Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 53722
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 53.722, "Aramburu, Luis María contra Provincia de Buenos Aires (H. Trib. de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Pettigiani .
I. El señor Luis María Aramburu, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de ex director de la Dirección Provincial de Lotería, pretendiendo la anulación de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas en los expedientes identificados como F 05/90; F 06/90; Q 1.165/89; D 24/90; D 17/90 y L 8.094/89 en los que se formulara un cargo patrimonial, se aplicaran dos multas y se dispusieran tres amonestaciones por los ejercicios anuales de los años 1984, 1985 y 1986 (v. fs. 6/42).
II. A fs. 155/157 esta Corte dispuso, con carácter cautelar, la suspensión de la ejecutoriedad de los actos cuestionados.
III. A fs. 63/70; 75/77; 95/96; 107/111; 118/122 y 159/161, el accionante amplía demanda.
IV. Corrido el traslado de ley se presenta en juicio la Fiscalía de Estado. Contesta la demanda y solicita su rechazo argumentando en favor de la legitimidad de los actos impugnados. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. fs. 174/184 vta.).
V. A fs. 277/292 expide su dictamen el señor Procurador General.
VI. A fs. 302/303 se denuncia el fallecimiento del accionante presentándose la señora Martha Susana Subiza, en su carácter de cónyuge supérstite del actor y con posterioridad lo hacen sus hijos María Soledad, María Carolina, María Fernanda, María del Rosario y Juan Manuel.
A fs. 329 y 380 el Tribunal los tiene por parte, circunstancia que se notifica a la contraria a fs. 383.
VII. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, así como el cuaderno de prueba de la actora y el alegato de la demandada; y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relata el demandante, por apoderado, que el Honorable Tribunal de Cuentas provincial revisó la contabilidad y juzgó las cuentas de los ejercicios anuales de los años 1984, 1985 y 1986 de la Dirección Provincial de Lotería, dictándose las siguientes resoluciones que lo afectan en forma personal: a) F 05/90 (se formuló cargo patrimonial); b) F 06/90 (se aplicó multa); c) Q 1.165/89 (se aplicó multa); d) D 24/90 (se sancionó con amonestación); e) D 17/90 (se aplicó amonestación) y f) L 8.094/89 (se aplicó amonestación).
II. Previo al desarrollo de la cuestión, atento al fallecimiento del accionante y en orden al art. 163 inc. 6 último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, se impone despejar las imputaciones realizadas en cada uno de los casos.
En este marco, cabe acotar que la naturaleza jurídica de una sanción no se determina por el tipo de prestación o consecuencia en la que la misma consiste, sino por la naturaleza jurídica del deber infringido, antecedente lógico de toda sanción.
Conforme este deber sea "civil", "penal" o "administrativo", la naturaleza de la sanción que acarrea su incumplimiento será, respectivamente, civil, penal o administrativa. En el caso que nos ocupa, se han violado deberes de naturaleza administrativa, debido a ello correspondería en cada caso únicamente una sanción disciplinaria y/o reparatoria de la misma naturaleza.
La responsabilidad administrativa como género posee varias subespecies. Dos de las cuales son la "responsabilidad disciplinaria" y la "responsablidad pecuniaria" (conf. doctr. causa B. 58.704, sent. de 23-VII-2008; e.o.). La multa administrativa es una sanción pecuniaria que se impone al transgresor de una disposición administrativa, abstracción hecha del daño material que la infracción haya causado o podido causar (Bielsa, Rafael; "Derecho Administrativo" ; T. IV, pág. 90, ed. La Ley, Bs As, 1965).
Se ha señalado que si se trata de procedimientos de naturaleza administrativa, que tienen por objeto establecer un título de obligación respecto de un determinado responsable, el Tribunal de Cuentas es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar de modo definitivo la gestión de los administradores de la hacienda pública, señalando las responsabilidades en que éstos hubieran incurrido (Bielsa, Rafael; "Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas"; pág. 353, Rosario, 1941). A tal efecto la legislación reglamenta un juicio de cuentas y/o de responsabilidad, para que tramiten ante él (Granoni, Raúl A.; "El control de los gastos públicos por los Tribunales de Cuentas", ed. Argentina de Finanzas y Administración, pág. 170, Bs. As., 1946).
No pueden existir dos sanciones de la misma naturaleza con subsunción sobre un mismo hecho, de allí que hay que diferenciar la naturaleza jurídica de multas y cargos. Si el cargo persiste aún sobre los herederos del causante, es por su plena identificación con el perjuicio material ocasionado sobre los bienes públicos. Ahora bien, ello no podría predicarse sobre las multas porque, si bien subsiste, en la especie, materialidad fáctica susceptible de sanción, se trata de una pena (Granoni; op. cit, pág. 183) y de ello resulta que, en este caso, el fallecimiento del actor imposibilita a la autoridad administrativa el ejercicio de su potestad en cuanto a este tipo especial de sanción.
Como necesaria consecuencia del deceso del accionante debo señalar que, en el sub examine , las imputaciones que provienen de los expedientes F 06/90 (donde se aplicó una multa); Q 1.165/89 (donde se aplicó también una multa); D 24/90 (donde se sancionó con amonestación); D 17/90 (donde se aplicó amonestación) y L 8.094/89 (donde también se aplicó amonestación), se han extinguido naturalmente por la razón aludida precedentemente, ya que una eventual condena no tendría razón de ser, ni podría recaer sobre el patrimonio heredado por quienes han continuado la acción.
III. Despejado ello corresponde referirse al expediente F 05/90, por el que se formuló un cargo patrimonial con referencia al estudio del ejercicio del año 1984, en tanto la cuestión continúa pendiente de una decisión por parte de este Tribunal. El cargo -en el caso, si fuera patrimonialmente determinado- no constituye una "pena" sino una deuda contraída por el causante, por lo que la obligación de restituirlo se transmite a sus herederos (arts. 2.278, 2.289 y 2.317, Cód. Civ. y Com. -arts. 3.279, 3.363, 3.365 y 3.371, Código Civil derogado-).
La imputación de una falta constituye el requisito previo de la responsabilidad administrativa genérica que todo agente debe afrontar y, por ende, de su deber jurídico de responder, en virtud de lo cual, para declararlo responsable de un hecho resulta menester que la acción u omisión pueda atribuírsele, probando de modo cierto la conexión causal entre la falta y su autor (conf. causas B. 54.065, "Bravo Almonacid", sent. de 11-X-1995; B. 53.979, "Di Lorenzo", sent. de 17-II-1998 y B. 58.459, "Bravo Almonacid", sent. de 25-X-2000).
IV. Sin dejar de destacar que el señor Aramburu se desempeñaba como Director de Lotería de la Provincia durante las etapas o ejercicios analizados por el Honorable Tribunal de Cuentas, me abocaré entonces al tratamiento de la situación emergente del expediente F 05/90 que refiere a la imposición de un cargo pecuniario proveniente de la diferencia existente en los impuestos debidos por las agencias.
Las constancias de pago desaparecieron de los registros computarizados que, a su vez, eran los únicos utilizados para reclamar tales sumas. Ello determinó, según la imputación realizada al actor, un perjuicio al erario al no poder recuperar el importe de $a12.646.650,44 debidamente actualizados. Y la responsabilidad solidaria con otro funcionario (señor Bordenave).
En sus manifestaciones de inicio, el demandante afirma que los registros computarizados son responsabilidad del SPED, organismo al que no se le formula reproche y en el cual recaía el control.
Señala que no se acreditó la existencia de perjuicio ni la indicación de conducta debida.
Añade que los argumentos utilizados son insuficientes y dogmáticos, tornando arbitraria la decisión emanada del organismo de control.
Deja expuesto un planteo de inconstitucionalidad por entender que la totalidad del complejo decisorio que ha generado el Honorable Tribunal de Cuentas se hace pasible de tachas constitucionales porque incurre en varias causales de arbitrariedad (v. fs. 17).
Expone que se ha violado el principio de legalidad haciendo referencia en especial al art. 26 de la ley 4.373 (vigente para el momento en que se llevaron a cabo las imputaciones) pues no puede formularse cargo patrimonial fuera de los supuestos tipificados.
Recalca que el art. 42 de la ley 10.869 (modif. por ley 10.876, actualmente vigente) dispone que el alcance de la decisión del organismo de control se encuentra vinculado únicamente al control de legalidad.
Denuncia que las resoluciones no señalan cuál ha sido la ilicitud que le dio fundamento a la responsabilidad aquí atribuida, dado que si solo existió disparidad técnica no podría afirmarse que haya omisión de la conducta debida, ya que ello resulta materia opinable en tanto durante su gestión fue asistido por peritos en materia contable por lo que no era quien podía resolver ese tipo de disparidades.
Afirma que más tarde, una vez que él ya había dejado la función, el organismo instó a la repartición a corregir criterios administrativos, pero ellos solo pueden resultar exigibles para el futuro y nunca retroactivamente.
Añade que la existencia de una diferencia contable no autoriza a concluir que exista un perjuicio, ya que en realidad la variación entre el saldo de la cuenta "Deudores por recaudación" y lo consignado en los movimientos contables que emite el SPED, surge como consecuencia de que al saldo inmediato del movimiento contable se le debe sumar el de prescriptos, dado que una vez efectuado el pago de la recaudación de sorteos por medio de los agencieros, el importe desaparece de uno para pasar al otro saldo.
Sostiene que la afirmación de que los registros computarizados resultan la única forma para reclamar la deuda es contradicha por los elementos obrantes en el expediente 2.454/84, del que surgen circunstancias útiles para el cobro de los créditos, por lo que en este punto el fallo incurre en arbitrariedad. Expone una defensa vinculada con que existirían constancias microfilmadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires que permitirían el cobro de los importes adeudados.
Afirma que se le atribuyó responsabilidad sin analizarse la relación de causalidad para ser considerado sujeto imputable del mismo, pues si la asignación de responsabilidad se fundamenta en criterios objetivos la sentencia debió haber condenado a todos los superiores jerárquicos.
Apunta que la eventual desaparición de los archivos computarizados es responsabilidad del SPED, o sea que se lo juzga por ser una de las autoridades y no por actos u omisiones personales, configurando todo ello una afectación de su derecho de defensa, tornando arbitrari la decisión.
Refiere que la Dirección de Lotería debía utilizar el servicio del SPED obligatoriamente, que no tenía control sobre él ni lo había elegido, configurando todo ello el hecho de un tercero por quien no debe responder. De igual modo se expresa respecto a la responsabilidad del contador. Y que todo ello fue oportunamente denunciado ante el señor Subsecretario de Hacienda, antecedentes que dieron lugar a una denuncia penal.
Sostiene que hay vulneración del principio de igualdad al utilizarse diferentes medidas para establecer las responsabilidades y esgrime que no se le corrió traslado de los cargos, no contando con la oportunidad de responder, probar y alegar, menoscabando de tal modo su derecho de defensa.
Cuestiona tanto la actualización del importe impuesto en carácter de cargo patrimonial, la falta de sustento y la inaplicabilidad retroactiva de la norma, como el mecanismo adoptado por considerarlo irrazonable al no ser acorde al utilizado para el ajuste de los haberes previsionales. Y denuncia la falta de fundamento legal en relación a la solidaridad de los funcionarios porque no se señala si se adoptó un criterio subjetivo o uno objetivo para imputar las responsabilidades que le cupieron a cada quien, determinando todo ello la irrazonabilidad del fallo.
A la hora de ampliar demanda, sostiene nuevamente que el pronunciamiento del organismo de control no se hace cargo de que la Provincia pudo haber cobrado los créditos motivo de las diferencias, que en virtud de la contabilidad llevada por la Dirección de Loterías se pudo determinar la diferencia existente en el SPED, que todo ello le es imputable nada más que a éste porque la decisión de utilizar esos registros para reclamar las sumas que adeudan los agencieros partió del señor Subsecretario de Hacienda durante el año 1982.
Señala que la sentencia no ha formulado un juicio de imputabilidad fundado en la omisión de la conducta debida, que se juzgaron cuentas y no conductas personales, para terminar remarcando que, si existió perjuicio, fue causado por terceros por los que no deben responder ex funcionarios de Lotería al carecer del debido nexo causal.
Finalmente se agravia del hecho de habérsele impuesto la carga da la prueba por considerar que no le corresponde acreditar la inexistencia de perjuicio.
V. La Fiscalía de Estado afirma la legitimidad del acto cuestionado en la demanda.
Expresa que el informe final de la Relatoría a quien le correspondió el estudio de este expediente (F 05/90), determinó que todo sistema contable debe permitir su verificación y control, pero ello no ocurre con el implementado por la Dirección de Lotería para la administración del Fondo de Quiniela Provincial.
Sostiene que tal falencia se ha visto agravada debido a la imposibilidad de conciliar los listados de movimientos contables elaborados por el SPED (computarizados), con los registros contables manuales de la repartición.
Relata que, al igual que para los períodos de 1982 y 1983, durante el ejercicio de 1984, el Honorable Tribunal de Cuentas afirmó que el sistema resultó deficitario al no permitir llevar una real cuenta corriente y conciliada del estado de las agencias autorizadas y no tener un control real y cruzado de deuda en un rubro en el que se manejan cuantiosas sumas de dinero.
Afirma que existe una comprobada diferencia entre el saldo de la cuenta Deudores por Recaudación al cierre del ejercicio 1984 y el saldo computarizado de los listados denominados "Movimientos Contables" del SPED, ello como resultado evidente de la desaparición de los registros del sistema de importes debidos por agencias, único que se utiliza para reclamar dichas sumas.
Señala que ello produjo un perjuicio irrecuperable que debe ser actualizado e imputado a los responsables a cargo de la Dirección, quienes omitieron establecer las normas de control interno que hacen a la gestión administrativo contable.
Niega que el actor no haya podido ejercer libremente su defensa y sostiene que el hecho de no ocupar más su cargo, no lo releva de la responsabilidad por las obligaciones incumplidas en orden a los reparos objetados en cuanto a la rendición de cuentas. De allí -a su parecer- la demostración del correcto cumplimiento de los deberes impuestos y la obtención de los resultados fijados recae en los funcionarios llamados a rendirla.
En síntesis, propicia el rechazo de la pretensión deducida con fundamento en la legitimidad del obrar administrativo.
VI.1. Las actuaciones administrativas que obran en el expediente F 05/90 -agregadas por cuerda- ponen de relieve los siguientes datos útiles para la solución de la causa:
VI.1.a. A fs. 12/14 vta. luce requerimiento emitido por la señora Vocal Relatora designada en el expediente sobre ejercicio 1984 "Fondo Quiniela Provincial".
VI.1.b. A fs. 16 el traslado a los señores Aramburu (v. cédula a fs. 44); Bordenave (v. cédula a fs. 46) y Modello (v. cédula a fs. 45).
VI.1.c. A fs. 48 se agrega el expediente 2319-1093/90, en el que se solicitan elementos de juicio referentes a la rendición de cuentas del fondo de quiniela provincial (cuenta especial ley 9.855) del ejercicio de 1984 (ver en especial fs. 10/12 vta.).
VI.1.d. A fs. 49 obra acta de cotejo de muestreo de documentación vinculada al ejercicio 1984 que no produce observaciones.
VI.1.e. A fs. 50 se agrega el informe de la señora Jefa Interina del Departamento Cuentas Corrientes de la Dirección Provincial de Lotería, en el que se hace referencia a que la diferencia entre el saldo de la cuenta "Deudores por recaudación" y lo consignado en los movimientos contables que emite el SPED, surge como consecuencia de que al Saldo Inmediato del Movimiento Contable se le debe sumar el de Prescriptos, dado que una vez efectuado el pago de la recaudación de sorteos por medio de los agencieros, el importe desaparece del Saldo Inmediato para incrementar el Saldo de Prescriptos.
VI.1.f. A fs. 53 se incorpora el descargo del señor Aramburu, quien respalda la respuesta que se realizara al traslado de parte del organismo.
VI.1.g. A fs. 59/65 luce el informe conclusivo de la señora Relatora Contadora y a fs. 66/67 el pedido y elevación de autos para resolver, notificado al actor a fs. 69.
VI.1.h. A fs. 74/77 obra la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas, del 7 de febrero de 1991, donde se le imputa al actor cargo pecuniario en solidaridad con el señor Bordenave (v. especialmente cons. 4° y art. 4 del fallo).
VI.1.i. A fs. 86 obra nota fechada el 26 de diciembre de 1985 y dirigida al señor Director del SPED, firmada por el señor contador Sánchez Trapes, funcionario de la Dirección Provincial de Lotería, en la que se requiere "urgente solución a los problemas que surgen reiteradamente en el procesamiento de las prescripciones de Quiniela [...] que pueden llegar a ocasionar cargos pecuniarios a los que poseen responsabilidades en el circuito de referencia".
VI.1.j. A fs. 87 el funcionario aludido reitera dicho requerimiento y señala que es una situación que sucede desde 1983.
VI.1.k. A fs. 88/125 el actor interpone (el mismo día en que inicia la demanda judicial, 1 de abril de 1991) recursos de revisión en cada uno de los expedientes.
VI.1.l. Con fecha 24 de julio de 1991 se conceden los recursos de revisión interpuestos por los señores Modello, Aramburu y Bordenave (v. fs. 137/138).
VI.1.m. A fs. 142/145 vta. luce el informe del art. 35 de la ley 4.373 (art. 47, ley 10.869) sobre los recursos, emitido por la señora Relatora actuante y fechado el 27 de abril de 1992.
VI.1.n. A fs. 152/153 vta. contesta el señor Aramburu el traslado conferido a fs. 146.
VI.1.ñ. A fs. 170/172, se agrega el pronunciamiento del Honorable Tribunal de Cuentas mediante el cual reformula la imposición del cargo pecuniario de manera solidaria a Bordenave y Aramburu por la suma de $53.795.
VI.2. A fs. 255/261 del expediente judicial, obra el dictamen pericial contable producido en autos.
VII. Adelanto que, a mi juicio, la demanda no puede prosperar.
VII.1. Ello toda vez que las defensas traídas por el accionante no logran conmover las imputaciones realizadas, de manera solidaria, por el organismo de control.
En el acto cuestionado, se pone de manifiesto una diferencia entre el saldo de la cuenta "Deudores por Recaudación" al cierre del ejercicio 1984 y el saldo computarizado de los listados denominados "Movimientos Contables".
Analizada dicha observación, la que se halla concatenada con similares anomalías detectadas en el ejercicio anterior, se desprenden las siguientes conclusiones:
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