Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31255-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 26/12/2023 del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.), y 2º) elevar los honorarios fijados por el TFN y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando V.
7640/2024 TRIAD SA Y OTRA (TF 31255-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 16 de agosto de 2024.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 26/12/2023, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 112/12 (AD NECO), con costas a la demandada.
Para así decidir, el tribunal administrativo señaló que correspondía resolver en autos si la Resolución 112/2012 (AD NECO) mediante la cual la Aduana de Necochea rechazó la impugnación deducida por las firmas TRIAD S.A. y MSU S.A. y confirmó la pretensión fiscal correspondiente al permiso de embarque 08 040 EC01 000485 X (autoliquidado) y los Cargos 46/08 y 68/08, formulados en relación a los permisos de embarques N° 08 040 EC01 000483 G y 08 040 EC01 000484 H, se ajustaba a derecho.
Destacó que dicha pretensión fiscal surgía como consecuencia del dictado de la Resolución ONCCA 1487/08, a través de la cual se comunicó a la AFIP-DGA la nómina de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) cuyos titulares no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26.351 y el Decreto N° 764/08. Indicó que TRIAD S.A. no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior 07 001 DJVE 061232 y 07 001 DJVE 061233 U.
Precisó que mediante la destinación de exportación a consumo 08 040 EC01 000485X, oficializada el 16/07/08, ante la Aduana de Necochea, se exportó para consumo una cantidad de 10.000 toneladas de mercadería amparada bajo la P.A. 1201.00.90.190N, la que comprendía a: Las demás A granel, con hasta 15% embolsado (Ley 21.453). Las demâs “HABAS (POROTOS. FRIJOLES. FREJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS. Por un valor FOB total de U$S 2.996.600.- abonando en concepto de derechos de exportación la alícuota del 27,5%, vigente a la fecha de cierre de venta (25/07/07) declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior 07 001 DJVE 061232 (DJVE SIM 07 001 DJVE 003091 S) de fecha 26/07/07 a la cual imputó el permiso de embarque. En el campo documentos a presentar de la destinación 08 040 EC01 000485 X declaró la DJVE SIM 07 001 DJVE 003091 S.
Mediante la destinación de exportación a consumo 08 040 EC01 000483 G, oficializada el 16/07/08, ante la Aduana de Necochea, se exportó para consumo una cantidad de 1.661,53 toneladas de mercadería amparada bajo la P.A. 1201.00.90.190N, la que comprendía a: Las demás A granel, con hasta 15% embolsado (Ley 21.453). Las demâs “HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS. Por un valor FOB total de U$S 503.393,74.- abonando en concepto de derechos de exportación la alícuota del 27,5% vigente a la fecha de cierre de venta (25/07/07) declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior 07 001 DJVE 061233 (DJVE SIM 07 001 DJVE 003115 P) de fecha 26/07/07 a la cual imputó el permiso de embarque. En el campo documentos a presentar de la destinación 08 040 EC01 000483 G declaró la DJVE SIM 07 001 DJVE 003115 P.
Paralelamente, en función de la destinación de exportación a consumo 08 040 EC01 000484 H, oficializada el 16/07/08, ante la Aduana de Necochea, se exportó para consumo una cantidad de 2.338,47 toneladas de mercadería amparada bajo la P.A.
1201.00.90.190N, la que comprendía a: Las demás a granel, con hasta 15% embolsado (Ley 21.453). Las demâs “HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS. Por un valor FOB total de U$S 708.486,25.- abonando en concepto de derechos de exportación la alícuota del 27,5%, vigente a la fecha de cierre de venta (25/07/07) declarada en en la Declaración Jurada de Venta al Exterior 07 001 DJVE 061233 (DJVE SIM 07 001 DJVE 003115 P) de fecha 26/07/07 a la cual imputó el permiso de embarque. En el campo documentos a presentar de la destinación 08 040 EC01 000484 H declaró la DJVE SIM 07 001 DJVE 003115 P.
Adujo que, el servicio aduanero consideró, que habiéndose incrementado la alícuota correspondiente a los derechos de exportación de las mercaderías involucradas, en el período comprendido entre el registre de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior y el de la oficialización de las destinaciones de exportación, las firmas exportadoras debían acreditar la tenencia o adquisición de esas mercaderías con anterioridad al incremento de las alícuotas.
Puntualizó que, las destinaciones de exportación a consumo fueron documentadas al amparo del régimen especial para la venta al exterior de productos agrícolas, previsto en la Ley 21.453 (BO 11/11/76).
Señaló que, el art. 3 de la Ley 21.453 disponía que las ventas al exterior de productos agrícolas “...deberán ser registradas, mediante declaración jurada ante la autoridad de aplicación en la forma que détermine el Poder Ejecutivo Nacional, el que deberá asimismo reglamentar los plazos de vigencia de la declaración jurada ”. Por su parte, el art. 6 de la citada norma estableció que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refería dicha ley (productos agrícolas), serían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Advirtió que, con posterioridad se dictó la Ley 26.351 (B.O. 16/01/08) la que determinó en su art. 1° que: “Cuando se produjera un incremento en mas de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 21.453, en el período comprendido entre el Registre) de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJ VE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento”.
Observó que, la citada norma fue reglamentada mediante el Decreto 764/08 (BO 13/05/08) el cual dispuso que las operaciones alcanzadas por el art. 1° de la Ley N° 26.351 serían aquellas debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453 y oficializadas con posterioridad al 9/11/2007. Asimismo, estableció que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios a fin de acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la Ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma. El art. 2 de la citada Ley 26.351 estableció que: “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1°, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación ”.
Destacó que, en dicho marco la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) mediante Resolución ONCAA 1487/08 (B.O. 30/06/08) informó a la AFIP-DGA cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la Ley 26.351 (Anexo I), informando en lo que aquí interesa, que la firma TRIAD S.A. no había acreditado de modo fehaciente la tenencia o adquisición de las mercaderías involucradas antes del 9/11/07, debiendo tributar la alícuota correspondiente a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación.
Precisó que, con fundamento en la Resolución ONCAA 1487/08, la Aduana de Necochea formuló los Cargos N° 46/08 y 68/08, intimando al pago de las diferencias de derechos de exportación, toda vez que entre la fecha de registro de las DJVE y la de oficialización de las destinaciones de exportación, se produjo un incremento de la alícuota de derechos de exportación que surgió de aplicar lo dispuesto en la Resolución MEyP 125/08 (BO 10/07/08) para la mercadería involucrada. Al respecto, manifestó que había quedado acreditado en autos, conforme surgía de las copias certificadas adjuntas a fs. 198/204, 205/221 y 278, que la firma MSU S.A. promovió demanda contra el Estado Nacional, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que tramitó mediante Expedientes N° 35.644/09 y su acumulado 34.561/09, caratulados “MSU S.A. c/EN-LEY 26351-ONCCA- RESOL 543/08 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” y “MSU S.A.
c/ONCCA- RESOL 3406/09, 1487/08 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”
ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, con anterioridad a la apelación ante este Tribunal Fiscal. La sentencia de primera instancia del 12/05/14 obrante a fs. 205/221, hizo lugar a la demanda deducida por MSU S.A. contra el Estado Nacional, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y, en consecuencia, dejó sin efecto las Resoluciones 543/08 y 1487/08 y su confirmatoria 3406/09, relativas a las DJVE 60045 y 65349 e impuso las costas en el orden causado atento a la complejidad de la cuestión debatida, dicho pronunciamiento fue confirmado la sentencia apelada, con costas por su orden atento a la complejidad técnica del tema (Ver fs. 198/204). Ese pronunciamiento se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, en razón de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 14/07/15, al declarar inadmisible en los términos del art. 280 del CPCCN el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional (Ver fs. 278).
Añadió que, asimismo, conforme surgía de las copias certificadas obrantes a fs. 509/515, 516/527 y 528 la firma TRIAD S.A. promovió demanda contra el Estado Nacional, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario a fin de que se declare la nulidad de la Resolución ONCCA 543/08. Dicha causa tramitó mediante Expediente N° 34.225/09, caratulado “TRIAD S.A. c/EN - LEY 26351 - ONCCA- RESOL 543/08 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, con anterioridad a la interposición del recurso de apelación ante ese Tribunal Fiscal.
