Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38269-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Transportadora de Gas del Sur SA, revocar el pronunciamiento del 3/02/2023 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución 2017-8- APN-DIRAPA#AFIP, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEP 394/2007 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XV y XVI;
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Adecuar la distribución de las costas relativas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, las que, al igual que las concernientes a esta instancia judicial, quedan a cargo del Fisco Nacional (Considerando XVII).
33.077/2023 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38269-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 8 de octubre de 2024.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 3/02/2023, confirmó la resolución Nº 2017-8-APN-DIRAPA AFIP recaída en el expte. SIGEA nº 14392-66-2014, con costas por su orden.
Para así resolver, en primer lugar, precisó que, las cuestiones planteadas en autos era sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/4/2022 - IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020- 24600163- APNSGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. En tales condiciones, consideró que, resultaba plenamente aplicable al caso de autos la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto las disposiciones de la Resolución MEP 394/2007 (B.O. 16/11/2007) y sus sucesivas modificatorias -que fijan derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladasresultaban similares, mutatis mutandi, a aquellas establecidas en el Decreto n° 793/2018, cuya validez había sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia.
Con respecto a las costas, indicó que su distribución respondió al hecho que el plenario en el que se basara la decisión de fondo adoptada resultaba posterior al recurso deducido por la exportadora.
II. Que contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la actora el 7/03/2023 y la demandada el 16/02/20023, expresando agravios en las mismas fechas, los que replicados el 20/05/2023 y el 7/03/2023, respectivamente, por sus contrarias. Remitidas las actuaciones en vista, con fecha 13/09/2023, el señor fiscal general de Cámara, en cuanto aquí interesa resaltar, consideró que el planteo de inconstitucionalidad deducido en autos debía ser desestimado conforme el criterio que expusiera al dictaminar en autos 44.063/2022 “Transportadora de Gas del Sur SA – TF 39244- A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”.
III. Apelación de la actora:
Tras referir los antecedentes del caso, la exportadora aclaró que no buscaba repetir el monto total de los derechos de exportación abonados, sino la parte que excedía la alícuota del 5% ad valorem, establecido en el decreto 690/02, importe que ascendía a la suma de U$S 138.859,20, equivalente a $432.407,55.
Precisó que, la ratificación de la Resol. 394/07 mediante Ley 26.732 con efectos prospectivos ocurrió con fecha 28/12/1I, por lo que, en tanto la exportación, objeto de autos, documentada en el año 2008, es decir, antes de la ratificación, la alícuota válida y vigente para la operación debía ser la dispuesta por el Decreto 690/02.
En ajustada síntesis, la recurrente, sostuvo que, los derechos aduaneros son impuestos y, como tales, deben estar sujetos al principio de reserva legal. En consecuencia, deben ser impuestos por ley o por una ley previa que delimite una clara política legislativa. Así, postula que ni el art. 765 del CA ni la Ley 25.561 contienen una clara política legislativa y, por lo tanto, no pueden ser aceptadas como normas delegantes válidas. Las normas que se dicten a su amparo son inconstitucionales.
Adujo que, el Poder Ejecutivo (y menos aún un Ministerio), entonces, no se encontraba facultado, ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el art. 755 del Código Aduanero ni por la ley 25.561, para imponer un derecho de exportación para hidrocarburos.
Añadió que, a pesar de ello, el PEN dictó el Decreto 690/02 mediante el cual estableció un derecho de exportación ad valorem del 5%. Esa norma resultó inválida, hasta el 16/01/07: fecha en que se publicó la Ley 26.217 que expresamente la ratificó.
Luego, el 15/11/07, el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resol. 394/07 por la que estableció una nueva alícuota, afectando a la mercadería aquí involucrada; alícuota que era por un mínimo del 45% y que preveía cierta movilidad en relación al precio internacional de los productos y a los valores de referencia allí estipulados.
Afirmó que, esta norma también resultó inválida, y solo podía ser ratificada por una ley formal del Congreso con efectos prospectivos; cosa que ocurrió el 28/12/11 con el dictado de la ley 26.732. La norma, entonces, resultó válida solo a partir del 28/12/11.
Manifestó que, teniendo en cuenta que en el caso bajo examen su parte se vio obligada al pago de los derechos de exportación determinados por el SIM al amparo de la Resol. 394/07 previo a dicha ratificación, dicha exigencia resultó inconstitucional. En ese entonces, el Poder Ejecutivo sólo estaba facultado para exigirle a la compañía el pago de los derechos de exportación por la alícuota establecida por el Decreto 690/02.
Consideró que, es indudable, entonces, que en el caso que nos ocupa, corresponderá ordenar la devolución de los importes antes detallados; equivalente a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana con apoyo en la Resol. 394/07 y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por el Decreto 690/02.
Con los conceptos antes vertidos y detalladamente expuestos por la Corte, entendió que, correspondía afirmar que los derechos de exportación exigidos y cobrados en el caso, eran ilegítimos e inconstitucionales. Ello así, pues su imposición no había respetado el principio de reserva legal y solo pudo tener vigencia con posterioridad a su ratificación legislativa; eso era desde el 28/12/11, fecha en que entró en vigor la ley 26.732.
IV. Apelación de la AFIP – DGA:
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas.
Al punto, destacó que el alcance dado al plenario en virtud del cual el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió la confirmación de la resolución aduanera no constituía un justificativo válido para apartarse del principio general rector en materia de costas, según el cual han de ser soportadas por quien resulta vencido; en el caso, la exportadora.
En este sentido, manifestó que, en la especie, correspondía estar a lo así previsto en el artículo 1163 del Código Aduanero.
Puso de resalto que resultó vencedora en el pleito y que por el pronunciamiento recurrido no se justificó el apartamiento del lineamiento general que determina que las costas sean soportadas por el vencido. Tildó de infundado y arbitrario lo decidido en lo que al punto refiere. Citó jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaría su postura. En función de lo expuesto, el Fisco Nacional peticionó que se revocara -en cuanto fue motivo de agravio- el pronunciamiento apelado, con costas de esta instancia judicial a cargo de la exportadora.
V. Que, en este contexto, cuadra advertir que no se encuentra controvertida la operación de exportación en trato, ni los elementos resultantes de su declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria, etcétera; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación al 45% de su valor FOB según lo normado por la resolución ex MEP 394/2007, o bien si, con arreglo al decreto 690/2002, hubiera correspondido tributar una alícuota por tal concepto del 5%.
Al punto, resulta atinado destacar que, en el caso, TGS SA, exportó mercadería “gasolina natural”, mediante las destinaciones de exportación con precios revisables nros. 08003ES02000015N y 08003EC02000028N abonando derechos de exportación por aplicación de las pautas establecidas por resolución ex MEP 394/2007.
Según resulta de los antecedentes del caso, debidamente referenciados a lo largo de la presente, TGS SA consintió en parte los tributos abonados (conf.F. 4).
Al respecto, el Fisco Nacional sostuvo -en definitiva- que todo el porcentaje de derechos de exportación, había sido válidamente percibido, con asiento en la resolución ex MEP 394/2007, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 25.561.
Así las cosas, en los términos en que fuera planteada la controversia suscitada, producto de las posturas asumidas por la exportadora y por el Fisco Nacional, la cuestión a decidir se centra en determinar si por la operatoria de comercio exterior celebrada debieron ser liquidados y abonados los derechos de exportación conforme lo normado por la resolución ex MEP 394/2007, precepto este último cuya inconstitucionalidad fue planteada por TGS SA, o bien según lo previsto en el decreto 690/2002; dilucidación que, de convalidarse la posición asumida por la actora, determinaría el reconocimiento del derecho a obtener la devolución de la suma abonada por tal concepto, equivalente a la diferencia de 40 puntos porcentuales.
VI. Que dicho ello, a efectos de una mejor compresión de la cuestión antes delimitada, cuadra referir que, por ley 25.561 (publicada en el BORA del 7/1/2002):
-se declaró, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha norma, hasta el 10/12/2003 (conf. esp. su artículo 1°).
-se estableció que el Poder Ejecutivo Nacional reestructuraría las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio un peso = un dólar estadounidense, sólo respecto de las deudas con el sistema financiero originadas por determinados créditos y en tanto no superaran determinados montos; a cuyos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podría establecer medidas compensatorias que evitaran desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas, las que podrían incluir la emisión de títulos del Gobierno Nacional en moneda extranjera garantizados, para lo cual creó un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco años, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la alícuota correspondiente. En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podría disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las Provincias productoras (conf. esp. su artículo 6°).
Luego, por ley 22.520 (Ley de Ministerios) se facultó al Poder Ejecutivo Nacional para delegar en los Ministros y Secretarios de la Presidencia facultades relacionadas con las materias que les competían, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto (conf. esp. su artículo 13).
Por decretos 310/2002, 809/2002 y 645/2004, el Poder Ejecutivo Nacional puso en práctica las atribuciones otorgadas en lo concerniente a la fijación de derechos de exportación sobre ciertos hidrocarburos y derivados.
En particular, cuadra referir que por el decreto 690/2002 (BO 2/05/2002) se dispuso: “Art. 39. — Sustitúyese el Artículo 2º del Decreto Nº 310/2002 por el que se indica a continuación: "ARTICULO 2º — Fíjase un derecho de exportación (D.E) del CINCO POR CIENTO (5%) para las posiciones arancelarias 2710.11.10 a 2710.99.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR".
En este contexto, fue dictada la resolución ex MEP 394/2007 (publicada en el B.O. el 16/11/2007), por medio de la cual, en cuanto aquí interesa, la autoridad ministerial dispuso la aplicación de una fórmula para el cálculo de la alícuota del derecho de exportación respecto de determinados hidrocarburos gaseosos comprendidos en su anexo, entre los cuales se encontraban los exportados en el caso.
Según dicha fórmula, ha de considerarse el precio internacional de las mercaderías y un valor de referencia que fijaba la propia resolución (conf. esp. sus artículos 3° y 4°).
A su vez, previó que en el caso en que el precio internacional de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias en cuestión, fuera inferior al valor de referencia, se aplicaría un derecho de exportación del 45% (conf. esp. su artículo 5°); siendo esta la situación suscitada en el caso bajo examen en lo concerniente a la destinación antes identificada.
VII. Que precisada la plataforma fáctica y normativa involucrada en la especie, así como los fundamentos de la resolución apelada y el contenido de la postulación recursiva, se advierte desde ya que, a los fines de la dilucidación del caso, cuadra seguir la doctrina que emana del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sent. del 15/4/2014 (registrado en Fallos, 337:388). En dicha oportunidad, el Alto Tribunal, al analizar la validez de la resolución del Ministerio de Economía 11/2002, por la que se fijaron ciertos derechos a la exportación para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), destacó, en cuanto aquí interesa resaltar, que:
-el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en caso que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional;
-los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (artículo 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo;
-ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecieron, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo examinado; -resultaba admisible que el Congreso Nacional atribuya al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijasen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa;
-la resolución cuestionada no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó -en el caso- completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional;
-el Poder Legislativo Nacional dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, con incidencia en la solución de dicha controversia; advirtiéndose al respecto que -con excepción de la ley 26.519- las restantes contenían una estructura similar ya que, por una parte, ratificaban la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen y, en lo que al caso interesaba, aprobaban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994; -si bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcaban diversas materias podía ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resultaba suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron; y -la ley 25.645 carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable -como la resolución ex ME 11/2002-, pero no existía razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia.
Con asiento en estas consideraciones, el Alto Tribunal determinó que la invalidez de la resolución ex ME 11/2002 se circunscribía al período comprendido entre el 5/3/2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24/8/2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal.
VIII. Que si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. CSJN, Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/EN - Mº Justicia DDHH s/proceso de conocimiento”, sent. del 28/11/2019 y su cita; entre otros). Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. IX.- Que por aplicación al caso de los estándares que emanan del referido pronunciamiento del Alto Tribunal, no cabe sino admitir la apelación deducida por TGS SA y, en consecuencia, hacer lugar a la acción de repetición que intentara por la diferencia de tributos entre la aplicación de las previsiones de la resolución ex MEP 394/2007 y el régimen que hubiera regido la operatoria, esto es, el decreto 690/2002; importando en los hechos un porcentual diferencial de 40%.
En la especie, la actora reclamó el reintegro de la diferencia de derechos de exportación respecto de las destinaciones de exportación con precios revisables nros. 08003ES02000015N y 08003EC08000028N, habiendo sido liquidados y abonados conforme lo normado por la resolución ex MEP 394/2007, en lugar de seguir lo dispuesto por el decreto 690/2002.
Al punto, cuadra advertir que la resolución ex MEP 394/2007, impugnada en autos, fue recién “convalidada” legislativamente por 26.732, publicada en el B.O. el 28/12/2011.
En efecto, por dicho precepto, por un lado, fue prorrogado por el término de cinco años, a partir de su vencimiento, el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el artículo 6º de la ley 25.561 y sus modificatorias y complementarias, como así también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (conf. esp. su artículo 1°); y, además, dispuso que, hasta tanto fueran ejercidas tales facultades, continuarían vigentes las resoluciones ex MEP 394/2007 y 127/2008 y demás normas dictadas en su consecuencia.
Así las cosas, con arreglo a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.), tal convalidación dio base legal a las previsiones de la resolución impugnada en autos, con efectos exclusivamente hacia el futuro. En tales condiciones, resulta de toda claridad que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente antes reseñado, dan respuesta al caso y determinan la admisión de la apelación deducida por la accionante, la revocación del pronunciamiento recurrido, la inconstitucionalidad -en el caso- de la resolución ex MEP 394/2007 y, consecuentemente, el reconocimiento del derecho de TGS SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa válida, al oficializar la destinación antes apuntada, cuyo pago en tales términos -por lo demás- no fue desconocido en autos por el Fisco Nacional.
X. Que a todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” (cit.) para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional).
En efecto, tal como resulta de lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. En el caso, se advierte que la atacada resolución ex MEP 394/2007 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación.
Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues éste refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional.
Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez a la impugnada resolución ministerial.
En este sentido, cuadra advertir que la resolución ex MEP 394/2007 no se ajustó a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó (a tenor del texto contenido en la norma delegante) librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo -por tanto- de sustento legal el ejercicio de tal facultad delegada; ello así, en tanto el precepto cuestionado fijó unilateralmente y sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto (mediante el mecanismo de cálculo contenido en su artículo 3°), materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación, el cual por cierto omitió toda indicación sobre el particular al disponer la delegación.
XI. Que asimismo, ha de señalarse que la mencionada ley 26.732, según sus términos -antes referenciados- refleja que si bien el Poder Legislativo Nacional tuvo la voluntad de conferirle rango de ley a la resolución ex MEP 394/2007, sus previsiones no tuvieron efectos retroactivos, careciendo de eficacia para ello, pues rige para el futuro. De este modo, el aludido 2° de la ley 26.732, que entró en vigencia a partir del día de su publicación (conf. su artículo 3°), por expresa previsión normativa surtió efectos para las operaciones cuyas solicitudes de destinación de exportación para consumo se registraran ante las respectivas aduanas a partir del 7/1/2012, inclusive (conf. esp. su artículo 4°), por lo que mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el con anterioridad a dicha fecha al amparo de la resolución ex MEP 394/2007.
XII. Que a esta altura es preciso enfatizar que -conforme fuera adelantado en pasajes que preceden- la ley 25.561, que por su artículo 6° creó el impuesto a la exportación de hidrocarburos y que constituye la norma "delegante", resulta insuficiente en su contenido, para exponer una "clara política legislativa" en orden a la determinación de los elementos esenciales del tributo.
En efecto, si bien lo crea y establece un plazo de duración, no fijó baremos máximos ni mínimos, ni da indicio o especificación alguna en torno a las alícuotas aplicables. En este sentido, cuadra advertir que la referencia a la "disminución en boca de pozo" comporta una mera directiva enderezada a mantener la intangibilidad y asegurar el pago de regalías a las Provincias productoras, pero en modo alguno puede tan siquiera ser considerada como un mero indicio o pauta sobre los aspectos cuantitativos del tributo.
Tal indefinición, con ajuste al análisis e interpretación de la delegación legislativa y validez de las normas delegadas, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Camaronera Patagónica SA” (conf. esp. Considerandos 9° y 10 del voto de la mayoría), torna inválida la resolución ministerial puesto que ha constituido en concreto un ejercicio de facultades delegadas, sin contar con el respaldo de la norma delegante, en cuanto a la determinación de una clara política legislativa en torno de las alícuotas y modo de cálculo del tributo en cuestión.
XIII. Que los desarrollos precedentes otorgan en el caso fundamentación suficiente a la decisión por adoptar, lo cual torna insustancial el tratamiento de los restantes agravios traídos por TGS SA.
XIV. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, revocar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución 2017-8-APN-DIRAPA#AFIP y, consecuentemente, admitir la pretendida repetición de lo abonado en demasía concepto de derechos de exportación, en lo que respecta a las destinaciones de exportación con precios revisables nros. 08003ES02000015N y 08003EC08000028N, por aplicación de la resolución ex MEP 394/2007, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara.
Por ello, se reconoce el derecho de la exportadora a obtener la devolución de la suma equivalente a la diferencia de 40 puntos porcentuales resultantes de la aplicación de la resolución ex MEP 394/2007 respecto de la operatoria bajo trato.
XV. Que a modo de digresión, cabe señalar que el temperamento que aquí se adopta no comporta una modificación del criterio adoptado por esta Sala en el expediente n° 13.146/2017, sentencia del 24/05/2017, “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 24/05/2017, pues en dicha causa, se confirmó el cargo por diferencia de tributos formulado por la Aduana, por considerarse que conforme la normativa vigente y aplicable al caso (arts. 726 y 728 del C.A. y la resol. nº 394/07) la alícuota que correspondía aplicar era la de la fecha de registro de la operación y no la originalmente liquidada por el SIM sobre la base del precio internacional informado por la secretaría de Energía (cotización del día anterior), teniendo en cuenta que la operación se llevó a cabo bajo la modalidad de precio revisable y se encontraba sujeta a verificación.
Y fue, en dicho contexto, que este Tribunal desestimó la pretendida asimilación de la cuestión allí planteada, con la que diera lugar al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo”, del 15/04/2014, pues, en un análisis que por cierto no involucró planteo alguno en torno de la constitucionalidad de la resolución nº 394/07, se concluyó que dicho precepto implicó una modificación en la fórmula para el cálculo de la alícuota de exportación del petróleo.
XVI. Que sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, conforme las pautas resultantes del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos C.1242.XLIX.REX "Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA", sent. del 15/5/2014, y toda vez que según surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos argentinos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (conf. esta Sala, en autos 47.726/2012 "Sancor CUL (TF 26.219-A) y otro c/DGA”, resol. del 2/12/2014, entre muchos otros). A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 809 del Código Aduanero, que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente, establece expresamente que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiera percibido indebidamente en concepto de tributos. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco Nacional una deuda en dólares (conf. -en este sentido- CSJN, en autos "Cencosud”, op. cit., esp. Considerando 8º).
XVII. Que definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular:
-desde el reclamo a la autoridad aduanera y hasta que comenzó a surtir efectos la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019 (el 1/8/2019; conf. su artículo 10), según la tasa pasiva promedio mensual que publica la autoridad monetaria, según lo dispuesto en la Comunicación BCRA 14.290 (conf. esta Sala, en autos 80.607/2018 “Industrial and Commercial Bank of China SA c/EN - AFIP - DGI s/Dirección General Impositiva”, resol. del 16/6/2022 y sus citas, entre otros; pronunciamiento respecto del cual, ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el 12/9/2023 inadmisible la correspondiente presentación directa intentada por el Fisco Nacional, habiendo -por tanto- quedado en consecuencia firme el referido decisorio);
-a partir del 1/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019; y -a partir del 1/9/2022 y hasta el 1/2/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022;
-a partir del 1/2/2024, conforme la tasa prevista en la resolución del Ministerio de Economía 3/2024; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
XVIII. Que en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal RESUELVE:
1. admitir la apelación deducida por Transportadora de Gas del Sur SA, revocar el pronunciamiento del 3/02/2023 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución 2017-8- APN-DIRAPA#AFIP, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEP 394/2007 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XV y XVI; 2°) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3°) adecuar la distribución de las costas relativas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, las que, al igual que las concernientes a esta instancia judicial, quedan a cargo del Fisco Nacional (Considerando XVII). Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor Fiscal General de Cámara- y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia