumplido con sus deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante todo su itinerario.
Se observa en su presentación inicial que la actora ofreció como prueba el libramiento de un oficio, que nunca produjo. Por el contrario, al ser intimada en virtud de la providencia de fs. 45, y el apercibimiento efectivizado a fs. 47, guardó silencio. Por ello, el Sr. Vocal instructor decidió a fs. 69 declarar la causa como de puro derecho. En resúmen, la recurrente no ha logrado en modo alguno, probar fehacientemente sus afirmaciones ante este Tribunal. No por lo menos en cuanto a las exigencias impuestas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación al momento de decidir el caso Tevelam S.R.L.
De manera que, ante dicha omisión, no encuentro óbice jurídico para concluir que no se encuentran reunidos, en este caso, los recaudos de admisibilidad de su reclamo.
Asimismo, atento la orfandad probatoria ante esta Instancia, considero que deben imponerse a la parte actora las costas del pleito por resultar vencida, por la simple aplicación de la normativa, doctrina y jurisprudencia vigentes y según el principio objetivo de la derrota.
En sentido similar al que propongo, se ha expedido la Sala IV de la Alzada, in re: 38783/2013 ABC CARGAS LTDA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO, cuando dijo:
“Que el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro.
Es pertinente recordar que según lo ha mantenido en forma constante el Tribunal,"...cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídico restante o arriba a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto armónico del referido ordenamiento... "(Fallos: 326:3679). Asimismo, reiteradamente ha afirmado que los textos legales no deben ser considerandos a los efectos de establecer su alcance y sentido aisladamente, sino como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto, teniendo en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida por aquéllos, y adoptando un sentido que concilie y deje a todas sus disposiciones con valor y efecto (ver, Fallos: 323:2117; 324:1481; 325:1731; 327:769, entre muchos otros y disidencia del juez Petracchi en Fallos: 312:2192)” (consid. 10).
V. Que, en razón de lo establecido en aquel precedente, esta Sala dejó de lado su anterior criterio -que consistía en que el mero hecho de la sustracción impedía subsumir el caso en la exención prevista por el artículo 315 del código para la mercadería “irremediablemente perdida”, porque la mercadería podía ser utilizada por un tercero (confr. entre otras, causas nros. 14.615/10, “Agencia Marítima Nortemar SA (TF 25226-A) C/ DGA”, sentencia del 19/10/10; 19.269/08, “Salinas Casado, Gabriel (TF 22271-A) c/ DGA”, sentencia del 29/04/10; 18.107/09, “Tora Transportes Industriales Ltda (TF 23001-A) c/ DGA”, sentencia del 25/02/10; y 13.201/09, “Gago, Hilda Mabel (TF 22831-A) y acum c/ DGA”, sentencia del 25/02/10)- e interpretó que, para hacer lugar a la eximición, debía examinarse si en el transcurso del tránsito de importación el transportista había sido víctima de un robo calificado por el uso de armas, que hubiera sido oportunamente denunciado en los términos del artículo 308 del CA, y, fundamentalmente, si la Aduana había probado el descuido en el control de la carga, el apartamiento del itinerario fijado por la autoridad, o alguna otra conducta que pudiera indicar la connivencia con el hecho de la sustracción.
En esa inteligencia, el tribunal revocó varios cargos en causas en las que la Aduana no había demostrado la falta de diligencia de la beneficiaria del régimen, como se entendió que era su obligación (confr., entre otras, causas nros. 5.568/13 “Thone Federico (TF 21598-A) c/ DGA”, sent. del 30/07/13; 30.225/11 “Transportadora DM SA (TF 22329-A) c/ DGA”, sent. del 08/08/13; 4.369 “Thone Federico (TF 21914-A y acum) c/ DGA”, sent. del 22/08/13).
VI. Que, sin embargo, con posterioridad la Corte declaró inadmisible (arg. art. 280, CPCCN) el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la sala III de esta Cámara dictada en la causa nro. 156/07 “Blancanuez (TF 19691-A) c/ DGA”, el 06/06/13 (confr. CSJN, B.820.XLIX “Blancanuez SA c/ DGA s/ recurso”, sent. del 10/06/14).
Allí, la sala III había remitido a los términos del “Tevelam SRL”, especialmente a los considerandos 11 y 12 de la sentencia del Máximo Tribunal, en los que se distingue la situación de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario –incluyendo la contratación de otro vehículo en calidad de custodia- y aun así padece un robo agravado por el uso de armas.
Sobre esa base, el tribunal de alzada interpretó que de acuerdo con la doctrina establecida por la Corte Suprema no cabían dudas de que, aún en el caso de pérdida irremediable de mercadería por sustracción, era posible eximir a los responsables del pago de los tributos, pero que para ello era necesario –además de acreditar el hecho delictivo y su oportuna comunicación a la Aduana- la prueba de haber “cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario”, en los términos enunciados por la Corte Suprema (confr. consid. IX del fallo citado).
A su vez, entre otras cuestiones, remarcó que las resoluciones emanadas regularmente de la Administración Federal de Ingresos Públicos gozan de presunción de legitimidad, en virtud de lo cual es la recurrente quien debe acreditar que en el caso se verifican circunstancias que permiten considerar la pérdida de la mercadería como un hecho fortuito apto para excepcionar la presunción establecida en los artículos 310 y 311 del código; como así también que, al efectuar la verificación de la existencia de tales circunstancias, debe tomarse en consideración que el régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación otorga un beneficio y, como tal, debe ser interpretado en forma restrictiva (confr. consids. 7º y 8º del fallo citado).
Por ello, en lo que aquí interesa, la Sala III desestimó la configuración de la causal eximente en el caso llevado a su conocimiento, porque la actora se limitó a afirmar que había adoptado todos los medios necesarios a los fines de impedir el robo de la carga (entre ellos, la custodia satelital de sus vehículos y un avanzado sistema de comunicación) pero sin probar puntualmente dichas circunstancias; lo que constituía un imperativo de su propio interés. Además, señaló que la propia demandada había reconocido en el trámite de las actuaciones que la custodia podía ser personal, satelital o incluir un buen sistema de comunicación, pero que la acreditación de tal extremo pesaba siempre sobre quien invoca el hecho fortuito pues, de otra forma –es decir, sin los efectos disuasivos que ejerce un servicio de custodia- la apropiación de la mercadería por vía terrestre no podía considerarse imprevisible en nuestro tiempo.
Dicho pronunciamiento, como se dijo, quedó firme tras la desestimación del recurso extraordinario interpuesto por la parte actora.
Es así que, tras un nuevo análisis de la cuestión y compartiendo los argumentos de la sala III en el precedente citado, se rectifica el criterio que venía sosteniendo este tribunal y se establece que, de ahora en más, en los casos en que la mercadería se encuentre irremediablemente perdida por haber mediado sustracción, más allá de la literalidad del artículo 315 in fine del CA, y de un modo acorde con la doctrina del precedente “Tevelam SRL”, será posible dispensar del pago de los tributos a los responsables de la obligación tributaria si, y solo si, el siniestro se produjo pese al cumplimiento de todos los deberes inherentes al tránsito de importación, entre los que se incluye el deber de custodia de la mercadería durante su itinerario (arg. consid. 12 del fallo “Tevelam SRL”). Ello sin perjuicio de señalar que la solución de cada caso –sobre todo en lo que hace a definir cuál es el nivel de precaución exigible- deberá adoptarse con un criterio eminentemente prudencial, evaluando las circunstancias fácticas y probatorias de cada especie singular.
Finalmente, se aclara que la prueba del cumplimiento de ese deber se encuentra a cargo del beneficiario del régimen suspensivo y que, eventualmente –esto es, en caso de acreditarse suficientemente que se contrató un servicio de custodia adecuado-, la Aduana tendrá que probar por algún medio la connivencia con el sustractor; de lo contrario, estarán dadas las condiciones para eximir del pago de tributos a la víctima del casus.
VII. Que, en la especie, pese a no ser materia de controversia que la mercadería fue objeto de un robo agravado por el uso de armas, y que el hecho se comunicó a la aduana en los términos del artículo 308 del código, las co actoras no acreditaron en forma alguna el cumplimiento del deber de custodia durante el itinerario (v. fs. 8/10vta., 30/32 y declaración de puro derecho a fs. 61 de autos) y, por otra parte, de la constancia de denuncia policial obrante a fs. 8 de las actuaciones administrativas se desprende que no viajaba ningún vehículo de seguridad junto al camión asaltado, y que aquél tampoco tenía custodia satelital, pese a la distancia que debía recorrer recorrer.
Por ello, con sujeción al criterio expuesto en el considerando precedente, y en la medida en que no hay elementos que permitan tener por acreditada una conducta mínimamente diligente desplegada con el objetivo de evitar que la carga sufra cualquier eventualidad que ponga en riesgo su arribo a destino, se estima que no están dadas las condiciones para eximir del pago de los tributos a los responsables. Por tales fundamentos, teniendo presente que en esta causa resultan aplicables las reglas procesales, así como las consideraciones fácticas, doctrinarias y jurídicas precedentemente expuestas, VOTO POR:
1. Rechazar la nulidad planteada por la actora, sin costas.
2. Confirmar el pronunciamiento apelado.
3. Con costas a la parte actora.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Vocal Instructor en la medida que el transportista cumplió con las exigencias impuestas por la ley y se cumplen los presupuestos del fallo TEVELAM S.R.L. de la C.S.J.N. citado. De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulada por la actora, sin costas.
2. Revocar la Resolución N.° 1640/2013 (AD PASO), dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en el expediente administrativo N.º 12307-568-2012/1, por ende, el cargo N.º 12042LMAN027622B, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.06.13 13:20:42 ART Date: 2025.06.14 15:38:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.17 12:11:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.17 12:12:21 -03:00
Fin de la sentencia