Al respecto, apuntó que, la sentencia de primera instancia del 13/03/15 obrante a fs. 509/515, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por TRIAD S.A. contra el Estado Nacional - ONCCA, declarando la ilegitimidad del artículo 12 de la Resolución ONCCA 543/08, y la validez del control y fiscalización prevista en los demás artículos de la misma norma. En razón de la decisión adoptada impuso las costas por su orden. Para ello entendió que “le asiste razón a la actora en cuanto a la ilegitimidad del plazo previsto en el art. 12 de la Resolución 543/08, pues tal función no le fue conferida al ONCCA (conf. art. 3 dto 764/08), ni tampoco podía habérsele otorgado o delegado tal facultad. El límite temporal de aplicación de lo previsto en el art. 4 de la Ley 26.351 se previó en el decreto señalado, no pudiendo el ONCCA a través de una resolución ampliarlo, pues tal iniciativa está fuera de lo atinente a la fiscalización y control para lo cual tiene competencia’. Agregando que de darle validez al plazo previsto en la Resolución ONCCA, se estaría ampliando el espectro de tributación. Asimismo, advirtió que la fecha de oficialización de los despachos involucrados, fue anterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme el Decreto 764/08, por lo que le asistía razón a TRIAD S.A. en cuanto a la no aplicación de dicha resolución a los despachos señalados.
Contra dicha sentencia interpusieron recursos de apelación tanto el Fisco Nacional como la actora, resolviendo la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal con fecha 15/12/15 desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la Ley 26.351 y del art. 12 de la Resolución ONCCA 543/08, en cuanto establecieron la aplicación retroactiva de sus disposiciones. Asimismo, impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida (ver fs. 516/527). Contra dicho pronunciamiento dedujo recurso extraordinario el Fisco Nacional, respecto del cual la actora planteó la caducidad de instancia. Mediante sentencia de fecha 12/05/16, la Sala II de la Cámara hizo lugar al acuse de caducidad opuesto por la actora, con costas a la vencida (ver fs. 528 y vta.).
Consideró que, atento a lo expuesto, habiendo sido la cuestión ya examinada por el Poder Judicial de la Nación, no había razón para que tenga que ser nuevamente examinada sin riesgo de afectar la seguridad jurídica (Fallos: 289:151 y 308:1150).
En tales condiciones, lo resuelto por el Poder Judicial en la causa “TRIAD S.A. c/EN - LEY 26351 - ONCCA- RESOL 543/08 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, expediente N° 34.225/09, tenía incidencia directa con la cuestión debatida en autos.
En consecuencia, y toda vez que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior 07 001 DJVE 061232 y 07 001 DJVE 061233 involucradas en autos, fueron registradas ambas el 26/07/07, es decir, con anterioridad al 09/11/07, entendió que, los cargos formulados en consecuencia, devenían nulos, como así también la pretensión fiscal correspondiente al permiso de embarque 08 040 EC01 000485 X (autoliquidado), por lo que postula que corresponde revocar la resolución apelada.
Por último, alegó que, en virtud de que la cuestión se resolvía por estricta aplicación del criterio sentado por la Justicia Federal en la causa “TRIAD S.A. c/EN - LEY 26351 - ONCCA- RESOL 543/08 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, expediente N° 34.225/09, que resolvió la cuestión imponiendo las costas a la demandada vencida, resultaba coherente y adecuado imponerlas de igual modo.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 16/03/2023 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios el 120/04/2023, los que fueron replicados por la contraria el 24/04/2023.
Se agravia respecto de la imposición de costas resuelta por el Tribunal Fiscal, en tanto considera que existen, en las presentes actuaciones, circunstancias que habilitan el apartamiento del principio general de la derrota.
En este sentido, destaca que, por las particularidades del caso, las divergentes opiniones anteriormente mantenidas por los organismos estatales intervinientes (entre ellos, la ONCCA) y que la Aduana oportunamente se consideró con derecho a litigar, atento la letra de la normativa en cuestión, la solución equitativa y justa del caso sugiere imponer las costas por su orden, como ha ocurrido en numerosos precedentes similares al presente caso.
Señala que mediante la sentencia recurrida el Tribunal Fiscal revocó las resoluciones aduaneras con fundamento en lo resuelto en la causa radicada ante el Justicia en lo Contencioso Administrativo “TRIAD SA c/E.N. LEY 26.351 -ONCCA- RESOL 5431/10 s/ proceso de conocimiento” (expte. 34.225/09). Es decir que, según aduce, su parte se consideró con derecho a litigar hasta el dictado de dicho pronunciamiento, por cuanto el mismo Estado Nacional se encontraba continuando la vía recursiva correspondiente respecto de las DJVE aquí involucradas. Destaca que, el pronunciamiento judicial en base al cual el Tribunal Fiscal resolvió el caso de autos recién adquirió firmeza el 12/05/2016, es decir con posterioridad a la apelación deducida por la contraria ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En tales condiciones, entiende que, de lo expuesto, surge claramente la convicción y el derecho a litigar de la representación fiscal.
Pondera que, en la especie existen motivos para imponer las costas en el orden causado por cuanto, del relato de los antecedentes de la causa realizado por el Tribunal Fiscal y de las constancias de la causa "TRIAD S.A. c/EN - LEY 26351 - ONCCA- RESOL 543/08 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO (expediente N° 34.225/09)", se observa que, al momento del dictado de la resolución aduanera apelada que confirmó los cargos no existía ningún impedimento que obstaculizara su emisión. Además, señala que la AFIP- Dirección General de Aduanas no fue parte en el proceso judicial citado en la sentencia recurrida.
Partiendo de la premisa apuntada, concluye que el juez administrativo aduanero obró conforme a derecho al rechazar la repetición promovida por cuanto las decisiones de la ONCCA, atento revestir la calidad de actos administrativos, gozaban en ese momento de la presunción de legitimidad contemplada en el art. 12 Ley 19.549 (aplicable al caso en virtud del art. 1017 C.A.), máxime cuando fueron emitidas por el organismo competente en la materia.
En este contexto, precisa que, el principio general objetivo de la derrota no es absoluto, sino que admite excepciones, cuando existen motivos objetivamente considerados que permitan inferir la existencia de una justa causa para litigar, lo cual se ha dado en autos. En este sentido, resalta que el artículo 1163 del C.A. -
con la modificación introducida por la ley 27.430- dispone que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido. Y, en la misma línea, el segundo párrafo del artículo 68 del C.P.C.C.N. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello.
Por lo expuesto, considera que, no caben dudas de que en los presentes se configuran circunstancias que permiten eximir a su parte del pago de costas, y que las mismas constituyen mérito suficiente para apartarse del principio general que ordena la imposición de costas al litigante vencido.
Cita jurisprudencia favorable a su postura.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 5/06/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Julio Carlos Lascano a favor del Estudio “Carena & Asociados Abogados Sociedad Civil”, por la actuación profesional desarrollada como letrado apoderado de las coactoras, en tres (3) etapas del proceso, en la suma $ 298.464, con más la suma de $ 62.677,44, en concepto de impuesto al valor agregado toda vez que el ente colectivo, por el cual el citado letrado actuó en la presente causa, revestía calidad de responsable inscripto frente al IVA (conf. constancia obrante a fs. 585).
Reguló los honorarios del Dr. Adrián Marcelo Miguez a favor del Estudio “Carena & Asociados Abogados Sociedad Civil”, por la actuación profesional desarrollada como letrado patrocinante de las coactoras, en tres (3) etapas del proceso, en la suma de $ 746.161, con mas la suma de $ 156.693,81, en concepto de Impuesto al Valor Agregado, toda vez que el ente colectivo, por el cual el citado letrado actuó en la presente causa, revestía la calidad de responsable inscripto frente al IVA (conf. constancia de fs. 585).
Paralelamente, reguló los honorarios de la Perito Contadora Maia Solange Salgado por la labor profesional desarrollada en la causa en la suma de $ 271.331.
Dicho pronunciamiento fue apelado por los letrados de la parte actora, la perito y el Fisco Nacional, con fechas 13/06/2023, 27/11/2023 y 24/11/2023, respectivamente. Con fechas 27/11/2023 y 24/11/2023 las partes contestaron los traslados conferidos el 17/11/2023.
IV. Que el artículo 1163 del C.A. establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición (…) Cuando en función de las facultades que otorga el artículo 1143, el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la conducta o reduzca la sanción a aplicar, las costas se impondrán por el orden causado. No obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación”.
Es decir que, el principio general es que las costas se impondrán al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, su eximición debe ser excepcional y de carácter restrictivo.
En el sub examine, el tribunal a quo revocó la resolución aduanera nro. 112/12, con fundamento en que en los procesos judiciales aludidos, en el pronunciamiento aquí apelado, se declaró la nulidad de las resoluciones ONCCA que dieron lugar a los cargos aquí impugnados.
En tales condiciones, no hay duda alguna de que la demandada ha resultado perdidosa, en su totalidad, en el asunto llevado a conocimiento del organismo jurisdiccional administrativo por lo que corresponde que cargue con los accesorios, por ser la consecuencia necesaria, teniendo en cuenta la forma en que se ha dirimido la cuestión planteada.
No modifica el criterio expuesto el hecho de que el Tribunal Fiscal haya resuelto el caso cuando quedó firme lo decidido por el Fuero Contencioso Administrativo, en los autos caratulados “TRIAD SA c/E.N. LEY 26.351 -ONCCA- RESOL 5431/10 s/ proceso de conocimiento” (expte. nro. 34.225/09) y “MSU S.A. c/EN -LEY 26351- ONCCA- RESOL 543/08 S/proceso de conocimiento” y “MSU S.A.
c/ONCCA- RESOL 3406/09, 1487/08 s/proceso de conocimiento” (exptes. Nros. 35.644/2009 y su acumulado 34.561/09), que sucesivamente, declaró nulas las resoluciones sobre las que la Aduana basó su reclamo, pues fue la actora en autos, quien interpuso la demanda en los mencionados procesos judiciales -habiendo mantenido el Fisco en todo momento su pretensión de cobro, con la consiguiente necesidad de mantener el litigio-, habiendo obtenido finalmente sobre el particular un fallo favorable a su pretensión.
En este sentido, corresponde recordar que, la activación del mecanismo jurisdiccional generó gastos a la firma exportadora (interpuso el presente recurso de apelación), los cuales en virtud del principio de la derrota adoptado por nuestro ordenamiento procesal, deben ser soportados por el perdidoso (conf. esta Sala, "De Elizalde Diego Agustín c/ EN- SC- Resol 100/10 s/amparo ley 16.986", del 28/6/11; "Mena Gelvez, Lisa M. c/EN -H. Cámara Senadores de la Nación s/amparo ley 16.986", del 15/12/16, entre otros).
Así las cosas, no advirtiéndose en el caso que exista una circunstancia objetiva que justifique la exoneración, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del 26/12/2023, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
V. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII- 97 y “Estado Nacional - M.O.S.P. y E. c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons.
3. y 4° del voto mayoritario).
Cabe señalar que el tratamiento de los recursos se lleva a cabo abordando la regulación según la ley aplicable a cada lapso de actuación profesional cumplida, siguiendo las pautas interpretativas fijadas por el Alto Tribunal en el mencionado precedente corresponde modificar la regulación de fecha 05/06/2023, elevando los emolumentos fijados.
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. fs. 1 (F4, Resol. 112/2012), convertido a pesos y lo resuelto con fechas 26/12/2022 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las dos etapas del pleito cumplidas, corresponde, modificar elevando a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($288.500) y PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($1.459.609,60) – equivalente a 25,60 UMA-, por la tercera etapa- los emolumentos en favor del DR. ADRIAN MARCELO MIGUEZ, patrocinante de la actora, fijados en el punto 1°) de la regulación de fecha 05/06/2023; y asimismo elevar en la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIEN ($721.100) y PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO ($3.649.024) – equivalente a 64 UMA, por la tercera etapa– los honorarios en favor del DR. JULIO CARLOS LASCANO, fijados en el punto 2°) de la regulación de fecha 05/06/2023, apoderado actuante en la defensa de la actora (arts. 6, 7, 9, 10, 11, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y arts.14, 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b), 58 y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17). Sobre idénticas pautas a las desarrolladas en cuanto al monto del pleito, la fecha en que fueron cumplidas la tareas, ponderando la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento del perito contadora MAIA SOLANGE SALGADO, atento el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (C.S. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), corresponde, elevar a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($288.500), los emolumentos fijados en el punto 3°) de la regulación de fecha 05/06/2023, en favor de la citada profesional (art. 3, inc. e) del Decreto ley 16.638/57).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento que la única cuestión sometida a conocimiento del Tribunal fue la distribución de costas y el resultado obtenido, corresponde regular en la suma PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS ($342.096) – equivalente a 6 UMA– y PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO ($171.048) –equivalente a 3 UMA–, los honorarios de los DRES. ADRIAN MARCELO MIGUEZ y JULIO CARLOS LASCANO, patrocinante y apoderado de la actora, respectivamente (arts.14, 16, 20, 21, 29 inc. g), 30 y ccdtes. y citados de la ley 27.423.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º)
desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 26/12/2023 del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.), y 2º) elevar los honorarios fijados por el TFN y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando V. Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia